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Estado Actual: Concluido Acuerdo MD Ficha Técnica

Del Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se extiende un reconocimiento al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial del estado de Aguascalientes por el sobresaliente proceso de armonización e incorporación del sistema de justicia penal.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE JUSTICIA.

CONCLUIDO POR EL ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA, PARA LA CONCLUSIÓN DE LAS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO QUE NO HAN RECIBIDO DICTAMEN.(04-02-2016)


PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXTIENDE UN RECONOCIMIENTO AL SUPREMO PODER DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES POR EL SOBRESALIENTE PROCESO DE ARMONIZACIÓN E INCORPORACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.

El que suscribe, MIGUEL ROMO MEDINA, Senador de la República de la LXII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67 numeral 1 inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía el presente Punto de Acuerdo por el que se extiende un reconocimiento al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado de Aguascalientes por el sobresaliente proceso de armonización e incorporación del sistema de justicia penal al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

Es menester, reconocer y evidenciar la deuda histórica que el Estado mexicano había tenido en cuanto a la procuración e impartición de justicia penal, la cual, debido a sus fundamentos legales, así como las características y atribuciones de sus instituciones y autoridades se describe y define como un modelo inquisitivo.

Una justicia penal inquisitiva; se encarga de buscar la culpabilidad de las conductas delictivas de facto, es decir, tiene como objetivo principal condenar al imputado mediante todos los medios de hecho. Lo anterior, a todas luces se contrapone con los principios penales establecidos en los derechos humanos. Este modelo inquisitivo se caracteriza por elementos concretos, los cuales violentan, o en el mejor de los casos limitan, la participación real y directa de la víctima y del imputado dentro del proceso penal, así como el derecho a la presunción de inocencia, por decir algunos solamente. El modelo inquisitivo aplica una serie de supuestos teóricos y procedimentales que desequilibraban la justicia penal: situando al imputado en una desventaja real y material ante el Ministerio Público; propiciando una justicia omisa de las manifestaciones y necesidades de la víctima y; en general constituyéndose en un proceso costoso económica y procesalmente.

Ante tal situación, el sistema de justicia penalinquisitivo se encuentra en crisis, no sólo en el Estado mexicano, sino en el conglomerado internacional de América Latina. La justicia penal ha sido una de las temáticas de estudio más importantesdentro de la agenda del sistema regional y universal de derechos humanos. Los Estados latinoamericanos se han sumado a la construcción de una justicia penal

que revierta la condición inquisitiva que han guardado en el devenir de la historia jurídica, por ello, la comunidad de Estados Americanos han propiciado en términos generales, la materialización y consolidación de un nuevo sistema de justicia penal que se encuentre en concordancia con los derechos humanos. 

El Estado mexicano, con la intención de reivindicar lo anterior, formuló y aprobó la reforma constitucional del 18 de junio de 2008, que establece un nuevo paradigma dentro del sistema de justicia penal en México. La reforma estableció en nuestra Carta Magna una serie de principios y reglas que garantizan la protección de los derechos humanos de las parteintervinientes de los procesos penales.

La reforma constitucional de 2008, concretizo un nuevo sistema de justicia penal que mitiga y erradica aquellos aspectos y elementos que caracterizaban al sistema penal inquisitivo, mediante la creación de una nueva justicia penal que sistemáticamente atienda en términos generales a la protección de los derechos humanos, constituyéndose para tal efecto, en un sistema de justicia penal oral, acusatorio y adversarial. Baja estos parámetros, el nuevo sistema de justicia penal se modificó, en su fundamentación teórica y práctica, y paso a ser de un procedimiento escrito a uno estrictamente oral; lo que modifica material y realmente su praxis jurisdiccional.

Debido a las características del nuevo sistema de justicia penal, es menester consolidar parámetros concretos para su debida implementación, los cuales se traducen en acciones legislativas, ejecutivas y judiciales coordinas entre si y entre los diferentes ámbitos de gobierno, es decir, al nivel federal, estatal y municipal. Lo anterior, con el objeto de materializar los nuevos ordenamientos legales, las instituciones y la capacitación técnica de todos los operarios jurisdiccionales participes en la materia penal.        

Asimismo, la reforma de 2008 a demás de fundamentar los principios sobre los cuales debe de concebirse un nuevo sistema penal, también, vincula a la Federación a la adopción de este nuevo sistema penal; mediante la armonización normativa, la aplicación de recursos económicos y la adopción de una cultura jurídica-social que reconstruya la concepción que tienen los operadores jurisdiccionales sobre la praxis penal. En observancia a lo anterior, dicha reforma, establece como fecha límite para la implementación del sistema de justicia penal oral, acusatorio y adversarial, en toda la jurisdicción territorial de las Entidades Federativas y el Distrito Federal, el mes de junio del año 2016.

