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Estado Actual: Desechada Ficha Técnica

Del Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se adicionan los párrafos décimo tercero, décimo cuarto y décimo quinto al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.


Propone reformas para garantizar un envejecimiento digno a todas las ciudadanas y todos los ciudadanos, estableciendo sus derechos específicos, y para ello se considera necesario elevar a rango constitucional los derechos de las personas adultas mayores, los cuales en opinión del autor deben estar incluidos en el artículo 4, no obstante que actualmente gozan de los demás derechos que establece la constitución para todas las personas. Ello, en atención a que tienen circunstancias específicas, y porque el tema del envejecimiento digno debe ser una prioridad del Estado.

Las reformas por adición, establecen que toda persona tiene derecho a un envejecimiento digno y por tanto es deber del Estado garantizar que en la legislación, la planeación del desarrollo, las políticas y los programas públicos se establezca un marco de protección integral y de ejercicio pleno de los derechos de las personas adultas mayores, que tendrá en cuenta las diferencias específicas entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, el origen étnico y las disparidades regionales; asimismo, fomentará el mayor grado posible de autonomía personal y participación en todas las decisiones públicas que les atañen.

Por otra parte, se dispone que el Estado deberá promover la inclusión social de las personas adultas mayores y su acceso en condiciones dignas al ámbito laboral, la atención de la salud, la educación y la vivienda. Por lo cual, las leyes establecerán la protección del Estado contra toda forma de abandono, maltrato, violencia y explotación de cualquier tipo, y establecerán las sanciones aplicables en dichos casos.

INICIATIVA DEL SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO, DEL GRUPO PARLAMANTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS DÉCIMO TERCERO,  DÉCIMO CUARTO Y DÉCIMO QUINTO AL ARTÍCULO 4º DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES Y EL ENVEJECIMIENTO

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
P R E S E N T E.-

El suscrito, RAÚL MORÓN OROZCO, Senador de la República a la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, fracción I, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS  PÁRRAFOS DÉCIMO TERCERO,  DÉCIMO CUARTO Y DÉCIMO QUINTO AL ARTÍCULO 4º DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES Y EL ENVEJECIMIENTO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En México, la realidad cotidiana de las personas adultas mayores está marcada por la violencia, el desempleo, la pobreza, la desigualdad, el maltrato, la discriminación, las necesidades insatisfechas, la exclusión o la precariedad.

En muchas ocasiones, esta realidad permanece invisible a los ojos de las familias, de la sociedad, y lo más grave, de las instituciones del Estado. Ello, se traduce en violación de sus Derechos Humanos y de su Dignidad. Como muestra de la situación descrita, tenemos entre otros datos los siguientes:

Es común que se les niegue la atención médica o que esta sea de baja calidad y con malos tratos; pocos acceden a la atención geriátrica y a la prevención contra enfermedades degenerativas. Tan sólo en los  primeros cinco meses de 2012, la CNDH documentó 309 casos de quejas de maltrato a adultos mayores víctimas de negligencia, inadecuada atención en el suministro de medicamentos e incumplimiento en el pago de pensiones.

En México, la vejez comúnmente va asociada con la pobreza. De acuerdo con el CONEVAL, en datos del 2010, 45.7% de las personas mayores de 65 años viven en pobreza, que equivale a 3.5 millones de personas. Más de 800 mil viven en pobreza extrema. El 77.1% tiene al menos una carencia.

En las cifras del citado organismo, 66% de las personas en dicho rango de edad presentaban rezago educativo, es decir, 5.1 millones de personas, cerca la mitad de la población adulta mayor. 

Casi 4 millones de personas de 65 años o más presentaron niveles de ingresos inferiores a la línea de bienestar, o sea, carecen de lo mínimo para subsistir, 1.6 millones presentaron carencias en alimentación y 1.3 millones carencias en servicios básicos de vivienda.

Otro grave problema, es el de la violencia contra los adultos mayores, que también ha permanecido invisible ante las autoridades. El Colegio de México, documentó en un estudio que al menos 16% de los adultos mayores en el país sufre de algún tipo de maltrato, el doble que el promedio de América Latina. Las formas de agresión son sobre todo de carácter psicológico, de abuso físico, económico y sexual.

En materia laboral, de acuerdo al Observatorio de Política Social y Derechos Humanos, de un total de 10 millones 633 mil adultos mayores, alrededor de 7 millones no tienen trabajo. Casi 3 de cada 10 adultos mayores que reportaron estar ocupados durante el primer trimestre de 2012, percibe hasta 1 salario mínimo diario por su trabajo.  Otro grupo importante de ellos (21%), recibe hasta 2 salarios mínimos.

12% de las personas adultas mayores que trabajan no reciben ingresos. Es decir, en pleno siglo XXI hay adultos mayores que viven condiciones de verdadera esclavitud, laborando jornadas arduas, sin salario, a veces explotados por su propia familia.

Si sumamos los anteriores porcentajes, podemos concluir que el 60%, o sea 6 de cada 10 personas adultas mayores que trabajan lo hacen en condiciones precarias. Los contratos laborales no garantizan a las personas adultas mayores el acceso a la seguridad social, pago conforme a la ley, y generalmente no se toma en cuenta su sexo, edad, y experiencia de trabajo, lo que se tra­duce en actos de discriminación y desigualdad. La mayoría de quienes perciben una pensión consideran que son insuficientes.

Pero lo más grave, es que 7 de cada 10 están excluidos del mercado laboral, aunque muchos de ellos desean continuar una vida activa y productiva.

En buena medida, la exclusión social que enfrentan las personas adultas mayores, deviene de un modelo económico que promueve una visión mercantilista, utilitaria e individualista, que pone el interés económico por encima de cualquier sentido humanista y de los principios de justicia social que están plasmados en la Constitución.

En los hechos, se abandonó la solidaridad intergeneracional que existía, y el carácter solidario del Estado mexicano. Las reformas a la Seguridad Social, que sustituyeron el sistema donde los trabajadores en activo sostenían las pensiones de los jubilados, dan cuenta del abandono del principio de solidaridad.

En los años 60’s las personas adultas mayores tenían un número considerable de hijos, quienes aseguraban la manutención y atención de los padres, pero desde los años 70, se alargó el promedio de vida, se implementó el control de natalidad, el número de hijos se fue reduciendo y todo ello ha complicado la atención de la vejez de los padres.

Por todo esto, es que nos parece una responsabilidad social del Estado, garantizar los derechos fundamentales y humanos de las personas adultas mayores, incluyendo por supuesto el derecho a un ingreso económico digno.

Ante la incertidumbre económica y la inseguridad alimentaria que padecen una inmensa cantidad de personas adultas mayores en el país, es que proponemos establecer en la Constitución el derecho universal a una pensión alimentaria. Ello, independientemente de la situación laboral de las personas.

La creación del Programa 70 y más, a nivel federal, y de programas homólogos en las entidades federativas, han sido resultado de las luchas de la izquierda, pero sobre todo, de las luchas de las organizaciones y de las mismas personas adultas mayores.

Pero no debemos perder de vista que las personas adultas mayores tienen otras necesidades, o mejor dicho, tienen también derecho a la vivienda, la salud, la seguridad social, a una vida libre de violencia, etc. Tienen otros derechos igual de esenciales que la seguridad económica.

Es así que la presente iniciativa, toma en consideración que debemos propiciar una nueva cultura del envejecimiento. Debemos evitar que se arraigue una idea de que se trata sólo de crear programas o leyes para un sector de la población. Se trata de problemas estructurales.

Debemos entender que se trata de un proceso que nos involucra a todos. Todos seremos viejos en un tiempo. Además, nuestro país sigue una tendencia inobjetable hacia el envejecimiento de la población.

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En el Censo de Población y Vivienda del INEGI realizado en el año 2010, se mostró que había 10.1 millones de personas de más de 60 años, que equivale al 9% de la población. De acuerdo a las proyecciones, para 2050, las personas adultas mayores representarán el  30% del total de la población nacional.

Organismos como la CEPAL han señalado que el envejecimiento es uno de los retos demográficos más importantes a los que se enfrentarán los países de América Latina en el siglo XXI.

Por tanto, uno de los grandes desafíos a enfrentar, es garantizar un envejecimiento digno a todas las ciudadanas y todos los ciudadanos. También, debemos construir una sociedad para todas las edades. Para ello, se requieren definiciones de largo plazo, que tengan claridad sobre la magnitud de los requerimientos del país como resultado del proceso de envejecimiento.

No debe posponerse la tarea de proporcionar a la sociedad en general una perspectiva de envejecimiento, prepararnos para eso, económica, física, y psicológicamente.

Es relevante destacar la visión de que nadie nace viejo, todos vamos para allá, y debe ponerse sobre la mesa el cómo vamos a afrontar eso, ya que si no atacamos los problemas en niños, jóvenes y adultos vamos a tener un problema grave con adultos mayores, pues la discusión no alarma por la cantidad de personas de la tercera edad que habrá en un par de años sino por la calidad de vida de esos adultos mayores en un futuro próximo.

Requerimos de un Plan Estratégico para el presente y el futuro que siente las bases una nueva relación entre Estado y sociedad, que rescate el humanismo, el sentido solidario, los objetivos sociales, y reconozca la experiencia de las personas adultas mayores y su enorme contribución al desarrollo del país.  Este plan, debe poner en el centro su dignidad como personas.

Debemos sensibilizar a todos los niveles de gobierno para garantizar la calidad de vida generaciones futuras.

A su vez, tiene que generarse un cambio cultural en México, para arraigar en la sociedad, el respeto, reconocimiento y aprecio de las personas adultas mayores y una percepción positiva del envejecimiento, porque como hemos señalado, es un proceso que nos concierne a todos. 

El plan estratégico sólo puede ser resultado de un acuerdo que  involucre a todos:

  • A los órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal
  •  A los Congresos locales y al congreso federal
  •  A los organismos de derechos humanos
  •  A las organizaciones de la Sociedad Civil
  •  A los empresarios
  •  A las mujeres y hombres adultas mayores
  •  A las familias
  •  Pero también a las y los jóvenes, a las niñas, niños y adolescentes  

El Punto de partida de dicho acuerdo, debe ser establecido en la Constitución.

Cabe mencionar, que tradicionalmente, se había considerado a las personas adultas mayores como objeto de ayuda o asistencia. No obstante, ha ido tomado impulso un nuevo paradigma, que los considera como Sujetos de Derechos. A este ha contribuido el empuje internacional.

Ello, puede constatarse en los siguientes documentos e instrumentos internacionales:

  • El Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento de 1982.
  •  Declaración Política y Plan de acción Internacional de Madrid, sobre el envejecimiento, del 12 de abril del 2002
  •  Los Principios de las Naciones Unidas en Favor de las Personas de Edad, contenidos en la, en la resolución 46/91de la Asamblea General, del 16 de diciembre de 1991.
  •  Las Asambleas Mundiales sobre el Envejecimiento.
  •  El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos de Derechos Económicos, Sociales y Culturales llamado “Protocolo de San Salvador”.
  •  La Observación General 6, enfocada a los derechos económicos, sociales y culturales de las personas adultas mayores, realizada en 1995, por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas.
  •  Los instrumentos desarrollados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (Recomendación 162 y la Resolución relativa a
  •  seguridad social de la Conferencia Internacional de Trabajo, 89a. reunión 5-21 junio, 2001).
  •  La Estrategia Regional de Implementación para América Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento, adoptada en noviembre de 2003. 

Una gran asignatura pendiente, es que no existe a nivel internacional una convención o tratado sobre las personas adultas mayores.

Cabe señalar que un instrumento internacional vinculante para México, el Protocolo de San Salvador, en el artículo 17, dispone que se adopten medidas concretas a favor de las personas adultas mayores, y compromete a los Estados Parte a proporcionar a ese grupo alimentación y atención médica especializada en caso de carecer de ella, a ejecutar programas laborales específicos y a estimular la formación de organizaciones sociales destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 16 de diciembre de 1991 los Principios de las Naciones Unidas en Favor de las Personas de Edad. Mediante la resolución 46/91 se alentó a los gobiernos a introducir en los programas nacionales los siguientes principios:

* INDEPENDENCIA: Las personas de edad deberán:

1. Tener acceso a alimentación, agua, vivienda, vestuario y atención de salud adecuados.

2. Tener la oportunidad de trabajar o de tener acceso a otras oportunidades de generar ingresos.

3. Poder participar en la determinación de cuándo y en qué medida dejarán de desempeñar actividades laborales.

4. Tener acceso a programas educativos y de formación adecuados.

5. Tener la posibilidad de vivir en entornos seguros y adaptables a sus preferencias personales y a la evolución de sus capacidades.

6. Poder residir en su propio domicilio por tanto tiempo como sea posible.

* PARTICIPACION:

7. Permanecer integradas en la sociedad, participar activamente en la formulación y la aplicación de las políticas que afecten directamente a su bienestar y poder compartir sus conocimientos y pericias con las generaciones más jóvenes.

8. Poder buscar y aprovechar oportunidades de prestar servicio a la comunidad y de trabajar como voluntarios en puestos apropiados a sus intereses y capacidades.

9. Poder formar asociaciones.

* CUIDADOS:

10. Poder disfrutar de los cuidados y la protección de la familia y la comunidad de conformidad con el sistema de valores culturales de cada sociedad.

11. Tener acceso a servicios de atención de salud que les ayuden a mantener o recuperar un nivel óptimo de bienestar físico, mental y emocional, así como a prevenir o retrasar la aparición de enfermedades.

12. Tener acceso a servicios sociales y jurídicos que les aseguren mayores niveles de autonomía, protección y cuidado.

13. Tener acceso a medios apropiados de atención institucional que les proporcionen protección, rehabilitación y estímulo social y mental en un entorno humano y seguro.

14. Poder disfrutar de sus derechos humanos y libertades fundamentales cuando residan en hogares o instituciones donde se les brinden cuidados o tratamiento, con pleno respeto de su dignidad, creencias, necesidades e intimidad, así como de su derecho a adoptar decisiones sobre su cuidado y sobre la calidad de su vida.

* AUTOREALIZACION:

15. Poder aprovechar las oportunidades para desarrollar plenamente su potencial.

16. Tener acceso a los recursos educativos, culturales, espirituales y recreativos de la sociedad.

* DIGNIDAD:

17. Poder vivir con dignidad y seguridad y verse libres de explotación y de malos tratos físicos o mentales.

18. Recibir un trato digno, independientemente de la edad, sexo, raza o procedencia étnica, discapacidad u otras condiciones, y han de ser valoradas independientemente de su contribución económica.

En 1995, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas emitió su Observación General 6, enfocada a los derechos económicos, sociales y culturales de las personas adultas mayores, en la cual establece como obligaciones generales de los Estados Parte proteger a las personas adultas mayores incluso en las situaciones de grave escasez de recursos, instrumentar políticas y programas relacionados con el envejecimiento de las personas, legislar en caso necesario, eliminar toda disposición discriminatoria y disponer los recursos económicos para emprender esas acciones; destaca el hecho de que las personas adultas mayores deben estar en posibilidad de crear movimientos o asociaciones que intervengan en la adopción de esas medidas. 

Por otro lado, la Constitución General establece el derecho a la no discriminación por razón de edad en el Artículo 1º. 

Aun cuando las personas adultas mayores gozan de todos los derechos que establece la Ley Fundamental, vale la pena preguntarse:

¿Por qué no están establecidos sus derechos específicos, como sucede con las niñas, niños, adolescentes en el artículo 4º constitucional?

La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, La Federal para Erradicar la Discriminación, sus leyes correlativas en los estados, la legislación en materia de salud, de seguridad social, asistencia social, vivienda, han sido notoriamente insuficientes para garantizar condiciones de vida digna en la vejez.

Los Derechos de las Personas Adultas Mayores, fue la gran omisión de las reformas constitucionales en materia de derechos humanos efectuadas en el año 2011.  

El cambio de paradigma cultural en los derechos de las personas adultas mayores, es y debe seguir siendo una prioridad de quienes conformamos las instituciones del Estado, pero también de las familias y de la población en general.

Reconozco, que hay sobre este tema esfuerzos y propuestas muy valiosas, de grupos y organizaciones de la sociedad civil que han contribuido a enriquecer con sus experiencias y aportaciones la iniciativa de reforma constitucional que hoy se presenta.

Esta iniciativa es resultado del ejercicio de la participación ciudadana de todas ellas,  pues una parte sustantiva de su contenido se ha construido con las aportaciones recopiladas en las reuniones que se llevaron a cabo con Organizaciones de la Sociedad Civil Organizada de Michoacán, así como en el foro “Los derechos del adulto mayor” realizado el pasado 22 de febrero en la ciudad de Morelia Michoacán.

