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Estado Actual: Aprobada Ficha Técnica

Oficio con el que remite el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia financiera y se expide la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras.

LA PRESIDENCIA INFORMÓ DEL TURNO DIRECTO A LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, APLICADO EL MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE.


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El proyecto reforma diversos ordenamientos jurídicos y pretende expedir uno.

Las reformas a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros; de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros; de la Ley de Instituciones de Crédito; y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, tienen como finalidad lograr el fortalecimiento de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). El proyecto propone, entre otros aspectos, el facultar a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros para emitir recomendaciones a las Instituciones Financieras y hacerlas del conocimiento de sus organismos o asociaciones gremiales, así como del público en general.

Se crea el sistema arbitral en materia financiera a fin de ofrecer un nuevo procedimiento de solución de controversias, a través del sistema arbitral en materia financiera, las Instituciones Financieras podrán otorgar al público usuario la facilidad de solucionar mediante arbitraje controversias futuras sobre operaciones y servicios previamente determinados. Dichas determinaciones serán hechas del conocimiento público, a través de los medios que esta Ley prevé, las cuales constituirán ofertas públicas. Se crea el Buró de Entidades Financieras, el cual se integrará con la información que aquella haya obtenido de las Instituciones Financieras y de los Usuarios en el ejercicio de sus atribuciones, así como la que le proporcionen las autoridades competentes. La información contenida en el Buró, se referirá a los productos que ofrecen las Instituciones Financieras, sus comisiones, sus prácticas, sus sanciones administrativas, sus reclamaciones, y otra información que resulte relevante para informar a los usuarios del desempeño en la prestación de sus servicios y contribuir así a la adecuada toma de decisiones de los usuarios de servicios financieros.

Al establecer el Buró de Entidades Financieras, tomará en consideración la experiencia internacional en materia de calificación de instituciones financieras, con especial énfasis en el riesgo para los usuarios en la contratación de servicios financieros. Con las reformas también se faculta a la Comisión para definir las actividades que se aparten de las sanas prácticas y usos relativos al ofrecimiento y comercialización de operaciones y servicios financieros.

Por otra parte, se establece la obligación de que las Instituciones Financieras cuenten con representantes estatales de su unidad especializada en cada entidad federativa en que la Institución Financiera tenga sucursales u oficinas para la atención de sus clientes.

Con las reformas se prohíbe que las entidades financieras condicionen la contratación de operaciones o servicios financieros a la contratación de otra operación o servicio.

Se reforma la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores a efecto de ampliar el plazo de los créditos que reciba el Instituto. Y se otorga la posibilidad de que los clientes transfieran sus créditos al consumo a otra entidad financiera, o sus operaciones bancarias a otro banco.

Se fortalecen las facultades de la Comisión al contemplar el establecimiento de convenios de intercambio de información entre las instituciones financieras y las autoridades que sean competentes en materia financiera.

Las reformas a la Ley de Ahorro y Crédito Popular; y a la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, tienen como finalidad fortalecer a los corresponsales de Ahorro y Crédito Popular, para ello, se propone, entre otros aspectos, incluir en la primera Ley, la posibilidad de que las Sociedades Financieras Populares, las Sociedades Financieras Comunitarias y las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo puedan contratar con terceros la prestación de servicios necesarios para su operación, así como celebrar comisiones para realizar tales operaciones a nombre y por cuenta de dichas Sociedades.

Se establecen límites individuales y agregados a las operaciones que se realicen a través de los comisionistas, a efecto de disminuir riesgos para los usuarios de las Sociedades Financieras Populares, las Sociedades Financieras Comunitarias y las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. Con estas reformas se faculta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para ordenar la suspensión parcial o total, temporal o definitiva, de la prestación de dichos servicios o comisiones en caso de incumplimiento a la Ley; asimismo estará facultada, en todo momento, para efectuar actos de supervisión respecto de los prestadores de servicios o comisionistas que las Sociedades contraten.

Se establece la obligación a cumplir por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de difundir a través de su sitio electrónico, las resoluciones que emita como consecuencia de la substanciación de los procedimientos administrativos de sanción a las entidades de ahorro y crédito popular, y se precisa que al imponer la sanción correspondiente, la Comisión deberá considerar los antecedentes personales del infractor, la gravedad de la conducta, los elementos que permitan demostrar si se afectan intereses de terceros o del propio sistema financiero, así como la existencia de atenuantes.

Con las reformas, se fortalece el régimen de intercambio de información de las autoridades financieras nacionales entre sí y el intercambio con autoridades financieras del exterior bajo ciertos supuestos, en el entendido de que deberá existir un acuerdo en donde se contemple el principio de reciprocidad. Además se incluyen disposiciones sobre programas de autocorrección con el objeto de contar con un marco jurídico sólido y consistente, generando certeza en la aplicación y ejecución de tales programas.

Las reformas a la Ley de Uniones de Crédito, tiene como propósito actualizar el marco normativo aplicable a las uniones de crédito a efecto de ajustar la legislación a las realidades del mercado actual y brindar un marco jurídico que fortalezca de manera más ágil su desarrollo y competitividad. Se amplía el universo de personas físicas y morales que podrán ser socios de las uniones de crédito, incorporando actividades económicas que hoy no están previstas en la Ley. Se flexibiliza la limitación de los familiares de los socios hasta el cuarto grado de parentesco para obtener financiamiento.

Se instituye que las operaciones con personas relacionadas sean sometidas a la aprobación previa de un Comité de Crédito y que una vez aprobadas por su Consejo de Administración, se presente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores copia del acuerdo certificado por el Secretario del Consejo, informando de los términos en que fueron autorizadas. Para el caso de operaciones por montos inferiores al equivalente en moneda nacional a quinientas mil unidades de inversión o el cinco por ciento del capital pagado de la unión de crédito de que se trate, éstas podrán ser autorizadas por el Comité de Crédito, debiendo informarse al Consejo de Administración sobre su celebración y a la asamblea ordinaria de accionistas.

Con las reformas, se permitirá que las operaciones con partes relacionadas por un monto igual o menor al equivalente en moneda nacional a dos millones de unidades de inversión, puedan ser autorizadas por un Comité de consejeros cuya única función sea el análisis y decisión de estas operaciones, Dicho comité se integrará por un mínimo de cuatro y un máximo de siete consejeros, de los cuales, por lo menos, una tercera parte deberán ser consejeros independientes, en términos de lo dispuesto en el artículo 27 de la presente Ley ; y se otorga la posibilidad a las uniones de crédito de que se capitalicen a través de la emisión y suscripción de acciones preferentes hasta por un monto equivalente al 25% del capital ordinario, dichas acciones otorgarían dividendos garantizados a sus tenedores. También se permite la posibilidad de que las uniones de crédito también puedan recibir financiamiento de organismos descentralizados del gobierno federal, estatal y municipal, así como del Distrito Federal.

Se elimina la obligación de que las uniones de crédito cuenten con un nivel intermedio o superior de operaciones para que puedan recibir financiamiento de otras Uniones con mayores volúmenes de capital; y se homologa el régimen de la Ley de Uniones de Crédito con el de las diversas leyes financieras, a fin de definir de manera clara y precisa la prohibición general respecto de la participación de gobiernos extranjeros en el capital social de entidades financieras en México.

Se propone adicionar un Capítulo, para incluir en la Ley la figura de los programas de autocorrección a los que podrán sujetarse las uniones de crédito. Dichos programas de autocorrección tendrán por fin subsanar incumplimientos a la Ley, siempre que tales conductas no sean consideradas como infracciones graves. Por otra parte, las reformas robustecen el régimen de intercambio de información de las autoridades financieras nacionales entre sí y el intercambio con autoridades financieras del exterior bajo ciertos supuestos, en el entendido de que deberá existir un acuerdo en donde se contemple el principio de reciprocidad.

En materia de Banca de Desarrollo, la minuta, propone reformas a la Ley de Instituciones de Crédito; a la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a la Ley Orgánica de Nacional Financiera; a la Ley Orgánica del Banco Nacional de Comercio Exterior; a la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos; a la Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada; a la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros; y a la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal.

Las reformas que propone la Minuta, flexibilizan el marco jurídico que rige a la banca de desarrollo, a fin de contribuir al desarrollo del sistema financiero y fortalecer a las propias instituciones. Así, se logra clarificar el mandato de la Banca de Desarrollo para precisar que fomente la economía a través de la atención de sectores estratégicos que enfrentan limitantes para tener acceso a alternativas de financiamiento.

Con las reformas se le permitirá a la Banca de Desarrollo allegarse de los recursos que requiere para el cumplimiento de su mandato y se le dota de flexibilidad para administrarlos de manera adecuada. Se faculta a la Banca de Desarrollo para que formulen anualmente sus programas operativos y financieros, sus presupuestos generales de gastos e inversiones, así como las estimaciones de ingresos, determine sus tasas, plazos, riesgos de las operaciones y tipos de negocio.

Se establece la obligación para que la Banca de Desarrollo genere programas para la atención de las áreas prioritarias del desarrollo nacional que promuevan la inclusión financiera; que ofrezca servicios financieros que fomenten la innovación, la creación de patentes, la generación de otros derechos de propiedad industrial y preste asistencia técnica y capacitación en la materia, así como establecer programas y productos específicos para atender la perspectiva de género y se promueva la igualdad entre hombres y mujeres.

Con las reformas se permitirá que las instituciones de banca de desarrollo puedan otorgar remuneraciones que tengan como finalidad reconocer el esfuerzo laboral y la contribución al logro de los objetivos de la institución, estableciendo un manual de remuneraciones, jubilaciones, derechos y obligaciones específico para los trabajadores de confianza. Se crean los comités de recursos humanos, con la finalidad de que puedan proponer estructuras y remuneraciones adecuadas y que tomen en cuenta la situación del mercado laboral en el sistema financiero mexicano conforme a los criterios que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y se establece la obligación para que el Consejo Directivo de las instituciones de la banca de desarrollo apruebe las Condiciones Generales de Trabajo a propuesta del Comité de Recursos Humanos y Desarrollo Institucional, tomando en cuenta la opinión del sindicato en los casos que proceda, lo que otorgará certeza jurídica a los servidores públicos que laboran en dichas instituciones.

Las reformas establecen que tratándose de instituciones de banca de desarrollo, las inversiones por porcentajes mayores al 15% y plazos mayores a tres años, podrán realizarse cuando se trate de empresas que realicen actividades relacionadas con su objeto. Se dotan de diversas facultades al Consejo Directivo, entre ellas el permitirles aprobar las políticas y bases generales para la contratación de servicios que requiera la institución para realizar sus operaciones, así como para la cesión de activos y pasivos de la institución; el proponer los plazos y fechas para el entero de los aprovechamientos que se causen con motivo de la garantía soberana del Gobierno Federal, que se presentará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como los requerimientos de capital de la institución; definir la intermediación financiera, estableciendo que dicho concepto debe contener cuando menos la constitución neta de reservas crediticias preventivas más el déficit de operación de las instituciones de banca de desarrollo.

Por otra parte, se facultan a las Sociedades Nacionales de Crédito para prestar los servicios de asistencia y defensa legal a los integrantes de su Consejo Directivo, comités establecidos por el mismo o previstos por disposición normativa, así como a los servidores públicos que laboren o hubieren laborado en la propia institución, con respecto a los actos que dichas personas realicen en el ejercicio de las funciones que tengan o tuvieran encomendadas en dichas instituciones.

También se faculta al Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo para que pueda administrar los recursos afectos a los fondos de ahorro y de trabajo, los cuales se destinarán al otorgamiento de préstamos de acuerdo con los términos y condiciones que autorice el Consejo Directivo y los requisitos previstos en la Ley. Las cantidades no utilizadas serán invertidas, para fomentar y financiar las actividades que le han sido encomendadas a la sociedad en su carácter de banca de desarrollo.

Las reformas a la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, definen al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, como institución de banca de desarrollo, que tendrá por objeto financiar o refinanciar proyectos relacionados directa o indirectamente con inversión pública o privada en infraestructura y servicios públicos, así como con las mismas operaciones coadyuvar al fortalecimiento institucional de los gobiernos Federal, estatales y municipales, con el propósito de contribuir al desarrollo sustentable del país. Se le faculta a que otorgue apoyo a los proyectos relacionados directa o indirectamente con la inversión pública o privada y pueda otorgar garantías y avales sin necesidad de obtener autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como para que pueda actuar como fiduciario y fideicomisario y realizar operaciones con la propia sociedad en cumplimiento de fideicomisos.

Las reformas a Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, establecen que el Banco, deberá realizar funciones de banca social, para lo cual tendrá por objeto promover y facilitar el ahorro, el acceso al financiamiento, la inclusión financiera, el fomento de la innovación, la perspectiva de género y la inversión entre los integrantes del Sector, ofrecer instrumentos y servicios financieros de primer y segundo piso entre los mismos, así como canalizar apoyos financieros y técnicos necesarios para fomentar el hábito del ahorro y el sano desarrollo del Sector y en general, al desarrollo económico nacional y regional del país, así como proporcionar asistencia técnica y capacitación a los integrantes del Sector.

Se le adicionan nuevas facultades, como la de promover, gestionar y financiar proyectos que, en cumplimiento con su objeto, atiendan las necesidades del Sector en las distintas zonas del país y que propicien el mejor aprovechamiento de los recursos de cada región; promover el desarrollo tecnológico, la capacitación, la asistencia técnica y el incremento de la productividad de los integrantes del Sector; gestionar y, en su caso, obtener concesiones, permisos y autorizaciones para la prestación de servicios vinculados con la consecución de su objeto, procurando en todo momento beneficiar al Sector; propiciar acciones conjuntas de financiamiento y asistencia con otras instituciones de crédito, fondos de fomento, fideicomisos, organizaciones auxiliares del crédito, con los sectores indígena, social y privado y con los integrantes del Sector; promover, facilitar, gestionar y financiar toda clase de proyectos, operaciones y actividades que atiendan las necesidades de servicios financieros, tecnológicos, de capacitación, de asesoría, de administración de riesgos financieros, de innovación, entre otros, de los integrantes del Sector; participar en las actividades inherentes a la promoción y conformación del Sector, y diseñar y ejecutar programas que promuevan el ahorro y la inversión dentro de las comunidades indígenas, con apoyo del Sector.

Las reformas a la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal, así como el cuarto párrafo del artículo Segundo Transitorio, del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre de 2001, permiten que la institución pueda otorgar créditos relacionados con su objeto con el fin de impulsar el desarrollo de algún segmento de los mercados primario y secundario de crédito a la vivienda o de procurar la estabilidad de dichos mercados conforme a los criterios que defina su Consejo Directivo.

Se modifica la integración del Consejo Directivo y se establece que el Gobierno Federal responderá en todo tiempo, de las operaciones pasivas concertadas por Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de banca de desarrollo.

En la Ley Orgánica de la Financiera Rural se modifica la denominación de la Ley Orgánica de la Financiera Rural para quedar como “Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero”. Se homologa la flexibilización del mandato de la financiera Rural al igual que en los Bancos de Desarrollo, por otra parte indica que las instituciones del extranjero gubernamentales e intergubernamentales pueden recibir fondo de instituciones en el extranjero.

Se flexibiliza la operación interna de la Financiera Rural para la autorización de crédito y se eliminan requisitos y límites que actualmente se establecen a nivel legal, asimismo establece que la Financiera, podrá otorgar financiamiento a fin de mantener la operación de la planta productiva, así como otorgar créditos para aquellos casos que requieran atención inmediata apoyando a los sectores de la economía que no tienen acceso a servicios financieros, sobre todo en situaciones extraordinarias las que se requiere tomar acciones inmediatas para la preservación del empleo.

Se homologan en las leyes orgánicas de la banca de desarrollo y en la de la Financiera a periodicidad trimestral con la que deberán de reunirse el Consejo Directivo. Propone agilizar el procedimiento de enajenación y aplicación de bienes que reciba la Institución, facultando al Consejo Directivo a emitir bases generales para su eficiente disposición, en lugar de formular los términos y condiciones para cada caso en particular.

Se faculta al Consejo Directivo de la Financiera Rural para aprobar las políticas y bases para la contratación de servicios que se requiera para poder realizar sus operaciones de forma más eficaz y eficiente.

Por otra parte, en relación a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, Código de Comercio, y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se propone realizar una emisión de certificados de participación que será fijada mediante dictamen que formule alguna sociedad nacional de crédito.

Se establece reestructurar los plazos para realizar las notificaciones, citaciones y entrega de expedientes, previendo supuestos de excepción y sanciones a los incumplimientos de otorgamientos de crédito.

Con la finalidad de evitar inseguridad para los demandados y posibles impugnaciones por notificaciones mal practicadas, además de dar celeridad, se propone que el actuario o ejecutor al momento de realizar la notificación se cerciore de que se trata del domicilio de la persona buscada, además de la habilitación de días y horas, y en caso de no poder llevar a cabo la diligencia a elección del actor se soliciten o no los oficios correspondientes dando fe para que el Juez ordene dicha diligencia por medio de edictos sin necesidad de girar oficios para la localización del domicilio, en este sentido se reduce el plazo a veinte días naturales de las instituciones para proporcionar información a efecto de agilizar el procedimiento.

Se establece que habrá sumisión expresa cuando los interesados renuncien clara y terminantemente al fuero que la ley les concede, y para el caso de controversia, señalan como tribunales competentes a los del domicilio de cualquiera de las partes, del lugar de cumplimiento de alguna de las obligaciones contraídas, o de la ubicación de la cosa. En el caso de que se acuerden pluralidad de jurisdicciones, el actor podrá́ elegir a un tribunal competente entre cualquiera de ellas.

Se propone eliminar la facultad del actor de señalar al juez competente en caso de inexistencia de acuerdo de las partes, si el demandado tuviere varios domicilios, el juez competente será el que elija el actor.

Se prevé que cuando la medida precautoria (retención de bienes) recaiga sobre bienes susceptibles de inscripción, sea hasta que se presente la solicitud correspondiente ante el registro público cuando se otorgue al deudor la garantía de audiencia. Lo anterior, considerando que la retención de dichos bienes (v.gr. inmuebles) se materializará hasta ese momento, dado que a diferencia de los bienes muebles, no serán susceptibles de retención material.

Se propone prever que cuando el Juez que otorgó la medida sea distinto al que conoce de la demanda, es obligación del promovente informar sobre la presentación de la demanda al Juez que concedió la medida y a su vez se complementan los supuestos de procedencia de la apelación de tramitación inmediata en contra de providencias precautorias.

Se establece eliminar el recurso propuesto con la finalidad de eliminar recursos que pudieran dilatar el desarrollo del juicio oral, y solamente se prevé la facultad del Juez de subsanar omisiones o irregularidades que se llegasen a presentar en la substanciación del juicio oral, ya sea por sí mismo o mediante la petición verbal de alguna de las partes, durante las audiencias.

Se propone la posibilidad de solicitar de manera verbal la aclaración de sentencia definitiva, cuando las partes estimen que contiene omisiones, clausulas o palabras contradictorias, ambiguas u obscuras dentro de la audiencia en que se dicte ésta, sin que dicha aclaración o adición a la resolución pueda variar la substancia de la misma.

Se establece que la notificación personal sea al demandado reconvencional (actor) y que el plazo para contestar sea de nueve días para mantener congruencia con el término otorgado al actor (demandado en la reconvención).

Para evitar la división de la continencia de la causa, se propone prever que si la acción principal y la acción reconvencional provienen de la misma causa, el juicio será́ tramitado ante el juez de primera instancia competente en razón de cuantía, y no por el juzgador mercantil oral. En consecuencia, en esos casos se concluiría el juicio oral y tanto la controversia principal como la de la reconvención serian resueltas por el órgano jurisdiccional de primera instancia (de cuantía mayor). Sin embargo, en aquellos supuestos en que las demandas provengan de distinta causa, se considera conveniente que se prevea la continuación del juicio oral, a fin de que no se utilice como una táctica dilatoria.

Se propone reducir costos y agilizar el procedimiento de publicación de edictos en remates de bienes retenidos o embargados en los procesos mercantiles. Se adiciona el concepto de postura legal, estableciendo la posibilidad de fijar el precio de los bienes a rematar, así como se prevén los supuestos de segunda y tercera almoneda, y finalmente que el ejecutante pueda adjudicarse en cualquier almoneda los bienes.

Se brinda seguridad al adjudicatario una vez que quede firme la resolución de adjudicación de bienes y se determine su precio. Además se propone en el caso de existir terceros se les dé a conocer como nuevo dueño al adjudicatario.

Las reformas a la Ley de Concursos Mercantiles se establecen sujetar el acceso a la información a los mecanismos que tenga implementados el Poder Judicial de la Federación con la finalidad de evitar crear un procedimiento especial para el acceso a la información en materia de concursos mercantiles.

Se incorpora a la Ley la figura de “grupo societario” y se incorpora a la definición de sociedades controladas a aquellas sociedades sobre las cuales una sociedad mercantil tenga poder de decisión sobre las mismas, independientemente de si ésta es propietaria de acciones de la sociedad controlada.

Establece que podrán solicitar simultáneamente la declaración judicial conjunta de concurso mercantil, sin consolidación de masas, aquellos Comerciantes que formen parte del mismo grupo societario y se incorpora la prohibición de que se consoliden masas cuando se solicite la declaración conjunta y se elimina la excepción a la prohibición, en virtud de que la consolidación de masas puede significar una afectación a los acreedores al no tener certeza de con que bienes se les va a pagar su crédito.

Se establece un límite objetivo a la facultad del juez de designar a un solo especialista, con el fin de que al tomar la decisión se motive en un beneficio significativo para el procedimiento y las partes.

Se incorpora de manera expresa la posibilidad de que un procedimiento de declaración conjunta se pueda acumular con otros juicios, o viceversa, con el objeto de permitir que algún miembro del grupo societario que no formó parte de la solicitud conjunta, pueda tramitar el procedimiento mediante acumulación ante el mismo juez que conoce del proceso del resto del grupo, y así evitar sentencias contradictorias en perjuicio de los acreedores.

Establece que en caso de concurso en etapa de quiebra, se eliminara la excepción planteada debiendo de presentar un plan de conservación de la empresa, con el cual pueda maximizarse el valor de la misma en el caso de venta total, en beneficio tanto de los acreedores, como del propio comerciante, asimismo, se elimina la excepción para que el juez dicte sentencia que declare el concurso mercantil sin que sea necesario designar visitador cuando se presente un dictamen por auditor externo. Se establece que en todos los casos, incluso cuando el propio comerciante solicite el concurso, se producirá́ el efecto del arraigo, a menos que se deje apoderado.

En relación con las medidas implementadas en la reforma para proteger a los acreedores en contra de los abusos de los esquemas de créditos inter-compañías, se amplía el plazo del periodo de retroacción para que puedan revisarse -dentro de un plazo más amplio- actos sospechosos de ser en fraude de acreedores, pero acotado a que se trate de actos celebrados inter- compañías y se establece un tope máximo de 3 años al periodo de retroacción.

Se hacen precisiones respecto a los montos de los créditos que se requieren para contabilizar las mayorías. Mediante estas incorporaciones se busca aclarar que si bien los acreedores subordinados sí se contabilizan para efectos de la votación del convenio, en caso de que representen el 25% o más del monto, los demás acreedores que aprueben el convenio deberán representar por lo menos el 50% del monto de créditos sin tomar en cuenta, el monto de los créditos subordinados.

Se limita el derecho de veto a aquellos acreedores reconocidos comunes que no hubieren suscrito el convenio, con lo cual se da mayor celeridad al procedimiento de concurso al evitar impugnaciones ociosas.

Se incorpora la figura de las garantías personales, con lo cual se protege a los acreedores que cuenten con dichas garantías, asegurando que las mismas se mantendrán independientemente de la firma del convenio.

Se establece la posibilidad de que el comerciante pueda contratar seguros, fianzas o cauciones a favor de los miembros del consejo de administración, así́ como de sus empleados relevantes.

En cuanto a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, se establece que los almacenes generales de depósito tendrán por objeto el almacenamiento, guarda o conservación, manejo, control, distribución o comercialización de bienes o mercancías bajo su custodia, incluyendo las que se encuentren en tránsito, amparados por certificados de depósito y el otorgamiento de financiamientos con garantía de los mismos. También podrán realizar procesos de incorporación de valor agregado, así como la transformación, reparación y ensamble de las mercancías depositadas a fin de aumentar su valor, sin variar esencialmente su naturaleza.

Se señala que los almacenes generales de depósito no podrán oponer a los tenedores de certificados de depósito o bonos de prenda, la falta del registro a que se refiere este artículo o la ausencia de anotaciones en el mismo, como una excepción a la obligación de entregar las mercancías depositadas y que la omisión o defecto en la inscripción de títulos en el Registro Único de Certificados, Almacenes y Mercancías por parte de los almacenes generales de depósito, no afectará la validez de éstos ni los derechos de los tenedores.

Propone que los almacenes generales de depósito deberán dar aviso a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con cuando menos diez días hábiles de anticipación a la fecha de inicio de operación de los locales destinados para bodegas, oficinas y demás servicios, que tengan en propiedad.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores adicionalmente establecerán mediante disposiciones de carácter general los procedimientos o mecanismos que deberán adoptar los almacenes generales de depósito para determinar la procedencia de habilitaciones, así como los lineamientos para realizar la supervisión y en general, el control de las existencias, calidad, condiciones de conservación y demás características de los bienes o mercancía que le sea entregada en depósito en almacenes o locales habilitados, a fin de brindar mayor certeza y seguridad jurídica a sus depositantes.

Se establece que la Comisión Nacional Bancaria (CNBV), cuente con los medios adecuados para verificar el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 95 Bis de esta Ley, ya que actualmente las disposiciones de carácter general prevén obligaciones cuya verificación no es posible realizar únicamente a través de la revisión de “libros, registros y documentos sobre las operaciones”.

Se establece como requisito para obtener el registro por parte de la CNBV, que los centros cambiarios y transmisores de dinero cuenten con un dictamen favorable, el cual validará sus manuales; estructuras internas, y sistemas automatizados.

Se propone agregar como causales de cancelación del registro como centros cambiarios o transmisores de dinero, el incumplimiento reiterado a las obligaciones previstas en el artículo 95 Bis de la Ley y disposiciones que de este deriven, así́ como por el incumplimiento a las obligaciones de envió de información o solicitud de renovación de dictamen en los plazos que correspondan, con objeto de fortalecer las consecuencias de tales incumplimientos y propiciar un mayor cumplimiento a la norma.

Se establece la obligación de emitir criterios objetivos y generales emitidos por la autoridad sancionadora, para efectos de abstenerse de sancionar, dando con ello mayor certeza jurídica y equidad en la gestión administrativa.

Indica que las sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas, los centros cambiarios y los transmisores de dinero, deberán suspender de forma inmediata la realización de actos, operaciones o servicios con los clientes o usuarios que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les informe mediante una lista de personas bloqueadas que tendrá el carácter de confidencial.

Se incorpora dentro del parámetro de infracción de 10,000 a 100,000 salarios mínimos el supuesto de que las entidades no cuenten con estructuras internas, pues sólo a través de éstas los sujetos obligados pueden cumplir con sus obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero.

Se restablece la facultad de realizar fideicomisos de garantía a las SOFOMES, sujetas a controles.

Se ajusta el plazo otorgado a las sofomes para obtener o renovar su registro ante CONDUSEF, en términos de la LGOAAC. Lo anterior, a efecto que no sea menor al establecido para que la CONDUSEF emita las disposiciones de carácter general que regirán a dicho registro.

En la Ley de Instituciones de Crédito, se incluye como casual de revocación de la autorización para organizarse y operar como institución de banca múltiple, la extinción de capital como concepto específico de quiebra, ya que este concepto detonará el inicio del proceso de liquidación judicial bancaria.

Establece que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario funja como liquidador judicial, sin que con esto se limite la participación del juez en todas las etapas de la liquidación judicial bancaria, lo que le dará́ certeza jurídica a todas las partes del proceso.

Propone un procedimiento de enajenación de bienes que se rija bajo los principios de economía, eficacia, imparcialidad y transparencia, buscando en todo momento las mejores condiciones y los plazos más cortos de recuperación de recursos.

Se establece dar preferencia en el orden de pago y prelación a los ahorradores del banco con problemas financieros y modificar el grado y prelación del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, por los derechos en los que, en su caso, se subrogue, al efectuar el pago de obligaciones garantizadas o aquel que resulte necesario, en términos de la Ley de Instituciones de Crédito, para prevenir un efecto sistémico.

Se flexibilizan los métodos de resolución en determinados aspectos como son: a) incluir la posibilidad de que puedan llevarse a cabo transferencia de activos y pasivos en caso de que el Comité́ de Estabilidad Bancaria determine que el banco en liquidación es sistémico y determine un porcentaje de pago de las obligaciones que correspondan igual o menor al cien por ciento y, b) incluir la posibilidad de llevar a cabo transferencias parciales de pasivos a otro banco, extinguiendo las obligaciones transferidas mediante novación por ministerio de ley.

Incluye la participación mediante un procedimiento expedito de la Comisión Federal de Competencia Económica a efecto de que otorgue resolución favorable para el caso de que la transferencia de activos y pasivos del banco con problemas pudiera implicar una concentración en términos de la Ley Federal de Competencia Económica.

Incluye esquemas de compensación entre el saldo de las operaciones pasivas garantizadas por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario y los saldos que se encuentren vencidos de los derechos de crédito a favor de la propia institución derivados de operaciones activas.

Se integra un esquema para atender el caso de bancos calificados como sistémicos por la autoridad competente, que presenten problemas de iliquidez, así́ como requerimientos de liquidez que deberán cumplir las instituciones de banca múltiple.

La finalidad de las reformas a la Ley de Sociedades de Inversión, Ley del Mercado de Valores y Ley de Protección al Ahorro Bancario se introduce la precisión para exceptuar del uso de palabras reservadas a los CKD’s, Fibras y ETF’s que se emitan conforme a las disposiciones de la Ley del Mercado de Valores.

Se establece una minoría calificada para efectos del ejercicio de las acciones de responsabilidad por parte de los accionistas de la parte variable, con el fin de evitar demandas ociosas.

Se propone la eliminación del prospecto de información al público inversionista ya que cuando se crea un nuevo fondo por escisión, no se pretende conseguir nuevos accionistas para que compren.

Indica que la Comisión podrá determinar mediante disposiciones de carácter general otro tipo de Activos Objeto de Inversión en los que de manera excepcional podrán invertir los fondos de inversión en instrumentos de deuda.

Se establecen de manera expresa que los contratos entre operadoras y distribuidoras deberán prever trato irrestricto de igualdad y prohibición de prácticas discriminatorias. Para tales efectos, la sociedad distribuidora de acciones de fondos de inversión o entidad que preste dichos servicios deberá́ ajustarse al contrato de adhesión de la sociedad operadora para la liquidación de las operaciones y la custodia de las acciones correspondientes. Tanto en el contrato de adhesión como en el prospecto de información al público inversionista deberá́ preverse un trato irrestricto de igualdad entre y para las distribuidoras y entidades de que se trate. En ningún supuesto, podrán establecerse prácticas discriminatorias.

Se faculta a CNBV para emitir disposiciones de carácter general en materia de distribución de acciones y se faculta a los contralores normativos del grupo financiero a ocupar el mismo cargo en la operadora cuando éstas sean agrupadas.

Se elimina la posibilidad de que pueda haber organismos certificadores que no sean organismos autorregulatorios.

Se establece que los fondos de inversión no podrán contratar los servicios de distribución de sus acciones de manera exclusiva con una sociedad o entidad de las referidas en este artículo, debiendo observar en todo caso lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 32 de esta Ley, por lo que las sociedades operadoras que les presten los servicios de administración de activos no podrán rechazar las ofertas de compra o venta de las acciones de dicho fondo, formuladas por las sociedades distribuidoras o entidades que proporcionen servicios de distribución, siempre y cuando se ajusten a las condiciones del prospecto de información al público inversionista. Para tales efectos, la sociedad distribuidora de acciones de fondos de inversión o entidad que preste dichos servicios deberá́ ajustarse al contrato de adhesión de la sociedad operadora para la liquidación de las operaciones y la custodia de las acciones correspondientes. Tanto en el contrato de adhesión como en el prospecto de información al público inversionista deberá́ preverse un trato irrestricto de igualdad entre y para las distribuidoras y entidades de que se trate. En ningún supuesto, podrán establecerse prácticas discriminatorias.

