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Iniciativas

Estado Actual: Atendido Ficha Técnica

Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para regular la recepción y tramitación de Iniciativas Ciudadanas.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.


Reforma el inciso i) del numeral 2 del artículo 20; el inciso k) del numeral 1 y el numeral 3 del artículo 66; así como las adiciones de un inciso j) al numeral 2 del artículo 20, recorriendo en su numeración al actual; y un inciso k al numeral 1 del artículo 66, recorriendo en su numeración al actual, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para regular la recepción y tramitación de las iniciativas ciudadanas en las Cámaras de Diputados y de Senadores.

Faculta a la Mesa Directiva de ambas Cámaras a recibir y dar curso a las iniciativas ciudadanas, subsanando los errores y omisiones de forma o procedimiento y presentando apercibimiento respecto de los que afecten la viabilidad de la propuesta, determinando su tramitación preferente, salvo en los casos en que se proponga reforma constitucional y señalando la fecha límite de presentación de dictamen.

Asimismo establece que las facultades de la Mesa Directiva serán ejercidas de manera colegiada por la mayoría de sus miembros y en caso de empate el Presidente tendrá el voto de calidad.

INICIATIVA POR LA QUE SE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA REGULAR LA RECEPCIÓN Y TRAMITACIÓN DE INICIATIVAS CIUDADANAS.

El suscrito, ARMANDO RÍOS PITER, Senador integrante de la LXII legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8 numeral 1 fracción I, 169 y 171 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA REGULAR LA RECEPCIÓN Y TRAMITACIÓN DE INICIATIVAS CIUDADANAS, misma que se presenta en conjunto con la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones del Reglamento del Senado de la República para regular la recepción y tramitación de Iniciativas Ciudadanas, e efecto de reglamentar las disposiciones aquí contenidas, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El pasado 21 de febrero, las senadoras y los senadores a la LXII legislatura, tuvimos el honor de atestiguar la presentación de la primer iniciativa ciudadana que, fruto de la reforma política de 2012, expresa una renovada relación del ciudadano con sus representantes y fortalece el pacto socialal establecer canales directos y efectivos de comunicación entre el pueblo y el gobierno.

Este importante vínculo, que en muchos otros aspectos de la vida pública se nota desgastado o francamente roto, constituye un orgullo del Poder Legislativo y particularmente del Senado, que ha logrado mostrarse como una Cámara abierta a la ciudadanía y sensible de sus necesidades. Esa es la imagen que se esforzado en construir el Grupo Parlamentario al que represento y más particularmente, la que mi obligación moral me dicta por la alta responsabilidad que en mi han confiado los ciudadanos.

En este sentido, la iniciativa ciudadana cumple además con el propósito de llamar nuestra atención sobre un tema de la mayor importancia, que es la necesidad de instrumentar el ejercicio del derecho reconocido al ciudadano, dando reglas claras al actuar del legislador en la tramitación de las iniciativas ciudadanas que le sean presentadas. La iniciativa que desde ahora tenemos como pendiente de dictaminación, acciona al legislador en dos sentidos: el de establecer el andamiaje que permita a los mexicanos gozar de un servicio público de internet libre, y el de superar las lagunas que padece nuestro orden jurídico interno para dar curso a esa y cualquier otra iniciativa ciudadana que llegue al Congreso.

Bajo esta tesitura considero que las reglas que nos demos no pueden ni deben constituir una camisa de fuerza a un derecho de la mayor trascendencia, que redefine la forma de legislar;por el contrario, nuestra tarea es hacer las reglas tan accesibles al ciudadano como nos sea posible, incentivando la presentación de más y más iniciativas ciudadanas. Si logramos que dentro de poco tiempo la agenda legislativa nos sea definida mediante sendas propuestas ciudadanas,habremos hecho historia.

Quizá esto preocupe o atemorice a algunos de quienes detentan el poder, pero el origen mismo de nuestro pacto social aspira a ello. El hecho de habernos constituido como República Representativa y Democrática, cuyo poder político dimana de la voluntad popular, dicta la capacidad colectiva de los mexicanos para conducir su destino. En este entendido, los poderes constituidos no somos tutores del mexicano ni podemos hablar de una población no emancipada; por el contrario, somos depositarios de la confianza de un pueblo que toma la determinación trascendente de elegir a quienes mejor representan sus intereses y se reserva por tanto el derecho de marcarle el rumbo cuando es necesario.