Agradezco por ello como legislador y como mexicano,  el interés mostrado sobre el tema, especialmente de organizaciones como FUNDACION NOSOTROS LOS JOVENES  DE TEPUXTEPEC; COMISION REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS DE CIUDAD HIDALGO; ASOCIACION INTERNACIONAL PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA VIGILANCIA PERMANENTE DE LA APLICACIÓN DE LA LEY; CASCADAS DE ICHAQUEO; BIOPODER DE URUAPAN; SOCIEDAD MEXICANA DE DERECHOS HUMANOS; CENTRO DE INVESTIGACION Y PROYECTOS GEOGRAFICOS;  CENTRO DE APOYO A LA SALUD ALTERNATIVA; FUERZA MIGRANTE SIN FRONTERAS; MOVIMIENTO UNIDO MEXICANO DE. ZACAPU;  EDUCACION Y SERVICIO COMUNITARIO; MIEDUCA DE CD. HIDALGO; CONVIHVE; MICHOACANOS UNIDOS POR LA SALUD Y CONTRA EL SIDA; TIQUECHIHUASKE NAHUTAL  CHIKAHUAC; FUNDACION CULTURAL RAMON MARTINEZ OCARANZA; COMISION POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA  Y AL GRUPO PETÁMUTI, así como de académicos, investigadores y activistas sociales en defensa de los derechos humanos, de la calidad del Maestro Cuahutémoc Manuel De Dienheim Barriguete y Cristina Cortés Carillo, entre otros.

Con todas estas organizaciones defensoras y promotoras de los derechos humanos, hemos arribado a una conclusión: “Hablar del adulto mayor en México, es hablar de una realidad de pobreza, desigualdad, maltrato, abandono y discriminación”.

Por eso hoy proponemos elevar a rango constitucional los derechos de las personas adultas mayores, que en nuestra opinión deben estar incluidos en el artículo 4, no obstante que actualmente gozan de los demás derechos que establece la constitución para todas las personas. Ello, en atención a que tienen circunstancias específicas, y porque el tema del envejecimiento digno debe ser una prioridad de gobierno y política de Estado.

Buscamos hacer explícito el deber del Estado de garantizar que en la legislación, la planeación del desarrollo, las políticas y los programas públicos se establezca un marco de protección integral y de ejercicio pleno de los derechos de las personas adultas mayores, que tendrá en cuenta las diferencias específicas entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, el origen étnico y las disparidades regionales; asimismo, atenderá los principios de independencia, participación, cuidados, autorrealización y dignidad.

Igual de relevante es establecer el derecho a una pensión alimentaria, que será universal. Tiene como antecedente la existencia de pensiones no contributivas en diversas entidades federativas. En el caso del DF, tiene un carácter universal. Esta medida reconoce la contribución de las personas adultas mayores al desarrollo del país, independientemente de su situación laboral. Hoy en día, miles de  mujeres que no cuentan con seguridad social, encuentran en este tipo de pensiones un merecido ingreso económico. Igual sucede con adultos mayores del campo, o aquellos que habitan en comunidades indígenas.

Finalmente, proponemos establecer la obligación del Estado de promover la inclusión social de las personas adultas mayores y su acceso en condiciones dignas al ámbito laboral, la atención de la salud, la educación y la vivienda.

También, se busca definir que las leyes establezcan la protección del Estado contra toda forma de abandono, maltrato, violencia y explotación de cualquier tipo, y  las sanciones aplicables en dichos casos.  

Lo más trascendente, es que al estar reconocidos en el máximo ordenamiento jurídico, se avanzará en que los derechos del adulto mayor se vuelvan verdaderamente exigibles y justiciables.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente proyecto de

DECRETO

ÚNICO. Se ADICIONAN los párrafos décimo tercero, décimo cuarto y décimo quinto al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la forma siguiente:

Artículo 4o.

Toda persona tiene derecho a un envejecimiento digno, activo y productivo. Es deber del Estado garantizar que en la legislación, la planeación del desarrollo, las políticas y los programas públicos se establezca un marco de protección integral de los derechos de las personas adultas mayores, que tendrá en cuenta las diferencias específicas entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, el origen étnico y las disparidades regionales; asimismo, atenderá los principios de independencia, participación, cuidados, autorrealización y dignidad.

Las personas mayores de 65 años de edad tienen derecho a recibir una pensión alimentaria. El Estado garantizará el ejercicio universal de este derecho.

El Estado promoverá la inclusión social de las personas adultas mayores y su acceso en condiciones dignas al ámbito laboral y la vida productiva, así como a la atención de la salud, la educación y la vivienda. Las leyes establecerán la protección del Estado contra toda forma de abandono, maltrato, violencia y explotación de cualquier tipo, y  establecerán las sanciones aplicables en dichos casos.  

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El ejecutivo Federal dispondrá lo concerniente a su promulgación y publicación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a los 26 días del mes de febrero de 2013.

SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO