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Iniciativas

Estado Actual: Desechada Ficha Técnica

Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 85 de la Ley General de Desarrollo Social.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO SOCIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.


La iniciativa busca que las resoluciones que emita el Comité Directivo, encargado de la administración del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, sean de carácter observable por parte de las dependencias y entidades de la administración pública federal en los términos aplicables.

De la misma manera, establece que las sugerencias y recomendaciones resultado de las evaluaciones a las que se refiere el capítulo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, sean consideradas en los procesos programables y presupuestarios de la política nacional de desarrollo social por parte de las dependencias y entidades de la administración pública federal, a fin de promover un ejercicio más eficaz y eficiente del gasto social introduciendo acciones de mejora continua en el diseño, operación y ejecución de los programas sociales.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 85 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.

El suscrito, BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, Senador de la República a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II, 72 y 73 fracción XXVIII, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 164 numerales 1, 2 y 3 del Reglamento del Senado de la República; somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que sereforma el artículo 85 de la Ley General de Desarrollo Social con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley General de Desarrollo Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 2004, tiene como objetivo fundamental impulsar una política social enmarcada por la coordinación efectiva entre los tres niveles de gobiernos, para que cualquiera de ellos este en la posibilidad de participar en la planeación y aplicación de los recursos de los programas sociales.

La ley en comento establece que la planeación del desarrollo social en México se integrará por programas y planes de carácter nacional, institucional, regional, estatal y municipal.

De tal suerte que éste instrumento jurídico tiene como propósito fundamentar, estructurar y generar certeza para que todas las personas que habitan el territorio nacional tengan la misma posibilidad de disfrutar de una vida digna.

En el Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática reconocemos que la Ley de mérito es una valiosa aportación al marco jurídico nacional, ya que es un ordenamiento legal que de manera clara instituye y define los derechos sociales de los mexicanos.

Pero también sostenemos que existen pendientes que deben de ser integrados al precepto de referencia en virtud de que el rezago y la desigualdad social continúa siendo un rasgo distintivo en nuestro país. Si bien es cierto que el texto es loable en sus fines, también es cierto que su aplicación aún dista mucho de ser eficaz, eficiente, oportuna y equitativa.

En este orden de ideas queremos destacar uno de esos pendientes que creemos que deben ser atendidos para que el proceso que la Ley determina para el desarrollo social cumpla con una mayor eficacia sus objetivos: la evaluación y seguimiento de los programas sociales.

La evaluación de programas sociales dejó de ser casual para convertirse ennorma y en materia para los nuevos mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

En este sentido la Ley General de Desarrollo Social en su artículo 18 señala:

Los programas, fondos y recursos destinados al desarrollo social son prioritarios y de interés público, por lo cual serán objeto de seguimiento y evaluación de acuerdo con esta Ley; y no podrán sufrir disminuciones en sus montos presupuestales, excepto en los casos y términos que establezca la Cámara de Diputados al aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Lamentablemente, en nuestro país, durante años ha permeado una arríausanza de cooptación política, clientelar y partidista de los programas dirigidos a poblaciones de más pobres a fin de focalizar dichos programas.

Aunque se ha trabajado de manera incansable desde nuestro Instituto Político - léase el éxito de los programas sociales en el Distrito Federal a partir de la llegada de los gobiernos perredistas a la Ciudad-  en el fortalecimiento de la operatividad de los programas sociales a través de la construcción de un marco jurídico e institucional en materia de transparencia y rendición de cuentas no ha sido suficiente para contrarrestar los abusos que se cometen en aras del desarrollo social.

Este fortalecimiento se ha visto traducido en una mayor institucionalización de la política social, es decir, se han logrado avances en la elaboración de las reglas de operación que cada vez son más claras y definidas circunstancia que abona a la rendición de cuentas y a los procesos de transparencia.

En lo que respecta a la evaluación y seguimiento el ordenamiento legal que nos ocupa instituyó un proceso sistemático para evaluar la política de desarrollo social con el fin de dar seguimiento continuo al cumplimiento del propósito social de los programas, metas y acciones en la materia para corregirlos, modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente,  para tal efecto se creó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL).

El artículo 72 de la Ley de mérito en lo conducente estipula:

La evaluación de la Política de Desarrollo Social estará a cargo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que podrá realizarla por sí mismo o a través de uno o varios organismos independientes del ejecutor del programa, y tiene por objeto, revisar periódicamente el cumplimiento del objetivo social de los programas, metas y acciones de la Política de Desarrollo Social, para corregirlos, modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente.

De igual forma se constituyeron mecanismos para coadyuvar a la evaluación de los programas al solicitar indicadores de resultados, gestión y servicios:

Artículo 74. Para la evaluación de resultados, los programas sociales de manera invariable deberán incluir los indicadores de resultados, gestión y servicios para medir su cobertura, calidad e impacto. Las dependencias del Ejecutivo Federal, estatales o municipales, ejecutoras de los programas a evaluar, proporcionarán toda la información y las facilidades necesarias para la realización de la evaluación.

Los indicadores de resultados deberán reflejar el cumplimiento de los objetivos sociales de los programas, metas y acciones de la Política de Desarrollo Social:

Artículo 75. Los indicadores de resultados que se establezcan deberán reflejar el cumplimiento de los objetivos sociales de los programas, metas y acciones de la Política Nacional de Desarrollo Social.

