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Estado Actual: Concluida Art. 219 Ficha Técnica


De los Senadores Eviel Pérez Magaña y Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 5º, 21 y 29 de la Ley de Planeación.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.

CONCLUIDA POR EL ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA, PARA LA CONCLUSIÓN DE LAS INICIATIVAS QUE NO HAN RECIBIDO DICTAMEN. (03-11-2016)


Propone introducir en su artículo 5 de la Ley de Planeación, la deliberación a cargo del Congreso de la Unión, que enriquecerá la elaboración del Plan de Desarrollo; estableciendo un procedimiento en el que corresponde al Senado en primer término, el examen del proyecto, su deliberación y la opinión conducente; para después ser aprobado, previa deliberación, por la Cámara de Diputados.

Se propone también, reformar el artículo 21 de la misma ley, que actualmente establece un plazo de seis meses contados a partir de la fecha en que toma posesión el Presidente de la República, para elaborar, aprobar y publicar el Plan Nacional de Desarrollo. En esta iniciativa se propone mantener el mismo plazo de seis meses, en el cual deberá desahogarse el procedimiento legislativo en ambas Cámaras y reproduciendo la disposición constitucional que tiene por aprobado dicho plan, si dentro de ese plazo la Cámara de Diputados no se ha pronunciado.

Finalmente, la reforma al artículo 29 armoniza su actual contenido en términos de las propuestas anteriores, respecto al Plan Nacional de Desarrollo; conservando la aprobación del Presidente de la República, respecto de los Programas Regionales Especiales; y los programas sectoriales e institucionales.

Los que suscriben, Eviel Pérez Magaña y Roberto Armando Albores Gleason, Senadores de la República de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 fracción I, 76 fracción I, 164, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Cámara de Senadores, Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 5º, 21 y 29 de la Ley de Planeación, al tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

La rectoría económica del Estado

La rectoría económica del Estado tiene como responsabilidad y objetivo central ellograr el desarrollo nacional. A partir de la Revolución Mexicana se atribuyó al Estado la facultad de proporcionar e impulsar el desarrollo nacional como medio indispensable para integrar la nación. Esta se define como “la facultad de planear, conducir, coordinar y orientar la  actividad económica nacional, así como la regulación y fomento de las actividades que demanda el interés general en el marco de libertades que otorga a la Constitución ”.

En México, la inclusión explícita del concepto de la rectoría económica del Estado, obedece a la tradición constitucional mexicana de atribuir al Estado la responsabilidad de organizar y conducir el desarrollo nacional:

En diciembre de 1982, con el propósito de consolidar lo que implícitamente la Constitución ya le reconocía al Estado, a este se le atribuyeron facultades que consolidaron el principio de la rectoría económica, haciéndolo consistente con los instrumentos de política económica para conducir la estrategia del desarrollo nacional .

La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) establece los mandatos en materia de la rectoría de la economía nacional. En específico una de las funciones más importantes que la CPEUM le asigna al Estado es la rectoría para que fomente el desarrollo nacional,para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales […] (art 25).

El Estado como rector de la economía nacional tiene responsabilidades ineludibles como el cuidado de los equilibrios macroeconómicos, indispensables para propiciar el crecimiento sostenido y equilibrado de la economía, el impulso y la orientación del desarrollo a mediano y largo plazos, la justa distribución del ingreso, que no es posible obtener exclusivamente a través de los mecanismos de mercado, las grandes obras de infraestructura, el arbitraje de los conflictos sociales, el ahora llamado desarrollo sustentable y el cuidado de los recursos naturales y, en forma creciente, además de la ineludible  responsabilidad de los gobiernos de conducir las relaciones económicas internacionales  en beneficio del interés de cada país .

En nuestro sistema constitucional, la rectoría económica del Estado, tal como se define en la CPEUM, no es facultad exclusiva de un sólo poder: “a nivel general, dentro del campo de sus respectivas atribuciones, los tres poderes; el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial coparticipan en esta importante atribución de la rectoría del desarrollo nacional. Asimismo, los gobiernos locales y municipales, en el ámbito de su  competencia, tienen esta misma responsabilidad de rectoría del desarrollo nacional. La palabra “Estado” debe entenderse en su sentido amplio, que incluye, por tanto, los  tres poderes a nivel federal y local y, enla esfera de su competencia, al municipio. Se  ejerce la rectoría del desarrollo nacional al legislar, ejecutar o administrar y juzgar”.

