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Estado Actual: Concluida Art. 219 Ficha Técnica







De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Juana Leticia Herrera Ale, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de Bibliotecas, en materia de accesibilidad.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE BIBLIOTECAS Y ASUNTOS EDITORIALES, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

INICIATIVA QUE CONCLUYE SU TRÁMITE EN LA LEGISLATURA LXIII (ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2015 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 219 DEL REGLAMENTO DEL SENADO PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS ASUNTOS QUE NO HAN RECIBIDO DICTAMEN)


Propone reformar por adición de un cuarto párrafo el artículo 2 de la Ley General de Bibliotecas a fin de que se establezca la obligación para que las bibliotecas deban de contar con medidas de accesibilidad para personas con discapacidad a las instalaciones, así como a su acervo.

Afirman las autoras que con esta reforma, el estado Mexicano deberá de instrumentar medidas que permitan ejercer el derecho a la educación y el aprendizaje efectivo con acceso igualitario a las nuevas fuentes de información y bases de datos para acceso por parte de personas con discapacidad en formatos accesibles y de tal forma lograr acceso universal e inclusivo hacia fuentes de conocimiento de todos los mexicanos.


HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, JUANA LETICIA HERRERA ALE,  MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR,  ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA,  SEN. LILIA GUADALUPE MERODIO REZA,  DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, SENADORAS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y  MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, SENADORA INTEGRANTEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGÍSTA DE MÉXICO, de la LXII Legislatura al H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169, numerales 1 y 4, y 172, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República y demás disposiciones aplicables, me permito someter a la consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY GENERAL DE BIBLIOTECAS, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En México, a lo largo de los años se han emprendido importantes esfuerzos, desde distintos ámbitos, para impulsar al libro, la lectura y las bibliotecas en nuestro país. Una de las acciones más relevantes en este renglón se puso en marcha con el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, cuyo objetivo fundamental fue impulsar entre la sociedad  mexicana un acceso igualitario a la educación y la cultura, y particularmente a la lectura formativa, informativa y recreativa.

En 1983,  se contaba únicamente con 351 bibliotecas públicas en el país, de las cuales 108 se ubicaban en las grandes ciudades y el resto se encontraban en algunos de los 2,378 municipios existentes. Esta infraestructura bibliotecaria resultaba insuficiente para atender a 77 millones de habitantes, por lo que fue necesario implementar mecanismos que permitieran  el acceso gratuito a la lectura a un mayor de mexicanos, a través de servicios bibliotecarios suficientes y adecuados.

Para 1986, todos los ayuntamientos con un población mayor a 30 mil habitantes contaron con una biblioteca municipal. Para lograr este objetivo se requirió de la participación de los distintos niveles de gobierno, y el establecimiento de convenios de colaboración entre la Federación, representada por la SEP, los gobiernos estatales, municipales y el Distrito Federal; lo que dio origen a las redes estatales y delegacionales. 

En 1988 el Congreso de la Unión aprobó la Ley General de Bibliotecas, con el fin de institucionalizar la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y establecer su marco normativo para la distribución de funciones en la operación, mantenimiento y desarrollo de las bibliotecas públicas.

Hoy, la Red Nacional de Bibliotecas Públicas es coordinada por la Dirección General de Bibliotecas del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y está conformada por 31 redes estatales y 16 redes delegacionales, cada una de ellas integrada a su vez por todas las bibliotecas públicas establecidas en la entidad o delegación respectiva -conforme a los convenios de cooperación celebrados entre el gobierno federal y los gobiernos locales.

En México, la Red Nacional opera actualmente a 7,388 bibliotecas públicas que se encuentran establecidas en 2,281 municipios, es decir, 93.2 por ciento del total existente en el país-, y proporciona servicios bibliotecarios gratuitos a más de 30 millones de usuarios anualmente.