Por su parte los indicadores de gestión y servicios deberán reflejar los procedimientos y la calidad de los servicios de dichos programas:

Artículo 76. Los indicadores de gestión y servicios que se establezcan deberán reflejar los procedimientos y la calidad de los servicios de los programas, metas y acciones de la Política Nacional de Desarrollo Social.

Las disposiciones normativas referidas en los párrafos superiores se concatenan con lo que establece la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que en su artículo 2 fracción LI determina que el Sistema de Evaluación del Desempeño es el conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.

Así que, el objetivo de éste Sistema se entrelaza con el fin que la Ley General de Desarrollo le otorga al ámbito de la evaluación de los programas sociales, en el sentido, de consolidar unaherramienta de información eficaz para la toma de decisiones que refuerce el vínculo entre el proceso presupuestario con la planeación, programación, ejecución, monitoreo y evaluación de las políticas públicas.

Lo anterior en virtud de la importancia del tema de evaluación como una prioridad en materia de política pública, siendo objeto de un gran proceso de instrumentación para sumar esfuerzos en la debida y correcta aplicación de los programas y del efectivo ejercicio de los recursos correspondientes.

Por otro lado en su artículo 80 la Ley General de Desarrollo Social en lo conducente determina que:

De acuerdo con los resultados de las evaluaciones, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social podrá emitir las sugerencias y recomendaciones que considere pertinentes al Ejecutivo Federal y hacerlas del conocimiento público.

Con esta disposición se puede entender que se está fortaleciendo la relación que se genera a partir de los resultados de las evaluaciones y la retroalimentación del diseño y avance de las políticas y programas sociales.

Aunado a lo anterior, encontramos un mecanismo más que abona en la consolidación de las evaluaciones de la política pública en materia de desarrollo social; el 30 de marzo de 2007 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación por conducto del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y de la Función Pública:Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, que tienen por objeto regular la evaluación de los programas federales, la elaboración de la matriz de indicadores y los sistemas de monitoreo, así como la elaboración de los objetivos estratégicos de las dependencias y entidades federales.

A través de estos preceptos legales desprendemos que la evaluación de los programas es recurrente, sistemática y basada en indicadores que permiten medir los resultados y el desempeño en su aplicación; de tal suerte que tenemos, en teoría, los elementos básicos para conocer qué programas están consiguiendo los fines por los que fueron creados.

Ahora bien, recordemos el artículo 74 de la Ley General de Desarrollo Social que mencionamos con antelación para advertir que la evaluación de dichas acciones está sustentada en resultados que tienen que reflejar el oportuno cumplimiento de las metas trazadas en la formulación de la política nacional de desarrollo social.

Es en este momento en el que empiezan a surgir cuestionamientos que nos indican que a pesar de estos mecanismos legales en materia de evaluación existen, a la luz de los hechos, pendientes que atender. Preguntas del siguiente tenor, por qué si la Ley General de Desarrollo Social integra de modo preciso los procedimientos destinados a la evaluación de programas sociales, no se han conseguido correcciones significativas en las carencias arrojadas en los resultados de tales evaluaciones, es evidente que la conclusión de todo el trabajo evaluador es de carácter informativo sin tener un rasgo de mínima observancia por parte de los organismos que integran la administración pública federal.

Esto se advierte en el Título Quinto, de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social en su Capítulo I, de la Evaluación; en ningún artículo se determina que las evaluaciones deban de ser observadas por las dependencias y entidades federales. Los artículos 79 y 80 de Capítulo de referencia en lo conducente establecen:

Los resultados de las evaluaciones serán publicados en el Diario Oficial de la Federación y deberán ser entregados a las Comisiones de Desarrollo Social de las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, y a la Secretaría.

De acuerdo con los resultados de las evaluaciones, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social podrá emitir las sugerencias y recomendaciones que considere pertinentes al Ejecutivo Federal y hacerlas del conocimiento público.

En el sentido estrictamente mediático pueden ser de gran interés estas evaluaciones y sus respectivas recomendaciones. Pero en el sentido estricto que persigue el Desarrollo Social en nuestro país, lo anterior se traduce en una debilidad de nuestro sistema político. Por lo que otra duda salta de nuevo a la luz, de qué sirve todo un aparato institucional de evaluación del desempeño si su labor es sólo para tomar conocimiento.

Es necesario e impostergable cambiar esta condición. Se tiene que dotar a las instituciones evaluadoras de facultades que permitan que sus recomendaciones se traduzcan en herramientas para mejorar progresivamente los programas sociales y así estar en condiciones que nos ayuden a evitar errores que acoten el acceso a una vida digna a todos los mexicanos tal y como sigue ocurriendo en estos días.

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto:

Artículo Único.- Se adicionandos párrafos al artículo 85 de la Ley General de Desarrollo Social para quedar como sigue:

Artículo 85.

Las resoluciones que emita el Comité Directivo serán de carácter observable por parte de las dependencias y entidades de la administración pública federal en los términos aplicables.

Las sugerencias y recomendaciones resultado de las evaluaciones a las que se refiere este capítulo, serán consideradas en los procesos programables y presupuestarios de la política nacional de desarrollo social por parte de las dependencias y entidades de la administración pública federal, a fin de promover un ejercicio más eficaz y eficiente del gasto social introduciendo acciones de mejora continua en el diseño, operación y ejecución de los programas sociales.

TRANSITORIO

ArtículoÚnico.- Las presentes modificaciones entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

 

SUSCRIBE

SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA