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Iniciativas

Estado Actual: Concluido Acuerdo MD Ficha Técnica

Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto para modificar disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en referencia al cálculo del salario mínimo.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

ASUNTO CONCLUIDO DE CONFORMIDAD CON EL "ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA PARA LA CONCLUSIÓN DE INICIATIVAS PRESENTADAS POR SENADORES QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE DICTAMEN EN LA CÁMARA DE SENADORES", DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2018.


La iniciativa pretende establecer que el cálculo del salario mínimo debe proteger la organización y el desarrollo de la familia, por lo que se deberá determinar su monto monetario considerando las normas de ingesta alimentaria diaria en nutrientes, calorías y proteínas de consumo por persona, establecidos nacional e internacionalmente como los mínimos necesarios de sobrevivencia física de una persona.

Documento sin título

El que suscribe, senador Benjamín Robles Montoya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución en la LXII Legislatura del Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículos 8 y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto para modificar disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en referencia al cálculo del Salario Mínimo, conformidad con la siguiente:

Exposición de motivos

La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 4° establece la protección “de la organización y el desarrollo de la familia”; además ordena que “los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral”

Este mandato constitucional de defensa y mejora de la vida, hace posible la  obligatoriedad gubernamental para crear el marco jurídico y las condiciones económicas que permitan a todos los mexicanos padres de familia con o sin empleo ofrecer a sus hijos –y a ellos mismos--  el acceso a dicho nivel de satisfacción alimentaria.

La población total proyectada para la mitad del presente año 2014 por el Consejo Nacional de Población (CONAPO) es del orden de los 119 millones 713,203 habitantes agrupados en cerca de 28,000 familias con un promedio de 4.6 habitantes por hogar.

Sin embargo, velar y concretar dicho objetivo de defensa y mejora de los niveles de vida de la mayoría de los mexicanos no ha sido la preocupación principal de los últimos sexenios, como se demuestra en el hecho que desde el año 1982 a la fecha, el denominado salario mínimo ha perdido un 75% de poder adquisitivo, y que en la actualidad se encuentren en condición de pobreza por lo menos la mitad de toda la población. Esto significa que el aumento de la pobreza ha mantenido un ritmo cada vez más alto en desmedro de la vida de los ciudadanos. 

Este panorama es el resultado de una explícita entrega de la economía nacional a la radical al indiscriminado aperturismo comercial y de una aplicación de políticas desmesuradas e inapropiadas de privatización de las responsabilidades centrales de cualquier Estado Nacional.

Esa apertura comercialista y rapaz, que se inicia con el ingreso de México al GATT en julio de 1986 y se consolida a partir de 1994 con la firma del TLCAN, impuso la visión de fomenrar la productividad por encima del bienestar.

Dejando de lado la creación del empleo y la mejora salarial en beneficio de la rentabilidad monetaria de las inversiones extranjeras y transnacionales. Nadie está en contra del aumento de la productividad de la economía, pero no es la variable primaria por donde pasan las políticas económicas en el logro del desarrollo.

Fue en el año de 1995 que inició la segunda fase de la agresiva desregulación laboral con el régimen maquilador fronterizo y extranjero permitiendo que se contratara personal con salarios míseros y sin una sola prestación. Así, este tratamiento se extendió a los demás sectores de la economía nacional agravando la caída del ingreso laboral a niveles nunca antes vistos.

A partir de entonces, diversos argumentos gubernamentales se dejaron deslizar como justificantes para seguir manteniendo ese inmisericorde saqueo laboral. El argumento de que los salarios no pueden aumentar porque “la inflación se dispara” se convirtió en el rezo único del Banco de México, y la “defensa de la inflación” fue antes que la defensa del bienestar poblacional. La inflación se convirtió en la dictadura de moda.

El gobierno de principio de la década fue aun más lejos, solicitando que para ganarle el mercado estadounidense a los productos chinos, se deberían tener aquí en México “salarios más competitivos que en China” es decir, reducir aún más el ingreso de los trabajadores.

Esa política deliberada de empobrecimiento, al igual que la complicidad de algunos líderes sindicales corruptos y la creciente cantidad de trabajadores informales sin organización ni defensa alguna, contaron con el desinterés de la denominada Comisión Nacional de Salarios Mínimos, pues esta fue desvirtuada de su objetivo principal y convertida en un ente descentralizado, sin capacidad de decisión, que se dedicó a publicar hasta la fecha, diversos e interesantes análisis de economía internacional, del tipo de cambio y de cuanta variable macroeconómica internacional tenga a la vista pero olvidando su papel central de la defensa del salario mínimo como instrumento de vida exitosa.

También fue en esa fecha en que se cambiaron los parámetros de la medición de pobreza para camuflar la desgracia de la mayoría de mexicanos, una muestra de ese desprecio a los trabajadores fue el regalo foxista de cientos de miles de licuadoras para que algunas familias brincaran la línea de pobreza en valor monetario y presentar esos resultados como “ataque a la pobreza”.

Así pues, las políticas gubernamentales han preferido mantener un “salario  mínimo antiinflacionario”, un salario mínimo “competitivo”, un salario mínimo en “favor de la productividad” , productividad que por cierto crecía como espuma a costa del empobrecimiento alimentario de los mexicanos. En la actualidad, de los 49 millones 500 mil personas que se consideran ocupadas, seis  millones 500 mil tienen la remuneración de máximo un salario mínimo.

Se han olvidado los funcionarios que esos 6 millones 500 mil personas representan 1.5 millones de familias y que con sus 1,232 pesos de salario mínimo se tienen que alimentar a no menos de 4 personas. Pero la problemática se extiende mucho más allá de este dato. Pues de los 49. 5 millones de la PEA, más de la mitad está en la informalidad, es decir en el segmento donde la ley laboral no rige, no existe para ellos.

Por otra parte, los llamados científicos sociales de la Comisión Nacional del Salario Mínimo, han establecido doble criterio para la determinación de semejante resultado. Por un lado existe un “salario urbano” y “salario rural”, y por otro un “salario de zona geográfica A” y en “salario de zona geográfica B” unos más bajos que otros, como sí hubieran ciudadanos de cuatro categorías diversas, como sí para sobrevivir  físicamente y tener salud se debiera dejar al margen los requerimientos elementales de nutrición e ingesta básica, y ya reconocidos mundialmente.

El Artículo 123, en su fracción sexta establece que “los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural y proveer a la educación obligatoria de los hijos”. Se establece claramente, que no se trata de solo el trabajador como tal, sino como jefe de familia. Y que este punto de partida es lo primario.

CONSIDERACIONES

Que el derecho a una vida digna es un derecho inalienable de todos los mexicanos tal como se establece en diversos artículos de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, y que de manera explícita –en cuanto a remuneración laboral  se refiere –  está expresado en el condicionamiento del salario de un Jefe de Familia, tal como se indica en el Artículo 4° y Artículo 123, fracción VI ya citados en los antecedentes.

Así mismo que el actual cálculo y los aumentos del denominado Salario Mínimo  basado en términos monetarios por sí mismo, no cumple con dicho propósito , y que el cálculo anterior adicionado con las variaciones monetarias expresadas como inflación tampoco permiten dicho propósito de la ley.

Por lo cual este tipo de cálculo no es representativo de las necesidades alimentarias y demás que tiene un Jefe de Familia actualmente. Que además la división promovida por la Comisión Nacional de Salario Mínimo es obsoleta, necesaria de actualizar y sin referencias exactas de las condiciones de vida en toda la Nación.

Que organizaciones mundiales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) , la Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN), el Food and Nutrition Board-National Research Council y más particularmente la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), así como algunos instituciones  nacionales trabajan y  tienen determinados determinado los niveles nutricionales, calóricos y proteínicos por persona que se requieren para sobrevivir con dignidad.

Que por lo mismo esos criterios se deben de tomar en cuenta no solo para el nivel de consumo del trabajador, sino que tienen que hacerse extensivo a su familia.

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto:

Artículo único.- Se adiciona un párrafo al artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue:   

Artículo 90.- Salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo.

El salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos.

El cálculo del salario mínimo debe proteger protegerá la organización y el desarrollo de la familia”, por lo que se deberá determinar su monto monetario considerando las normas de ingesta alimentaria diaria en nutrientes, calorías y proteínas de consumo por persona, establecidos nacional e internacionalmente como los mínimos necesarios de sobrevivencia física de una persona.    

Se considera de utilidad social el establecimiento de instituciones y medidas que protejan la capacidad adquisitiva del salario y faciliten el acceso de los trabajadores a la obtención de satisfactores.

T R A N S I T O R I O S

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SUSCRIBE

SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA