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Estado Actual: Desechada Ficha Técnica







De las Senadoras Diva Hadamira Gastélum Bajo, Hilda Esthela Flores Escalera, Cristina Díaz Salazar, Juana Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza y Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XIX del artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS INDÍGENAS Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.


Propone que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas coadyuve con las dependencias, entidades federales y estatales que dirigen y norman la política y acciones de vivienda, con la finalidad de contribuir a que las y los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas dispongan de bienes y servicios básicos, mediante la construcción de obras de infraestructura básica y vivienda.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XIX Y SE RECORRE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.

Las que suscriben, DIVA HADAMIRA GASTELUM BAJO, HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, JUANA LETICIA HERRERA ALE, ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA Y MAYELA MARÍA DE LOURDES QUIROGA TAMEZ,  Senadoras de la República del Congreso General de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración del Pleno de ésta Soberanía, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XIX y se recorre la subsecuente del Artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece:

Artículo 11, numeral 1:

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento. 

Asimismo las Observaciones generalesaprobadas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de forma particular la número 4 instaura lo referente al derecho a una vivienda adecuada en sus numerales 1 y 7:

1. De conformidad con el párrafo 1 del artículo 11 del Pacto, los Estados Partes "reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia". Reconocido de este modo, el derecho humano a una vivienda adecuada tiene una importancia fundamental para el disfrute de todos los derechos económicos, sociales y culturales.

7. En opinión del Comité, el derecho a la vivienda no se debe interpretar en un sentido estricto o restrictivo que lo equipare, por ejemplo, con el cobijo que resulta del mero hecho de tener un tejado por encima de la cabeza o lo considere exclusivamente como una comodidad. Debe considerarse más bien como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte. Y así debe ser por lo menos por dos razones. En primer lugar, el derecho a la vivienda está vinculado por entero a otros derechos humanos y a los principios fundamentales que sirven de premisas al Pacto. Así pues, "la dignidad inherente a la persona humana", de la que se dice que se derivan los derechos del Pacto, exige que el término "vivienda" se interprete en un sentido que tenga en cuenta otras diversas consideraciones, y principalmente que el derecho a la vivienda se debe garantizar a todos, sean cuales fueren sus ingresos o su acceso a recursos económicos. En segundo lugar, la referencia que figura en el párrafo 1 del artículo 11 no se debe entender en sentido de vivienda a secas, sino de vivienda adecuada. Como han reconocido la Comisión de Asentamientos Humanos y la Estrategia Mundial de Vivienda hasta el Año 2000 en su párrafo 5: "el concepto de "vivienda adecuada"... significa disponer de un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable".

En este contexto  el artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, apartado B, fracción IV se establece la obligación para la federación, los estados y los municipios de impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de mejorar las condiciones de vida de sus pueblos.

Artículo 2º, apartado B.

“La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad de          oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.

IV. Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para la convivencia y recreación, mediante acciones que faciliten el acceso al financiamiento público y privado para la construcción y mejoramiento de vivienda, así como ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos.”

Además del precepto señalado, el derecho a la vivienda indígena también lo encontramos en el párrafo séptimo del artículo 4° Constitucional, en donde textualmente se señala respectivamente:

“Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.”

A su vez dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece en su Estrategia 2.2.3 “Fomentar el bienestar de los pueblos y comunidades indígenas, fortaleciendo su proceso de desarrollo social y económico, respetando las manifestaciones de su cultura y el ejercicio de sus derechos”, entre cuyas líneas de acción se encuentra “asegurar el ejercicio de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en materia de alimentación, salud, educación e infraestructura básica.”

En este orden de ideas la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) es un organismo autónomo descentralizado de la administración pública federal del Estado mexicano, creado por decreto presidencial el 21 de mayo de 2003, con el objetivo de realizar las acciones necesarias para garantizar el sano y correcto desarrollo de los pueblos indígenas de México, según lo establecido por el artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que entre otras importantes funciones que tiene la CDI son:

  • Ser instancia de consulta para la formulación, ejecución y evaluación de los planes, programas y proyectos que las dependencias y entidades de la administración pública federal desarrollen en la materia.

  • Coadyuvar al ejercicio de la libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas.

  • Realizar tareas de colaboración con las dependencias y entidades de la administración pública federal, las cuales deberán consultar a la comisión en las políticas y acciones vinculadas con el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas; de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios; de interlocución con los pueblos y comunidades indígenas, y de concertación con los sectores social y privado.

  • Diseñar y operar, en el marco del Consejo Consultivo de la comisión, un sistema de consulta y participación indígenas, estableciendo los procedimientos técnicos y metodológicos para promover la participación de las autoridades, representantes y comunidades de los pueblos indígenas en la formulación, ejecución y evaluación de los planes y programas de desarrollo.

