+  -   
Transparencia Parlamentaria Transparencia Parlamentaria
Iniciativas, Minutas, Instrumentos internacionales y proposiciones
Asistencias / Votaciones
Senadores
Comisiones
Gaceta del Senado Gaceta del Senado
Gaceta de la comisión Permanente Gaceta de la Comisión Permanente
Gaceta del Senado Orden del Día
Versión Estenográfica Versión Estenográfica
Diario de los Debates Diario de los Debates
Comisión Permanente Comisión Permanente
Documentos de Apoyo Parlamentario Documentos de Apoyo Parlamentario
Marco Jurídico Marco Jurídico
Consultoría Jurídica Legislativa Consultoría Jurídica Legislativa
Consultoría Jurídica Legislativa Seguimiento a Reformas Constitucionales
Sinopsis Legislativa Sinopsis Legislativa
Sesión al minuto Sesión al minuto
Tratados Internacionales aprobados Tratados Internacionales aprobadas
Legislación aprobada Legislación aprobada
Respuestas a Proposiciones aprobados Respuestas a Proposiciones aprobados
Portal de Accesso
Organización Organización
Recursos Humanos Recursos Humanos
Recursos Materiales Recursos Materiales
Recursos Financieros Recursos Financieros
Información Relevante Información Relevante
Estado de Situación Financiera Estado de Situación Financiera
Código de Ética y Conducta Código de Ética y Conducta
Transmisión en vivo Transmisión en vivo
Licitaciones Públicas Licitaciones Públicas
Transparencia y Rendición de Cuentas Sede Actual Transparencia y Rendición de Cuentas Sede Actual
Código de Ética y Conducta Contratos Relevantes
Portal de Accesso

Gaceta del Senado



Cámara de Diputados

Estado Actual: Aprobada Ficha Técnica
Minutas

Oficio con el que remite el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción.

LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA INFORMÓ QUE EL VIERNES 27 DE FEBRERO SE TURNÓ DIRECTAMENTE A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DE GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.


ARCHIVOS PARA DESCARGAR:
Descargar Documento (Minuta_CPEUM_combate_corrupcion.pdf)

Propone la modificación de diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para crear el Sistema Nacional Anticorrupción como una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. El Sistema contará con un Comité Coordinador integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación, de la fiscalía responsable del combate a la corrupción, de la Secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno, por el Magistrado Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Comisionado Presidente del organismo garante que establece el artículo 6 de la Constitución, así como por un representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité de Participación Ciudadana.
Se propone facultar al Comité Coordinador para el diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan.

Se faculta al Congreso de la Unión para expedir la ley general que establezca las bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción.

Pretende fortalecer las facultades de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación, por ello se eliminan los principios de anualidad y posterioridad e introduce atribuciones a la Auditoría para realizar directamente auditorías durante el ejercicio fiscal en curso, derivado de denuncias y con la autorización del titular de la Auditoría Superior, con el objeto de investigar y sancionar de manera oportuna posibles actos irregulares. Asimismo, se le faculta a realizar auditorías sobre posibles actos irregulares cometidos en ejercicios fiscales anteriores, en donde además podrá solicitar y revisar de manera casuística y concreta la información de ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en revisión. Se otorga mayor plazo para que la Auditoría fiscalice la Cuenta Pública.

También propone que la Auditoría Superior de la Federación no tenga que esperar hasta la presentación del Informe del resultado de su revisión, para presentar a la Cámara de Diputados los hallazgos de sus auditorías. Lo anterior, con el objeto de que la Auditoría presente a las comisiones de la Cámara de Diputados los informes de sus auditorías de manera más oportuna, lo cual permitirá a éstas realizar el análisis que corresponda. Se prevén tres fechas para la entrega de informes individuales de auditoría: el último día hábil de junio y octubre, y el 20 de febrero del año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública.

Se fortalecen los informes existentes actualmente de la Auditoría Superior de la Federación sobre el estatus de sus observaciones y recomendaciones. En este sentido, se establece que los informes que debe presentar los días primero de los meses de mayo y noviembre, incluirá los montos efectivamente resarcidos a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales, como consecuencia de sus acciones de fiscalización, las denuncias penales presentadas y los procedimientos iniciados ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Lo anterior, con el objeto de que la Auditoría Superior de la Federación rinda cuentas sobre su actuación a la Cámara de Diputados y a la población en general y, con ello se sujeta también a la propia Auditoría a un esquema de rendición de cuentas.