El gobierno federal a través de la Dirección General de Bibliotecas, emite la normatividad técnica para el funcionamiento de las bibliotecas  y  proporciona  el acervo catalogado y clasificado a la mayoría de las Coordinaciones Estatales. Actualmente estos procesos están en vías de descentralización al asumirse como tareas conjuntas e incluso propias de cada entidad, tomando en cuenta  que la Red Nacional de Bibliotecas está considerada como la más grande de América Latina.

Por su parte de acuerdo a cifras proporcionadas por el CONADIS, en México hay cerca de 7.7 millones de personas con discapacidad, que se pueden clasificar de la siguiente forma:

  • Discapacidad para caminar 57.5%
  • Discapacidad para ver 32.5%
  • Discapacidad para hablar o comunicarse 8.6%
  • Discapacidad para escuchar 16.5% 

En tal orden de ideas, el estado Mexicano debe de instrumentar medidas que permitan ejercer el derecho a la educación y el aprendizaje efectivo con acceso igualitario a las nuevas fuentes de información y bases de datos para acceso por parte de personas con discapacidad en formatos accesibles y de tal forma lograr acceso universal e inclusivo hacia fuentes de conocimiento de todos los mexicanos.  

Por lo anterior, propongo la reforma a la Ley General de Bibliotecas a fin de que se establezca en el ordenamiento la obligación de la biblioteca de tener medidas de accesibilidad física pero también a sus acervos. Solo así podremos reducir la brecha de desigualdad histórica con las personas con discapacidad en nuestro país.

El artículo 24. 2 incisos c, d y e de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad  señalan:

“Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación. Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y 19- sobre la base de la igualdad de oportunidades, los Estados Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida, con miras a:

a) ….

b) ….

c) Se hagan ajustes razonables en función de las necesidades individuales;

d) Se preste el apoyo necesario a las personas con discapacidad, en el marco del sistema general de educación, para facilitar su formación efectiva;

e) Se faciliten medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que fomenten al máximo el desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo de la plena inclusión.

Por su parte el artículo 24.3 de la citada convención establece:

“3. Los Estados Partes brindarán a las personas con discapacidad la posibilidad de aprender habilidades para la vida y desarrollo social, a fin de propiciar su participación plena y en igualdad de condiciones en la educación y como miembros de la comunidad. A este fin, los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes, entre ellas:

a) Facilitar el aprendizaje del Braille, la escritura alternativa, otros modos, medios y formatos de comunicación aumentativos o alternativos y -20- habilidades de orientación y de movilidad, así como la tutoría y el apoyo entre pares;

b) Facilitar el aprendizaje de la lengua de señas y la promoción de la identidad lingüística de las personas sordas;

c) Asegurar que la educación de las personas, y en particular los niños y las niñas ciegos, sordos o sordociegos se imparta en los lenguajes y los modos y medios de comunicación más apropiados para cada persona y en entornos que permitan alcanzar su máximo desarrollo académico y social.”

En tal orden de ideas, el estado Mexicano debe de instrumentar medidas que permitan ejercer el derecho a la educación y el aprendizaje efectivo, por lo que si se cuenta con la red de bibliotecas más grande de América Latina,  resulta  importante  y pertinente establecer en ley que la misma cuente con medidas de accesibilidad a fin de que los 7.7 millones  de mexicanos que tienen alguna discapacidad puedan accesar en igualdad de condiciones a las bibliotecas públicas en nuestro país.

Por tal razón y en atención a lo descrito en líneas anteriores, someto a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY GENERAL DE BIBLIOTECAS.

ÚNICO.- Se reforma el Artículo 2 y se adiciona un cuarto párrafo al Artículo 2 de la Ley General de Bibliotecas, para quedar como sigue:

Artículo 2…

Las bibliotecas deberán de contar con medidas de accesibilidad para personas con discapacidad a las instalaciones, así como a su acervo.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones del Senado de la República a 24 de marzo de 2015.

 

SEN. HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA

SEN. JUANA LETICIA HERRERA ALE

SEN. MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR

SEN. ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA

SEN. LILIA GUADALUPE MERODIO REZA

SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO

SEN. MARÍA ELENA BARRERA TAPIA