El artículo 26 de la CPEUM señala que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional y establece los aspectos generales de la planeación democrática, sus características, la función del Ejecutivo Federal y del Congreso de la Unión en el proceso de planeación.

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. […]Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal.

La Planeación del Desarrollo Nacional

La planeación democrática de desarrollo nacional es el instrumento que la Ley Suprema le proporciona al Estado mexicano para que fomente un desarrollo que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación (art 26 CPEUM).

La planeación del desarrollo nacional debe ser democrática y deliberativa; democráticaporque toma en consideración las propuestas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de los gobiernos de los estados, los planteamientos que se formulen por los grupos sociales y por los pueblos y comunidades indígenas interesados, así como la perspectiva de género; y deliberativa porque el Congreso de la Unión tiene la facultad de intervenir en ésta.

La planeación en México cobró particular importancia en el periodo 1976-1982 donde se dieron los primeros pasos para dar forma a un Sistema Nacional de Planeación, para mejorar la distribución del ingreso y asegurar un nivel mínimo de bienestar a toda la población del país, donde cada jurisdicción pudiera garantizar a sus integrantes un nivel mínimo de servicios socialmente aceptable en cuanto a la satisfacción de sus necesidades básicas de alimentación, empleo, salud, educación, seguridad social y vivienda.

Paralelamente, numerosos planes sectoriales, de desarrollo industrial, de desarrollo pesquero, de ciencia y tecnología, prácticamente uno para cada actividad emprendida por el Estado aportaron elementos indispensables para la tarea de integración programática. Con ellos fue posible afinar diagnósticos, normar decisiones, obtener una visión de conjunto y reunir en un documento único el “Plan Global de Desarrollo” con las acciones de los distintos sectores económicos y sociales dentro de un marco estratégico general.

Este documento que contenía objetivos y metas precisas, hizo posible avanzar hacia un sistema unificado de planeación que permitió ordenar la información de tal manera que se asegurara la congruencia, eficacia y eficiencia de la acción de los sectores gubernamental, social y privado en relación con los objetivos nacionales

En 1983 se publica en el Diario Oficial de la Federación(DOF) el 5 de enero de 1983 la actual Ley de Planeación (LP) que abrogó la Ley Sobre Planeación General de la República de 1930, la que señalaba que “se entiende por planeación nacional de desarrollo la ordenación racional y sistemática de acciones que, en base al ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo Federal en materia de regulación y promoción de la actividad económica, social, política, cultural, de protección al ambiente y aprovechamiento racional de los recursos naturales, tiene como propósito la transformación de la realidad del país, de conformidad con las normas, principios y objetivos que la propia Constitución y la ley establecen”.

Entre los objetivos de la actual LP se encuentran: establecer las bases de integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Planeación Democrática; que el Ejecutivo Federal coordine sus actividades de planeación con las entidades federativas; promover y garantizar la participación democrática de los diversos grupos sociales así como de los pueblos y comunidades indígenas.

Los principios bajo los cuales se rige nuestra planeación de acuerdo a la ley vigente son:

I.  El fortalecimiento de la soberanía, la independencia y autodeterminación nacionales, en lo político, lo económico y lo cultural;

II. La preservación y el perfeccionamiento del régimen democrático, republicano, federal y representativo que la Constitución establece; y la consolidación de la democracia como un sistema de vida, fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, impulsando su participación activa en la planeación y ejecución de las actividades del gobierno;

III.  La igualdad de derechos entre mujeres y hombres, la atención de las necesidades básicas de la población y la mejoría, en todos los aspectos de la calidad de la vida, para lograr una sociedad más igualitaria, garantizando un ambiente adecuado para el desarrollo de la población;

IV. El respeto irrestricto de las garantías individuales; y de las libertades y derechos sociales y políticos;

V.  El fortalecimiento del pacto federal y del municipio libre, entre otros.

VI. El equilibrio de los factores de la producción, que proteja y promueva el empleo; en un marco de estabilidad económica y social;

VII.  La perspectiva de género, para garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y promover el adelanto de las mujeres mediante el acceso equitativo a los bienes, recursos y beneficios del desarrollo, y

VIII. La factibilidad cultural de las políticas públicas nacionales.

El ciclo de la planeación nacional incluye la conducción, elaboración, coordinación, concertación, aprobación, publicación, instrumentación, evaluación, rendición de cuentas y control. Todas estas partes del ciclo deben ser realizadas por los diferentes poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo, Judicial), así como las entidades federativas y los municipios.

