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Estado Actual: Aprobada Ficha Técnica



De los Senadores Jorge Luis Lavalle Maury, Mariana Gómez del Campo Gurza y Héctor Larios Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a expedir el Reglamento de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes previo a la promulgación del Presupuesto de Egresos del ejercicio 2016, así como a la Cámara Diputados a fin de que en la integración de dicho Presupuesto de Egresos, asigne los recursos suficientes para la implementación del Sistema Nacional de Protección Integral.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA EL PRIMER RESOLUTIVO Y A LA CÁMARA DE DIPUTADOS EL SEGUNDO DE ELLOS.


El que suscribe, Senador JORGE LUIS LAVALLE MAURY, Senadora MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO y Senador HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y con fundamento en los dispuesto en los artículos 8 numeral 1 fracción II, 76, 95 y 276 fracción I del Reglamento del Senado de la República y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someto a consideración de esta soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXHORTA RESPETOSAMENTE AL EJECUTIVO FEDERAL A QUE EXPIDA EL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PREVIO A LA PROMULGACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016, ASÍ COMO A LA CÁMARA DIPUTADOS A FIN DE QUE EN LA INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016, ASIGNE LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL, al tenor de las siguientes:

C O N S I D E R A C I O N E S

Los Derechos de las niñas, niños y adolescentes han sido un tema que se ha abordado a lo largo de la historia, desde que México suscribió la Convención de los Derechos del NIÑO (CDN) en 1990, ratificado en cada ocasión que el Organismo de las Naciones de Unidas lo ha requerido.

Formar parte de dicho instrumento obligó al Estado mexicano a revisar la legislación doméstica, comenzando con importantes reformas al reconocer como sujetos de derechos a las niñas, niños y adolescentes, que por su calidad requieren un tratamiento especial en todas les esferas en donde se desenvuelven.

En el año 2000, se expidió la Ley para la Protección de las Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que en conjunto con la reforma constitucional en su artículo 4° donde por primera vez se antepuso el interés superior de la niñez a cualquier legislación, acción u omisión.

A pesar de estos esfuerzos, fue necesaria una profunda reforma que viera más allá de lo que se planteaba en la Ley antes referida, y ante las constantes recomendaciones pronunciadas por organismos internacionales tuvo en consecuencia la promulgación de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2014.

Desde ese entonces, la armonización de las legislaturas locales con la disposición general, ha sido paulatina, según el reporte de la Secretaria de Gobernación, 12 entidades federativas tienen leyes armonizadas (Aguascalientes, Baja California, Colima, Campeche, Coahuila, Durango, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo y Yucatán).

Dieciséis estados cuentan con una iniciativa de ley por dictaminar al interior de sus congresos locales (Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas). Cuatro de ellos trabajan en un proyecto de iniciativa que se presentará en sus congresos (San Luis Potosí, Sonora, Tabasco y Tamaulipas).

Dicho avance es consistente con el esfuerzo que se ha estado realizando a fin de contar con un bloque de legislaciones que articule la implementación de la Ley General.

Sin embargo, la ley reglamentaria aún está pendiente de publicarse, violentando el Quinto Transitorio del Decreto que establece:

QUINTO. Las disposiciones reglamentarias derivadas de esta Ley deberán ser expedidas por el Ejecutivo Federal en un plazo no mayor a los ciento ochenta días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.”

Revisando la fecha en la que esta disposición reglamentaria debió ser publicada, tenemos que fue el pasado 2 de Junio de 2015 fue la fecha límite en la que debió haber sido publicada. Al día 31 de agosto han transcurrido 90 días de extemporaneidad, sumando en total 270 días de retraso.

El anteproyecto de esta disposición reglamentaria se encuentra en la página electrónica de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), dicho documento ha sido analizado y se han compartido diversos comentarios como los que fueron evidenciados en el Punto de Acuerdo suscrito por la Senadora Laura Angélica Rojas, Juan Carlos Romero Hicks y Maria del Pilar Ortega Martínez en fecha 24 de Junio de 2015 dentro de la Comisión Permanente de esta legislatura, quienes pusieron de manifiesto su preocupación por contar con una ley reglamentaria que verdaderamente incluya el fin por el cual fue creada la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes.

Éste anteproyecto, reunió comentarios y sugerencias derivadas de la consulta pública que realizó la Secretaría de Gobernación del 27 de abril al 25 de mayo en acompañamiento la institución de UNICEF.

Dicha disposición a pesar de contener, valiosas aportaciones, no cumple con la expectativa de contar con una Reglamento que realmente incluya las más grandes preocupaciones en torno a la operatividad de la Ley General, su importancia radica en que como su nombre lo indica, reglamentará las actuaciones de la coordinación institucional que tiene que ver con la implementación de la Ley.

Sin esta disposición, es imposible contar con la efectiva armonización de todo el Sistema de Protección Integral que se plantea desde la Ley General, puesto que los límites al actuar de cada una de las dependencias deben quedar totalmente claros.

Dicho anteproyecto, no incluye regulaciones especificas al respecto, por el contrario, en diversos artículos, rebasó su competencia de ley reglamentaria, por lo que el exhorto que se realizó el pasado 24 de Junio antes mencionado, alerta acerca de diversas acciones de inconstitucionalidad en caso de dejarlo en esas condiciones.

Ahora bien, la preocupación por contar con una Ley Reglamentaria para atender este tema, es de suma importancia para la integración del presupuesto que viene para el ejercicio 2016, desde el ejercicio pasado, se solicitó a la Cámara de Diputados contar con un presupuesto adecuado para implementar lo que sería todo el Sistema de Protección Integral.

En el entendido que no fue contemplado para éste año, se espera que con la práctica del Presupuesto Base 0, se tenga en consideración que este tema debe ser abordado desde todos los frentes, asignándole el presupuesto suficiente para que con las instituciones que ya contamos, se ponga en marcha lo que contempla la Ley General y acatar lo que el Reglamento disponga.

No obstante, la asignación del Presupuesto depende de que tan completa esté su armadura legislativa, no es factible continuar solicitando un presupuesto para la implementación de un programa o sistema que no cuenta con las herramientas necesarias y suficientes para ponerse en marcha.

La urgencia de contar con un reglamento, es evidente, más allá de que el plazo para publicarlo ya feneció, para solicitar el presupuesto es necesario que se presente todo el paquete completo, y aun así dejando de lado el tema presupuestario; dicho Sistema de Protección Integral debe ponerse en marcha a fin de evaluar el éxito de su implementación y ver mejoras a corto plazo en la condición de los menores de edad.

Una de las grandes virtudes que contempla la mencionada Ley General, es el registro que se hará a nivel nacional de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran habitando los Centros de Asistencia Social, cuyas condiciones son desconocidas en su mayoría, y su situación jurídica respecto a la patria potestad no en todos los casos se encuentra resuelta.

Esta situación lleva a que no puedan ser adoptados por otras familias que sean las idóneas para recibirlos. La desinstitucionalización de los menores de edad es una situación que debe atenderse a la brevedad, disminuir su incidencia es tarea que debe verse reflejada en la integración de nuevas familias.

Es por ello que promulgar el Reglamento de la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, es urgente, sólo basta recordar que por cada día que se deje transcurrir un menor de edad pierde la oportunidad de reunirse con su familia o bien de integrase a una nueva.

Hay que aprovechar las bondades que esta Ley General implementó para todos los casos que ella previó, desde las niñas y niños migrantes hasta la posibilidad de la adopción. La coordinación entre dependencias es un factor clave para que pueda desarrollarse, en este caso el papel de la Secretaria de Gobernación para nombrar a la Secretaría Ejecutiva que se encargue de coordinar este sistema, es trascendente, puesto que tendrá dentro de sus facultades se encuentran la vigilancia y la supervisión de quienes interceden en todos estos procesos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, propongo a esta Soberanía el siguiente:

P U N T O  D E  A C U E R D O

Primero: Se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal a fin de que publique el Reglamento de la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes previo a que se integre el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2016.

Segundo: Se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados a fin de que en la integración del Presupuesto de Egresos 2016, asigne una partida especial para la implementación del Sistema Nacional de Protección Integral.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores a los 7 días del mes de septiembre de 2015.

SEN. JORGE LUIS LAVALLE MAURY

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO               SEN. HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA