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Estado Actual: Concluida Art. 219 Ficha Técnica




De los Senadores Carlos Mendoza Davis, Francisco Domínguez Servién, Luis Fernando Salazar Fernández y José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley General de Deuda Pública, de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.

CONCLUIDA POR EL ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA, PARA LA CONCLUSIÓN DE LAS INICIATIVAS QUE NO HAN RECIBIDO DICTAMEN. (03-11-2016)


ARCHIVOS PARA DESCARGAR:
Descargar Documento (Ini_reformas_LGDP.pdf)

Propone reformas a diversos ordenamientos a fin de desarrollar un esquema de deuda pública aplicable para los tres órdenes de gobierno. Para ello, las reformas a la Ley General de Deuda Pública, definen por deuda pública, a las obligaciones de pasivo, directas o contingentes, derivadas de financiamientos con cargo a las distintas figuras administrativas del sector público, paraestatales, fideicomisos y otros, integrantes de los gobiernos federal, estatales, del Distrito Federal o municipales, en términos de las disposiciones legales aplicables, así como las obligaciones que tengan como propósito operaciones de canje, refinanciamiento o reestructuración y en su caso emisión de bonos de deuda.

Se otorga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la facultad para llevar el registro de la deuda pública de las Entidades Federativas y Municipios, debiendo el Ejecutivo Federal expedir el Reglamento que establezca los requisitos para el registro de las obligaciones de Entidades y Municipios, mismo que comprenderá todas las obligaciones de pasivo, directas o contingentes derivadas de financiamientos con cargo a las distintas figuras administrativas del sector público; paraestatales; fideicomisos; organismos autónomos; y otros, integrantes de los gobiernos de las entidades federativas y municipios, garantizadas con recursos federales, estatales, municipales o cualquiera que sea la garantía que se otorgue para su cumplimiento.

Se establece la facultad el Congreso de la Unión, para autorizar los montos del endeudamiento directo neto interno y externo que sea necesario para el financiamiento del Gobierno Federal y de las entidades del sector público federal incluida en la ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como del Distrito Federal, los Estados y municipios, sus entidades del sector público, empresas y fideicomisos con participación pública y organismos autónomos. El Ejecutivo Federal, los de las entidades federativas y los Ayuntamientos informarán al Congreso de la Unión del estado de la deuda, al rendir la cuenta pública anual y al remitir el proyecto de ingresos. No obstante dicha obligación ante la autoridad federal, los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios informarán igualmente a sus órganos legislativos correspondientes, al rendir la cuenta pública.

Se mandata a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para integrar en el proyecto de Ley de Ingresos que envía al Congreso de la Unión para su aprobación la propuesta de los montos de endeudamiento de las entidades federativas y municipios que hagan los ejecutivos de las entidades. Se puntualiza que los límites de endeudamiento aprobados por el Congreso nunca podrán ser superiores a la capacidad de pago de las entidades federativas y municipios.

Se señala que para determinar la capacidad de pago de las entidades federativas y municipios se deberá de observar que la deuda no exceda de la cuarta parte del monto total destinado a inversión productiva asignada en el ejercicio fiscal inmediato anterior.

Se establecen seis consideraciones a las que se sujetará la deuda de las entidades federativas y municipios, incluyendo sus organismos descentralizados, entidades, empresas públicas y organismos autónomos, consideraciones denominadas: De las inversiones públicas productivas; Limitación de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS); Restricción de endeudamiento en periodos electorales; Transparencia de la deuda pública; Reestructuración de deuda; y, Limitación del gasto corriente.

Propone que el Senado conozca y supervise el proceso de contratación de la deuda pública, del gobierno federal, entidades federativas, municipios, empresas y fideicomisos con participación pública, incluyendo los organismos autónomos, con excepción de la contratación de financiamientos externos para las entidades referidas en las fracciones III a VI del artículo 1 de esta ley. Y propone que sea también el Senado quien conozca y supervise los casos en los que la Federación entregue apoyos financieros extraordinarios a las entidades federativas y municipios cuando dichos recursos se destinen al cumplimiento de obligaciones económicas de cualquier índole.

Con las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal se establece que en el reglamento que expida el Ejecutivo Federal se señalarán los requisitos para el registro de las obligaciones de Entidades y Municipios, mismo que comprenderá todas las obligaciones de pasivo directas o contingentes, derivadas de financiamientos con cargo a las distintas figuras administrativas del sector público, paraestatales, fideicomisos, organismos autónomos, y otras entidades integrantes de los gobiernos de las entidades federativas y municipios garantizadas con recursos federales, estatales, municipales o cualquiera que sea la garantía que se otorgue para su cumplimiento.

La reforma a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, establece que los ayuntamientos de los municipios y los órganos político administrativos del Distrito Federal, deberán incluir en su información financiera gubernamental lo relativo a la deuda pública que contraigan con el objeto de que esta se incluya en los informes periódicos y en la cuenta pública.

La reforma que se propone a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, establece para los servidores públicos la obligación de cumplir las disposiciones aplicables en materia de deuda pública así como destinar los recursos obtenidos mediante este instrumento a los fines para los cuales se contrató, estableciendo sanciones para aquellos servidores públicos que den un manejo indebido a la deuda pública.

Finalmente, la reforma propuesta a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, establece como causal de juicio político para los gobernadores de los Estados y los Diputados de las legislaturas locales el manejo indebido de la deuda pública.