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Estado Actual: Aprobada Ficha Técnica


De las Senadoras Sonia Mendoza Díaz y Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto que reforma la fracción VIII del artículo 7 y la fracción VIII del artículo 115, ambos de la Ley General de Víctimas.

Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia, Gobernación, y de Estudios Legislativos, Segunda, y con opinión de la Comisión de Derechos Humanos.


Propone establecer derecho de las víctimas la protección a su imagen. Asimismo, señala que le corresponderá al Gobierno Federal que los medios de comunicación electrónicos, impresos o por internet, en ningún caso podrán difundir la imagen de las víctimas, salvo que cuenten con su consentimiento expreso.

Las que suscriben Sen. SONIA MENDOZA DÍAZ y Sen. ADRIANA DAVILA FERNANDEZ, senadoras de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° fracción I, 164 numeral 1, 169,164 numeral 3, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de esta soberanía, la presente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO SÉPTIMO Y LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 115, AMBOS DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS, con la finalidad de establecer el derecho de las víctimas a su propia imagen y prohibir la difusión pública de las imágenes de las víctimas dado que resultan violatorias de su dignidad y su derecho a la privacidad; al tenor dela siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Una parte fundamental de la reforma constitucional al Sistema de Justicia Penal fue la tutela de los derechos de las víctimas o el ofendido, mismos que se encuentran contenidos en el apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuya fracción V, para efectos de la reforma que se plantea se cita a continuación:

Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa.

Y precisa que

“El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general todas los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación[…]”

Destaca que la redacción del texto constitucional en cita, busca proteger la identidad de las víctimas en la comisión de algunos delitos para garantizar su integridad personal, pero no podemos olvidar que no solamente el riesgo fundado es motivo suficiente para garantizar los derechos de las víctimas, sino que es necesario además, entre otros tantos aspectos, garantizar el respeto a la dignidad humana de todas las víctimas y en el caso de todos los delitos. En este tenor, hay una añeja práctica en algunos medios de comunicación, particularmente impresos, de publicar una gran cantidad de datos personales, así como imágenes explícitas e incluso oprobiosas de las víctimas fatales de hechos presumiblemente delictivos, o bien de acontecimientos trágicos como los atentados contra la propia vida o algún accidente. Si aceptamos que la imagen es un componente esencial de los derechos de personalidad como se probará más adelante, podemos anticipar que esta praxis quebranta lo consagrado en el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dado que

“Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”.

No obstante, en el caso que se utiliza como ilustrativo, la vulnerabilidad extrema de quien perdiendo la vida no puede oponerse a

la toma de una fotografía y su consecuente exposición pública, no significa que ése derecho por esa condición no pueda ser exigido, y mucho menos que deba tolerarse por considerarse inevitable.

El vocablo imagen del latín imago, imaginis, significa según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua: “figura, representación, semejanza, apariencia de una cosa”.  Por su parte, al abundar sobre el derecho a la imagen, el jurista español Costea de Castro y Bravo clasifica los llamados bienes de la personalidad de la siguiente manera:

I.          Bienes esenciales de la personalidad.

i.          Vida.

ii.         Libertad corporal.

iii.        Libertades.

II.        Bienes sociales e individuales de la personalidad.

i.          Bienes individuales y sociales (honor y fama)

ii.         Bienes corporales y psíquicos (intimidad personal, y reproducción de la imagen).

De tal manera, que coincidiendo con lo que precisa el jurista ibérico Vicente Herce de la Prada: “La lesión del derecho de la imagen puede abarcar desde el mínimo abuso de la exposición no consentida al abuso máximo de la publicación del retrato ajeno en circunstancias tales de ofender el honor, el decoro y la reputación de la persona retratada”. Como en el caso que ha si puesto en referencia en la página que antecede.

Abundando, el derecho a la propia imagen es considerado un derecho subjetivo privado en tanto se le regule por el ordenamiento jurídico, pero si no constituye el objeto de tal regulación será reputado

Como base natural.El derecho a la propia imagen no comienza a existir hasta el momento en que se produzca una intromisión o vulneración del mismo como consecuencia de una reproducción o difusión no consentida de las imágenes de una persona o un grupo de personas.

            Si coincidimos en que en algunos países de Europa la legislación de los derechos de personalidad ha llegado a tan extraordinario nivel como la regulación del derecho a la propia imagen y sus distintas implicaciones, jurídicas y económicas, no es admisible consentir que de forma abierta, pública y reiterativa, se vulnere la dignidad de las personas a través de la difusión de la imagen de las víctimas de delitos o sucesos trágicos, en una condición a la que no pueden resistirse y por parte de empresas de comunicación, cuya finalidad ulterior a la publicidad de las mismas es obtener un lucro económico a partir de la explotación comercial de esas gráficas.

Desde nuestro punto de vista, ello violenta de forma flagrante el artículo 17 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos que consagra que

1.   Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.

2.   Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.

También contraviene el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, que al abundar sobre el derecho de las personas a  la Protección de la Honra y de la Dignidad, establece que

1.   Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.

2.   Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.

3.   Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.

Como ha quedado de manifiesto en la reforma constitucional en materia de derechos humanos, la proyección de los mismos debe favorecer a todas las personas en su protección más amplia, pero además, en el caso que se refiere, respecto de los derechos de las víctimas, es evidente y notorio que estos instrumentos normativos internacionales no se están respetando por parte de algunos empresarios de comunicación, y que tampoco el Estado mexicano está tomando medida alguna que los garantice de forma efectiva. Aún y cuando la Ley General de Víctimas y sus reformas recientemente aprobadas definen con mucha claridad que el primer principio preceptuado es la dignidad humana, la cual es definida de la siguiente manera:

“La dignidad humana es un valor, principio y derecho fundamental base y condición de todos los demás. Implica la comprensión de la persona como titular y sujeto de derechos y a no ser objeto de violencia o arbitrariedades por parte del Estado o de los particulares.

En virtud de la dignidad humana de la víctima, todas las autoridades del Estado están obligadas en todo momento a respetar su autonomía, a considerarla y tratarla como fin de su actuación.  Igualmente, todas las autoridades del Estado están obligadas a garantizar que no se vea disminuido el mínimo existencial al que la víctima tiene derecho, ni sea afectado el núcleo esencial de sus derechos.

En  cualquier caso, toda  norma, institución o  acto  que  se  desprenda de  la  presente Ley serán interpretados de conformidad con los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, aplicando siempre la norma más benéfica para la persona.”

Por otra parte, al analizar lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 7 de la misma norma se establece que las víctimas tendrán, entre otros, los siguientes derechos:

“A la protección del Estado, incluido el bienestar físico y psicológico y la seguridad del entorno con respeto a la dignidad y privacidad de la víctima, con independencia de que se encuentren dentro un procedimiento penal o de cualquier otra índole. Lo anterior incluye el derecho a la protección de  su  intimidad contra injerencias ilegítimas, así  como derecho a  contar con medidas de protección eficaces cuando su vida o integridad personal o libertad personal sean amenazadas o se hallen en riesgo en razón de su condición de víctima y/o del ejercicio de sus derechos […]”

            Deteniéndonos a observar los extremos que establece el dispositivo, veremos que la difusión pública de las imágenes de las víctimas con un fin de lucro, es el ejemplo idóneo de injerencia ilegítima en virtud de que si por ejemplo, el derecho a la propia imagen pueden contener una posible rentabilidad patrimonial cuando una persona decide comercializar los derechos de su imagen, en este caso esa, esa explotación económica ocurre por parte de la empresa de comunicación que sin consentimiento las difunde y bajo el supuesto argumento de dar a conocer una información, al dar las imágenes a la luz con un sentido abusivamente explícito, la noticia misma carece de relevancia, y más gravemente, se hace sin reparar en la divulgación de datos personales y pasando por encima de la dignidad humana de las personas, contribuyendo a hacer más traumático y doloroso el proceso de victimización que viven los familiares y amigos de la víctima.

La exposición cruda de los cuerpos inertes, desnudos o semidesnudos, destrozados, torturados, mutilados, y cualquier tipo de huellas de violencia extrema suele ser publicada en las portadas de algunos periódicos y por ende, suelen ser vistos por hijas e hijos, padres y madres, familiares, amigos, parientes y conocidos, acto cruel e inhumano que hace aún más hondo el dolor y por ende, complicado el proceso de rehabilitación.

Aquí viene a bien recordar que el artículo 4to. De la Ley define que “son víctimas indirectas los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella”. En modo tal que bien pude afirmarse que al publicitar las imágenes de sus familiares víctimas, los familiares son nuevamente victimizados por la divulgación de ésas imágenes.

            Además de no observar los tratados y convenios internacionales signados por nuestro país, esta grave situación pone en entredicho lo establecido en el artículo 115 de la Ley en cita, que al enumerar las obligaciones del Gobierno Federal en materia de coordinación interinstitucional, lo constriñe en sus fracciones VIII y IX a lo siguiente:

VIII. Vigilar y promover directrices para que los medios de comunicación fortalezcan la dignidad y el respeto hacia las víctimas;

IX. Sancionar conforme a la ley a los medios de comunicación que no cumplan con lo estipulado en la fracción anterior;

Ante la vulneración cotidiana de los derechos de las víctimas en lo tocante a la publicidad de sus imágenes, particularmente  cuando han perdido la vida en condiciones verdaderamente trágicas, es visible que estas fracciones poseen un carácter meramente enunciativo en virtud de que bajo el amparo del ejercicio de un derecho fundamental como lo es la libertad de expresión (que en realidad se subsume en el de libertad comercial), se consiente la extinción del derecho de las víctimas y sus familiares a ser respetados en su dignidad humana.

Creemos que esto ocurre porque no se ha legislado de forma clara, precisa e inequívoca sobre el derecho de personalidad que tienen las víctimas sobre el uso de su imagen y las restricciones manifiestas que deben prevalecer a la libertad de prensa respecto de la cobertura de noticias en las que se da cuenta de acontecimientos en los que hay víctimas trágicas. A partir de esta argumentación, resulta factible y necesario reformar la legislación en materia de víctimas para establecer la prohibición de difundir en medios de comunicación electrónicos, impresos u on line, las imágenes de las víctimas, máxime cuando un hecho trágico les arrebató la existencia y no pueden resistir en modo alguno la captura, ni difusión de la misma, pues ello vulnera gravemente la dignidad de las personas y su honor.

El jurista italiano Paolo Vercellone dice que en la relación del derecho a la propia imagen y el derecho al honor existe la posibilidad de que se presenten distintas situaciones, me permito referir la que ilustra de forma clara el supuesto jurídico que pretende legitimar la presente iniciativa:

“Que la publicación del retrato se realice también sin consentimiento del retratado y constituyendo al mismo tiempo un perjuicio al honor, decoro o reputación del retratado. Entonces habrá simultáneamente violación del derecho a la propia imagen y del derecho al honor, en cuanto veda las ofensas a los mencionados  aspectos de la personalidad del individuo; y si la legislación pone diferentes medios al servicio de uno y otro de dichos derechos subjetivos, el perjudicado podrá acudir a ellos alternativa o acumulativamente para hacer cesar la lesión, sancionar al ofensor y ser resarcido por los daños”.

            De tal manera que las acciones civiles que podría ejercer un particular como el daño moral, no ocurren en virtud del fallecimiento, y suele pasar que las familias tampoco las reclamen, ante el dolor y el duelo que no les permite reaccionar ante el atropello. Más lo que se debe regular de inmediato es, no la materia civil que de una u otra forma puede excitarse, sino la protección inmediata de los derechos humanos de las víctimas, y de sus familias en tanto víctimas indirectas de los hechos.

Vicente Herce de la Prada lo define de mejor manera en los siguientes términos:

“La legitimación para proteger la imagen -y el honor y e intimidad- del fallecido por las personas que familiarmente están unidos a él por vínculos de parentesco resulta lógica, puesto que toda intromisión en alguno de estos derechos alcanza de forma directa e indirecta a su familia, y, en este sentido, puede decirse que se conserva un interés legítimo, digno de tutela jurídica en defensa de la imagen, honor e intimidad del difunto”.

            Hemos visto que con las reformas constitucionales en materia de justicia penal, el nombre de los indiciados menores de edad por ejemplo, se mantiene a resguardo, y si observamos que la presunción de inocencia, y la política de seguridad pública implementada por el actual gobierno ha mostrado particular cautela sobre la forma en que los  posibles delincuentes son presentados ante la opinión pública, cuidando en todo momento la reserva de ciertos datos e imágenes, resulta inconcebible que en esta materia las víctimas sigan siendo el último eslabón que se protege o si se prefiere, nuevamente la parte más vulnerable del fenómeno delictivo que estamos viviendo.

Este es el momento de volver a dar un paso adelante en la protección efectiva de los derechos de las víctimas. La tutela del derecho a su propia imagen es una reforma sustancial que modificaría de forma radical las prácticas, pautas y códigos deontológicos con los que los medios de comunicación informan a la ciudadanía. Así ocurre sin mayor dilema en algunos países que como España o Italia, han llevado la defensa de la intimidad, el honor y los derechos de personalidad a su expresión más amplia y sin otro afán que asegurar la vigencia de los derechos humanos de las personas. Siguiendo a Herce de la Prada:

“Algunas legislaciones reconocen a los herederos el derecho a oponerse a la difusión del retrato del difunto. Responde tal criterio a un concepto admitido por muchos autores en el sentido de que son representantes de la personalidad del difunto.

En efecto, tal solidaridad entre éste y sus causabientes exige que las ofensas dirigidas al difunto, mediante la publicación de la imagen, hieran los sentimientos de aquéllos que pretenden conseguir el cese de la perturbación reivindicando así la buena memoria del muerto”.

            Señoras y señores legisladores, hemos regulado en muchas ramas para evitar la “apología del delito” y su explotación comercial. Estoy convencida que de la misma manera pero con mayor urgencia, es necesario legislar en distintas materias para erradicar la “re victimización de la intimidad y el honor de las personas” y evitar el lucro económico con las imágenes de las víctimas.

            En mérito de lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con el siguiente proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO SÉPTIMO Y LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 115, AMBOS DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

PRIMERO. Se reforma la fracción VIII del artículo séptimo y la fracción VIII del artículo 115, ambos de la Ley General de Víctimas, para quedar en los siguientes términos:

LEY GENERAL DE VÍCTIMAS

TÍTULO SEGUNDO

DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS

CAPÍTULO I

DE LOS DERECHOS EN LO GENERAL DE LAS VÍCTIMAS

Artículo 7. Los derechos de las víctimas que prevé la presente Ley son de carácter enunciativo y deberán ser interpretados de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, los tratados y las leyes aplicables en materia de atención a víctimas, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de sus derechos.

Las víctimas tendrán, entre otros, los siguientes derechos:

I.    … ;

II.   … ;

III. … ;

VIIII.         A la protección del Estado, incluido el bienestar físico y psicológico y la seguridad del entorno con respeto a la dignidad y privacidad de la víctima, con independencia de que se encuentren dentro un procedimiento penal o de cualquier otra índole. Lo anterior incluye el derecho a la protección de  su  intimidad contra injerencias ilegítimas,el derecho a su imagen, así  como derecho a  contar con medidas de protección eficaces cuando su vida o integridad personal o libertad personal sean amenazadas o se hallen en riesgo en razón de su condición de víctima y/o del ejercicio de sus derechos;

XXXIV.    Los demás señalados por la Constitución, los Tratados Internacionales, esta Ley y cualquier otra disposición aplicable en la materia o legislación especial.

Artículo 115. Corresponde al Gobierno Federal en materia de coordinación interinstitucional:

I.          … ;

II.         … ;

III.       … ;

VII.      Vigilar y promover directrices para que los medios de comunicación fortalezcan la dignidad y el respeto hacia las víctimas. Los medios de comunicación electrónicos, impresos o por internet, en ningún caso podrán difundir la imagen de las víctimas, salvo que cuenten con su consentimiento expreso;

VIII.     Sancionar conforme a la ley a los medios de comunicación que no cumplan con lo estipulado en la fracción anterior;

… y

XIII.     Las demás previstas para el cumplimiento de la presente Ley.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El Congreso de la Unión adecuará las legislaciones que sean necesarias para hacerlas armónicas con la presente iniciativa.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, en la ciudad de México, Distrito Federal,a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil trece.

ATENTAMENTE

Sen. Sonia Mendoza Díaz

Sen. Adriana Dávila Fernández

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