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Estado Actual: Aprobada Ficha Técnica







De las Senadoras Diva Hadamira Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Hilda Esthela Flores Escalera, Juana Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza y Mayela Quiroga Tamez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo y se reforman los párrafos tercero y cuarto del artículo 73 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.


Propone reformas a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para establecer la obligación por parte del Ministerio Público y/o la Fiscalía General, de notificar de oficio a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a las Comisiones Estatales de Derechos Humanos o al CONAPRED en el ámbito de sus competencias, de aquellos delitos donde se presuma que existen víctimas de violaciones de derechos humanos para su seguimiento.

Por otra parte, se establece también la obligación de la Comisión Nacional para dar seguimiento a las actuaciones y diligencias que se practiquen en las averiguaciones previas, procedimientos penales y administrativos que se integren o instruyan con motivo de su intervención en términos de la Ley de la materia. Y se señala en la iniciativa que en caso de que algún servidor público en respuesta a un requerimiento de información formulado por la Comisión Nacional, rindiera informes falsos, omita informar, niegue acceso a expedientes o rinda informes parcialmente verdaderos, se le sancionará en los términos que señala el artículo 214, fracción V, del Código Penal Federal.

Diva Hadamira Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Hilda Estela Flores Escalera, Juana Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza y Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez,  Senadoras de la República, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración del Pleno de ésta H. Soberanía la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo segundo recorriéndose los subsecuentes y se reforman los párrafos tercero y cuarto del Artículo 73 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En nuestro país se requiere trabajar en mecanismos que permitan incrementar la eficacia de las instituciones dedicadas a la protección de derechos humanos, por tanto, la vinculación entre las instituciones constitucionalmente encargadas de la procuración de justicia y las garantes de los derechos humanos deben ser especialmente adaptados para este fin.

Para este efecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) definió en el artículo 102 lo siguiente:

Artículo 102.

A.    El Ministerio Público se organizará en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propios…

…Corresponde al Ministerio Público la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal; y, por lo mismo, solicitará las medidas cautelares contra los imputados; buscará y presentará las pruebas que acrediten la participación de éstos en hechos que las leyes señalen como delito; procurará que los juicios federales en materia penal se sigan con toda regularidad para que la impartición de justicia sea pronta y expedita; pedirá la aplicación de las penas, e intervendrá en todos los asuntos que la ley determine.

B.    El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos.

Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas…

El organismo que establezca el Congreso de la Unión se denominará Comisión Nacional de los Derechos Humanos; contará con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios.

Las Constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal establecerán y garantizarán la autonomía de los organismos de protección de los derechos humanos.

En la actualidad, para que una queja de derechos humanos se presente, esta debe ser promovida a petición de parte, y para ello, se requieren dos supuestos:

  1. Que él o la quejosa conozca sus derechos humanos y;
  2. Que sepa a donde debe acudir para presentar dicha queja.  

La realidad es que la mayoría de las denuncias que se presentan ante el Ministerio Público, de las cuales en su contenido se presuma que existió una violación a derechos humanos por parte del Estado o sus agentes, o discriminación no se acompaña de una queja simultánea ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), las Comisiones Estatales de derechos Humanos o ante la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED).

Aunado a lo anterior, cuando las personas víctimas tienen condiciones de marginación, vulnerabilidad, discriminación o simplemente ignorancia sobre el contenido y ejercicio de sus derechos, es poco probable que levanten una queja con lo que se provoca un claro subregistro que impide que las instituciones constitucionalmente encargadas puedan desarrollar estrategias claras de prevención y atención.

Ahora bien, dentro de las obligaciones constitucionales del ministerio público, se encuentran el conocer de delitos y su tratamiento conforme al artículo 20 de la CPEUM, asimismo se establecen algunas obligaciones específicas en términos de velar por el correcto goce y ejercicio sustantivo de derechos humanos de las víctimas, como las establecidas en los términos del artículo 20 constitucional apartado C fracciones IV y V, en donde se debe proteger a la víctima y velar por la reparación del daño.

El artículo 20 Constitucional en su apartado C, fracción V estipula los principios por los cuales se rige el proceso penal acusatorio, y la obligación del Ministerio Público de velar y garantizar los derechos de las víctimas.

“Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

Apartado C De los derechos de la víctima o del ofendido:

V.        Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa.

El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general todas los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación;…”

Dentro de las obligaciones legales del ministerio público establecidas en la Ley General de víctimas en su artículo 12 fracción I se establece que el ministerio público debe comunicar a la víctima sus derechos dejando constancia en la carpeta de investigación, con independencia de que exista o no un probable responsable de los hechos.

Ahora bien, dentro de las obligaciones legales de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se establecen en la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos lo siguiente:

Artículo 6o.- La Comisión Nacional tendrá las siguientes atribuciones:

I.- Recibir quejas de presuntas violaciones a derechos humanos; II.- Conocer e investigar a petición de parte, o de oficio, presuntas violaciones de derechos humanos en los siguientes casos:

  1. Por actos u omisiones de autoridades administrativas de carácter federal;  

b) Cuando los particulares o algún otro agente social cometan ilícitos con la tolerancia o anuencia de algún servidor público o autoridad, o bien cuando estos últimos se nieguen infundadamente a ejercer las atribuciones que legalmente les correspondan en relación con dichos ilícitos, particularmente en tratándose de conductas que afecten la integridad física de las personas;

III. Formular recomendaciones públicas no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas, en los términos establecidos por el artículo 102, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos…

Con lo que establece la obligación de recibir quejas, conocer e investigar a petición de parte o de oficio sobre presuntas violaciones a derechos humanos.

La multicitada Ley en su artículo 73 señala que la Comisión se limitara a dar seguimiento a las actuaciones y diligencias que se practiquen en las averiguaciones previas.

Artículos 73.- Además de las denuncias sobre los delitos y faltas administrativas en que puedan incurrir las autoridades y servidores públicos en el curso de las investigaciones seguidas por la Comisión Nacional, podrá solicitar la amonestación pública o privada, según el caso, al titular de la dependencia de que se trate.

La Comisión Nacional podrá dar seguimiento a las actuaciones y diligencias que se practiquen en las averiguaciones previas, procedimientos penales y administrativos que se integren o instruyan con motivo de su intervención en términos de la presente Ley y del artículo 102, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través de sus visitadores generales y de los visitadores adjuntos adscritos a ellos. Esta facultad se limitará únicamente a la observación atenta del curso del asunto de que se trate hasta su resolución definitiva, sin que en ningún caso se entienda como la posibilidad de intervenir como parte en aquéllos, haciendo o promoviendo las diligencias conducentes para su resolución.

En caso de que algún servidor público en respuesta a un requerimiento de información formulado por la Comisión Nacional rindiera informes falsos o parcialmente verdaderos, se le sancionará en los términos que señala el artículo 214, fracción V, del Código Penal Federal.

Lo anterior, en ocasiones puede no ser suficiente atendiendo a que la Comisión puede optar por desconocer o no dar seguimiento sobre asuntos de violaciones a derechos humanos y por tanto desproteger a la víctima.

Dentro de las obligaciones legales derivadas del párrafo quinto del artículo 1 de la Constitución, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación establece al  Consejo Nacional para prevenir la Discriminación (CONAPRED) atribuciones como las definidas en el artículo 20 Fracciones, XLIV entre las que se encuentran principalmente las de conocer, e investigar los presuntos casos de discriminación cometidos por personas servidores públicos, y los distintos poderes públicos del estado Mexicano. Asimismo  la fracción XLVII establece la promoción de la presentación de denuncias por actos de discriminación.

Como se puede observar, existe una falta de obligación por parte del Ministerio Público Federal o Local el que notifique a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a las Comisiones Estatales de Derechos Humanos o al CONAPRED sobre la presunción de violaciones a derechos humanos de las víctimas o presunción de discriminación por distintas condiciones, lo que dificulta que las instituciones encargadas del registro, protección y acompañamiento de derechos humanos puedan tener información completa y certera de las violaciones a derechos humanos ocurridas, generar estadísticas que abatan el posible subregistro por no denuncia o queja, así como de cumplir su función de acompañamiento a las víctimas y la emisión de recomendaciones constitucionalmente encomendadas.

Establecer la obligación de articulación estructural de las diferentes entidades y sistemas encargadas de la protección de derechos humanos que podría denominarse, “notificación de oficio de presuntas vulneraciones de derechos humanos”, por parte del Ministerio Público, cumpliría un triple propósito;

  1. Abatir el subregistro que existe en materia de múltiples delitos asociados a la vulneración de derechos humanos. 
  2.  Coadyuvar a que las comisiones de derechos humanos y el CONAPRED, observen, conozcan y se pronuncien en términos de sus respectivas atribuciones sobre las vulneraciones de derechos humanos y; 
  3.  Contribuir a que dichas instituciones acompañen a la víctima y la asistan  desde un enfoque victimal la actuación del Ministerio Público federal y local en las distintas etapas del procedimiento penal acusatorio mexicano. 

