+  -   
Transparencia Parlamentaria Transparencia Parlamentaria
Iniciativas, Minutas, Instrumentos internacionales y proposiciones
Asistencias / Votaciones
Senadores
Comisiones
Gaceta del Senado Gaceta del Senado
Gaceta de la comisión Permanente Gaceta de la Comisión Permanente
Gaceta del Senado Orden del Día
Versión Estenográfica Versión Estenográfica
Diario de los Debates Diario de los Debates
Comisión Permanente Comisión Permanente
Documentos de Apoyo Parlamentario Documentos de Apoyo Parlamentario
Marco Jurídico Marco Jurídico
Consultoría Jurídica Legislativa Consultoría Jurídica Legislativa
Consultoría Jurídica Legislativa Seguimiento a Reformas Constitucionales
Sinopsis Legislativa Sinopsis Legislativa
Sesión al minuto Sesión al minuto
Tratados Internacionales aprobados Tratados Internacionales aprobadas
Legislación aprobada Legislación aprobada
Respuestas a Proposiciones aprobados Respuestas a Proposiciones aprobados
Portal de Accesso
Organización Organización
Recursos Humanos Recursos Humanos
Recursos Materiales Recursos Materiales
Recursos Financieros Recursos Financieros
Información Relevante Información Relevante
Estado de Situación Financiera Estado de Situación Financiera
Código de Ética y Conducta Código de Ética y Conducta
Transmisión en vivo Transmisión en vivo
Licitaciones Públicas Licitaciones Públicas
Transparencia y Rendición de Cuentas Sede Actual Transparencia y Rendición de Cuentas Sede Actual
Código de Ética y Conducta Contratos Relevantes
Portal de Accesso

Gaceta del Senado



Iniciativas

Estado Actual: Concluida Art. 219 Ficha Técnica

De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.

ASUNTO QUE CONCLUYE SU TRÁMITE LEGISLATIVO EN COMISIONES, DE CONFORMIDAD CON EL "ACUERDO DE MESA DIRECTIVA PARA DAR CONCLUSIÓN A LAS INICIATIVAS QUE NO HAN RECIBIDO DICTAMEN”, DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2017.


Propone reformar los artículos 27 Bis 1, 29 Bis 6, 29 Bis 8, 29 Bis 12, 29 Bis 13, 51, 53, 60, 73, 124, 132, 144, 148, 158, 162 y 216 y se adiciona un artículo 99 Bis a la Ley de Instituciones de Crédito, para establecer que una Comisión Bicameral del Congreso designará a un Inspector Especial que vigilará la aplicación de los recursos públicos que realice el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario al operar una Institución de Banca Múltiple en liquidación derivada de la transferencia de los activos y pasivos que le haga dicha Institución en los términos de la normatividad aplicable.

El Inspector Especial de Vigilancia de Fondos de rescate bancario realizará su tarea fiscalizadora en tiempo real e informará a las instancias correspondientes para fincar las responsabilidades por el mal uso de los recursos públicos. El Inspector Especial de Vigilancia presentará un informe bimestral al Congreso sobre las aplicaciones de recursos efectuados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, en relación al programa de trabajo que deberá elaborar y aplicar el Instituto para efectuar de manera óptima la liquidación de la Institución bancaria en problemas; en lo que respecta al tiempo de liquidación, y a la eficiencia, la eficacia y la economía del proceso global de liquidación.

Se instituye que el Comité de Estabilidad Bancaria se reunirá en febrero de cada año con el Congreso de la Unión para evaluar el estado de riesgo sistémico del sector financiero y las posibles medidas generales que el Comité de Estabilidad Bancaria tomará en el curso del año; también se propone que el Comité deba establecer una Oficina de Investigación de Riesgo Sistémico integrada por un equipo técnico de investigación de alto nivel para dar seguimiento al riesgo sistémico de las instituciones financieras. Todos los integrantes de este equipo técnico menos uno será designado por el Comité de Estabilidad Bancaria al cual reportarán. El miembro restante será designado por mayoría calificada del Senado.

Las reformas establecen que tratándose de instituciones de banca múltiple, los límites máximos del importe de operaciones con integrantes del grupo financiero, grupo empresarial o consorcio al que pertenezcan, o bien, con personas morales que realicen actividades empresariales con las cuales la institución mantenga vínculos de negocio o patrimoniales. Este tipo de operaciones relacionadas deberán de representar un porcentaje menor al 10 por ciento del valor del capital de la institución de banca múltiple.

Se mandata a la Comisión para que dé seguimiento especial a las operaciones relacionadas entre la filial del banco y la matriz que tengan por objeto enviar recursos de la filial bancaria a la matriz que presenten movimientos con posibles efectos desestabilizantes. La Comisión deberá estar atenta para evitar la realización de operaciones entre la filial bancaria que opera en México y la matriz radicada en el extranjero con precios distintos a los prevalecientes en los mercados e informará de estas operaciones relacionadas a la Oficina de Investigación de Riesgo Sistémico para su valoración.

También se establece que la Comisión deberá realizar un seguimiento estratégico de las operaciones con valores de alto riesgo realizadas por las Institución Bancarias, principalmente de las vinculadas con productos derivados a efecto de que las posiciones propias de cobertura no se transformen en portafolios crediticios sintéticos de alto riesgo, para lo cual tomará las medidas de regulación apropiadas. Asimismo, la Oficina de Investigación de Riesgo Sistémico adscrita al Comité de Estabilidad Bancaria, presentará en su informe semestral correspondiente al segundo periodo del año, una evaluación integral del riesgo de las posiciones propias de valores que asuman en sus portafolios de negocios las instituciones con riesgo sistémico.

Por otra parte, se propone que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores realizará una investigación anual para identificar los créditos cruzados entre instituciones bancarias, y entre bancos y otras instituciones financieras que en la práctica constituyan operaciones relacionadas indirectas, y tomará las medidas requeridas para su eliminación e informará de todo ello al Congreso y a la Oficina de Investigación de Riesgo Sistémico del Comité de Estabilidad Bancaria.

Entre otras disposiciones de interés en la iniciativa, se señala que el Inspector Especial de Vigilancia fiscalizará todo el proceso de resoluciones bancarias y tendrá amplias facultades de investigación. El Inspector entregará informes mensuales al Congreso durante todo el proceso y entregará un informe final de cada proceso resolutivo.

La suscrita, Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8°, numeral 1, fracción I; 164, numerales 1 y 2, así como 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En la exposición de motivos que fundamentaba la reforma financiera, se reconocía que el sector financiero es una de las áreas de particular relevancia para el país, debido a que su fortaleza y estabilidad actúan como uno de los principales motores para el crecimiento económico. En este sentido, la reforma financiera se enfocó fundamentalmente a otorgar una mayor fortaleza y estabilidad al sector financiero.

En este sentido, dentro de la exposición de motivos de la citada reforma no se apreció un diagnóstico integral sobre la problemática del sector financiero, que permitiera identificar de manera amplia y profunda las fortalezas y debilidades del sector financiero que opera en nuestro país. Es más, dicho diagnóstico se postergó seis meses a partir de la entrada en vigor de la reforma en comento, esto es, se realizó un cambio legal sin diagnóstico previo.

Para el gobierno, cuando se presentó el documento, las fortalezas se circunscribían a los indicadores de riesgo-rendimiento del sector financiero, en el que se destacaba de manera especial la existencia de sólidos índices de capitalización del sistema bancario que opera en México; índices que rondan en promedio el 15%, lo que revela un nivel superior a los indicadores de capitalización bancaria que se registran en el ámbito internacional. Consideramos que el gobierno da una interpretación errónea de esta fortaleza. El gobierno fundamentó su interpretación en el hecho de que el sistema bancario que opera en México salió relativamente indemne de la crisis financiera internacional de 2007,  y que ello indica una gestión financiera prudente de los bancos, y sobre todo indica la existencia de una alta calidad del marco regulatorio prevaleciente.

Sin embargo, la exposición de motivos que fundamentó el decreto en comento, ignoró indicadores relevantes del desempeño del sistema financiero y bancario que opera en México, que examinados atentamente revelarían una gran fragilidad del sistema. Se pasó por alto el indicador que mide el grado de inclusión de los servicios financieros a la población, que bajo estándares internacionales es muy reducida en nuestro país; pasó por alto también (sólo lo tocó de pasada) las profundas implicaciones negativas de la existencia de un elevado grado de concentración de mercado en cada uno de los segmentos de negocios del sistema financiero que opera en México.

Nuestra posición plantea que el sistema financiero (y particularmente el bancario) de México es sano financieramente, debido a que su tamaño es pequeño; la clase empresarial financiera no asume riesgos porque considera que en México hay una demanda efectiva sustancialmente por debajo de la demanda potencial acorde con el tamaño de la población del país. De lo anterior se concluye, que es claramente insuficiente baja la canalización de recursos crediticios a la economía productiva. La oferta de crédito en México representa 26% del PIB, porcentaje que se reduce al 17% si sólo se toma en cuenta la intermediación crediticia del sistema bancario. En los países avanzados esos porcentajes por lo menos se quintuplican. Con la reforma financiera de 2013 se ha señalado que este porcentaje se elevaría a 52% del PIB, con un incremento permanente de 0.5 % en la tasa de crecimiento del PIB potencial1.

En suma, el sistema financiero que opera en México es sano financieramente, más no es eficiente para apoyar las necesidades de una economía productiva dinámica. Es un sistema muy concentrado, que presta poco y a pocas empresas (la concentración de la cartera crediticia a las empresas corporativas es alarmante) por lo que el crédito llega muy poco a las pequeñas empresas. Es un sistema financiero, altamente rentable, pero con servicios caros para la población; es un sistema financiero innovador, pero sus productos y servicios financieros son de escaso valor agregado desde el punto de vista macroeconómico. Es un sistema sólido para enfrentar contingencias financieras, pero es sumamente inequitativo.  Ha obtenido ganancias consistentes en los últimos doce años, pero se trata de ganancias asimétricas que provienen de la expoliación a los depositantes y clientes con patrimonios pequeños del país, en el que se subsidia con las ganancias extraídas a los depositantes y clientes con patrimonios elevados.

Cuando se analizó el texto de la Reforma Financiera que lamentablemente se aprobó en sus términos en este Senado, se apreció la existencia de ambigüedades peligrosas, derivadas de que no había un soporte explícito de una reforma estructural de política pública robusta de expansión del mercado interno, una reforma necesaria que frene las aristas excesivas del modelo exportador vigente basado en la maquila, es decir en un modelo que hace crecer a las exportaciones pero aun ritmo más bajo que el de las importaciones.  Al no presentar el gobierno una política consistente de expansión del mercado doméstico, que atenuara los excesos del modelo importador vigente (basado en una sobrevaluación cambiaria recurrente) se corría con el riesgo que las reformas financieras propuestas tuvieran impactos marginales y no sustantivos como claramente se ha observado desde la aprobación de las mismas.

El gobierno enfatizó la fortaleza del sistema financiero desde una visión financista estrecha y no bajo el concepto de un sistema financiero, con instituciones sólidas pero con elevada responsabilidad social y eficaces para ser parte de un desarrollo económico sostenido.Como se mencionó anteriormente, la interpretación del gobierno de la fortaleza del sistema, se finca en razones financieras en los elevados índices de capitalización del sistema bancario que opera en México, y que excluye para evaluar  esa fortaleza la existencia de otros indicadores de alta relevancia como son: el grado de inclusión de la población a los servicios financieros; la magnitud de la profundización del sistema financiero y bancario de México (en un comparativo internacional) insuficiente para canalizar recursos al sector productivo privado y social; y es baja la eficiencia competitiva con que el sistema hace llegar los servicios financieros a la población.

Dentro de lo anterior, resalta el tan alarmante caso del fraude perpetrado por la empresa Oceanografía S.A de C.V. a Pemex y Banamex-City Group por más de 400 millones de dólares, lo cual, en palabras del Secretario de Hacienda y Crédito Público, constituye un llamado de atención para definir mejores controles en el sistema bancario mexicano, el cual es un caso aislado en el sector bancario, aunque constituye un llamado de atención para hacer mejor las cosas2. Cabe señalar que el supuesto caso aislado,como se ha denominado, no puede sostenerse sin realizar un análisis profundo de todo el sistema bancario nacional, además de que lo anterior vulnera lo que supuestamente iba a evitar la Reforma Financiera, con lo cual queda de manifiesto que la citada reforma no cumple del todo con las necesidades reales de México.

Es necesario cambiar de fondo las reglas en las que se desarrollan los poderosos intereses que dominan el sector financiero del país y que al igual que en otras regiones utiliza todo su poder para mantener las condiciones que le sean más rentables. La reforma financiera propuesta por Peña Nieto en mayo de 2013 desperdició la oportunidad ideal de reducir este poder, no sólo imponiendo mayores controles, sino impulsando también el desarrollo del país. La Reforma del Gobierno Federal reforzó el debilitamiento del Estado mexicano frente al poder de los bancos y demás instituciones financieras internacionales, en detrimento de la sociedad. 

Por ello se retoman varias de las propuestas que el Grupo Parlamentario del PRD en el Senado presentó en el marco de la reforma financiera impulsada por el Gobierno Federal, propuestas que son oportunas para mejorar los mecanismos de control y supervisión hacia las instituciones bancarias y la rendición de cuentas que deben ofrecer los funcionarios públicos que las regulan. Evitar casos como los de Oceanografía con Banamex supone tener en la ley los incentivos correctos para evitar malas prácticas en el sistema financiero y entre funcionarios públicos que lleven a prevenir riesgos sistémicos y crisis financieras en el país.

En materia de transparencia es necesario mejorar los mecanismos para garantizar que la información sea divulgada oportunamente y se eviten circunstancias de manejo de información estratégica. Por su parte, en lo relativo a la rendición de cuentas se propone crear un sistema de fiscalización en tiempo real similar al existente en Estados Unidos, en donde existe un fiscalizador de la aplicación de los fondos del rescate financiero, quien tiene amplias atribuciones fiscalizadoras y es diferente del Órgano de Fiscalización Superior. Asimismo, se propone incorporar la regulación y supervisión financiera por productos, bajo la cual se vigila el producto financiero independientemente de la institución que lo ofrezca. La regulación por productos cierra lagunas regulatorias, por donde los emisores de crédito pueden escabullirse y en la práctica lo hace. La regulación consolidada se realiza de tal forma que todas las operaciones del grupo financiero, de las filiales, y de las operaciones entre distintas instituciones financieras sean supervisadas de manera integral. Una regulación y supervisión financiera sólida y moderna tiene que ser consolidada y por productos, lo cual empieza a vislumbrarse pero requiere un sistema más eficaz.

Contenido de la Iniciativa

1. Incentivar el crédito.

La baja intermediación crediticia de los bancos a la economía productiva ha causado un daño irreparable a la sociedad, al contribuir a paralizar el crecimiento económico. Es prioritario salir de esta postración económica a que contribuye la baja canalización de créditos al sector productivo.

