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Estado Actual: Desechada Ficha Técnica

De la Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se adicionan los párrafos segundo y tercero, recorriéndose los actuales, al artículo 34 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.


Propone establecer que en el desempeño de sus funciones, los comisionados del IFAI observarán un ejercicio ético en sus labores y no podrán participar en decisiones en las que pudiera existir conflicto de intereses o bien, no podrán aprovechar sus posiciones de manera encubierta para tratar temas de interés personal en el desempeño que les encomienda la ley.

Para el pleno respeto en las reglas de convivencia que deben prevalecer tanto en la estructura orgánica del IFAI como en su relación con la sociedad, los Comisionados estarán obligados a observar en todo momento los principios de respeto, objetividad, imparcialidad y probidad para corresponder a la confianza en la ciudadanía.

ANA LILIA HERRERA ANZALDO, Senadora de la República a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el Artículo 71 Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en lo concerniente a los artículos 8º Numeral 1 fracción I, 164 1 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN UN PÁRRAFO SEGUNDO Y TERCERO, RECORRIÉNDOSE LOS ACTUALES,  AL ARTÍCULO 34 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La transparencia en las gestiones gubernamentales es una de las divisas para la credibilidad del proceso democrático y gubernamental, en la que el ejercicio ciudadano de acceso a la información es un derecho que se debe resguardar no como mero enunciado sino como pleno ejercicio.

La creación de la institucionalidad de órganos de gobierno mantiene el compromiso de salvaguardar y responder a los intereses generales sobre los intereses particulares, además de dar cauce a la participación social, para responder a los retos que mantiene la sociedad en sus diversas esferas.

Así pues, el pluralismo mexicano se ha afianzado en un sistema de alta competencia política que creó las bases jurídicas para la creación del Instituto Federal del Acceso a la Información Pública en el año de 2002, como el órgano de la administración pública federal,  garante de custodiar la transparencia, el derecho a la información y resguardo de datos personales en las funciones que le asignó la propia Ley que lo regula. Para muchos expertos, la nueva legislación en transparencia y acceso a información gubernamental, ha sido una de las causas con sentido renovador de la vida pública nacional.

Al crearse la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, se afirmó que el tema es un componente fundamental de la Reforma del Estado, encaminado a fortalecer sus instituciones, pero también a responder a la exigencia social de lograr un “ejercicio acotado y responsable del poder público”.

Si información es poder, la transparencia y el acceso a la información deben empoderar a los ciudadanos para que no sólo conozcan de los presupuestos y de las decisiones públicas, sino que puedan supervisar su impacto en la realidad.

La iniciativa, que por cierto en 2002 fue aprobada de forma unánime por el Congreso de la Unión, se propuso innovar “la manera en que la administración pública enfrentará su proceso de apertura” y “en virtud de que los particulares exigen imparcialidad en el órgano responsable de administrar la Ley y evitar que éste se convierta en juez y parte”, crea un órgano “alejado de las decisiones políticas de la administración centralizada”, integrado por “destacados profesionales, ya sea del servicio público o la academia”.

Con las reformas constitucionales aprobadas recientemente por el Senado de la República y que hoy son motivo de análisis en la Colegisladora, destaca la responsabilidad en que puedan incurrir los comisionados ciudadanos del Consejo Federal para el Acceso a la Información y Protección de Datos en el ejercicio de su cargo, ya que éstos podrán ser sujetos de juicio político de conformidad con el artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando sus acciones u omisiones redunden en perjuicio del interés público, como es el caso concreto de violaciones graves y sistemáticas a la Constitución, a las leyes federales y las que de ellas emanen.

Es entonces la legislación en la materia donde deben plasmarse los principios éticos y de probidad bajo los cuales deben conducirse quienes están al frente del órgano garante del acceso a la información pública en el país.

La polémica generada este año durante la elección del comisionado presidente y la investigación abierta por la Secretaría de la Función Pública contra una comisionada por presunto conflicto de intereses, deben servir como experiencias para fortalecer a la institución.

