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Iniciativas

Estado Actual: Concluido Acuerdo MD Ficha Técnica

Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos ordenamientos jurídicos, para el fortalecimiento del sector social de la economía.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

ASUNTO CONCLUIDO DE CONFORMIDAD CON EL "ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA PARA LA CONCLUSIÓN DE INICIATIVAS PRESENTADAS POR SENADORES QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE DICTAMEN EN LA CÁMARA DE SENADORES", DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2018.


ARCHIVOS PARA DESCARGAR:
Descargar Documento (Ini_Cajas_Ahorro.pdf)

La iniciativa contempla Reformar once leyes, a efecto de fortalecer al Sector Social de la Economía, de acuerdo a lo siguiente: que los plazos actuales para regularizar a las Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo queden sin vigencia hasta en tanto no se aprueben las reformas para fortalecer al Sector Social; cumplir con la obligación del Estado de apoyar al fortalecimiento del sector social de la economía. Sector que está basado en la solidaridad y la ayuda mutua; contemplar un esquema de regulación que esté acorde al modelo de negocio de las Cooperativas de Ahorro y Préstamo; uno que en lugar de ser restrictivo incentive más bien su crecimiento para contribuir al financiamiento de los sectores que más lo requieren, y que son los que naturalmente atienden éstas organizaciones; tener un esquema de saneamiento y fortalecimiento para el sector cooperativo de ahorro y préstamo a fin de que pueda cumplir con la regulación que se proponga y que permita garantizar los ahorros y el patrimonio de sus socios; poner en concordancia un esquema tributario acorde al modelo de negocio no lucrativo de estas organizaciones; convertir al sector cooperativo de ahorro y préstamo en el brazo financiero del sector social y por ello en el dispersor natural de la banca de desarrollo.

En reformas y adiciones a la Ley de Protección y Defensa al usuario de Servicios Financieros, propone definir Socio, como las personas físicas que participen en el capital social de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. Define como Entidad, a las sociedades controladoras, instituciones de crédito, sociedades financieras de objeto limitado, sociedades financieras de objeto múltiple, sociedades de información crediticia, casas de bolsa, especialistas bursátiles, fondos de inversión, almacenes generales de depósito, uniones de crédito, arrendadoras financieras, empresas de factoraje financiero, casas de cambio, instituciones de seguros, sociedades mutualistas de seguros, instituciones de fianzas, administradoras de fondos para el retiro. Define como Entidad Financiera, a las instituciones de crédito, a las sociedades financieras de objeto limitado, a las arrendadoras financieras, a las empresas de factoraje financiero, a las sociedades financieras de objeto múltiple reguladas y no reguladas, a las sociedades financieras populares, sociedades financieras comunitarias y a las Entidades financieras que actúen como fiduciarias en fideicomisos que otorguen crédito, préstamo o financiamiento al público.

Establece que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios financieros será competente, cuando se trate de conflictos relacionados con la prestación de los servicios que ofrezcan a sus Socios, en caso de reclamación sobre derechos societarios que éstos tienen hacia sus organizaciones. Y estará facultada a emitir recomendaciones a las Entidades que permita dar cumplimiento del objeto de esta Ley y de la Comisión Nacional, así como para el sano desarrollo del sistema financiero mexicano y a autorizar, la información dirigida a los Usuarios o Socios sobre los servicios y productos financieros que ofrezcan las Entidades, cuidando en todo momento que la publicidad que éstas utilicen sea dirigida en forma clara, para evitar que la misma pueda dar origen a error o inexactitud.

En lo relativo a las Entidades del Sector Social, la Comisión deberá tomar en consideración la opinión del organismo de consulta y colaboración del gobierno para la implementación de políticas públicas en materia de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, denominada Confederación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México, como organismo de consulta quien contará con un plazo de 20 días hábiles para realizar las observaciones conducentes, contados a partir de la notificación para la solicitud de su opinión.

Propone que las Entidades del Sector Social, para efectos de la utilización de la información relativa a la base de datos de sus Socios con fines mercadotécnicos o publicitarios, se estarán a lo dispuesto por su estatutos y reglamentos internos que para tal efecto emitan. Establece que las cooperativas de nivel básico, la Comisión las deberá registrar de acuerdo al listado que emita para tales efectos el Fideicomiso Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Protección a sus Ahorradores.

En materia de conciliación, propone que en el supuesto de que la Entidad no asista a la junta de conciliación, se emplazará a una segunda audiencia, la cual deberá llevarse a cabo en un plazo no mayor a diez días hábiles; en caso de no asistir a ésta se le impondrá una sanción pecuniaria.

Establece que se impondrá multa de 50 a 100 días de salario, a las Entidades del sector social con nivel de operación I y II que no proporcione la información que solicite la Comisión Nacional y multa de 200 a 400 días de salario a las Entidades del sector social con nivel de operación III y IV.

En cuanto a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, propone que la Ley que Regula las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo sea de aplicación supletoria.

Establece que la Procuraduría Federal del Consumidor y Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, en el ámbito de sus competencias, podrán ordenar que se modifiquen los modelos de Contratos de Adhesión a fin de adecuarlos a las leyes y otras disposiciones aplicables debiendo señalar en forma clara y precisa y debidamente fundado y motivado en qué consisten las modificaciones y la forma en que deberán llevarse a cabo las mismas. Hechas las observaciones, la comisión no podrá respecto del mismo supuesto variar las mismas en forma posterior ni señalar observaciones diversas a las previamente establecidas.

Propone que las Entidades podrán solicitar a la Comisión, previo a la entrada en vigor de sus productos que pretendan colocar con sus Clientes o Socios, la validación de los contratos de adhesión para su implementación.

Señala que las Entidades del sector social podrán establecer en sus reglamentos o manuales de operación la forma y medios a través de los cuales los Socios podrán tener acceso u obtener sus estados de cuenta, en el que invariablemente se deberá garantizar al socio dicho derecho, en todo caso los estados de cuenta estarán a su disposición, previo el cumplimiento de los requisitos que para tal efecto establezca la misma.

Establece que las Entidades del Sector Social deberán documentar sus operaciones pasivas y activas, en todos aquellos supuestos en los que la cooperativa otorgue préstamos mediante los cuales cobre capital de interés ordinario, moratorio y cargas u obligaciones adicionales.

Señala que con el fin de que no se afecten los intereses de los socios en cuanto a la disponibilidad de sus ahorros, en los casos de emplazamientos a huelga, antes de la suspensión de las labores, y en términos de la Ley Federal del Trabajo, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en ejercicio de sus facultades, oyendo la opinión de la Comisión Nacional Bancaria, cuidará que para el fin mencionado, durante la huelga permanezca abierto el número indispensable de oficinas y continúen laborando los trabajadores, que atendiendo a sus funciones, sean estrictamente necesarios para garantizar dicha situación.

En cuanto a reformas de la Ley de Instituciones de Crédito, establece que las instituciones de banca de desarrollo tienen como objeto fundamental facilitar el acceso al crédito y los servicios financieros a personas físicas y morales, así como proporcionarles asistencia técnica y capacitación en términos de sus respectivas leyes orgánicas con el fin de impulsar el desarrollo económico. En el desarrollo de sus funciones las instituciones referidas deberán procurar la sustentabilidad de la institución, mediante la canalización eficiente, prudente y transparente de recursos y la suficiencia de las garantías que se constituyan a su favor, sin que resulten excesivas.

En adiciones a la Ley Orgánica de Nacional Financiera, faculta a las sociedades para efectuar descuentos y otorgar garantías a las instituciones de crédito, intermediarios financieros no bancarios y cooperativas de ahorro y préstamo para el otorgamiento de créditos para la formulación y ejecución de proyectos de inversión, que incluyan los costos de los servicios de asesoría y asistencia técnica.

