+  -   
Transparencia Parlamentaria Transparencia Parlamentaria
Iniciativas, Minutas, Instrumentos internacionales y proposiciones
Asistencias / Votaciones
Senadores
Comisiones
Gaceta del Senado Gaceta del Senado
Gaceta de la comisión Permanente Gaceta de la Comisión Permanente
Gaceta del Senado Orden del Día
Versión Estenográfica Versión Estenográfica
Diario de los Debates Diario de los Debates
Comisión Permanente Comisión Permanente
Documentos de Apoyo Parlamentario Documentos de Apoyo Parlamentario
Marco Jurídico Marco Jurídico
Consultoría Jurídica Legislativa Consultoría Jurídica Legislativa
Consultoría Jurídica Legislativa Seguimiento a Reformas Constitucionales
Sinopsis Legislativa Sinopsis Legislativa
Sesión al minuto Sesión al minuto
Tratados Internacionales aprobados Tratados Internacionales aprobadas
Legislación aprobada Legislación aprobada
Respuestas a Proposiciones aprobados Respuestas a Proposiciones aprobados
Portal de Accesso
Organización Organización
Recursos Humanos Recursos Humanos
Recursos Materiales Recursos Materiales
Recursos Financieros Recursos Financieros
Información Relevante Información Relevante
Estado de Situación Financiera Estado de Situación Financiera
Código de Ética y Conducta Código de Ética y Conducta
Transmisión en vivo Transmisión en vivo
Licitaciones Públicas Licitaciones Públicas
Transparencia y Rendición de Cuentas Sede Actual Transparencia y Rendición de Cuentas Sede Actual
Código de Ética y Conducta Contratos Relevantes
Portal de Accesso

Gaceta del Senado



Poder Ejecutivo Federal

Iniciativas

Oficio con el que remite:
Iniciativa de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN, DE DERECHOS HUMANOS, DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.


ARCHIVOS PARA DESCARGAR:
Descargar Documento (Ley_Reglamentaria_art.33_CPEUM.pdf)

La ley a expedirse y tiene por objeto regular el procedimiento mediante el cual el Ejecutivo de la Unión podrá́ ejercer su facultad de expulsar del territorio nacional a personas extranjeras, entendiéndose por éstas a aquéllas que no siendo mexicanas, ni por nacimiento ni por naturalización y que, encontrándose legalmente en territorio nacional, incurran en alguno de los supuestos previstos en este ordenamiento, para lo cual se respetarán los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

Incorpora disposiciones que tienen por objeto garantizar a las personas extranjeras condiciones mínimas para asegurar la adecuada protección de sus derechos, es decir, el debido proceso, asimismo establece que en contra del acuerdo del Ejecutivo de la Unión que determine la expulsión de la persona extranjera, procederá el juicio de amparo.

Indica que el procedimiento de expulsión previsto en la presente iniciativa reviste una naturaleza sui generis, pues preserva y respeta los derechos humanos de los extranjeros y salvaguarda la seguridad nacional y el orden público. Esto incide en la tutela de los intereses fundamentales del Estado y procura el bienestar general en un ejercicio para salvaguardarlos, junto con los intereses de la persona. Es así́, que desde el momento de la notificación del inicio del procedimiento, a la persona extranjera se le hará́ saber, mediante un acuerdo:

El lugar, fecha y hora de la audiencia;
• El derecho que tiene la persona extranjera para solicitar un plazo para preparar su defensa, siempre que no exceda del plazo previsto para fijar la fecha de celebración de la audiencia;
• El derecho que tiene la persona extranjera a ofrecer pruebas y a manifestar lo que a su derecho convenga;
• El derecho que tiene la persona extranjera a recibir asistencia consular, a contar con un abogado y a mantener comunicación con persona de su confianza;
• La autoridad administrativa de la Secretaría de Gobernación ante la cual se celebrará la audiencia, y
• El lugar y tiempo de su detención.

Prevé que durante la substanciación del procedimiento de expulsión, la persona extranjera que no hable o no entienda el idioma español deberá ser asistida por un intérprete particular de su elección; a falta de éste, le será proporcionado uno por la Secretaría de Gobernación, asimismo, la presente iniciativa garantiza el derecho de la persona extranjera de mantener comunicación con su representación consular, desde su detención, aspecto que se actualiza al momento de la notificación del acuerdo en el que se determine el inicio del procedimiento de expulsión, y hasta la conclusión del mismo.

Establece el derecho de la persona extranjera para designar, desde el momento de su detención e inicio del procedimiento, un abogado. De no designarlo o no contar con asistencia jurídica, el Estado tendrá la obligación de proporcionarle un abogado, en este sentido, se plantean medidas alternativas a la detención de la persona extranjera, en tanto se sustancia el procedimiento de expulsión. Así, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la detención de la persona extranjera, la autoridad administrativa competente podrá, atendiendo a las circunstancias de cada caso, sustituir dicha detención por otras medidas cautelares, las cuales tienen por objeto asegurar el debido desahogo del procedimiento.

Adicionalmente, se establecen otras medidas que garantizan la vigencia de los derechos humanos de las personas extranjeras, a saber:

a) Durante el tiempo que dure la detención, la persona extranjera permanecerá en las instalaciones migratorias o lugares que se habiliten para tal fin.

b) En su caso, la expulsión de la persona extranjera se realizará preferentemente al país del cual es nacional o residente.

e) En ningún caso la persona extranjera podrá ser expulsada a un país, sea o no de su nacionalidad o residencia, donde su vida, libertad o seguridad han sido amenazadas, o se encontraría en peligro de ser sometida a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, o cuando este acto ponga en riesgo sus derechos humanos.

d) Se prohíbe la expulsión colectiva de personas extranjeras.

e) Para dar seguridad y certeza jurídica, el procedimiento no podrá exceder del plazo de sesenta días naturales sin que se haya emitido una resolución del Ejecutivo de la Unión salvo que el procedimiento haya sido suspendido por orden de autoridad judicial competente, con motivo de la interposición e algún medio de impugnación o por otra causa no imputable a la autoridad.