Por sí mismos, ambos casos han dado lugar a severas dudas y cuestionamientos de la opinión pública o intentos de victimización en torno a los involucrados.

Considerando que la sociedad exige de sus representantes soluciones, más que declaraciones, la presente iniciativa busca fortalecer a la institución. Quienes dirigen el órgano garante de la transparencia y la rendición de cuentas en México han merecido ya la confianza de los presidentes de la República en turno y la del Poder Legislativo. Asegurémonos que tengan también, la obligación de ejercer el poder mandatado con responsabilidad y ética.

Queda claro que la institución debe ser juzgada por los avances de México en materia de transparencia y por lograr que los sujetos obligados entreguen información a la ciudadanía, sin embargo es claro que sus resoluciones y peor aún, su credibilidad, pueden ponerse en tela de juicio si se comprueba que al interior de la institución, existen conflictos de intereses y éstos quedan impunes.

Garanticemos no sólo el derecho de los comisionados a su estabilidad y permanencia en caso de que sus resoluciones, de ser controversiales, impliquen intromisión o afectación de las autoridades, sino la obligación de los propios comisionados a ser imparciales y de evitar convertirse en juez y parte.

Se trata de plasmar en la legislación en la materia los principios éticos y de probidad bajo los cuales deben conducirse quienes están al frente del órgano garante del acceso a la información pública en el país.

Por ello, esta propuesta de modificación debe insertarse en la Ley respectiva para regular el régimen de incompatibilidades de los comisionados y los supuestos en que deberán excusarse por algún impedimento para conocer de un caso concreto, así como el procedimiento mediante el cual las partes en un recurso puedan recusar con causa a alguno de ellos.

De ahí que la propia autonomía operativa, presupuestaria y de decisión que marca la Ley en su artículo 33 en referencia el IFAI, complementa que la responsabilidad política de los Comisionados no puede estar desligada de la exigencia de respetabilidad y congruencia ética en su quehacer como todo funcionario público en cualquier orden de gobierno.

En ese sentido, el deber de funcionarios públicos, consejeros electorales o comisionados del IFAI es actuar bajo las normas más claras de convivencia y ejercicio de su función.

La solvencia profesional y ética de los funcionarios públicos y de todos los que forman parte de órganos especializados como el IFAI, es una de las columnas de credibilidad y confianza para el cumplimiento de sus funciones además de que la sociedad espera una actuación dentro de los valores democráticos de responsabilidad.

Los comisionados que integran el IFAI, laboran para salvaguardar el derecho de los ciudadanos a la información pública gubernamental y a la privacidad de sus datos personales, así como para promover en la sociedad y en el gobierno la cultura del acceso a la información, la rendición de cuentas y el derecho a la privacidad, y por tanto deben conducirse con los más altos valores éticos, de credibilidad y de trabajo en unidad, en beneficio de la credibilidad institucional.

Regular con precisión las responsabilidades de los comisionados del IFAI, es una exigencia que va más allá de coyunturas y en cambio, fortalece el espíritu institucional y la misión de buscar credibilidad en cada una de sus tareas.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el cual se adiciona un segundo y tercer párrafos, recorriéndose los actuales, al Artículo 34 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para quedar como sigue:

Artículo 34. (…)

En el desempeño de sus funciones, los comisionados observarán un ejercicio ético en sus labores y no podrán participar en decisiones en las que pudiera existir conflicto de intereses o bien, no podrán aprovechar sus posiciones de manera encubierta para tratar temas de interés personal en el desempeño que les encomienda la presente ley.

Para el pleno respeto en las reglas de convivencia que deben prevalecer tanto en la estructura orgánica del Instituto como en su relación con la sociedad, los Comisionados estarán obligados a observar en todo momento los principios de respeto, objetividad, imparcialidad y probidad para corresponder a la confianza en la ciudadanía.

(…)

(…)

(…)

(…)

TRANSITORIO

 ÚNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 26 días del mes de febrero del año dos mil trece.

Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional