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Proposiciones


Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Director General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a informar los criterios legales mediante los cuales se negó información al órgano fiscalizador de la Federación para evaluar la Cuenta Pública 2012.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE VIVIENDA.


PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES A INFORMAR A ESTA SOBERANÍA LOS CRITERIOS LEGALES MEDIANTE LOS CUALES SE NEGARON A ENTREGAR INFORMACIÓN AL ÓRGANO FISCALIZADOR DE LA FEDERACIÓN PARA EVALUAR LA CUENTA PÚBLICA 2012.

El que suscribe, Senador BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 8 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno Proposición con Punto de Acuerdo con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

El Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT) nace por una necesidad del Estado Mexicano de garantizar el cumplimiento del mandato constitucional consagrado en el Artículo 123, Fracción XII, Apartado A, título Sexto: del Trabajo y de la Previsión Social que en lo conducente estipula:

“Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo, estará obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas.

Esta obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de sus trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad tales habitaciones.

Se considera de utilidad social la expedición de una Ley para la creación de un organismo integrado por representantes del Gobierno Federal, de los trabajadores y de los patrones, que administre los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda.

Dicha Ley regulará las formas y procedimientos conforme a los cuales los trabajadores podrán adquirir en propiedad las habitaciones antes mencionadas.

Las negociaciones a que se refiere el párrafo primero de esta fracción, situadas fuera de las poblaciones, están obligadas a establecer escuelas, enfermerías y demás servicios necesarios a la comunidad.

Además, en estos mismos centros de trabajo, cuando su población exceda de doscientos habitantes, deberá reservarse un espacio de terreno, que no será menor de cinco mil metros cuadrados, para el establecimiento de mercados públicos, instalación de edificios destinados a los servicios municipales y centros recreativos. 

Queda prohibido en todo centro de trabajo el establecimiento de expendios de bebidas embriagantes y de casas de juego de azar.”

Bajo esta premisa, es claro que nuestro Máximo Ordenamiento Jurídico establece puntualmente la creación del INFONAVIT, así como las bases primordiales que éste deberá observar para su organización y funcionamiento.

Ahora bien, dentro de la normatividad secundaria, la Ley Federal del Trabajo, por lo que hace al tema habitacional establece una serie de disposiciones para regular, en materia laboral, todo lo relacionado a la obligación de las empresa de proporcionar a sus trabajadores el acceso a viviendas dignas mediante la aportación del cinco por ciento de los salarios al Fondo Nacional de la Vivienda, a través de un organismos encargado de crear los sistemas de financiamiento para los fines señalados.

En los artículos 97, fracción II y III; 110 fracción II y III; de los artículos 135 a 153; y, 892 y 924 de la Ley de referencia quedan consagradas todas las disposiciones de mérito. Asimismo, en los transitorios segundo, tercero y cuarto de la misma Ley se precisa los términos de las obligaciones de las empresas en materia de habitación.

En el mismo orden de ideas, el 24 de abril del año 1972 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores, que en su artículo 2º determina lo siguiente:

“Se crea un organismo de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se denomina ‘Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores’, con domicilio en la Ciudad de México.

Teniendo por objeto:

  1. Administrar los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda;
  2. Establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para: 
    1. La adquisición en propiedad de habitaciones cómodas e higiénicas, 
    2. La construcción, reparación, ampliación o mejoramiento de sus habitaciones, y 
    3. El pago de pasivos contraídos por los conceptos anteriores; 
  3. Coordinar y financiar programas de construcción de habitaciones destinadas a ser adquiridas en propiedad por los trabajadores; y
  4. Lo demás a que se refiere la fracción XII del Apartado A del Artículo 123 Constitucional y el Título 
  5. Cuarto, Capítulo III de la Ley Federal del Trabajo, así como lo que esta ley establece.” 

En cuanto a  la composición del patrimonio del Instituto el artículo 5º de esta Ley instituye que su integración se determinará:

  1. “Con las aportaciones en numerario, servicios y subsidios que proporcione el Gobierno Federal; 
  2. Con las cantidades y comisiones que obtenga por los servicios que preste, los cuales se determinarán en los términos de los reglamentos respectivos; 
  3. Con los montos que se obtengan de las actualizaciones, recargos, sanciones y multas; 
  4. Con los bienes y derechos que adquiera por cualquier título, y 
  5. Con los rendimientos que obtenga de la inversión de los recursos a que se refiere este artículo. 

Las aportaciones de los patrones a las subcuentas de vivienda son patrimonio de los trabajadores.”

De esta forma se advierte toda la instrumentación legal que soporta la creación del INFONAVIT, y que nos ayudará para precisar, mediante la revisión del marco jurídico el origen de los recursos que se destinarán para la operación de la instancia que nos ocupa. Revisión de la cual se podemos realizar las siguientes:

CONSIDERACIONES

Queremos enfatizar que, si bien es cierto, las aportaciones de los trabajadores son la principal fuente de ingresos del organismo, también es cierto que existe una fuente de participación del Gobierno Federal y que, sustancialmente, la creación de esta instancia es bajo un fin social pero que su concepción emana del Estado mexicano aunque su esencia sea tripartita. Un claro ejemplo de lo anterior lo encontramos en el artículo 8 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores, que en lo conducente señala:

“El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, fijará las bases para determinar las organizaciones nacionales de trabajadores y patrones que intervendrán en la designación de los miembros de la Asamblea General.”