Así, aparece la iniciativa ciudadana como un mecanismo de democracia directa que permite al ciudadano influir al gobierno, dándole una propuesta particular que por su utilidad social pretende convertirse en un mandato público. La iniciativa ciudadana es en pocas palabras un mandato directo de la voluntad popular.

Asumiendo entonces que el Estado se democratiza sólo si permite que su modernización no sea impuesta, sino colectivamente construida, es decir, surgiendo de o siendo legitimada por la voluntad popular; tenemos que reconocer que hacen falta mecanismos para acercar la democracia a la ciudadanía; para armonizar la voluntad ciudadana y la toma de decisiones públicas.

En este tenor, la presente iniciativa tiene por objeto superar una laguna que hasta cierto punto afecta a las iniciativas ciudadanas. Debe reconocerse que si bien es cierto que ante la ausencia de reglas particulares, debe prevalecer la regla general, por lo que bajo el esquema actual éstas propuestas recibirían el tratamiento de cualquier otra propuesta de similar naturaleza; no menos cierto es que la regla general deja sin resolver importantes cuestionamientos -que abordaré en los próximos párrafos- que si bien pueden ser resueltos mediante acuerdos parlamentarios, no garantizan las mismas reglas para todos los que ejerzan el mismo derecho.

El primer gran planteamiento que debe resolverse estriba en la naturaleza de la iniciativa, pues a partir de ello podemos definir su tramitación. La iniciativa ciudadana es cualitativamente distinta pues como sostuve antes, representa un mandato directo de la voluntad popular, cualidad que no puede atribuírsele a ninguna de las iniciativas presentadas por los legisladores, el Presidente de la República o los estados federados (aun cuando esos proyectos se correspondan con dicha voluntad); y es también cuantitativamente distinta respecto del número objetivo de adherentes que la presentan.

Así las cosas, me parece evidente que un proyecto de características tan especiales, hace necesaria una tramitación diversa, por lo que propongo que sea considerada preferente, en términos similares al de las iniciativas así designadas por el Presidente de la República, ello con fundamento en el párrafo segundo del artículo 71 constitucional, que a la letra señala que “La Ley del Congreso determinará el trámite que deba darse a las iniciativas.”. Esto cumpliría además con el propósito de establecer un contrapeso al desequilibrio generado al dotar de un derecho de trámite preferencial a un solo actor del abanico político.

Lo anterior resulta congruente con la posición histórica que ha mantenido la izquierda en este particular. De hecho, en la iniciativa de reforma constitucional presentada el 18 de febrero de 2010 , en voz del otrora senador Arturo Núñez Jiménez, a nombre de los Grupos Parlamentarios del PRD, PT y Convergencia (ahora, movimiento ciudadano), que “con el objeto específico de permitir al ciudadano delinear los espacios, las políticas, los derechos, así como otros factores sociales, económicos y políticos entre los que se desenvuelve, proponemos incluir la facultad para que un grupo de ciudadanos presenten iniciativas de ley o decreto al Congreso de la Unión. (…) para garantizar que el interés ciudadano no quede desatendido por el Congreso, otorgamos a la iniciativa ciudadana el carácter de preferente.”

Otra de las cuestiones irresueltas en la iniciativa ciudadana, se refiere al papel del ciudadano luego de su presentación, por lo que propongo establecer la necesidad de nombrar representantes que acompañen el curso de la iniciativa en todo momento y señalar claramente el derecho de los ciudadanos a hacer uso de la tribuna parlamentaria al asumir el papel de legisladores, disponiendo en armonía con el marco jurídico vigente, que el representante designado asistirá con el carácter de invitado especial a la sesión en que se presente la iniciativa para exponer los motivos que la originan. Francamente no podemos tener más abierta la tribuna a representantes de potencias extranjeras que a ciudadanos mexicanos.

En lo que toca a los mecanismos con que deben contar los signatarios de la iniciativa ciudadana para exponer, defender y hacer valer su opinión, propongo que el representante asista con voz aunque sin voto, a todas las reuniones de dictaminación y que en el caso de que las comisiones decidieran desechar la iniciativa, se presente voto particular por parte de los representantes designados y ante su ausencia, que el proyecto original sea inscrito con esa naturaleza, lo que garantiza que el pleno se pronuncie respecto de un proyecto en positivo.

