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Estado Actual: Aprobada Ficha Técnica

Del Sen. Armando Ríos Píter, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con aval de grupo, con proyecto de Ley General para el Combate a la Corrupción.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN Y A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN PARA QUE EMITA OPINIÓN.


ARCHIVOS PARA DESCARGAR:
Descargar Documento (Ini_PRD_Combate_a_la_Corrupcion.pdf)

La iniciativa con aval de grupo propone la expedición de la Ley General para el Combate a la Corrupción, reglamentaria del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de responsabilidades por faltas administrativas graves o hechos de corrupción de los servidores públicos y los particulares relacionados.

Tiene por objeto procurar el buen gobierno y proteger el patrimonio del Estado mexicano, mediante el establecimiento de órganos, facultades, mecanismos y procedimientos para la prevención, detección, investigación, sanción y erradicación de la corrupción relacionada con el ejercicio de la función pública.

Las disposiciones de la Ley serán aplicables, según el ámbito competencial que corresponda, en todo el territorio nacional. Las conductas que generan responsabilidad administrativa y los hechos de corrupción relacionados con el ejercicio de la función pública, serán sancionables incuso cuando se hayan verificado en territorio extranjero. El Sistema promoverá mecanismos de cooperación internacional para el combate a la corrupción.

Se contempla como sujetos obligados a la observancia de la Ley, a los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno; a los servidores públicos, y a las personas físicas o morales, públicas o privadas a la que se le destinen o que ejerzan recursos públicos o que se vean vinculadas con faltas administrativas graves o hechos de corrupción. Será responsabilidad de los sujetos obligados ajustarse en el desempeño de su función pública a las obligaciones contenidas en la Ley, en la Política Nacional para el Combate a la Corrupción y en los Códigos de Ética y Prevención de Conflictos de Interés.

La Ley crea el Sistema Nacional Anticorrupción, como el ente coordinador de los integrantes, las políticas públicas transversales, las acciones y la Política Nacional para el Combate a la Corrupción, así como el responsable de establecer e implementar los criterios y lineamientos en la materia, de conformidad con lo señalado en la presente Ley y demás normatividad aplicable. Fungirá como titular del Sistema, el titular del Comité de Participación Ciudadana.

El Comité de Participación Ciudadana estará integrado por cinco ciudadanos mexicanos en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, que gocen de reconocido prestigio por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción; durarán en su encargo siete años improrrogables, sólo podrán ser removidos mediante juicio político, y no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquéllos no remunerados en actividades docentes, científicas, culturales o de beneficencia, y serán renovados de manera escalonada. Los comisionados del Comité de Participación Ciudadana serán nombrados mediante declaratoria emitida por el Senado de la República

Los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, tendrán órganos internos de control, a las que el público tenga fácil acceso, para que cualquier interesado pueda presentar denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos. Las denuncias podrán ser anónimas, pero deberán contener datos o indicios que permitan advertir la presunta responsabilidad del servidor público. No se podrá requerir al denunciante la aportación de medios probatorios para dar trámite al procedimiento sancionador. Los órganos internos de control, establecerán las normas y procedimientos para que las denuncias del público sean atendidas y resueltas con eficiencia, para tales efectos, atenderán los lineamientos del sistema y aprovecharán las tecnologías de la información a su alcance.


Para el cumplimiento de sus atribuciones, la contraloría llevará a cabo investigaciones debidamente motivadas o auditorías respecto de las conductas de los servidores públicos que puedan constituir responsabilidades administrativas, para lo cual éstos, las dependencias o entidades deberán proporcionar la información y documentación que les sean requeridas. Asimismo, podrá comprobar el cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos a través de operativos específicos de verificación, en los que participen en su caso los particulares que reúnan los requisitos que aquélla establezca.

En los juicios ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en los que se impugnen las resoluciones administrativas dictadas conforme a la Ley, las sentencias firmes que se pronuncien tendrán el efecto de revocar, confirmar o modificar la resolución impugnada. En el caso de ser revocada o de que la modificación así lo disponga, se ordenará a la dependencia o entidad en la que el servidor público preste o haya prestado sus servicios, lo restituya en el goce de los derechos de que hubiese sido privado por la ejecución de las sanciones impugnadas, en los términos de la sentencia respectiva, sin perjuicio de lo que establecen otras leyes.