+  -   
Transparencia Parlamentaria Transparencia Parlamentaria
Iniciativas, Minutas, Instrumentos internacionales y proposiciones
Asistencias / Votaciones
Senadores
Comisiones
Gaceta del Senado Gaceta del Senado
Gaceta de la comisión Permanente Gaceta de la Comisión Permanente
Gaceta del Senado Orden del Día
Versión Estenográfica Versión Estenográfica
Diario de los Debates Diario de los Debates
Comisión Permanente Comisión Permanente
Documentos de Apoyo Parlamentario Documentos de Apoyo Parlamentario
Marco Jurídico Marco Jurídico
Consultoría Jurídica Legislativa Consultoría Jurídica Legislativa
Consultoría Jurídica Legislativa Seguimiento a Reformas Constitucionales
Sinopsis Legislativa Sinopsis Legislativa
Sesión al minuto Sesión al minuto
Tratados Internacionales aprobados Tratados Internacionales aprobadas
Legislación aprobada Legislación aprobada
Respuestas a Proposiciones aprobados Respuestas a Proposiciones aprobados
Portal de Accesso
Organización Organización
Recursos Humanos Recursos Humanos
Recursos Materiales Recursos Materiales
Recursos Financieros Recursos Financieros
Información Relevante Información Relevante
Estado de Situación Financiera Estado de Situación Financiera
Código de Ética y Conducta Código de Ética y Conducta
Transmisión en vivo Transmisión en vivo
Licitaciones Públicas Licitaciones Públicas
Transparencia y Rendición de Cuentas Sede Actual Transparencia y Rendición de Cuentas Sede Actual
Portal de Accesso

Gaceta del Senado



Proposiciones

Estado Actual: Cámara de Diputados Ficha Técnica

De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a no aprobar el dictamen que reforma el párrafo quinto del artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos en sus términos, pues fomenta la opacidad y constituye un incentivo a los actos de corrupción.

SE TURNÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS.


LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, Senadora de la República, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, presento a consideración de esta Honorable Asamblea la proposición con Punto de acuerdo que exhorta respetuosamente a la H. Cámara de Diputados para no aprobar el dictamen que reforma el párrafo quinto del artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos en sus términos, pues fomenta la opacidad y constituye un incentivo a los actos de corrupción.

ANTECEDENTES

El pasado jueves 9 de octubre de 2014, se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados el dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que reforma el párrafo quinto del artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Este dictamen versa sobre la iniciativa de los diputados Manuel Añorve Baños y Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentado el 28 de mayo de este año a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

La iniciativa pretende eliminar el carácter de “grave” del incumplimiento a las obligaciones sobre la presentación de la declaración patrimonial de los servidores públicos. Ya las organizaciones de la sociedad civil expertas en la materia han reaccionado ante este dictamen. La Red por la Rendición de Cuentas han calificado esta iniciativa y dictamen favorable como un “permiso para robar” y como un acto de regresión legislativa.1

El artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos establece las obligaciones de los servidores públicos, dentro de las que se encuentran:

XV.- Presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial, en los términos establecidos por la Ley.

El artículo 13 de la misma ley establece las sanciones al incumplimiento de las obligaciones citadas y distingue las que son graves de las que no tienen dicho carácter. Este artículo señala como grave la infracción citada con relación a mentir en las declaraciones patrimoniales o no entregarlas oportunamente.

Las sanciones administrativas van desde la amonestación privada o pública; la suspensión del empleo, cargo o comisión por un período no menor de tres días ni mayor a un año; sanción económica, inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, hasta la destitución del puesto. La importancia de la calificación de “grave” ante la falta a alguna obligación consiste en que sólo las faltas graves pueden sancionarse con la destitución del encargo. 

No debe preocuparnos el principio de proporcionalidad de las sanciones que se aplica también al derecho administrativo según la Suprema Corte de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues la ley se sujeta a este principio. El juzgador podrá imponer gradualmente las sanciones que correspondan según el caso particular y el artículo 13 prevé que “cuando no se cause daños o perjuicios, ni exista beneficio o lucro alguno, se impondrán de tres meses a un año de inhabilitación”.