Para aclarar que en atención a que la operadora es la que administra los activos de los fondos de inversión, será la responsable en todo momento de la amortización de las acciones del fondo de inversión, aún en caso de distribuidora venda en exceso.

Se propone que las sociedades operadoras de fondos de inversión que actúen como fiduciarias para la emisión de certificados bursátiles fiduciarios indizados que busquen obtener explícitamente rendimientos mayores a los del índice, activo financiero o parámetro de referencia, en ningún caso podrán ser adicionalmente las responsables de administrar el patrimonio del fideicomiso que emita tales certificados en términos de la Ley del Mercado de Valores, debiendo contratar a otra sociedad operadora de fondos de inversión para tales efectos. Las sociedades operadoras de fondos de inversión contratadas para administrar el patrimonio del fideicomiso en emisiones de certificados bursátiles fiduciarios indizados antes mencionados deberán ajustar sus actividades.
Se establece una minoría calificada para efectos del ejercicio de las acciones de responsabilidad por parte de los accionistas de la parte variable, con el fin de evitar demandas ociosas.

Permite que las operadoras subcontraten a terceros para la administración de activos de los fondos de inversión respecto de los cuales ese tercero tenga mayor conocimiento. Sin embargo, se limita esta subcontratación únicamente a entidades financieras del exterior del mismo tipo.

Reforma la Ley del Mercado de Valores, para establecer que los fondos de inversión se deben inscribir en el Registro Nacional de Valores, dicha inscripción contendrá los asientos y anotaciones registrales relativos a su constitución, así como a sus demás actos corporativos. Las inscripciones tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables.

Asimismo, para incorporar la figura de ofertas públicas restringidas a ciertas clases de inversionistas, las cuales deben ser notificadas a la CNBV. Inserta al mercado bursátil las obligaciones de los intermediarios de este mercado, de perfilar a sus clientes bajo criterios estricta y objetivamente delimitados, ello en aras del funcionamiento ordenado, disciplinado y equilibrado de dicho mercado y en protección tanto de los inversionistas, como del sistema en su conjunto.

Se faculta al Banco de México para determinar mediante disposiciones de carácter general, los subyacentes de los títulos opcionales, con el fin de ampliar la gama de valores y dar mayor especialización a este mercado.

Asimismo, prevé la homologación y fortalecimiento del marco de la CNBV para la imposición de sanciones; el incremento del monto de las multas; la modificación del ejercicio de la faculta de amonestar; la inclusión de la posibilidad de divulgar sanciones impuesta por tal Comisión; y la incorporación del régimen de programas de autocorrección.

En la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se faculta a la CNBV para certificar a los auditores externos independientes y demás profesionales, a efecto de que presten sus servicios a las entidades y personas sujetas a la supervisión de la Comisión para la verificación del cumplimiento de las leyes financieras y de las disposiciones que emanen de ellas en materia de prevención, detección y reporte de actos, omisiones u operaciones; también certificar a los auditores y demás profesionales, a efecto de que coadyuven con la Comisión cuando ésta los contrate, para la verificación del cumplimiento de las leyes financieras y demás disposiciones; realizar, a solicitud de la SHCP y del Ministerio Público Federal, como coadyuvante de dichas dependencias, actividades de investigación en entidades financieras y demás personas sujetas a su supervisión, con propósito de detección de recursos y obtención de información para efectos de los dispuesto en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencias Ilícita; celebrar convenios de intercambio de información que no sea reservada o confidencial en términos de las disposiciones legales aplicables, con instituciones de investigación o docencia públicas o privadas, para fines académicos y de difusión del sistema financiero mexicano; llevar el registro de centros cambiarios y de transmisiones de dinero y, en su caso, modificar o cancelar las inscripciones o anotaciones que se contengan en dicho registro, en los términos que establecen las propias leyes, así como expedir las bases relativas a su organización y funcionamiento y a la obtención de las inscripciones correspondientes.

Las reformas a la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia es para establecer que la SHCP, la CNBV y el Banco de México, en el ámbito de su competencia, estarán facultados para proporcionar a las autoridades financieras del exterior toda clase de información que estimen procedentes para atender los requerimientos que les formulen, tales como documentos, constancias, registros declaraciones y demás evidencias que tales autoridades tengan en su poder por haberla obtenido en ejercicio de sus facultades.

Señala que los usuarios tienen prohibido reportar a las Sociedades de Información Crediticia información respecto de créditos no contratados por un cliente.

Las Sociedades, Entidades Financiera y Sofomes E.NR., por conducto de su director general y, con la opinión de la persona o área encargada de las funciones de vigilancia, podrán someter a la autorización de la CNBV, del Banco de México o de la Condusef, un programa de autocorrección cuando la Sociedad, Entidad Financiera o Sofom E.N.R., de que se trate, en la realización de sus actividades, o la persona o área que ejerza las funciones de vigilancia como resultado de las funciones que tiene conferidas, detecten irregularidades o incumplimientos.

En las reformas a la Ley del Banco de México, pretenden que el Banco de México, para proveer a la observancia de la regulación que lleve a cabo, podrá realizar la supervisión de los intermediarios y entidades financieras sujetos a la regulación que expida. Dicha facultad comprenderá las de inspección y vigilancia para comprobar el cumplimiento que los intermediarios y entidades financieras den a lo dispuesto por la ley.

Las reformas a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, se faculta a la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro aprobar anualmente los programas para el otorgamiento de estímulos económicos a los funcionarios de la Comisión, por el cumplimiento de metas sujetas a la evaluación del desempeño, tomando en cuenta las condiciones del mercado laboral imperante en el sistema financiero mexicano. Los estímulos económicos tendrán como objetivo reconocer el esfuerzo laboral y la contribución de los funcionarios al logro de los objetivos de la Comisión, sujetándose a los límites y erogaciones que se aprueban para dichos conceptos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

En la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, se faculta a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas aprobar anualmente los programas para el otorgamiento de estímulos económicos a los funcionarios de la Comisión, por el cumplimiento de metas sujetas a la evaluación del desempeño, tomando en cuenta las condiciones del mercado laboral imperante en el sistema financiero mexicano. Los estímulos económicos tendrán como objetivo reconocer el esfuerzo laboral y la contribución de los funcionarios al logro de los objetivos de la Comisión, sujetándose a los límites y erogaciones que se aprueben para dichos conceptos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Las reformas a la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, establecen que cuando las adquisiciones y demás actos jurídicos a través de los cuales se obtenga directa o indirectamente la titularidad de acciones representativas del capital social de una institución de fianzas, se realicen en contravención a lo dispuesto por los artículos 15, 15-G y 15-H de esta ley, los derechos patrimoniales y corporativos inherentes a las acciones correspondientes de la institución de fianzas quedarán en suspenso y por lo tanto no podrán ser ejercidos, hasta que se acredite que se ha obtenido la autorización o resolución que corresponda o que se han satisfecho los requisitos que la ley contempla.

En cuanto a la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, señala que le corresponde a la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas aprobar anualmente los programas para el otorgamiento de estímulos económicos a los funcionarios de la Comisión, por el cumplimiento de metas sujetas a la evaluación del desempeño, tomando en cuenta las condiciones del mercado laboral imperante en el sistema financiera mexicano. Los estímulos económicos tendrán como objetivo reconocer el esfuerzo laboral y la contribución de los funcionarios al logro de los objetivos de la Comisión, sujetándose a los límites y erogaciones que se aprueben para dichos conceptos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Las reformas a la Ley de Inversión Extranjera, prevén la liberación de los límites a la inversión extranjera en entidades financieras. Asimismo, elimina el requisito de obtener resolución favorable de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras para que la inversión extranjera rebase el 49% en sociedades de información crediticia, instituciones calificadoras de valores y agentes de seguros.


Por otra parte, la minuta expide la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, que tiene por objeto regular las bases de organización de las Sociedades Controladoras y el funcionamiento de los Grupos Financieros, así como establecer los términos bajo los cuales habrán de operar, buscando la protección de los intereses de quienes celebren operaciones con las entidades financieras integrantes de dichos Grupos Financieros.

Señala que se requerirá autorización de la SHCP para la organización de las Sociedades Controladoras y la constitución y funcionamiento de Grupos Financieros. Estas autorizaciones serán otorgadas o denegadas discrecionalmente por dicha Secretaría con la opinión del Banco de México.

Las Sociedades Controladoras tendrán encomendada su administración a un consejo de administración y a un director general, que desempeñarán las funciones que el presente ordenamiento legal establece. El consejo estará integrado por un mínimo de cinco y un máximo de quince consejeros. Los miembros y secretario del consejo de administración de las Sociedades Controladoras deberán guardar confidencialidad respecto de la información y los asuntos que tengan conocimiento con motivo de su cargo, cuando dicha información o asuntos no sean de carácter público.

Establece la posibilidad de que la Sociedad Controladora pueda realizar inversiones indirectas, a través de Subcontroladoras, en entidades financieras que integren el Grupo Financiero de que se trate, así como en otras entidades financieras sobre las cuales no tengan el control y por tanto no sean consideradas como integrantes del respectivo Grupo Financiero. Faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para emitir disposiciones que establezcan las medidas correctivas que deberán cumplir las Sociedades Controladoras, asegurar que las entidades financieras integrantes del Grupo Financiero de que se trate, cumplan con los requerimientos previstos en sus respectivas leyes especiales, señalando un catálogo de las medidas correctivas que se pudieran implementar. Le atribuye al Ejecutivo Federal facultades para constituir consejos que sirvan como foro de coordinación de las medidas y acciones que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, deban realizar o implementar la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, las dependencias o entidades de la Administración Pública Federal respectivas y el Banco de México. Se crea el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero, como un órgano de coordinación permanente, evaluación y análisis que vele por la seguridad del sistema financiero del país.

Finalmente, las reformas a la Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado, proponen que en la subrogación del acreedor, cuando el acreedor subrogado sea una institución de crédito, una sociedad financiera de objeto múltiple de las reguladas por tener vínculos con una institución de banca múltiple, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, no será necesario formalizar dicha subrogación en escritura pública, siendo suficiente cumplir con el procedimiento descrito en la ley.

Señala que si en la contratación del Crédito Garantizado se ofrece al deudor un seguro con cargo a éste, el costo y consentimiento para contratar dicho seguro deberá constar expresamente en la misma sección en la que habrá de recabarse su consentimiento. Asimismo, si tal seguro se establece por la Entidad como requisito de contratación del crédito, deberá informarse al deudor que su contratación con la propia Entidad es opcional.

CÁMARA DE DIPUTADOS

Mesa Directiva
LXII LEGISLATURA
OFICIO No. D. G. P. L. 62-II-1-1100

C. SECRETARIOS DE LA
H. CÁMARA DE SENADORES
PRESENTES

Tenemos el honor de remitir a ustedes, para sus efectos constitucionales, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia financiera y se expide la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, aprobado en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

México, D.F., a 10 de septiembre de 2013.

DIP. FERNANDO BRIBIESCA SAHAGÚN
SECRETARIO