  • Ser instancia de consulta para las dependencias y entidades de la administración pública federal con el fin de formular el proyecto de presupuesto consolidado en materia de desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas e incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2o. de la Constitución Federal.

  • Proponer y promover las medidas que se requieran para el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado B del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En este tenor la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) con el fin de coadyuvar con este derecho ha promovido en años anteriores diferentes convenios de colaboración para la realización y ejecución de acciones para el Apoyo de Vivienda, entre ellos, con el Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO).

Derivado de lo anterior y de acuerdo a la nota informativa del 21 de marzo del 2014 publicada en la página Web de la CDI [*] se informaba que los titulares de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Nuvia Mayorga Delgado, y del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), Ángel Islava Tamayo, habían firmado un convenio de colaboración para realizar obras de vivienda en comunidades indígenas consideradas de alta marginación.

Por lo que en el marco del Programa de Infraestructura Indígena (PROII), la inversión estimada sería de hasta 700 millones de pesos y que las acciones estarían dirigidas a las familias que habitaran en los municipios indígenas de alta y muy alta marginación y grado de rezago social y además, que formaran parte de la Cruzada Nacional contra el Hambre, con una número de 5 mil acciones de vivienda en los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Estado de México, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Nayarit y Tabasco, extendiéndose posteriormente a Durango, Sonora, Michoacán y Yucatán.

El acuerdo comprendía la colaboración técnica y operativa entre los organismos, asesoría metodológica y cultural, buscando de esta manera fomentar el bienestar de los pueblos y comunidades indígenas, fortaleciendo su proceso de desarrollo social y económico; así mismo, asegurar el derecho a la infraestructura.

Por consiguiente, en el ejercicio fiscal 2014, la CDI como parte de sus programas de apoyo y cobertura  para abatir el rezago en materia de infraestructura básica y vivienda indígena, creó el Programa de Infraestructura Indígena (PROIIN), cuyo objetivo fue contribuir a que los habitantes de las localidades indígenas elegibles superan el aislamiento y dispusierande bienes y servicios básicos, mediante la construcción de obras de infraestructura básica y vivienda, por lo que el 29 de diciembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Infraestructura Indígena a cargo de la Dirección General de Infraestructura de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

En el numeral 2.2 de dichas reglas de operación se establecía:

2.2 Población Potencial

Comprende la población que habita en localidades que carecen de alguno de los tipos de apoyo que otorga el Programa y que cumplen con las características que se indican a continuación:

I. Que al menos el cuarenta por ciento (40%) de sus habitantes se identifiquen como población indígena,

II. Que sean de alta o muy alta marginación,

III. Tengan entre 50 y 15,000 habitantes.

Con fecha de 24 de diciembre de 2014 se publico en el Diario Oficial de la Federación el ACUERDO por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa de Infraestructura Indígena a cargo de la Dirección General de Infraestructura de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para el ejercicio fiscal 2015.

En dicho ACUERDO, se establecio en su numeral 2.2 como Población Potencial, la siguiente:

“2.2 Población Potencial

Comprende a la población que habita en localidades en donde al menos el cuarenta por ciento (40%) de sus habitantes se identifiquen como población indígena y que carecen de alguno de los tipos de apoyo que otorga el Programa.”

PROBLEMÁTICA ACTUAL

De acuerdo con indicadores de Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Consejo Nacional de Población (CONAPO) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), las comunidades indígenas del país, en su gran mayoría, se encuentran en condiciones de marginación y pobreza: carencia de servicios públicos, ausencia de instituciones educativas y de salud, cuestionable respeto a sus derechos humanos y sociales, el olvido, el desempleo y niveles de desarrollo humano por debajo de la media nacional, son tan sólo algunos de los problemas que las caracterizan. [*]

No obstante los esfuerzos que se realizan actualmente, las políticas públicas específicas aún son insuficientes para solucionar el problema. La falta de oportunidades, los bajos niveles de desarrollo humano, la marginación y la pobreza, se convierten por tanto en un incentivo para que la población indígena decida dejar sus territorios y migre hacia los centro urbanos, donde suponen que tendrán mejores posibilidades de desarrollo y prosperidad, ya que predomina la idea de que en la ciudad se puede obtener un mejor nivel de vida.

La Zona Metropolitana de la Cuidad de México, es el asentamiento urbano con mayor recepción de flujo migratorio, se estima que cada año 7 mil 40013 [*]indígenas llegan a la capital del país con la idea de encontrar mejores condiciones de vida de las que tienen en sus lugares de origen. Este fenómeno se ha observado durante las últimas décadas, sin embargo en años recientes se ha intensificado de manera considerable.

Uno de cada tres indígenas vive hoy en una ciudad del país. En 2010 el 77% de la población vive en poblaciones con más de 2 500 personas, consideradas como asentamientos urbanos. [*]

Sin embargo pese a los número que se muestran con anterioridad, dentro de las Reglas de Operación del Programa de Infraestructura Indígena 2014 y 2015 no se contemplaron apoyos en materia de vivienda en zonas urbanas como lo es en las grandes ciudades, que producto de la migración indígena, se han asentado en estos espacios con el fin de mejorar su calidad de vida para sí mismo y sus familias desde hace décadas, ya que se establece su instrumentación en localidades que al menos el cuarenta por ciento (40%) de sus habitantes se identifiquen como población indígena.

Por lo que derivado de lo anterior, es que se concluye que dicho  programa se planteo solamente en el rubro de vivienda rural, dejando de lado lo concerniente a la vivienda urbana para la comunidad indígena, aun cuando esta es una necesidad básica por fenómenos de movilidad propios de nuestro país.

Lo antes mencionado en las Reglas de operación 2014 y 2015  contraviene con la instrumentación de convenios de colaboración para la realización y ejecución de acciones para el Apoyo de Viviendas de Indígenas Urbanos con el Instituto de Vivienda del Distrito Federal (INVI), en los ejercicios fiscales 2008, 2011, 2012 y 2013 y así como en el ejercicio fiscal  2010 se signó un convenio de colaboración entre la CDI y el Fondo Nacional para habitaciones Populares (FONHAPO).

A manera de ejemplo mencionamos el caso del Distrito Federal. La instancia encargada para contribuir a la realización del derecho humano del derecho a la vivienda corresponde al Instituto de Vivienda del Distrito Federal, el cual es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública del Distrito Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio y que fue creado para atender la necesidad de vivienda de la población residente en el Distrito Federal, principalmente la de bajos recursos económicos (vulnerable y en situación de riesgo), a través del otorgamiento de créditos de interés social para vivienda digna y sustentable.

Como marco normativo del instituto en cuestión de vivienda lo encontramos en las REGLAS DE OPERACIÓN Y POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN CREDITICIA FINANCIERA DEL INVI, aprobadas en la en la primera sesión de su Consejo Directivo  celebrada en noviembre de 1998 y ratificado su texto vigente en 2008 y publicadas en el 2009 fueron en su momento de vanguardia dentro de su política habitacional de parte del Gobierno del Distrito Federal por su alto contenido social.

No obstante, no se cuenta con presupuesto para la compra de suelo y de esta manera no se pueden instrumentar más acciones para vivienda indígena, por lo que existe un grave rezago al respecto ya de varios años, por lo que con la firma de los convenios antes señalados con la CDI, se podía consolidar la compra de suelo con el apoyo federal y la construcción de vivienda por parte del Gobierno del Distrito Federal a través del INVI.

Derivado de que en las Reglas de Operación del Programa de Infraestructura Indígena en las que no se contempla el apoyo para vivienda en zonas urbanas, y en específico en el Distrito Federal, se contrapone con el derecho humano a la vivienda contemplado en nuestra Ley suprema.

OBJETIVO DE LA INICIATIVA:

Que dentro del marco normativo de la CDI se le otorguen facultades con la finalidad de que esta  pueda garantizar la protección del derecho a la vivienda en ámbitos urbanos, a fin de que pueda ejercer dentro de su presupuesto general, una partida en materia de vivienda indígena, específicamente para la compra de suelo y se asegure el financiamiento con los entes públicos que otorgan subsidios y créditos para la construcción de vivienda.

Establecer y seguir actualizando convenios en materia de vivienda en ámbitos urbanos anualmente entre la Federación y el Gobierno del Distrito Federal a favor de la población indígena, ya que estas fuentes de cofinanciamiento han sido vitales para abatir considerablemente el rezago de vivienda indígena en el Distrito Federal.

Por los argumentos debidamente fundados y motivados con anterioridad, someto ante el Pleno de esta H. Soberanía la Iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.-Se reforma la fracción XIX y se recorre la subsecuente del Artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para quedar como sigue:

Artículo 2. …

I. a XVIII …

XIX. Coadyuvar con las dependencias, entidades federales y estatales que dirigen y norman la política y acciones de vivienda, con la finalidad de contribuir a que las y los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas dispongan de bienes y servicios básicos, mediante la construcción de obras de infraestructura básica y vivienda, y

XX.  Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.

ARTÍCULO TRANSITORIO:

ÚNICO.-  El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República

a los 3 días del mes de marzo  de 2015.

SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM

BAJO

SEN. HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA

SEN. CRISTINA DÍAZ SALAZAR

SEN. JUANA LETICIA HERRERA ALE

SEN. ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA

SEN. LILIA GUADALUPE MERODIO REZA

SEN. MAYELA MARÍA DE LOURDES QUIROGA TAMEZ

CUADRO COMPARATIVO


TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

Artículo 2. La Comisión tiene como objeto orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas de conformidad con el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lo que tendrá las siguientes funciones:

  1.  Ser instancia de consulta para la formulación, ejecución y evaluación de los planes, programas yproyectos que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal desarrollen en lamateria;
  2. Coadyuvar al ejercicio de la libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidadesindígenas en el marco de las disposiciones constitucionales;  
  3. Realizar tareas de colaboración con las dependencias y entidades de la Administración PúblicaFederal, las cuales deberán consultar a la Comisión en las políticas y acciones vinculadas con eldesarrollo de los pueblos y comunidades indígenas; de coordinación con los gobiernos de las entidadesfederativas y de los municipios; de interlocución con los pueblos y comunidades indígenas, y deconcertación con los sectores social y privado;  
  4. Proponer y promover las medidas que se requieran para el cumplimiento de lo dispuesto en elapartado B del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  
  5. Evaluar las políticas públicas y la aplicación de los programas, proyectos y acciones gubernamentales que conduzcan al desarrollo integral de dichos pueblos y comunidades;  
  6. Realizar investigaciones y estudios para promover el desarrollo integral de los pueblos indígenas;  
  7. Apoyar los procesos de reconstitución de los pueblos indígenas;  
  8. Coadyuvar y, en su caso, asistir a los indígenas que se lo soliciten en asuntos y ante autoridades federales, estatales y municipales;  
  9. Diseñar y operar, en el marco del Consejo Consultivo de la Comisión, un sistema de consulta y participación indígenas, estableciendo los procedimientos técnicos y metodológicos para promover laparticipación de las autoridades, representantes y comunidades de los pueblos indígenas en laformulación, ejecución y evaluación de los planes y programas de desarrollo;  
  10. Asesorar y apoyar en la materia indígena a las instituciones federales, así como a los estados,municipios y a las organizaciones de los sectores social y privado que lo soliciten;  
  11. Instrumentar y operar programas y acciones para el desarrollo de los pueblos indígenas cuando nocorrespondan a las atribuciones de otras dependencias o entidades de la Administración Pública Federalo en colaboración, en su caso, con las dependencias y entidades correspondientes;  
  12. Participar y formar parte de organismos, foros e instrumentos internacionales relacionados con el objeto de la Comisión;  
  13. Desarrollar programas de capacitación para las dependencias y entidades de la AdministraciónPública Federal, así como para las entidades federativas y municipios que lo soliciten, con el fin dmejorar la atención de las necesidades de los pueblos indígenas;  
  14. Establecer acuerdos y convenios de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, con la participación que corresponda a sus municipios, para llevar a cabo programas, proyectos acciones conjuntas en favor de los pueblos y comunidades indígenas;  
  15. Concertar acciones con los sectores social y privado, para que coadyuven en la realización de acciones en beneficio de los indígenas;  
  16. Establecer las bases para integrar y operar un sistema de información y consulta indígena, que permita la más amplia participación de los pueblos, comunidades, autoridades e instituciones representativas de éstos, en la definición, formulación, ejecución y evaluación de los programas, proyectos y acciones gubernamentales;  
  17. Ser instancia de consulta para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal con el fin de formular el proyecto de presupuesto consolidado en materia de desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas a incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2o. de la Constitución Federal;  
  18. Publicar un informe anual sobre el desempeño de sus funciones y los avances e impacto de las acciones de las dependencias y entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, estatal y municipal en materia de desarrollo de los pueblos indígenas, y  
  19. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.

Artículo 2. …

I.-XVIII …

XIX. Coadyuvar con las dependencias, entidades federales y estatales que dirigen y norman la política y acciones de vivienda, con la finalidad de contribuir a que las y los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas dispongan de bienes y servicios básicos, mediante la construcción de obras de infraestructura básica y vivienda, y

XX. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.


[*] http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=3181:suscriben-cdi-y-fonhapo-convenio-para-llevar-vivienda-a-zonas-indigenas-de-alta-marginacion&catid=98:sala-de-prensa-2014&Itemid=200057

[*] CDI-PNUD, Estadísticas de los Pueblos Indígenas, www.cdi.gob.mx

[*] http://www.cdi.gob.mx/sicopi/migracion_oct2006/10_daniel_ponce_vazquez.pdf

[*] La comunidad indígena en el contexto urbano. Desafíos de sobrevivencia. Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública Documento de Trabajo núm. 85, marzo de 2010. Pág. 2.