La notificación de oficio por parte del Ministerio Público hacia las instituciones antes mencionadas, facilitará el acompañamiento a la presunta víctima del delito por parte de las comisiones de derechos humanos y del CONAPRED detonando a su vez y de oficio los respectivos procedimientos administrativos de cada institución, adicionalmente del penal, mismo al que la victima tiene derecho a iniciar si así lo desea.

Para que la articulación anterior funcione, la notificación de oficio, deberá ocurrir cuando el Ministerio Público tenga la presunción indiciaria de que pudieron existir acciones u omisiones violatorias de derechos humanos por parte de agentes del Estado Mexicano en los términos del artículo 1 constitucional y de las respectivas Leyes de derechos humanos y parar prevenir y eliminar la discriminación, que hubieran provocado violaciones a derechos humanos de las víctimas.

Si bien es cierto, que las recomendaciones que puedan emitir las Comisiones de Derechos Humanos y el CONAPRED no son vinculantes y son de naturaleza administrativa, se puede establecer comunicación entre las autoridades que incida en la mejora general del sistema de protección.

En este orden de ideas, resulta importante que el Ministerio Público informe a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y al CONAPRED, sobre los asuntos que deriven de posibles violaciones a derechos humanos, y que a su vez dichas instituciones se fortalezcan para hacer frente a la demanda y al volumen real de violaciones que ocurren en nuestro país. El objetivo es: Que ninguna persona en México quede sin ser atendida.

En este contexto es de señalar que también la hoy Consejera, integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Maestra María Ampudia González, al presentar su programa de trabajo ante el Senado de la República, señalo categóricamente este problema y propuso para la atención de esta Soberanía lo siguiente:

“que la Comisión sea notificada por el ministerio público acerca de los expedientes donde se reclamen violaciones de derechos humanos y fundamentales, desde el momento de la integración de averiguaciones previas para estar en posibilidad de acompañar a la víctima, dar seguimiento y realizar observaciones que insten a la representación social a observar el respeto de los Derechos Humanos de las personas. Dichas observaciones serán informativas y deberán integrarse al expediente para conocimiento del juez”.

También en dicho documento la Consejera Ampudia cita los Principios de Paris inciso C, respecto de las Modalidades de funcionamiento punto 2, señalando que los Organismos de derechos humanos deben recibir y obtener todas las informaciones y documentos necesarios para la correcta actuación en el ámbito de su competencia, lo cual incluye el conocimiento de las denuncias:

“C. Modalidades de funcionamiento

En el marco de sus actividades, la institución nacional deberá:

1. Examinar libremente todas las cuestiones comprendidas en el ámbito de su competencia, que le sean sometidas por el gobierno o que decida conocer en virtud de sus atribuciones, a propuesta de sus miembros o de cualquier solicitante;

2. recibir todos los testimonios y obtener todas las informaciones y documentos necesarios para el examen de las situaciones comprendidas en el ámbito de su competencia;”

Como beneficio adicional de esta disposición, se acabará, con las negativas de facto por parte del Ministerio Público, sobre el acceso a las carpetas de investigación cuando las comisiones de derechos humanos por medio de sus visitadores soliciten conocerlos.

En la averiguación previa y ahora con el nuevo sistema la investigación penal acusatorio se dará oportunidad a que la autoridad ministerial, obtenga datos relevantes que le permitan allegarse a la verdad de los hechos, en el expediente o carpeta de investigación y que las instituciones encargadas de velar por los derechos humanos coadyuven a ello mediante la observación de los expedientes.

Por ello se considera oportuno que dicha autoridad, tratándose de delitos que conformen indicios presuncionales durante la etapa de investigación, informen a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a las Comisiones Estatales de Derechos Humanos y al CONAPRED a fin de que puedan tener una intervención que beneficie a las víctimas en la protección y garantía de sus derechos humanos.