La Auditoría podrá fiscalizar recursos locales cuando provengan de deuda que esté garantizada por la Federación, así también fiscalizará los recursos federales que se destinen y se ejerzan por fondos y mandatos públicos y privados. Con la reforma, en lugar de que la Auditoría finque directamente las responsabilidades resarcitorias correspondientes, le competerá investigar las irregularidades que detecte en la Cuenta Pública, en el ejercicio fiscal en curso o en ejercicios anteriores y promover el fincamiento de responsabilidades ante el nuevo Tribunal Federal de Justicia Administrativa y ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República.

Se reforman diversas disposiciones de la Constitución, en las que se hace referencia a la “entidad de fiscalización superior de la Federación”, modificando su denominación por la de “Auditoría Superior de la Federación”.

Señala que los entes públicos federales, estatales y municipales, así como del Distrito Federal y los órganos político administrativos de sus demarcaciones territoriales, tendrán órganos internos de control facultados para, en los términos que establezca la ley, prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas; para sancionar aquéllas distintas a las que son competencia de los tribunales de justicia administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos; así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la fiscalía especializada en combate a la corrupción.

Se establece de forma expresa la obligación de que el poder público, sin importar el orden de gobierno o la naturaleza de la autoridad, esté sujeto a la prevención, corrección, investigación y sanción de órganos especializados e inmediatos al ejercicio público. En este sentido y con la finalidad de fortalecer las funciones de los órganos de control internos de los organismos constitucionales autónomos y en congruencia con la tendencia que recientemente ha seguido el Poder Constituyente, se faculta a la Cámara de Diputados para designar, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, a los titulares de los órganos internos de control de dichos organismos que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación.

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se transforma en el nuevo Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el cual conservará su competencia actual en las materias fiscal y administrativa y sólo será adicionada la nueva competencia en materia de imposición de sanciones por responsabilidades administrativas graves a los servidores públicos de la Federación y, en los casos previstos en la Constitución, a los servidores públicos de los estados, municipios, Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, así como a los particulares involucrados en faltas administrativas graves.

Se establecen modificaciones orgánicas y competenciales que fortalecen al tribunal, en la lógica del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. Al efecto, se propone que se integre por 16 magistrados, y actuará en Pleno o en Secciones, de las cuales a una corresponderá la resolución de los procedimientos para sancionar faltas administrativas graves. Con la misma finalidad, los Magistrados de la Sala Superior serán designados por el Presidente de la República y ratificados por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado de la República, mientras que los magistrados de las Salas Regionales, serán ratificados por mayoría. En ambos casos, se faculta a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para ratificar los nombramientos.

Por otro lado y a efecto de dotar de homogeneidad al Sistema, se prevé que las Constituciones y leyes de los Estados y el Distrito Federal instituyan Tribunales de Justicia Administrativa, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos y establecer su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus resoluciones. Estos tribunales tendrán a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública local y municipal y los particulares, así como imponer las sanciones a los servidores públicos locales y municipales por responsabilidad administrativa y a los particulares que incurran en hechos de corrupción en los términos que determinen las leyes.

Propone introducir en el texto constitucional una distinción entre las responsabilidades administrativas graves y las no graves. Por una parte, se prevé que las responsabilidades administrativas graves, serán investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior de la Federación y los órganos internos de control, y su sanción corresponderá al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y a sus homólogos en las entidades federativas. Por otra parte, aquéllas que la ley determine como no graves serán investigadas, sustanciadas y resueltas por los órganos internos de control. Establece un plazo de prescripción de 7 años para conductas administrativas graves.

Se establece que los servidores públicos estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes y en los términos que determinen las leyes aplicables.

Se propone que el nombramiento del titular de la Secretaría de la Función Pública sea ratificado por el Senado de la República.

En el régimen transitorio se establece que el Congreso de la Unión, dentro del plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor de las presentes reformas, deberá aprobar la legislación secundaria correspondiente. Los Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que hayan sido nombrados a la fecha de entrada en vigor de la ley, continuarán como Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa por el tiempo que fueron nombrados.


Documentos Relacionados: