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Poder Ejecutivo Federal

Iniciativas

Oficio con el que remite:
Iniciativa de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS, DE GOBERNACIÓN, DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.


ARCHIVOS PARA DESCARGAR:
Descargar Documento (Ley_Reglamentaria_art.29_CPEUM.pdf)

La iniciativa tiene por objeto, emitir la Ley que regule el ejercicio de las facultades de las autoridades y el procedimiento para restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado, el ejercicio de determinados derechos humanos y sus garantías, que fuesen obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente a los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto. En ese mismo sentido, expresamente se prohíbe también la suspensión o restricción de las garantías judiciales indispensables para la protección de dichos derechos.

Establece el momento en que se ponga fin a la restricción o suspensión del ejercicio de derechos y garantías, bien sea por cumplirse el plazo o porque así́ lo decrete el Congreso de la Unión, todas las medidas legales y administrativas adoptadas durante su vigencia quedarán sin efecto de forma inmediata. El Ejecutivo Federal no podrá́ hacer observaciones al decreto mediante el cual el Congreso revoque la restricción o suspensión.

Señala que la constitucionalidad y la validez de los decretos que expida el Ejecutivo durante la situación de restricción o suspensión de derechos y garantías, y que estén relacionados con la misma, serán revisadas de oficio e inmediatamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Además de los supuestos de invasión y perturbación grave de la paz pública previstos expresamente en la Constitución, la presente iniciativa incorpora los siguientes conceptos, en el entendido de que los mismos abarcan todos los supuestos que pueden poner a la sociedad en grave peligro o conflicto:

• Afectaciones graves a la Seguridad Nacional, en términos de la ley en la materia;
• Afectaciones graves a la Seguridad Interior, de conformidad con las disposiciones legales aplicables, y
• Afectaciones graves a la salud pública o desastres naturales o antropogénicos de gran magnitud e impacto a la población.

Se establecen los requisitos que deberá contener el proyecto de Decreto que el Titular del Ejecutivo Federal, previo acuerdo de los titulares de las Secretarías de Estado y de la Procuraduría General de la República, someterá al Congreso de la Unión, o bien, a la Comisión Permanente.

Se prevé que una vez que el Decreto sea aprobado, promulgado y publicado en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Relaciones Exteriores llevará a cabo las notificaciones internacionales correspondientes.
Se prevé también la facultad del Titular del Ejecutivo Federal para que, una vez que entre en vigor el Decreto, determine los esquemas de coordinación entre los órdenes de gobierno para la ejecución de las medidas decretadas, pues en todo caso, la atención de la emergencia no es una situación que deba ser afrontada exclusivamente por el Ejecutivo Federal, sino que, de acuerdo con su naturaleza, exigirá la colaboración oportuna y eficaz de todos los órdenes de gobierno, lo cual también debe ser materia de regulación.

Finalmente, en la presente iniciativa se reglamenta la facultad de revisión de constitucionalidad por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los medios de impugnación; y se establece que la decisión que recaiga sobre la constitucionalidad de los decretos tendrá efectos retroactivos, debiendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenar el restablecimiento inmediato de la situación jurídica infringida, mediante la anulación de todos los actos dictados en ejecución de los decretos, sin perjuicio del derecho de los particulares de solicitar el restablecimiento de su situación jurídica individual y de ejercer todas las acciones a que haya lugar.