Por los argumentos vertidos con anterioridad, someto a consideración de ésta H. Soberanía la siguiente Iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO:

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un párrafo segundo recorriéndose los subsecuentes y se reforman los párrafos tercero y cuarto del Artículo 73 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para quedar como sigue:

Artículos 73.- …

El Ministerio Público y/o la Fiscalía General, deberán notificar de oficio a las instituciones encargadas para la protección de derechos humanos en el ámbito de sus competencias, de aquellos delitos donde se presuma que existen víctimas de violaciones de derechos humanos para su seguimiento.

La Comisión Nacional deberá dar seguimiento a las actuaciones y diligencias que se practiquen en las averiguaciones previas, procedimientos penales y administrativos que se integren o instruyan con motivo de su intervención en términos de la presente Ley y del artículo 102, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través de sus visitadores generales y de los visitadores adjuntos adscritos a ellos. Esta facultad se limitará únicamente a la observación atenta del curso del asunto de que se trate hasta su resolución definitiva, sin que en ningún caso se entienda como la posibilidad de intervenir como parte en aquéllos, haciendo o promoviendo las diligencias conducentes para su resolución.

En caso de que algún servidor público en respuesta a un requerimiento de información formulado por la Comisión Nacional, rindiera informes falsos, omita informar, niegue acceso a expedientes o rinda informes parcialmente verdaderos, se le sancionará en los términos que señala el artículo 214, fracción V, del Código Penal Federal.

Artículos Transitorios:

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

SEGUNDO.- Los Estados contaran con un plazo de 180 días para adaptar sus respectivas legislaciones a las disposiciones de este Decreto.

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República

a los 7 días del mes de abril de 2015.

SEN. DIVA HADAMIRA

GASTÉLUM BAJO

SEN. HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA

SEN. CRISTINA DÍAZ SALAZAR

SEN. JUANA LETICIA

HERRERA ALE

SEN. ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA

SEN. LILIA GUADALUPE

MERODIO REZA

SEN. MAYELA MARÍA DE LOURDES

QUIROGA TAMEZ

CUADRO COMPARATIVO


TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

Artículo 73.- Además de las denuncias sobre los delitos y faltas administrativas en que puedan incurrir las autoridades y servidores públicos en el curso de las investigaciones seguidas por la Comisión Nacional, podrá solicitar la amonestación pública o privada, según el caso, al titular de la dependencia de que se trate.

La Comisión Nacional podrá dar seguimiento a las actuaciones y diligencias que se practiquen en las averiguaciones previas, procedimientos penales y administrativos que se integren o instruyan con motivo de su intervención en términos de la presente Ley y del artículo 102, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través de sus visitadores generales y de los visitadores adjuntos adscritos a ellos. Esta facultad se limitará únicamente a la observación atenta del curso del asunto de que se trate hasta su resolución definitiva, sin que en ningún caso se entienda como la posibilidad de intervenir como parte en aquéllos, haciendo o promoviendo las diligencias conducentes para su resolución. Párrafo adicionado

En caso de que algún servidor público en respuesta a un requerimiento de información formulado por la Comisión Nacional rindiera informes falsos o parcialmente verdaderos, se le sancionará en los términos que señala el artículo 214, fracción V, del Código Penal Federal.

Artículos 73.- …

El Ministerio Público y/o la Fiscalía General, deberán notificar de oficio a las instituciones encargadas para la protección de derechos humanos en el ámbito de sus competencias, de aquellos delitos donde se presuma que existen violaciones de derechos humanos y victimas para su seguimiento.

La Comisión Nacional deberá dar seguimiento a las actuaciones y diligencias que se practiquen en las averiguaciones previas, procedimientos penales y administrativos que se integren o instruyan con motivo de su intervención en términos de la presente Ley y del artículo 102, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través de sus visitadores generales y de los visitadores adjuntos adscritos a ellos. Esta facultad se limitará únicamente a la observación atenta del curso del asunto de que se trate hasta su resolución definitiva, sin que en ningún caso se entienda como la posibilidad de intervenir como parte en aquéllos, haciendo o promoviendo las diligencias conducentes para su resolución.

En caso de que algún servidor público en respuesta a un requerimiento de información formulado por la Comisión Nacional, rindiera informes falsos, omita informar, niegue acceso a expedientes o rinda informes parcialmente verdaderos, se le sancionará en los términos que señala el artículo 214, fracción V, del Código Penal Federal.


http://www.senado.gob.mx/comisiones/derechos_humanos/docs/Consejo/CV_MAG1.pdf Consultado 19-Marzo-2015.

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