Prácticamente en todo el ciclo de la planeación nacional participa el Poder Ejecutivo Federal y su elaboración está a su cargo a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con ciertas atribuciones.

Asimismo, las dependencias de la administración pública federal intervienen en la elaboración del Plan en las materias que les competan. Las entidades paraestatales participan en la elaboración de los programas sectoriales, mediante la presentación de las propuestas que procedan con relación a sus funciones y objeto, y cuando lo determina expresamente el Ejecutivo Federal, participan en la elaboración de sus respectivos programas institucionales (artículos 16 fr. I y 17 fr. II de la LP).

Por su parte, el Congreso de la Unión interviene en este sistema de planeación democrática y deliberativa, de acuerdo a lo que señale la ley.

El 10 de febrero de2014,se publica en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia política-electoral;  las disposiciones relativas al Congreso de la Unión y como facultad exclusiva de la Cámara de Diputados en materia del Plan Nacional de  Desarrollo, quedan en los artículos26, Apartado A y 74 en los siguientes términos:

Artículo 26.

  1.  

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática y deliberativa. Mediante los mecanismos de participación que establezca la ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de le Administración  Pública Federal.

En el sistema de planeación democrática y deliberativa, el Congreso de la Unión tendrá laintervención que señale la ley.

Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:

  1. y II. . . .
  2.  

III.   Ratificar el nombramiento que el Presidente de la República haga del Secretario del ramo en materia de Hacienda, salvo que se opte por un gobierno de coalición, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en la fracción II del artículo 76 de esta Constitución; así como de los demás empleados superiores de Hacienda;

IV.  . . .

. . .

Cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, el Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de noviembre.

. . .

. . .

V.    y VI. . . .

VII. Aprobar el Plan Nacional de Desarrollo en el plazo que disponga la ley. En caso de que la Cámara de Diputados no se pronuncie en dicho plazo, el Plan se entenderá aprobado;

VIII.  . . .

IX.   Las demás que le confiere expresamente esta Constitución.

Fracción adicionada DOF 20-08-1928. Recorrida DOF 27-05-2015

De lo anterior, se puede apreciar que la reforma constitucional delos artículos26 y 74, publicada el 10 de febrero de 2014, obliga al legislador a adecuar las disposiciones relativasde la Ley de Planeación. De su articulado aún vigente, se contemplan los siguientes, cuya adecuación es objeto de la presente Iniciativa:

Artículo 5o.- El Presidente de la República remitirá el Plan al Congreso de la Unión para su examen y opinión. En el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y en las diversas ocasiones previstas por esta Ley, el Poder Legislativo formulará, asimismo, las observaciones que estime pertinentes durante la ejecución, revisión y adecuaciones del propio Plan.

Artículo 21.- El Plan Nacional de Desarrollodeberá elaborarse, aprobarse y publicarse dentro de un plazo de seis meses contados a partir de la fecha en que toma posesión el Presidente de la República, y su vigencia no excederá del período constitucional que le corresponda, aunque podrá contener consideraciones y proyecciones de más largo plazo.

El Plan Nacional de Desarrollo precisará los objetivos nacionales, estrategia y prioridades del desarrollo integral y sustentable del país, contendrá previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines; determinará los instrumentos y responsables de su ejecución, establecerá los lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional; sus previsiones se referirán al conjunto de la actividad económica, social y cultural, tomando siempre en cuenta las variables ambientales que se relacionen a éstas y regirá el contenido de los programas que se generen en el sistema nacional de planeación democrática.

La categoría de Plan queda reservada al Plan Nacional de Desarrollo.

Artículo 29.- El Plan y los programas regionales especiales, deberán ser sometidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la consideración y aprobación del Presidente de la República.

Los programas sectoriales deberán ser sometidos a la consideración y aprobación del Presidente de la República por la dependencia coordinadora del sector correspondiente, previo dictamen de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Los programas institucionales deberán ser sometidos por el órgano de gobierno y administración de la entidad paraestatal de que se trate, a la aprobación del titular de la dependencia coordinadora del sector.

Si la entidad no estuviere agrupada en un sector específico, la aprobación a que alude el párrafo anterior corresponderá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En efecto, en virtud de la reforma en materia política-electoral, la planeación no sólo será democrática, sino también deliberativa; y el Congreso de la Unión, participando en  ese proceso deliberativo, confiará en la Cámara de Diputados como facultad exclusiva, la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo.