Las autoridades financieras pueden ser más activas y productivas para inducir con efectividad una mayor canalización de créditos bancarios a la economía real, tienen los instrumentos de control apropiados, por ejemplo, pueden incrementar los costos de capital del crédito al consumo, y reducir los costos de capital de los bancos de créditos. En este sentido, se propone crear, el Deposito de Incentivo Crediticio que aplica negativamente a los bancos que no presten de acuerdo a un programa de crédito que establezca la SHCP orientado a incrementar la participación del crédito sobre el PIB de un 19% de la banca a más del 25%, lo cual es un mecanismo sencillo, flexible y poderoso que es congruente con el artículo 28 de la Ley Orgánica de BANXICO que establece lo siguiente:

ARTICULO 28.- El Banco de México estará facultado para determinar la parte de los pasivos de las instituciones de crédito, que deberá estar invertida en depósitos de efectivo en el propio Banco, con o sin causa de intereses, en valores de amplio mercado o en ambos tipos de inversiones.

Lo dispuesto en el párrafo anterior, también será aplicable a los fideicomisos, mandatos o comisiones, excepto a los constituidos por el Gobierno Federal, mediante los cuales instituciones fiduciarias capten recursos del público, o bien, reciban fondos destinados al otorgamiento de créditos o a la inversión en valores.

Las inversiones obligatorias referidas en los párrafos primero y segundo de este artículo no podrán exceder, respectivamente, del veinte y del cincuenta por ciento de los pasivos o fondos correspondientes.

El Banco podrá también determinar que hasta el cien por ciento del importe de los recursos captados por las instituciones de crédito con fines específicos o de conformidad con regímenes especiales previstos en ley, se mantenga invertido en determinados renglones de activo consecuentes con tales fines o regímenes especiales previstos en la Ley se mantenga invertido en determinados renglones de activo consecuentes con tales fines o regímenes.

En este sentido, se deben instrumentar mecanismos poderosos para garantizar un mayor flujo crediticio al sector privado no financiero, por lo cual se propone utilizar un mecanismo similar utilizado por Banco de México para operar la regulación de los depósitos de regulación monetaria. Lo anterior propiciará utilizarincentivos regulatorios sencillos, transparentes y poderosos para incentivar el crédito bancario al sector productivo; establecer compromisos firmes y claros cuantitativos del gobierno en materia de otorgamiento crediticio a niveles internacionales, en su calidad de regulador constitucional del crédito y potenciar el crecimiento   económico, con el auxilio de la banca privada.

2. Transparencia, Rendición de Cuentas Y Sanciones

El tratamiento de rendición de cuentas con el que se cuenta es insuficiente. En primer lugar, mantiene cierta opacidad informativa sobre las operaciones bancarias. Cabe señalar que bajo estándares internacionales esa información debe llegar de manera transparente al público inversionista y debe estar en pleno conocimiento del Congreso. En este sentido se ha omitido la reiterada invocación de muchos especialistas y ex reguladorespara que los bancos coticen sus acciones en la Bolsa de Valores de México. Esta omisión es muy relevante por lo siguiente. Cuando los bancos cotizan sus títulos accionarios en los mercados públicos de valores los bancos se ven forzados a revelar información significativamente útil para los inversionistas (y depositantes bancarios) que son meticulosos con sus decisiones de inversión, y están mejor informados.

Es de llamar la atención, que debido a la información aportada por las empresas cotizantes en bolsa, se han revelado algunos aspectos importantes  de operaciones riesgosas que afectan a las instituciones bancarias y que en su ausencia quedarían ocultas más tiempo con probables daños cuantiosos al sistema financiero.  Podemos citar varias experiencias sobre el particular. Tenemos, por ejemplo, de la información sobre condonación fiscal que el SAT otorgó a Televisa en el 2013 por una cantidad que ronda los 3,000 millones de pesos se conoció por la información que este medio tuvo que hacer llegar a la Bolsa de Valores de México. 

En segundo lugar, no existe un marco normativo que reglamente que los encargados de la regulación financiera asuman las consecuencias de ser negligentes o tolerantes en el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales de vigilar, regular y supervisar a los intermediarios financieros, a efecto de garantizar, la estabilidad financiera, la integridad del mercado financiero, y evitar la transferencia de pérdidas bancarias al contribuyente.

Es de llamar la atención, al observar atentamente la reciente experiencia financiera internacional que condujo al abismo al sistema financiero mundial a partir de 2007, que a pesar del evidente fracaso de los reguladores y supervisores financieros de muchos países, principalmente de los que encabezan a las instituciones de regulación financiera con autonomía constitucional no pagaron consecuencia alguna. De hecho, la mayoría de los banqueros centrales, causantes de la crisis no perdieron su cargo como debió haber sido de aplicarse una estricta rendición de cuentas. Por el contrario, muchos de esos funcionarios fueron ratificados indebidamente por los nuevos gobiernos.

Esta actitud de baja rendición de cuentas contribuirá en el futuro a elevar el riesgo moral y la conducta irresponsable de los bancos, a través de operaciones sofisticadas encubiertas. El desafortunado manejo del Portafolio de Créditos Sintéticos de JP Morgan, por citar un ejemplo de ámbito internacional, que propició pérdidas que rondan los 8 mil millones de dólares en 2012, es una consecuencia de la baja rendición de cuentas imperantes en el sector financiero internacional. Cabe señalar, que las pérdidas de JP Morgan en el Portafolio Sintético de Créditos ocurrieron bajo las nuevas reformas en lo que se denomina la era post-crisis3. Asimismo, la baja o deficiente regulación de entrega de créditos en México llevó a Banamex a perder millones de dólares en el caso de Oceanografía, lo cual vuelve a revelar el enorme problema que tiene nuestro país en materia de crédito.

En este sentido, el artículo 27 Bis 1 de la Ley de Instituciones de Crédito otorga poderes discrecionales a las autoridades financieras del país en relación a las Instituciones Operadas por el IPAB, es decir, a las instituciones en proceso de resolución bancaria (en proceso de venta a otra institución por el IPAB o en proceso de liquidación). En primer término les otorga la facultad de que exceptúen discrecionalmente del cumplimiento de las disposiciones o reglas de carácter general aplicables a las instituciones de banca múltiple. Especialmente en lo relativo a las disposiciones del artículo 50 de la citada Ley, que se refiere a los suplementos de capital, y al capital mínimo que deben tener los bancos sanos. En segundo lugar, les permite que las instituciones bancarias operadas o el IPAB no paguen las cuotas que los bancos pagan al Instituto en conformidad con el artículo 20 de la Ley IPAB que trata sobre las cuotas.

Por lo anterior, esta iniciativa propone que las instituciones de banca múltiple, organizadas y operadas por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario se consideren entidades públicas,para así quedar tuteladas jurídicamente por la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, al igual que todas las acciones del IPAB (inversiones, créditos) en las instituciones bancarias por el organizadas y operadas, que pueden traducirse en un costo fiscal rindan cuentas.

Asimismo, que se incremente la rendición de cuentas y exista una más oportuna fiscalización superior en las acciones de resoluciones bancarias manejadas por el IPAB en virtud de que pueden generarse daños patrimoniales al erario por rescate bancario o por una ineficiente liquidación bancaria. Esta fiscalización y rendición de cuentas no la puede hacer la ASF por regirse por los principios de posterioridad y anualidad,por lo cual se propone crear la figura de un Inspector de Vigilancia de la Aplicación de Fondos Públicos realizada por el IPAB, con amplias facultades de fiscalización en tiempo real. Esta figura contrasta con la del OIC del IPAB dado que el Inspector de vigilancia es un órgano externo de control, mientras que la OIC del IPAB es un órgano de control interno (el gobierno vigilándose a sí mismo), por lo cual se estima oportuno incluir los anteriores conceptos en el artículo 27 Bis 1.

Lo anterior generará que se recojan las recomendaciones sobre los riesgos de opacidad y falta de rendición de cuentas emitidas por la ASF en sus informes de auditoría practicados a la Cuenta Pública al sector financiero, y aplicar en México la práctica internacional de introducir fiscalización y vigilancia en tiempo real a la aplicación de recursos públicos en rescates financieros.

Por último, con la reforma al artículo 216 se establece la obligación de que el Inspector Especial de Fondos Aplicados para Resoluciones Bancarias presente un informe del proceso de fiscalización de la Liquidación en plazo breve, para incrementar la transparencia y la rendición de cuentas en los procesos de resolución bancaria a cargo del IPAB

3. Riesgo Sistémico, Socialización de Pérdidas y Concentración Bancaria

La práctica internacional en que incurrieron la mayoría de los gobiernos de los países afectados por la crisis, fue la de realizar rescates financieros onerosos, opacos, con escasa rendición de cuentas, fomentando como meritoria la idea de rescatar bancos por la simple necesidad de evitar la existencia de un riesgo sistémico que induzca a una grave recesión económica.

El gobierno no realiza una reflexión más seria de lo que esos rescates onerosos han implicado para minar drásticamente el bienestar de la sociedad, haciendo que la población pague los endeudamientos masivos generados por esos rescates. Este aspecto negativo de la crisis es olímpicamente ignorado por el gobierno mexicano desde hace décadas, puesto que las reformas aprobadas recientemente parecen avalar la idea de favorecer la política de rescates financieros de los grandes bancos.

Con referencia al artículo 29 Bis 6, se propone la creación de la Oficina de Investigación de Riesgo Sistémico con amplio acceso a la información relevante y adscrita al Comité de Estabilidad Bancaria. Como medida preventiva de riesgo sistémico se propone que el Comité de Estabilidad Bancaria cuente con un brazo operativo altamente especializado para dar seguimiento puntual al riesgo sistémico de las instituciones financieras: la Oficina de Investigación de Riesgo Sistémico (OIRS). La idea es que esta Oficina asuma la responsabilidad de establecer medidas preventivas efectivas que eviten la materialización de riesgo sistémico, ante eventuales malas prácticas de reguladores y regulados y a la larga evite rescates financieros onerosos.

Esta Oficina tendrá la encomienda de actuar con responsabilidad y eficacia técnica para que sin afectar el necesario crecimiento de la intermediación crediticia, se vaya cuidando de manera responsable que los grandes bancos en su expansión crediticia no generen riesgo sistémico elevado, y en todo caso se realicen las medidas adecuadas para limitar drásticamente los daños de una crisis financiera, que ordinariamente se traducen en masivos endeudamientos públicos por los recursos aplicados a rescatar a los bancos grandes.

Por lo que respecta al artículo 29 Bis 12, se propone que la Oficina de Investigación de Riesgo Sistémico (OIRS) adscrita al Comité de Estabilidad Bancaria tenga las siguientes atribuciones de carácter preventivo en materia de  control del riesgo sistémico: a) investigue los mecanismos técnicos apropiados para reducir el tamaño de un banco con elevado riesgo sistémico, para ello investigará la practica internacional y los mecanismos idóneos, mismos que pondrá a consideración del Comité de Estabilidad Bancaria. Diversos autores han señalado que si hay bancos demasiado grandes para quebrar son por ello mismo demasiado grandes para existir b) presente periódicamente los resultados de sus investigaciones al Comité de Estabilidad Bancaria.

Con la reforma planeada al artículo 51 se busca garantizar seguimiento de impacto de operaciones de riesgo sistémico con desestabilización macroeconómica. Para reducir los riesgos de movimientos financieros desestabilizadores por operaciones realizadas entre las partes relacionadas (filial y matriz radicada en el extranjero) y mantener el control de operaciones entre partes relacionadas (filial y matriz) a precios distintos de mercado. En el 2012 se registró entre marzo y julio una tendencia devaluatoria del peso probablemente relacionada con operaciones entre las matrices y las filiales que operan en México, producto de reparto de dividendos. Se observaron operaciones con derivados financieros y productos estructurados entre la matriz y la filial orientadas a enviar recursos de la segunda a la primera, lo que provocó presiones en el mercado cambiario.

Este escenario es el que induce a que se proponga un seguimiento especial de estas operaciones a la CNBV y que informe de ello a la Oficina de Investigación de Riesgo Sistémico, lo cual reducirá los riesgos de movimientos financieros desestabilizadores por operaciones realizadas entre las partes relacionadas (filial y matriz radicada en el extranjero); y combatirá la realización de operaciones entre partes relacionadas (filial y matriz) a precios distintos de mercado.

Asimismo, en el artículo 144, que se refiere a concentración de mercado, se propone una modificación (agregar la fracción III) para que las autoridades de regulación financiera y económica establezcan medidas para reducir la concentración bancaria que implica que 5 bancos detenten el 75% de la concentración de la intermediación bancaria.  Cabe señalar, que niveles similares se presentan en cada uno de los segmentos de negocios que integran el sistema financiero que opera en México.

Consideramos que el sistema financiero promueve la desigualdad económica debido a que:

  • Extrae rentas oligopólicas exorbitantes en perjuicio del usuario de servicios financieros en una comparativa internacional;
  • Impone precios de servicios diferenciados en operaciones activas (crédito) y pasivas (depósitos) incluidas las comisiones, e perjuicio de los usuarios con escasos patrimonios y en favor de usuarios con elevados patrimonios.

Por lo anterior se estima que con la adición se tendrán, precios de productos y servicios financieros más baratos; la construcción de un sistema bancario más justo económicamente y se dará impulso al mercado doméstico por la reducción de los costos de los productos y servicios financieros, sobre todo de los usuarios con patrimonios económicos pequeños.

Aunado a lo anterior, se propone modificar el artículo 148 imponiendo un límite de montos de rescate con recursos públicos hasta por el 6% de los pasivos del sistema financiero en conformidad con el artículo 46 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario. En este sentido, se propone, además modificar el artículo 158, que trata de las acciones legales corporativas de los accionistas privados incluyendo anuncios sobre esas acciones, en relación a las consecuencias derivadas de los créditos que otorgue el IPAB a los bancos en resolución para reducir la socialización de pérdidas de los grandes bancos que pretende reintroducir el gobierno;establecer un límite cuantitativo de discrecionalidad al Comité de Estabilidad Bancaria y del IPAB para resolver bancos con riesgo sistémico y evitar rescates bancarios onerosos.

Por último, se propone modificar el artículo 162, el cual trata de la recapitalización del banco que puede ser con recursos privados (difícilmente con capital privado) o con recursos del IPAB aportados por el gobierno o en el futuro con los recursos del Fondo de Contingencia propuesto por el IPAB. El caso es que si los recursos no alcanzan para recapitalizar al banco, se imponen costos a los grandes acreedores del banco.

4. Conflictos de Interés

Los conflictos de interés entre reguladores y banqueros en el contexto de la existencia de una gran información asimétrica generan distorsiones en el comportamiento de los agentes que provocan riesgos que al materializarse reducen por lo menos parcialmente el bienestar de la sociedad. El manejo del dinero de otras personas propicia que el administrador sea menos diligente que si tuviera que manejar su propio dinero.

Estos conflictos de interés con información asimétrica plantean el problema denominado agente/principal. Cabe señalar, que en la teoría El principal es la persona que mandata e instruye al agente.  Al respecto existe un inconveniente según el cual El principal conoce menos del asunto en cuestión que el agente, por lo que este último puede trampear y engañar al principal. Los depositantes y acreedores de un banco (principales), encargan mediante los mecanismos del Estado la tarea vigilar el buen manejo de los créditos (a cargo de los administradores bancarios) a los supervisores y reguladores financieros (agentes). Si la información es asimétrica, los reguladores y supervisores financieros pueden realizar acciones de regulación y vigilancia favorables a los banqueros y administradores bancarias en contra del interés de los depositantes y acreedores del banco, ello con la finalidad de obtener una ganancia especial por su conducta.

Un conflicto de interés contingente, es la conducta que se observa de supervisores y reguladores que realizan acciones favorables a los banqueros, para obtener un beneficio a futuro como puede ser la contratación (a futuro) del agente regulador o supervisor financiero por el banquero bajo condiciones remunerativas altamente favorables. Un ejemplo, claro es Javier Arrigunaga, quien siendo director del FOBAPROA, desde su cargo favoreció la compra de cartera en términos muy favorables para Banamex, al cabo del tiempo fue contratado por Banamex como director jurídico y ahora es Presidente de la Asociación de Bancos de México.

Otro problema que surge de los conflictos de interés es el que la sociología criminal de delitos de cuello blanco identifica con el término de las puertas giratorias y que consiste en el movimiento de personas ubicadas en altos cargos del sector público hacia el sector privado y viceversa, en el que los individuos en estos procesos obtienen beneficios de su anterior ocupación pública y/o privada, eventualmente produciendo conflictos de interés entre la esfera pública y la privada, generalmente en beneficio del interés privado y en perjuicio del interés público. Los movimientos iniciales pueden ir de cargos privados a cargos públicos o de cargos públicos a cargos privados.

La implicación más directa de este conjunto de problemas relacionados con los conflictos de interés es el de la llamada captura regulatoria, que no es otra cosa que el control que ejerce el regulado sobre el regulador, mediante sobornos, compra de favores, promesas futuras o simplemente coerción política, por constituir el regulado un poder fáctico muy poderoso dentro del sistema.

Para eliminar los conflictos de interés contingente y afrontar directamente los delitos financieros de cuello blanco, se propone agregar las fracciones VI y VII al artículo 29 Bis 8 de la ley de Instituciones de Crédito.

El Sociólogo americano James William Coleman en su clásico libro sobre el crimen de cuello blanco intitulado The Criminal Elite: Understanding White Collar Crime, reveló que el delito financiero de cuello blanco es mucho más significativo en su impacto social que los delitos convencionales. Asimismo, Coleman señaló que “Las pérdidas derivadas del escándalo de las sociedades denominadas Saving & Loans (entidades financieras no bancarias) son más grandes que las pérdidas económicas acumuladas de los delitos convencionales reportados por la policía en Estados Unidos durante 18 años”. 

Por su parte, Neil Barofski de la Universidad de Nueva York y ex titular del SIGTARP reveló que la crisis financiera de Estados Unidos en la que hubo muchos delitos de cuello blanco se tradujo en costos monumentales para la población de ese país y del mundo, sin excluir la de México. Por estas razones se considera estratégico y prioritario el combate al delito de cuello blanco y a su fundamento la existencia de conflictos de interés entre reguladores y regulados. La propuesta de reforma al artículo 29 Bis 8 se orienta a combatir enérgicamente los conflictos de interés en el sector financiero paraeliminar conflictos de interés contingente y atacar frontalmente las causas del Crimen Financiero de Cuello Blanco a que dan lugar los conflictos de interés contingente y el problema de las puertas giratorias entre otros.

Con relación al artículo 29 Bis 13, mismo que en el marco jurídico actual se refiere a las garantías que deben existir en relación a los créditos que Banxico decida otorgar a una institución bancaria para resolver un problema de liquidez y que puede ser incumplido si la institución es insolvente, se proponen dos acciones específicas de vanguardia en el campo de la rendición de cuentas y en el ámbito preventivo. Estas dos acciones son:

  • Endurecer las sanciones a los accionistas y administradores que incumplan con el repago del crédito que Banxico les otorga para resolver sus problemas de liquidez.
  • La creación de una Oficina de Investigación de Riesgo Sistémico adscrita al Comité de Estabilidad bancaria, para que entre otras cosas realice un seguimiento preventivo acucioso de los bancos y pueda coadyuvar a identificar bancos insolventes con riesgo sistémico.

Por otro lado, los costos de una resolución bancaria se encarecen sustancialmente, cuando en los distintos procesos de resolución las tareas son realizadas por personas físicas o morales que presentan conflictos de interés. Por lo anterior es necesario erradicar de estos procesos esta práctica nociva que se ha presentado en la resolución de procesos de liquidación por el FOBAPROA e IPAB. Es momento de erradicarlos. Por lo anterior se propone reformar el artículo 124 y 132 de la Ley ulteriormente citada con el fin de erradicar conflictos de interés en el proceso de selección de terceros especializados que coadyuven con el IPAB en las visitas de inspección a que se refiere el artículo en cuestión.

5. Protección al Usuario de Servicios Financieros

Si bien es necesario que los bancos en su calidad de otorgantes de crédito utilizando recursos de los depositantes tengan protección mediante las garantías apropiadas, el poder que llegan a obtener y la información financiera que manejan las instituciones bancarias les da tantas ventajas sobre los usuarios de servicios financieros con pequeños patrimonios, que es conveniente evitar abusos de los accionistas de la banca y de sus administradores. La regulación financiera debe velar por la protección efectiva de los intereses de los usuarios de servicios financieros en desventaja, tanto como procurar la estabilidad financiera. Este es uno de los principios para constituir un Sistema Financiero justo y promotor del crecimiento económico.

Se considera que las autoridades financieras en su afán de perseguir propósitos claros de regulación financiera para garantizar un ambiente macroeconómico de estabilidad, tienden a descuidar al usuario de servicios financieros, a ello contribuye también la captura regulatoria de los funcionarios encargados de dicha regulación por parte de los banqueros.  Es necesario que la CONDUSEF tenga más dientes, mandatos más claros para la defensa del consumidor y que tenga un mayor nivel de especialización.

Los objetivos de regulación para preservar la estabilidad están actualmente por encima de los objetivos de garantizar protección al usuario de servicios financieros especialmente a las personas con poco patrimonio para defenderse de los abusos. Por ello se propone reformar el artículo 60 orientándolo a proteger solamente a los pequeños cuentahabientes bancarios de acciones agresivas de embargo de los bancos, y se elimina la protección a los depositantes con altos patrimonios económicos, puesto que ellos se saben defender.

6. Sobre Operaciones Bancarias y Crediticias Relacionadas

Las operaciones relacionadas que implican créditos del banco a accionistas, directivos bancarios y parientes, así como las operaciones cruzadas, que se efectúan en acuerdos informales entre la elite bancaria de un banco con otros bancos sin que pueda demostrarse a primera vista que se traten de operaciones relacionadas, han implicado crisis bancarias y han constituido delitos financieros de gravedad, por lo que para la integridad de las operaciones bancarias y la estabilidad del sistema bancario es conveniente un estricto control de los reguladores y supervisores y una estricta regulación en la materia.

Por lo anterior se propone lo siguiente en materia de créditos relacionados y cruzados:

(i) Límite más drástico al monto de créditos relacionados. En estricto sentido se debe prohibir a los bancos toda operación relacionada. Sin embargo, limitar las operaciones al diez por ciento de la parte básica del capital neto es una buena medida.

(ii) Créditos cruzados. Se propone que las autoridades de regulación investiguen sistemáticamente a todas las operaciones que resulten en créditos cruzados para fincar responsabilidades y eliminar totalmente esta nociva práctica bancaria.

Los créditos relacionados jugaron un papel central en la crisis bancaria, lo mismo sucedió con los créditos cruzados realizados por los banqueros para financiar la compra apalancada de los bancos privatizados por Carlos Salinas. En este sentido, se propone reformar el artículo 73 Bis con el fin de reducir las ventajas que tienen los accionistas de una institución bancaria o de personas relacionadas para contratar créditos u operaciones financieras con dicha institución y combatir con inteligencia la practica latente de los créditos cruzados

7. Supervisión Consolidada ypor Productos Financieros 

La regulación financiera predominante en el mundo tiene un carácter funcional, es una regulación que supervisa y regula por funciones (banca, seguros, intermediación bursátil etcétera). Esta es una regulación y supervisión que ha mostrado fracasos evidentes y reiterados en las últimas décadas y su fracaso más palpable es la crisis financiera internacional de 2007. Previo a esta crisis, la regulación financiera funcional no evitó el crecimiento de un sistema de banca sombra constituida por operaciones realizadas con vehículos financieros y filiales que no eran reguladas por la limitación del carácter funcional de la regulación. 

A principios de del siglo XXI, comenzó a manifestarse la preocupación por los hoyos legales de la supervisión y regulación financiera, y se comenzó a considerar con cierto interés la regulación y supervisión financiera por productos. Bajo esta regulación, se vigila el producto financiero independientemente de la institución que lo ofrezca. Por ejemplo, una regulación por producto como sería el caso de las tarjetas de crédito, implicaría que el ente regulador normaría y vigilaría las tarjetas de crédito bancarias, las tarjetas de crédito emitidas por entidades financieras no bancarias, así como a las emitidas por los grupos económicos no financieros como Liverpool, líneas áreas, entre otros.

En la visión progresista se reconoce como fundamental que los reguladores y supervisores de México inicien cuanto antes el tránsito a una supervisión consolidada. En este sentido, se propone adicionar un artículo 99 Bis donde se estipule que la CNBV emita a partir de este año un programa de trabajo orientado a implantar la supervisión consolidada, y como anticipo de esta nueva tendencia deberá evaluar de manera integral las operaciones dentro y fuera de balance. Asimismo, la Oficina de Investigación de Riesgo Sistémico adscrita al Comité de Estabilidad Bancaria, que se propone en este documento debe investigar permanentemente la experiencia internacional relacionada con operaciones financieras internacionales que hayan generado importantes quebrantos y riesgo sistémico a efecto de desarrollar esquemas de regulación y supervisión consolidada que disminuyan dicho riesgo4

Actualmente, esta falta de regulación implica que los bancos o grupos financieros que tienen SOFOLES reguladas hayan generado escisiones en estas últimas para aprovechar, que no hay requerimientos de capital consolidados.

Por lo anterior expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE QUE REFORMAN y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO.

Único. Se reforman los artículos 27 Bis 1, 29 Bis 6, 29 Bis 8, 29 Bis 12, 29 Bis 13, 51, 53, 60, 73, 124, 132, 144, 148, 158, 162 y 216 y se adiciona un artículo 99 Bis a la Ley de Instituciones de Crédito para quedar como sigue:

Artículo 27 Bis 1. …




Una Comisión Bicameral del Congreso designará a un Inspector Especial que vigilará la aplicación de los recursos públicos que realice el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario al operar una Institución de Banca Múltiple en liquidación derivada de la transferencia de los activos  y pasivos que le haga dicha Institución en los términos de la normatividad aplicable.

El Inspector Especial de Vigilancia de Fondos de rescate bancario realizará su tarea fiscalizadora en tiempo real e informará a las instancias correspondientes para fincar las responsabilidades por el mal uso de los recursos públicos. El Inspector Especial de Vigilancia presentará un informe bimestral al Congreso sobre las aplicaciones de recursos efectuados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, en relación al programa de trabajo que deberá elaborar y aplicar el Instituto para efectuar de manera óptima  la liquidación de la Institución bancaria en problemas; en lo que respecta al tiempo de liquidación, y a la eficiencia, la eficacia y la economía del proceso global de liquidación.

Artículo 29 Bis 6. …

I a II …

En caso de que el Comité de Estabilidad Bancaria resuelva que la institución de banca múltiple de que se trate podría actualizar alguno de los supuestos previstos en las fracciones anteriores, el propio Comité determinará  un porcentaje general del saldo de todas las operaciones a cargo de dicha institución que no sean consideradas como obligaciones garantizadas en términos de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, que no exceda del 6% del total de obligaciones, así como de aquellas otras consideradas como obligaciones garantizadas que rebasen el límite señalado en el artículo 11 de esa misma Ley, cuyo pago pudiera evitar que se actualicen los supuestos mencionados. Para efectos de lo dispuesto en este precepto, no se considerarán aquellas operaciones a cargo de la institución de que se trate, a que hacen referencia las fracciones II, IV y V del artículo 10 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, ni los pasivos que deriven a su cargo por la emisión de obligaciones subordinadas. Las operaciones que, en su caso, se lleven a cabo conforme a lo dispuesto en este párrafo y en el artículo 148 fracción II de esta Ley, deberán sujetarse a lo previsto en los artículos 45 y 46 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario. No obstante lo anterior, cuando con posterioridad a la determinación del referido porcentaje se presenten circunstancias por las que sea necesario aumentar el porcentaje inicialmente determinado, el Comité podrá reunirse por sólo una vez más para tales efectos.




El Comité de Estabilidad Bancaria se reunirá en febrero de cada año con el Congreso de la Unión para evaluar el estado de riesgo sistémico del sector financiero y las posibles medidas generales que el Comité de Estabilidad Bancaria tomará en el curso del año.          

El Comité de Estabilidad Bancaria establecerá una Oficina de Investigación de Riesgo Sistémico integrada por un equipo técnico de investigación de alto nivel para dar seguimiento al riesgo sistémico de las instituciones financieras. Todos los integrantes de este equipo técnico menos uno será designado por el Comité de Estabilidad Bancaria al cual reportarán. El miembro restante será designado por mayoría calificada del Senado. 

La Oficina tendrá  las siguientes responsabilidades:

  1. Reunir y homologar toda la información financiera relevante relacionada con el riesgo sistémico, para lo cual tendrá acceso irrestricto a todas las bases de información del gobierno y de los reguladores financieros;
  2. Elaborar un índice de apalancamiento del sector financiero con el máximo rigor técnico posible que incorporará la medición tanto del riesgo de las operaciones del sector financiero incluidas en los balances cómo del riesgo de todas las operaciones del sector financiero fuera del balance. Este índice de apalancamiento servirá de base para las decisiones estratégicas del Comité de Estabilidad Bancaria en relación al control del riesgo sistémico;
  3. Presentar un informe semestral de riesgo sistémico del sector financiero el cual contendrá:
  4. un análisis del índice global de apalancamiento del sector financiero;
  5. una evaluación del riesgo sistémico del sector financiero;
  6. una medición cuantitativa y cualitativa del impacto por riesgo sistémico de las instituciones financieras que operan en México.
  7. presentar soluciones técnicamente  viables para desarticular un banco grande cuyos problemas financieros lo ubiquen en los supuestos de la fracción I y II de este artículo;
  8. El miembro de la Oficina de Investigación de Riesgo Sistémico, designado por el Senado tendrá como principal responsabilidad elaborar una opinión técnica independiente sobre los informes semestrales de la Oficina, y las opiniones técnicas que le solicite el Congreso. 

Artículo 29 Bis 8.- …

I a IV …

Los integrantes del Comité de Estabilidad Bancaria no podrán laborar en ninguna institución privada del sector financiero por un período de tres años contados a partir del momento en que dejan de laborar en el sector financiero gubernamental. Asimismo, no podrán participar en cargos de regulación financiera directa o indirecta, personas que hayan sido accionistas de entidades financieras privadas.

El Presidente de la República no podrá nombrar a cargos relevantes del sector financiero público a funcionarios que hayan ocupado un cargo relevante en los tres años anteriores a la nominación en instituciones financieras privadas o en cargos de representación de organismos empresariales.


...

...

Artículo 29 Bis 12.- …

El Comité de Estabilidad Bancaria considerará las recomendaciones técnicas que tiene la obligación de presentarle  periódicamente a través de estudios e informes la Oficina de Investigación de Riesgo Sistémico, para intentar desarticular a la Institución de banca múltiple que  presente riesgo sistémico y que el Comité de Estabilidad Bancario ubique en los supuestos previstos en el artículo 29 Bis 6 de esta ley.

El Comité de Estabilidad Bancaria someterá a consideración de la Comisión Federal de Competencia las propuestas de reducción de todo banco que por su evolución se convierta en una amenaza de riesgo sistémico.

Artículo 29 Bis 13 …

I a V …

VI. En el caso de que se presente el evento de incumplimiento crediticio señalado en la fracción anterior, los accionistas miembros del Consejo de Administración de la Institución, así como los directores de primer y segundo nivel vigentes en el último año al incumplimiento no podrán participar como accionistas o funcionarios de ninguna institución financiera que opere en México durante los próximos 10 años posteriores al referido incumplimiento crediticio.

Artículo 51.-

I. y II.

III. Tratándose de instituciones de banca múltiple, los límites máximos del importe de operaciones con integrantes del grupo financiero, grupo empresarial o consorcio al que pertenezcan, o bien, con personas morales que realicen actividades empresariales con las cuales la institución mantenga vínculos de negocio o patrimoniales. Este tipo de operaciones relacionadas deberán de representar un porcentaje menor al 10 por ciento del valor del capital de la institución de banca múltiple.

IV. La Comisión dará seguimiento especial a las operaciones relacionadas entre la filial del banco y la matriz que tengan por objeto enviar recursos de la filial bancaria a la matriz que presenten movimientos con posibles efectos desestabilizantes. La Comisión deberá estar atenta para evitar la realización de operaciones entre la filial bancaria que opera en México y la matriz radicada en el extranjero con precios distintos a los prevalecientes en los mercados e informará de estas operaciones relacionadas a la Oficina de Investigación de Riesgo Sistémico para su valoración.   

...

Artículo 53.- …

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Programa Sectorial Financiero que se derive del Plan Nacional de Desarrollo establecerá los objetivos, las metas cuantitativas y los indicadores que permitan incrementar en forma gradual el coeficiente que mide la proporción de crédito bancario canalizado al sector privado no financiero respecto del PIB a niveles comparables con parámetros internacionales.

Este programa cuantitativo determinará en forma anual un monto de créditos bancarios que implique un creciente coeficiente anual Crédito Bancario/PIB que permita ir abatiendo el rezago que presenta el sistema bancario que opera en México respecto de los parámetros internacionales apropiados en materia de crédito bancario otorgado. Para cumplir con las metas del programa crediticio señalado en el párrafo anterior, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores procederá a emitir las reglas para implementar el Depósito de Incentivo Crediticio con las siguientes características:

a. La Comisión asignará a cada institución bancaria en noviembre de cada año un programa de créditos congruente con las metas anuales establecidas en el Programa Sectorial. La Comisión realizará está asignación sobre la participación de mercado que registren en ese año cada institución de crédito.

b. La Comisión comparará al cierre del año siguiente el saldo de créditos programado a que hace referencia el párrafo anterior respecto del saldo promedio de créditos realmente otorgado por las instituciones bancarias. Si la diferencia entre el saldo de créditos programado con respecto al saldo promedio anual de los créditos realmente otorgados por las instituciones es positiva procederá lo siguiente:  

La Institución bancaria mantendrá durante un periodo de tiempo de 360 días en una subcuenta de depósitos denominada  Depósito de Incentivo Crediticio (DIC) que cada institución bancaria deberá abrir con el  banco central, los recursos depositados por las instituciones bancarias en el DIC a los cuales aplicará una tasa de rendimiento de cero por ciento por el período en comento.


I a III ..

La Comisión realizará un seguimiento estratégico de las operaciones con valores de alto riesgo realizadas por las Institución Bancarias, principalmente de las vinculadas con productos derivados a efecto de que las posiciones propias de cobertura no se transformen en portafolios crediticios sintéticos de alto riesgo, para lo cual tomará las medidas de regulación apropiadas. Asimismo, la Oficina de Investigación de Riesgo Sistémico adscrita al Comité de Estabilidad Bancaria, presentará en su informe semestral correspondiente al segundo periodo del año, una evaluación integral del riesgo de las posiciones propias de valores que asuman en sus portafolios de negocios las instituciones con riesgo sistémico.

Artículo 60.-Las cantidades que tengan por lo menos un año de depósito en cuenta de ahorro no estarán sujetas a embargo hasta una suma equivalente a 450,000 UDIS, por el monto global del depositante en el sistema bancario. Las cantidades que excedan ese monto podrán ser sujeto de embargo.

I a II …

Artículo73 Bis.- ...





La suma total de las operaciones con personas relacionadas no podrá exceder del diez por ciento de la parte básica del capital neto de la institución, señalado en el artículo 50 de la presente Ley. Tratándose de préstamos o créditos revocables, computará para este límite únicamente la parte dispuesta. Asimismo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores realizará una investigación anual para identificar los créditos cruzados entre instituciones bancarias, y entre bancos y otras instituciones financieras que en la práctica constituyan operaciones relacionadas indirectas, y tomará las medidas requeridas para su eliminación e informará de todo ello al Congreso y a la Oficina de Investigación de Riesgo Sistémico del Comité de Estabilidad Bancaria.

...
...
...
...
a) a e) …

Artículo 99 Bis . La Comisión realizará la supervisión y regulación consolidada en el sistema financiero de México.

Artículo 124.- …


I a II …

En dichas visitas podrán participar las personas que tengan el carácter de terceros especializados contratados para cualquiera de los fines señalados en las fracciones anteriores, quienes deberán guardar en todo momento absoluta reserva sobre la información a la que tengan acceso. Sin embargo, no podrán participar ni directa ni indirectamente, los terceros especializados, cuyos accionistas o funcionarios de los tres primeros niveles hayan sido reguladores financieros durante los cinco años anteriores a la designación de tercero especializado o hayan sido funcionarios bancarios de primer y segundo nivel de instituciones rescatadas por el FOBAPROA o en instituciones que hayan sido administradas cautelarmente por el IPAB no habiendo sido un traspaso de la institución crediticia por el FOBAPROA al Instituto.


Artículo 132.- …

I a II …
En los casos en que se designen a personas morales como administrador cautelar, las personas físicas que desempeñen las actividades vinculadas a esta función, deberán cumplir con los requisitos a que se hace referencia en este artículo. Las personas morales quedarán de igual forma sujetas a la restricción prevista en la fracción I anterior. Además no podrán participar ni directa ni indirectamente, personas morales como administradores cautelares, cuyos accionistas o funcionarios de los tres primeros niveles hayan sido reguladores financieros en los cinco años anteriores a la fecha de designación de administrador cautelar, o hayan sido funcionarios bancarios de primer y segundo nivel de instituciones rescatadas por el FOBAPROA o en instituciones que hayan sido administradas cautelarmente por el IPAB no habiendo sido ese proceso un traspaso de la institución de crédito por el FOBAPROA al instituto.

Artículo 144.- …
I a II …
III. Se determine que un grupo financiero o una institución financiera registren una participación de mercado que bajo estándares internacionales sea excesiva. 


Artículo 148.- …

I …
II. Cuando el Comité de Estabilidad Bancaria resuelva que la institución de banca múltiple de que se trate podría actualizar alguno de los supuestos del artículo29 Bis 6 de esta Ley, la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario determinará el método de resolución que corresponda conforme a lo siguiente:

a) El saneamiento de la institución de banca múltiple en los términos previstos en los Apartados B o C de la presente Sección, según corresponda, se ajustará al siguiente límite: El Comité de Estabilidad Bancaria sólo podrá elevar el pago de las obligaciones garantizadas dispuesto por la Ley de Protección al Ahorro Bancario hasta un 6 por ciento sobre el saldo de todas las operaciones pasivas del sistema bancario en términos del artículo 29 Bis 6 de esta Ley y de conformidad con el artículo 46 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores si lo considera pertinente se abstendrá de revocar la autorización otorgada a la institución de banca múltiple de que se trate para organizarse y operar con tal carácter, o

b) El pago conforme al artículo 198 o la transferencia de activos y pasivos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 194 o 197 de este ordenamiento, cuando el Comité de Estabilidad Bancaria, en términos del segundo párrafo del artículo 29 Bis 6, determine un porcentaje igual o menor al seis por ciento sobre el saldo de todas las operaciones pasivas del sistema bancario que no sean consideradas obligaciones garantizadas en términos del artículo 46 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario vigente antes de este decreto, y de aquellas obligaciones garantizadas que rebasen el límite señalado en el artículo 11 de esa misma Ley, con excepción de las señaladas en las fracciones II, IV y V del artículo 10 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y los pasivos derivados de la emisión de obligaciones subordinadas.



Los métodos de resolución a que se refiere el presente artículo, así como los diversos actos u operaciones que, en el ámbito de sus respectivas competencias, emitan o ejecuten para su implementación la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Banco de México y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, se considerarán de orden público e interés social, razón esta última para limitar drásticamente el monto de las obligaciones garantizadas con recursos públicos de la institución de que se trate debido a que existe un creciente consenso de que el rescate de bancos con riesgo sistémico a largo plazo hace más daño que bien a la sociedad.

Artículo 158.- …

Asimismo, el administrador cautelar deberá convocar a una asamblea general extraordinaria de accionistas de la institución de banca múltiple de que se trate, a la cual podrán asistir los titulares de las acciones representativas del capital social de dicha institución. En su caso, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, en ejercicio de los derechos corporativos y patrimoniales señalados en el último párrafo del artículo 157 acordará un aumento de capital en la cantidad necesaria para que la institución de banca múltiple esté en posibilidad de pagar el crédito otorgado por el propio Instituto. En caso de que los recursos que pueda aportar el Instituto para la protección al Ahorro Bancario para aumentar el capital no provengan de fuentes privadas,  la aportación de recursos públicos se ajustará a lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 151, y por  el límite establecido por lo previsto en el inciso a) fracción II del artículo 148 deesta Ley. Si los recursos públicos para sanear la institución incluyendo la capitalización exceden el 6% de los pasivos de la institución procederá lo dispuesto por el artículo 25 bis .


Artículo 162.- …

I a II …

III. En caso de que los recursos que pueda aportar el Instituto para la protección al Ahorro Bancario para aumentar el capital no provengan de fuentes privadas, la aportación de recursos públicos se ajustará a lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 151 y por  el límite establecido por lo previsto en el inciso a) fracción II del artículo 148 de esta ley. Si los recursos públicos para sanear la institución incluyendo la capitalización exceden el 6% de los pasivos de la institución procederá lo dispuesto por el artículo 25 bis.

Artículo 216. …


El Inspector Especial de Vigilancia fiscalizará todo el proceso de resoluciones bancarias y tendrá amplias facultades de investigación. El Inspector entregará informes mensuales al Congreso durante todo el proceso y entregará un informe final de cada proceso resolutivo.

 

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- La Oficina de Investigación de Riesgo Sistémico deberá quedar instalada noventa días después de la entrada en vigor del presente decreto. Los primeros informes que realice deberán difundirse, a más tardar ciento veinte días después de su instalación.

TERCERO.- En un plazo de noventa días a partir de la entrada en vigor del presente decreto, la Comisión deberá implementar un programa para implementar la supervisión consolidada a que se refiere el artículo 99 bis de la Ley de Instituciones de Crédito.

Previo a la implementación del programa, la Comisión deberá evaluar de manera integral los impactos en los estados financieros de las instituciones bancarias de las operaciones que se realicen con los vehículos financieros, las sociedades instrumentales, y figuras fiduciarias, relacionadas con las instituciones bancarias, las empresas tenedoras  y las filiales financieras no bancarias  para identificar operaciones que al ocurrir determinados eventos críticos, las instituciones bancarias tengan que incorporar en sus balances, activos tóxicos provenientes de los vehículos financieros, de las sociedades instrumentales de las figuras fiduciarias, y/o de otras entidades financieras no bancarias.

La Oficina de Investigación de Riesgo Sistémico (OIRS) adscrita al Comité de Estabilidad Bancaria deberá investigar permanentemente la experiencia internacional relacionada con operaciones financieras internacionales que hayan generado importantes quebrantos y riesgo sistémico a efecto de desarrollar esquemas de regulación y supervisión consolidada que disminuyan dicho riesgo e informar al Congreso en sus reportes periódicos.

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los
10 días del mes de abril del año 2014

 

SUSCRIBE

 

 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA

1Rubí, Mauricio, Reforma financiera dará al PIB impulso de 0.5 puntos, El Economista, http://eleconomista.com.mx/industrias/2014/01/09/reforma-financiera-impulsara-crecimiento-pena-nieto

2González Amador, Roberto, Rodríguez, Israel, Videgaray: fraude a Banamex, alerta para mejorar controles, La Jornada, http://www.jornada.unam.mx/2014/04/04/economia/024n1eco

3Que aunque algunas reformas financieras comenzaron a operar como la Regla Volcker diluida, todavía están muchos ordenamientos financieros secundarios en proceso de instrumentación en los Estados Unidos.

4Ejemplos de operaciones de alto riesgos son: a) Las operaciones de Citigroup con valores respaldados por hipotecas que vendía en el mercado secundario tenían cláusulas de recompra forzosa si  dejaban de ser liquidas (operaciones denominadas liquidity puts), b) las operaciones de cobertura de riesgo crediticio realizadas en el Portafolio de Créditos Sintéticos de JP Morgan que se convirtieron en especulativas  y que en el 2012 generaron cuantiosas pérdidas del orden de los 8 mil millones de dólares para la institución.