Los Diputados argumentan que la inclusión del carácter de grave de las faltas administrativas con relación a las declaraciones patrimoniales, fue una omisión, una adición no intencionada de los legisladores en la reforma político electoral.

Coincidimos con los Diputados en que la declaración patrimonial va más allá del carácter electoral, pues según el artículo 36 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la obligación de presentar declaraciones es un deber del Congreso de la Unión: Diputados y Senadores, Secretarios Generales, Tesoreros y Directores de las Cámaras; pero también de la Administración Pública Federal Centralizada: Todos los servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento u homólogo hasta el de Presidente de la República; de la Administración Pública Federal Paraestatal; de la Procuraduría General de la República; del Poder Judicial; de los Tribunales; de los órganos autónomos; de todo servidor público que manejen o apliquen recursos económicos, valores y fondos de la Federación; realicen actividades de inspección o vigilancia; lleven a cabo funciones de calificación o determinación para la expedición de licencias, permisos o concesiones, y quienes intervengan en la adjudicación de pedidos o contratos.

Coincidimos con los Diputados en que esta obligación rebasa a los cargos de representación popular y la materia electoral. Sin embargo, creemos que precisamente en un contexto como el que vivimos, ante el incumplimiento del Ejecutivo Federal de contar con un órgano autónomo que prevenga, disuada y sancione la corrupción, nos enfrentamos a iniciativas y dictámenes que promueven la opacidad. Lo que necesita el país es el dictamen de la minuta de combate a la corrupción detenida en la Cámara de Diputados.

En el Congreso de la Unión hemos aprobado reformas de avanzada en materia de transparencia, hemos incluido a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial como sujetos obligados, así como a los sindicatos, fideicomisos públicos o cualquier persona física o moral que ejerza actos de autoridad o que se financie con recursos públicos. La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos vigente es congruente con el marco legal en materia de transparencia.

Actualmente, estamos trabajando en la construcción de un Sistema Nacional de Transparencia para asegurar a los ciudadanos el derecho de acceso a la información. México está consolidándose en el plano internacional como uno de los países con mejores criterios en la materia de transparencia. No podemos permitir esta traición a los ciudadanos, en donde por un lado tenemos un equipo plural de legisladores que trabaja en la redacción de las leyes secundarias de la materia y por el otro tenemos un Legislativo regresivo, que estima que la corrupción no es grave y que elimina las herramientas para el combate a la corrupción.

Encontramos que la versión publicada de la Gaceta de 9 de octubre y la versión del día de hoy sobre ese mismo día difieren. En la primera publicación se incurría también en una omisión. Adicionalmente, se eliminaba el carácter de grave de la fracción XX del artículo 13 relativa a la corrupción:

Abstenerse de adquirir para sí o para las personas a que se refiere la fracción XI, bienes inmuebles que pudieren incrementar su valor o, en general, que mejoren sus condiciones, como resultado de la realización de obras o inversiones públicas o privadas, que haya autorizado o tenido conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión. Esta restricción será aplicable hasta un año después de que el servidor público se haya retirado del empleo, cargo o comisión.

Afortunadamente, dicha fracción se ha incluido nuevamente en el catálogo de faltas administrativas graves. Confiamos en que junto con nuestros compañeros Diputados, logremos actuar en congruencia en materias de transparencia, rendición de cuentas y de combate a la corrupción.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Cámara de Senadores exhorta respetuosamente al Pleno de la H. Cámara de Diputados a no aprobar el dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que reforma el párrafo quinto del artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos en sus términos, pues fomenta la opacidad y constituye un incentivo a los actos de corrupción.

SEN. LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los catorce días de octubre de 2014.

 


 

1 Red por la Rendición de Cuentas, Boletín Semanal, “Regresiones legislativas: permiso para robar”, Semana del 6 al 12 de octubre de 2014, p. 3.