Por ello, las Entidades Federativas enfrentan la obligación de proveer los mecanismos, herramientas y acciones necesarias para concretizar y materializar dentro de sus respectivas jurisdicciones el nuevo sistema penal, el cual, debe atender, en estricta legalidad, a los principios y reglas establecidas en nuestra Carta Maga.

Cabe destacar que el arduo trabajo que conlleva la implementación del nuevo sistema de justicia penal en México ha sido amortizado por el buen actuar del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, el cual, ha coadyuvado cabalmente en las acciones que garanticen el éxito de este sistema de justicia penal y su eficaz implementación en las Entidades Federativas.

Asimismo, la aprobación del Código Nacional de Procedimientos Penales es ejemplo del gran esfuerzo por parte de la Federación para impulsar la implementación de la reforma penal en todas las Entidades Federativas; estableciendo la normativa que guie los cauces de la praxis jurisdiccional penal y facilite con insumos legislativos a una transición pronta y eficiente.

En la actualidad solamente en tres Estado se encuentra operando, en toda su jurisdicción territorial, el nuevo sistema penal, mientras que en quince Estados han comenzado a operarlode manera parcial, es decir, sólo en algunos de sus Partidos Judiciales. Por su parte, los Estados restantes se encuentran en la fase de estudios y análisis sobre la implementación contado, todos ellos, con fechas tentativas de inicio.

Los últimos dos Estados que han iniciado el proceso de entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal han sido San Luis Potosí y Aguascalientes. Sin embargo, cabe destacar la actuación de este último,debido a que el trabajo del Supremo Poder del Estado de Aguascalientes dividido para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, se ha caracterizado en todo momento por amplios estándares calidad y por un estudio profundo y consiente de los principios rectores del sistema de justicia penal, así como del impacto y recepción que social y jurídicamente tendrá entre sus pobladores.

Muestra de la ardua labor realizada por el Supremo Poder del Estado de Aguascalientes, es la declaratoria gradual de vigencia de inicio de del Código Nacional de Procedimientos Civiles, así como la entrada en vigor del sistema de justicia penal en el Tercer Partido Judicial del Estado, para los delitos de querella y patrimoniales no violentos, ambas cuestiones en fecha del 7 de noviembre del presente año. Asimismo, se programó un plan de implementación gradual y correctamente amortizadopor todos los Partidos JudicialesEstatales, plan con el cual se cumplirá a cabalidad con el término impuesto por la reforma penal para la implementación del nuevo sistema de justicia penal.

El Supremo Poder del Estado de Aguascalientes ha desarrollado un arduo trabajo, el cual, llevo a cabo con soltura, debido a su alto compromiso con la Federación, la participación activa de los sectores públicos y académicos, así como la ayuda de los organismos de la sociedad organizada, que en conjunto han logrado materializar las disposiciones constitucionales en el Estado de Aguascalientes.

La entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal en el Estado de Aguascalientes, es muestra de un trabajo serio, coordinado y ampliamente estudiado y analizado por la Función Pública y la sociedad civil. Lo cual, es un paso firme en la implementación de una justicia consiente y sabedora de la realidad social, así como, la concretización de un sistema jurisdiccional moderno, efectivo, eficaz y expedito, que se caracterice primordialmente por el respeto y protección de los derechos humanos.

Por lo anteriormente expuesto, se solicita a esta Soberanía sea aprobado la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO

Primero.- Se extiendaun reconocimiento al Supremo poder del Estado de Aguascalientes: Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, por el sobresaliente y exitoso comienzo del proceso de armonización e incorporación del sistema de justicia penal, particularmente en el municipio de Pabellón de Arteaga, así como por la puesta en operación del centro del Centro de Mediación del Poder Judicial, lo cual permitirá una justicia más pronta, expedita y transparente.

Segundo.- Se exhorta respetuosamente a los Gobiernos de las Entidades Federativas, así como al Distrito Federal para que en coordinación de la Secretaria Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, impulsen, según sus posibilidades, la total implementación del nuevo Sistema Penal Acusatorio, y en su caso, continúen realizando las campañas de capacitación, actualización y certificación que tengan por objeto el mejoramiento técnico-profesional por parte de sus operadores jurisdiccionales del sistema de justicia penal.

MIGUEL ROMO MEDINA

Senador de la República

FUENTES:

Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos.

Constitución Política del Estado de Aguascalientes

http://www.aguascalientes.gob.mx/Gobierno/Leyes/leyes_PDF/10122013_124003.pdf

Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, fecha 11 de junio de 2014, Tomo XV, Num. 10.

http://imdhd.org/boletines_detalle.php?id=10164

http://www.setec.gob.mx/es/SETEC/PlanProsA


De Acuerdo a la Constitución Política del Estado de Aguascalientes en su Artículo 14: “El Supremo Poder del Estado se divide, para su ejercicio, en  Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Nunca podrán reunirse dos o más de estos  Poderes en un sólo individuo o corporación, ni depositarse el Legislativo en una  persona”. http://www.aguascalientes.gob.mx/Gobierno/Leyes/leyes_PDF/10122013_124003.pdf