El objeto de la presente es entonces, reformar la Ley de Planeación vigente a partir de 1983, para introducir en  su artículo 5°, la deliberación a cargo del Congreso de la Unión, que enriquecerá la elaboración de dicho plan de desarrollo; estableciendo un procedimiento en el que corresponde al Senado en primer término, el examen del proyecto, su deliberación y la opinión conducente; para después ser aprobado, previa deliberación, por la Cámara de Diputados.

Se propone también, reformar el artículo 21  de la misma ley, que actualmente establece un plazo de seis meses contados a partir de la fecha en que toma posesión el Presidente de la República, para elaborar, aprobar y publicar el Plan Nacional de Desarrollo. En esta Iniciativa se propone mantener el mismo plazo de seis meses, en el cual deberá desahogarse el procedimiento legislativo en ambas Cámaras y reproduciendo la disposición constitucional que tiene por aprobado dicho plan, si dentro de ese plazo la Cámara de Diputados no se ha pronunciado.

La reforma al artículo 29 armoniza su actual contenido en términos de las propuestas anteriores, respecto al Plan Nacional de Desarrollo; conservando la aprobación del Presidente de la República, respecto de los Programas Regionales Especiales; y los programas sectoriales e institucionales en los términos previstos en el precepto en cita.

La planeación del desarrollo nacional es indispensable para imprimir solidez, dinamismo, competitividad,  permanencia y equidad  al crecimiento de la economía, para que este crecimiento propicie la independencia y la democratización política, social y cultural  de la nación, tal como lo enuncia el artículo.

Al incorporarse la deliberación a esta planeación ya en sí, democrática,se hace necesario regular el procedimiento y  plazo para la efectiva participación del Congreso en este ejercicio democrático. Así, el Plan Nacional de Desarrollo será el resultado del trabajo de los poderes ejecutivo y legislativo de la Unión, con el concierto de los gobiernos locales y la sociedad civil, para que su participación conjunta genere la democratización que México exige.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, la siguiente Iniciativa con proyecto de

D E C R E T O

ÚNICO.-Se reforman los artículos5º; primer párrafo del 21y primer párrafo del 29; y se adiciona un segundo párrafo del artículo 29, recorriéndose los demás párrafos en su orden, de la Ley de Planeación para quedar como sigue:

Artículo 5o.- El Presidente de la República remitirá el Plan al Congreso de la Unión, por conducto de la Cámara de Senadores para su deliberación y opinión, que lo turnará a la de Diputados para su deliberación y en su caso, aprobación dentro del plazo y en los términos previstos por el artículo 21 de la presente ley.

Artículo 21.- El Plan Nacional de Desarrollo deberá elaborarse, deliberarse por el Congreso de la Unión, aprobarse por la Cámara de Diputados y publicarse dentro de un plazo de seis meses contados a partir de la fecha en que toma posesión el Presidente de la República;su vigencia no excederá del período constitucional que le corresponda, aunque podrá contener consideraciones y proyecciones de más largo plazo.En caso de que la Cámara de Diputados no se pronuncie en el plazo previsto, el Plan de entenderá aprobado.

. . .

. . .

Artículo 29.-El Plan deberá ser sometido por la Secretaría de Hacienda y Crédito a la consideración y autorización del Presidente de la República, quien  lo turnará al Congreso de la Unión para los efectos previstos por los artículos 5 y 21 de la presente ley.

Los programas regionales especiales deberán ser sometidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito a la consideración y aprobación del Presidente de la República.

. . .

. . .

. . .

Transitorios

Único.-El presente Decreto entrará en vigor el siguiente día al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el siete de septiembrede dos mil quince.

SEN.  EVIÉL PÉREZ MAGAÑA                 SEN. ROBERTO A. ALBORES GLEASON

Fuentes y bibliografía:

Reyes Tépach Marcial, La rectoría económica del Estado y la planeación del desarrollo nacional, Cámara de Diputados, México D.F, abril de 2005

Secretaría de Gobernación, Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, 10 de febrero de 2014.

Universidad Nacional Autónoma de México, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos COMENTADA, (1998), Tomo I. UNAM-Porrúa. Décimo segunda edición. México, DF, pág. 320-321.

Chapoy Bonifaz Dolores Beatriz, Planeación, programación y presupuestación, Instituto deInvestigaciones Jurídicas de la UNAM, México, D.F 2003, pág. 13.

Cámara de DiputadosDerechos del pueblo mexicano. México a través de sus constituciones, (2000)”. Tomo IV. Artículo 24-27. LVII Legislatura de la Cámara de Diputados y Miguel Ángel Porrúa. México, DF. 2000, pág. 194.

Ídem.