Sumado a lo anterior, debemos dejar claro que aunque es la Asamblea General la que aprueba la designación del Director General, la propuesta viene del Ejecutivo (ver artículo 22 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores).

Así que, no podemos soslayar el hecho, conocido por todos, que el titular del Instituto es, de facto, designado por el Presidente de la República y lo que corresponde a la responsabilidad de la Asamblea General es una mera ratificación para guardar los formalismos legales.

Por otro lado, el Instituto cuenta con un portal electrónico: http://portal.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/infonavit/inicio, mediante el cual, cualquier ciudadano puede accesar sin ningún tipo de restricción aparente, a efecto de obtener información relacionada con la dependencia; datos que van desde cuestiones de los trabajadores, los patrones, proveedores, e incluso un apartado específico de transparencia.

Un apartado que nos llama la atención es el relacionado con la situación financiera. El Instituto informa acerca de sus resultados trimestrales y anuales; sus planes financieros, sus planes de labores y de financiamientos, sus presupuestos de ingresos y egresos, así como las calificaciones que avalan su fortaleza financiera y las presentaciones que dan cuenta de su participación en el Mexican Housing Day.

En este sentido quisiéramos transitar al Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012, en específico a la Evaluación número 1164 "Política Pública de Vivienda", en la que se lee lo siguiente:

“El alcance de la evaluación se circunscribió al ámbito federal, por lo que se consideraron las disposiciones y las acciones en materia de vivienda aplicables y ejercidas por la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), el Fideicomiso del Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO) y la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF).

La excepción correspondió al Instituto Nacional de Fomento a la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), al no proporcionar la información requerida por esta entidad en virtud de que, el INFONAVIT comunicó que no tiene a su cargo el manejo, la custodia o la aplicación de fondos y recursos públicos federales, por lo que no debe ser considerada una entidad fiscalizada.”

Es de llamar la atención que la disponibilidad de información no haya sido la misma para la Auditoria Superior de la Federación que para el ciudadano en general.

En otra parte de la Evaluación en cita se menciona:

“Al respecto destacó que tanto el INFONAVIT como la banca e intermediarios financieros no forman parte del Gobierno Federal y que su operación de otorgamiento de créditos se realiza por medio de recursos propios. Al no tratarse de recursos fiscales, la disponibilidad de información sobre sus acciones en cumplimiento de la política pública de vivienda se vio limitada.”

El informe también refiere acerca de los recursos que manejó el Instituto en el periodo 2001-2012, al respecto se lee:

“El INFONAVIT destinó 1,237,189.9 millones de pesos, con los que otorgó en el periodo 2001, 4,551,077 créditos por un monto promedio individual de 271,845.52 pesos.”

El documento también nos ilustra que en relación a todos los actores que otorgaron financiamientos para vivienda en nuestro país, el INFONAVIT:

“Fue el organismo con mayor participación, al registrar el 42.3% de los financiamientos y el 45.2% de los recursos ejercidos.”

Resulta preocupante y grave que un organismo que fue creado por el Estado con fines sociales, al que se le otorgaron facultades a través de todo un andamiaje jurídico, que entre otros muchos aspectos, la designación de su Asamblea General y por ende de su titular, provenga de una decisión del Poder Ejecutivo, determine no abrir la información necesaria para llevar a cabo este ejercicio de fiscalización republicano, argumentando que no es parte del Gobierno Federal, situación que es realmente incomprensible.

A partir, de la revisión al marco jurídico que realizamos al principio de esta proposición, sostenemos que el INFONAVIT, es parte de la administración pública federal aunque su fin sea esencialmente social, es clara la participación gubernamental en el organismo por lo que no se puede abstraer del ejercicio auditor. La Ley que regula su funcionamiento señala claramente que su patrimonio constará de las participaciones federales, por mínimas que estas sean, son suficientes para que sea susceptible a ser fiscalizado.

También son de dominio popular los recientes escándalos por una serie de actos de corrupción dentro del organismo de referencia, mismos que fueron ampliamente seguidos por la prensa nacional, así como las eventuales reducciones a las aportaciones de las empresas en virtud de la puesta en marcha del seguro de desempleo y la pensión universal.  En razón de lo anterior, el titular del organismo ha solicitado que se efectúen reformas a la Ley del Instituto, reconociendo de manera contradictoria, su condición de organismo dependiente del gobierno.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- Se exhorta al Director General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a efecto de que informe a esta Soberanía los criterios legales mediante los cuales se negaron a entregar información al Órgano Fiscalizador de la Federación para evaluar la Cuenta Pública 2012.

Segundo.- Se exhorta al Director General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a informar a esta Soberanía sobre el estado que guarda la situación financiera del organismo a su cargo; así como, las medidas que implementarán por la eventual reducción del porcentaje de aportaciones para solventar la entrada en vigor del seguro de desempleo y la pensión universal.

Atentamente

SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA