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Iniciativas

Estado Actual: Concluido Acuerdo MD Ficha Técnica


De los Senadores Ernesto Cordero Arroyo y Carlos Mendoza Davis, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto que reforma las fracciones VII y VIII del artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

ASUNTO CONCLUIDO DE CONFORMIDAD CON EL "ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA PARA LA CONCLUSIÓN DE INICIATIVAS PRESENTADAS POR SENADORES QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE DICTAMEN EN LA CÁMARA DE SENADORES", DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2018.


La iniciativa tiene como objeto establecer dentro de los principios que deben observar los legisladores en el proceso de examen, discusión, modificación y aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos de la Federación, contenido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), un precepto enfocado a resolver la problemática de obtención de beneficios en el proceso de aprobación de programas y proyectos del Presupuesto de Egresos de la Federación.


ERNESTO CORDERO ARROYO y CARLOS MENDOZA DAVIS, Senadores de la República del Congreso General de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° fracción I, 164 numeral 1, 169, 172 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LAS FRACCIONES VII Y VIII DEL ARTÍCULO 42 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El origen teórico del Congreso es la de ser un órgano deliberativo, legislativo y de contrapeso. Por eso se le han brindado, en todo el mundo, facultades precisas para controlar al poder. Se infiere que, siendo la representación de la sociedad y de los estados que integran la República, sus miembros ejercerán sus funciones anteponiendo el bien común a los intereses partidarios, personales o de grupo.

Los electores depositan su confianza en que honraremos nuestra obligación de aprobar todo aquello que les beneficie y que velaremos por evitar, denunciar y castigar el abuso. Ese es nuestro mandato.

Por lo mismo, la constitución nos confiere la potestad de determinar los ingresos del Estado y, a la Cámara de diputados, de aprobar los egresos del Estado.

La organización y funcionamiento del Estado implica la realización de gastos y la obtención de los recursos económicos indispensables para cubrirlos; en ese sentido, se requiere una adecuada administración de los recursos públicos federales, para lo cual, los sujetos que intervienen en la programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos del país, deben garantizar que en todas estas fases se cumplan los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas.

Los instrumentos donde se refleja la planeación de la actividad financiera del Estado son la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). La primera, es el ordenamiento jurídico propuesto por el Ejecutivo Federal y aprobado por el Poder Legislativo que contiene los conceptos bajo los cuales se podrán captar los recursos públicos que permitan cubrir los gastos de la federación durante un ejercicio fiscal.

Por su parte, el PEF es el acto legislativo que permite a la Administración pública usar los recursos monetarios recaudados por el Estado durante un ejercicio fiscal, cuya aprobación compete exclusivamente a la Cámara de Diputados.

Así, el PEF se considera como uno de los documentos de política pública más importantes de un país, toda vez que su contenido refleja las prioridades que se deben atender con los recursos públicos con que el Estado cuenta.

Tenemos la obligación de vigilar que los ingresos sean justos, y los egresos sean eficientes.

No hay equidad sin ingresos justos ni igualdad sin egresos que tengan un efecto positivo sobre la vida de los mexicanos.

Los recursos públicos son limitados y generalmente no alcanzan para atender todas las necesidades de un país en el corto plazo. De ahí, que la determinación de los programas y proyectos a los que se van a destinar, deben estar respaldados por todoslos elementos que generen la convicción de que los recursos aplicados a los mismos rendirán los resultados esperados en relación con las metas contenidas en la planeación nacional del desarrollo.

Aunado a lo anterior, es importante mencionar que parte importante de los recursos del Estado proviene de los impuestos que la sociedad paga al gobierno. Por ello, la relevancia de que la planeación y estrategia económica del Gobierno Federal se enfoquen en acciones que deriven en el alcance de mayor bienestar para la población, pues si bien, ésta tiene la obligación constitucional de contribuir al gasto público, también le asiste el derecho de pedir cuentas a los sujetos que participan en el proceso de elaboración de los ordenamientos en comento.

Un problema común bajo el diseño del gasto público actual, se encuentra particularmente en la programación de los recursos en la Cámara de Diputados: los legisladores,durante la discusión del PEF, tienen la facultad de gestionar a favor de proyectos específicos que benefician a sus representados de manera directa. Desafortunadamente, en algunos casos, los representantes actúan de manera poco transparente, atendiendo a intereses particulares de personas específicas, que promueven proyectos que no siempre son de importancia y resultan de beneficio para la población.

En fechas recientes, diversos medios han señalado de manera repetida esta discrecionalidad en notas periodísticas, donde sujetos beneficiarios de ciertos programas o proyectos, así como algunos presidentes municipales, han hecho público que diputados federales piden dádivas a cambio de apoyo en la gestión de recursos del PEF para proyectos específicos.

Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha señalado que dentro del ejercicio del PEF existen espacios para malas prácticas, tales como la imposibilidad de comprobar el destino de los recursos, opacidad en la distribución de los fondos de dependencias federales a municipios y delegaciones, y la mala calidad de los sistemas contables que dificultan rastrear adecuadamente el destino del gasto. Estas fallas, no sólo afectan el desarrollo de las políticas públicas, sino también la imagen y confianza ciudadana en las instituciones. Bajo esta realidad, no se puede omitir la existencia de indicios de que las malas prácticas se dan incluso mucho antes de la etapa del ejercicio de los recursos.

En atención a lo anterior, la presente iniciativa tiene como objeto establecer dentro de los principios que deben observar los legisladores en el proceso de examen, discusión, modificación y aprobación de la Ley de Ingresos y del PEF, contenido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), un precepto enfocado a resolver la problemática de obtención de beneficios en el proceso de aprobación de programas y proyectos del PEF.

Esto, en armonía con las recientes modificaciones aprobadas por la Cámara de Diputados a su Reglamento, por las cuales se prevé sancionar las prácticas indebidas en el ejercicio de sus facultades y, en general, atendiendo a la transparencia, que es elemento indispensable para obtener la aprobación por parte de la población respecto de la actuación de sus representantes.

En ese sentido, en la última década, se han integrado diversas reformas al artículo 6to constitucional en materia de transparencia.  Esto ha ampliado las posibilidades de escrutinio de la sociedad sobre el trabajo de los servidores públicos en general, lo que ha abonado a la mejora del desempeño de funciones, así como a la rendición de cuentas.

Uno de los puntos más revisados por la sociedad en el ámbito del derecho de acceso a la información, ha sido el uso de los recursos públicos en los tres niveles de gobierno. Mucho se ha legislado también en el ámbito de leyes federales, las cuales reglamentan diferentes artículos constitucionales relacionados con el uso de recursos por parte de los poderes, legislativo, judicial, ejecutivo federal y sus secretarías, entidades federativas, municipios, etc.

Sin embargo, a pesar de que las autoridades federales han diseñado mecanismos para monitorear su ejercicio, éstos no han sido del todo exitosos, pues aún existe amplia discrecionalidad y debilidad en el proceso de programación y asignación del gasto en la Cámara de Diputados, lo que abre áreas de oportunidad legislativa, en favor de incidir en la efectividad de la integración del PEF.

Todo lo anterior deriva de la facultad constitucional que tiene la Cámara de Diputados, contenida en el artículo 75  y demás relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), misma que consideramos no es necesario reformar para atebnder la problemática, toda vez que se puede legislar en otras leyes federales, con el fin de hacer más transparente la etapa de elaboración del PEF, especialmente en el proceso de estudio y discusión en la Cámara de Diputados.

Por lo anterior, se propone sea una obligación, y no una opción como actualmente marca la normatividad vigente, que la Cámara de Diputados prevea en el PEF los lineamientos de carácter general que sean necesarios a fin de asegurar que el gasto sea ejercido de acuerdo con los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas. Con esto, se blinda el ejercicio de los recursos públicos, reduciendo el margen de discrecionalidad en su aplicación dentro de los programas y proyectos aprobados.

Asimismo, se propone que la elección de los proyectos o programas presentados por los diputados a efecto de ser integrados al PEF, atienda siempre a la importancia para la región o el sector por el que será ejercido, disminuyendo la oportunidad de que se introduzcan aquellos que no tienen un beneficio real para la sociedad y que sólo atiendan a los intereses de unos cuantos.

Para el efecto, proponemos facultar a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados para que, en aquellos programas o proyectos extraordinarios que se pretenda sean incluidos en el PEF, sin contar con el registro previsto en la fracción III del artículo 34 de la LFPRH, se pronuncie en relación a que los mismos generan un beneficio social neto bajo supuestos razonables, observando sin excepción los criterios de rentabilidad socioeconómica, reducción de la pobreza extrema, desarrollo regional y concurrencia con otros programas y proyectos de inversión, así como que cumplen con lo previsto en el artículo 45 del Reglamento de la LFPRH a propósito del análisis de costo y beneficio.

Finalmente se propone adicionar un precepto que oriente la conducta de los legisladores en el sentido de que éstos deben negarse a obtener beneficios de cualquier índole, derivados del ejercicio de sus funciones, pues éstos deben desvincularse de intereses personales que entorpezcan el correcto desempeño de la función pública, específicamente en lo relativo a la inclusión y aprobación de programas y proyectos en el PEF. Los servidores públicos mexicanos tienen la olbigación y los ciudadanos el derecho a que, en todo momento, nuestros representantes tengan un adecuado desempeño de sus funciones y una correcta administración de los recursos públicos.

De la técnica legislativa.

En el proyecto de decreto se utilizará la siguiente técnica legislativa:

  1. Realce y letra cursiva para las reformas al texto vigente de la Ley.
  2. Realce, para las adiciones al texto vigente de la ley.
  3. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la fracción VIIy se adicionan un párrafo segundo alinciso c) y un inciso g) a la fracción VIII del artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

Artículo 42.- La aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos se sujetará al siguiente procedimiento:

  • aVI. ...

VII. La Cámara de Diputados, en el marco de las disposiciones de la presente Leydeberá prever en el Presupuesto de Egresos los lineamientos de carácter general que sean necesarios a fin de asegurar que el gasto sea ejercido de acuerdo con los criterios establecidos en el párrafo segundo del artículo 1 de esta Ley;

 VIII. En el proceso de examen, discusión, modificación y aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, los legisladores observarán los siguientes principios:

a) … a b) …

c) Cuando propongan un nuevo proyecto, deberán señalar el ajuste correspondiente de programas y proyectos vigentes si no se proponen nuevas fuentes de ingresos.

Cuando dichos proyectos no se encuentren registrados conforme a lo establecido en la fracción III del artículo 34 de esta Ley, la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados deberá pronunciarse en relación a que los mismos generan un beneficio social neto bajo supuestos razonables, que observan los criterios mínimos de rentabilidad socieconómica, reducción de la pobreza extrema, desarrollo regional , concurrencia con otros programas y proyectos de inversión, así como que cumplen con lo previsto en el artículo 45 del Reglamento de esta Ley a propósito del análisis de costo y beneficio.

d) … af) … 

g) Los Diputados se abstendrán de obtener cualquier beneficio por parte de personas que pretendan influir ilícitamente en la inclusión y aprobación de programas y proyectos en el Presupuesto de Egresos. La infracción a este precepto será sancionada en términos del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar.

IX. …

TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Salón de Sesiones del Pleno del Senado de la República, a los 25 días del mes de febrero del año 2014.

Atentamente

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO

SEN. CARLOS MENDOZA DAVIS