Finalmente, en lo que toca a las herramientas para verificar la autenticidad de las firmas que amparan la iniciativa ciudadana, propongo que se parta de una presunción de buena fe, por la que el Senado suponga que las mismas son legítimas, dando inicio al proceso legislativo antes de concretar la verificación de la mencionada presunción; en consonancia, se señala que el Senado enviará una porción aleatoria de las firmas para su verificación por parte del Instituto Federal Electoral, asumiéndose que si más del 90% de las mismas se determinan auténticas, se considerará que la totalidad lo son.

Ahora bien, en el caso de que se encuentren anomalías en más del diez por ciento de las firmas de la muestra, se enviará la totalidad de las suscripciones al IFE, para que este determine el número de firmas a subsanarse, señalándose que ello no detiene el proceso legislativo. En este particular, se establece una afirmativa ficta en beneficio de los ciudadanos, al señalar que si el IFE no entrega sus conclusiones antes del vencimiento del plazo de discusión de la iniciativa, se presumirá que cuando menos un número equivalente al cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores, respaldan la iniciativa ciudadana, por lo que resulta procedente.

Finalmente, para los efectos procesales conducentes y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 171 del Reglamento del Senado, me permito señalar que la presente iniciativa se relaciona con una propuesta de similar naturaleza que propone la modificación del Reglamento del Senado de la República en el mismo tema, por lo que solicito su estudio de manera conjunta.

Por lo anteriormente expuesto y en ejercicio de las facultades otorgadas por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción I así como164, 169 y 171 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía el presente Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para regular la recepción y tramitación de Iniciativas Ciudadanas, en los términos siguientes:

Único. Se modifican: el inciso i) del numeral 2 del artículo 20, así como el inciso k) del numeral 1y el numeral 3 del artículo 66; se adicionan:un inciso j) al numeral 2 del artículo 20, recorriendo en su numeración al actual,y un inciso k al numeral 1 del artículo 66, recorriendo en su numeración al actual, todo ello, en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

ARTICULO 20.

1. (…)

2. La Mesa Directiva observará en su actuación los principios de imparcialidad y objetividad y tendrá las siguientes atribuciones:

a) a h) (…)

i) Expedir la convocatoria aprobada por el Pleno a propuesta de la Junta de Coordinación Política para la designación del Consejero Presidente, de los consejeros electorales y del Contralor General del Instituto Federal Electoral; y

j) Recibir y dar curso a las iniciativas ciudadanas que sean puestas en cualquier momento a consideración de la Cámara de Diputados, subsanando los errores y omisiones de forma o procedimiento y presentando apercibimiento respecto de los que afecten la viabilidad de la propuesta, determinando su tramitación preferente, salvo en los casos en que se proponga reforma constitucional y señalandola fecha límite de presentación de dictamen, en los términos dispuestos por el Reglamento; y

k) Las demás que le atribuyen esta ley, los ordenamientos aplicables y los acuerdos de la Cámara.

ARTICULO 66.

1. La Mesa Directiva observará en su desempeño los principios de legalidad, imparcialidad y objetividad y tendrá las siguientes facultades:

a) a j) (…)

k) Expedir el nombramiento o el oficio de remoción de los servidores públicos de la Cámara, mandos medios y superiores, acordados mediante los procedimientos señalados en esta Ley, las disposiciones reglamentarias y los acuerdos aplicables; y

l) Recibir y dar curso a las iniciativas ciudadanas que sean puestas en cualquier momento a consideración del Senado de la República, subsanando los errores y omisiones de forma o procedimiento y presentando apercibimiento respecto de los que afecten la viabilidad de la propuesta, determinando su tramitación preferente y señalando la fecha límite de presentación de dictamen, en los términos dispuestos por el Reglamento; y

m) Las demás que se deriven de esta Ley o del Reglamento.

2. (…)

3. Las facultades que se precisan en los incisos b), h), i), j) y l), serán ejercidas de manera colegiada, por acuerdo de la mayoría absoluta de los miembros presentes de la Mesa Directiva. En caso de empate, el Presidente de la misma tendrá voto de calidad. Para sesionar válidamente deberán asistir más de la mitad de sus integrantes.

Transitorio.

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigoral día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sen. Armando Ríos Piter.