En cuanto a reformas de la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, define Sector, al conformado por las personas morales a que se refieren la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

En cuanto a reformas y adiciones a la Ley Orgánica de la Financiera Rural, se integra la definición de Cooperativas de Ahorro y Préstamo, a las Sociedades a que se refiere la Ley Para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, quienes forman parte del sistema financiero, como integrantes del Sector Social de la economía. Faculta a la Financiera Rural, a otorgar garantías y avales, previa constitución de las reservas correspondientes, a las instituciones de crédito, intermediarios financieros no bancarios y cooperativas de ahorro y préstamo para el otorgamiento de créditos para la formulación y ejecución de proyectos de inversión, que incluyan los costos de los servicios de asesoría y asistencia técnica.

En cuanto a reformas y adiciones del Código de Comercio, establece que cuando el crédito tenga garantía real, el acreedor, a su elección, podrá ejercitar sus acciones en juicio ejecutivo mercantil, ordinario, especial, sumario hipotecario o el que corresponda, de acuerdo a esta Ley, a la legislación mercantil o a la legislación civil aplicable, conservando la garantía real y su preferencia en el pago, aun cuando los bienes gravados se señalen para la práctica de la ejecución.

Propone que los tribunales contarán con un sistema electrónico de consulta de expedientes y acuerdos, mediante el cual deberán realizarse las notificaciones, asimismo establece que la Judicatura Federal, los Consejos de las Judicaturas de los Estados, de no existir éstos el Supremo Tribunal de Justicia de la entidad según sea el caso, deberán llevar un sistema de registro electrónico de cédulas profesionales de abogados, en donde podrán registrarse los profesionistas autorizados, registros que deberán hacer del conocimiento de los jueces correspondientes.

Que las notificaciones, citaciones y entrega de expedientes se verificarán a más tardar el día siguiente a aquel en que se dicten las resoluciones que las prevengan. En el caso de notificaciones personales, dicho término se contará a partir de la fecha en que se entregue el expediente al notificador, lo cual deberá hacerse, dentro de un plazo que no exceda de tres días. Se impondrá de plano a los infractores de este artículo una multa que no exceda del equivalente a diez días de salario mínimo general vigente en el lugar en que se desahogue el procedimiento.

Establece que las instituciones y autoridades estarán obligadas a proporcionar la información a que se refiere el artículo 1070 de este Código, en un plazo no mayor a quince días naturales y, en caso de no hacerlo, la autoridad judicial a petición de parte ordenará la notificación por edictos y dictará las medidas de apremio correspondientes a la persona o funcionario responsables de contestar los informes.

Propone que las costas serán reguladas cuando habiéndose intentado una acción, la misma sea declarada improcedente dejándose a salvo los derechos, y exista condena en costas, la regulación de ellas se hará sobre la cuantía líquida reclamada sin considerar accesorios no determinados, considerando la etapa procesal en que se decreta la sanción.

En cuanto a reformas a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, establece que en los casos en los que las partes hubieren pactado la transferencia de propiedad del efectivo, cuando exista un incumplimiento de las obligaciones garantizadas, el acreedor prendario no tendrá obligación de devolver el efectivo, el cual conservará como compensación del pago de las obligaciones garantizadas hasta por la cantidad que importe las obligaciones garantizadas, sin necesidad de que exista un procedimiento de ejecución o resolución judicial.

En reformas y adiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que Administra el Fondo para el fortalecimiento de Sociedad y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, define Trabajos de Liquidación y Disolución, los trabajos que se lleven a cabo en las Sociedades Objeto de esta Ley que les fue imposible acceder a los trabajos de consolidación, por consultores con experiencia en finanzas populares o federaciones; estos trabajos comprenden asistencia técnica en materia de liquidación, disolución y pago a ahorradores de Sociedades, los cuales serán contratados por el Gobierno Federal a través del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, en su carácter de agente financiero del Gobierno Federal.

Finalmente, en cuanto a la Ley General de Sociedades Mercantiles, se derogan diversos artículos.