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Iniciativas

Estado Actual: Desechada Ficha Técnica

Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3, 13, 15 y 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

ASUNTO CONCLUIDO DE CONFORMIDAD CON EL "ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA PARA LA CONCLUSIÓN DE INICIATIVAS PRESENTADAS POR SENADORES QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE DICTAMEN EN LA CÁMARA DE SENADORES", DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2018.


Propone modificar la fracción III del artículo 3; reformar los artículos 13 y 15 primero y segundo párrafo así como el artículo 17 eliminándose su segundo párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; con la finalidad de eliminar la figura de la negativa ficta y el exceso de tiempo por el cual una autoridad administrativa tiene el derecho de no contestar las peticiones ciudadanas señalados en el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

La iniciativa propone eliminar la evidente contradicción entre el plazo arbitrario que señala el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo con lo señalado en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, siendo ésta última legislación quien garantiza una mayor protección al derecho fundamental de petición.

Con la reforma se establece que el acto administrativo deberá cumplir con la finalidad de interés público, asegurando en todo momento la mayor publicidad de la gestión pública. Se instaura que la Administración Pública Federal no podrá exigir más formalidades que las expresamente previstas en las disposiciones aplicables al derecho de petición; y las promociones se realizarán de conformidad con el artículo 40 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Así también se instituye que el plazo para que la dependencia u organismo descentralizado resuelva lo que corresponda no podrá exceder del término de cuarenta días.


SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
CÁMARA DE SENADORES
PRESENTE

El que suscribe, ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, senador de la República, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los diversos 8 fracción I, 164 párrafos 1 y 2; 169 párrafos 1 y 4; 172 párrafo 1, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento a esta Honorable Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3, 13, 15 Y 17 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La negativa ficta es una figura jurídica que constituye una negación de una autoridad administrativa o judicial a través del silencio o la inacción procesal que derive en un acuerdo o respuesta expresa.

La negativa ficta se encuentra regulada por el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo que norma su vigencia, es decir, la ley otorga un margen de gracia para que las autoridades contesten o resuelvan las peticiones de los ciudadanos y al agotarse dicho plazo sin que se haya dado respuesta, el mencionado artículo 17 considera que se ha actualizado la figura de negativa ficta en detrimento de el peticionario, orillándolo a ejercer un control de legalidad por el que se impugne la inacción procesal.

La presente iniciativa busca eliminar la figura de la negativa ficta y el exceso de tiempo por el cual una autoridad administrativa tiene el derecho de no contestar las peticiones ciudadanas señalados en el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Lo anterior, es incompatible a las disposiciones de acceso a la información que rige a nuestro país, pues dicha oscuridad en el mencionado artículo no encuentra vigencia en nuestro sistema legal, ya que señala que si no existe plazo que obligue a la administración pública federal a responder, esta debe entenderse que no debe ser mayor a tres meses y en sentido negativo.

El propio artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho de petición y obliga a las autoridades a dar contestación en “breve término”. Se cita textual:

Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.

A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.

Sostengo que la expresión “breve término” que alude el texto constitucional, aún cuando garantiza una expedita administración gubernamental a favor de los interesados, también resulta ambigua al no establecerse con claridad seguridad jurídica a favor de los gobernados, ya que lejos de interpretarse en su más recto sentido de celeridad e inmediatez, conduce a una imprecisión y una innegable discrecionalidad por parte de los servidores públicos encargados de su cumplimiento.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales del Poder Judicial de la Federación no han sentado criterio jurisprudencial que fije claramente un término o lapso temporal en que se debe dar respuesta al derecho de petición, lo cual ha provocado que en las diferentes esferas del gobierno federal y de los gobiernos de los estados, se fijen términos no homologados y a veces arbitrarios, lo que su vez introduce una indiscutible incertidumbre sobre la forma y términos en que deben ser evacuados los asuntos públicos.

El artículo 44 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental señala que la respuesta a la solicitud de información debe otorgarse antes de los veinte días hábiles una vez originada la petición, se cita textual:

Artículo 44. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá ser mayor de veinte días hábiles, contados desde la presentación de aquélla. Además, se precisará el costo y la modalidad en que será entregada la información, atendiendo en la mayor medida de lo posible a la solicitud del interesado. Excepcionalmente, este plazo podrá ampliarse hasta por un periodo igual cuando existan razones que lo motiven, siempre y cuando éstas se le notifiquen al solicitante.

En ese sentido, existe una evidente contradicción entre el plazo arbitrario que señala el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo con lo señalado en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, siendo ésta última legislación quien garantiza una mayor protección al derecho fundamental de petición.

Lo anterior se robustece con la tesis jurisprudencial emitida por la Suprema Corte de la Nación que señala la figura de la negativa ficta es violatorio del principio de la impartición de justicia pronta y expedita.

[TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXIV, Julio de 2011; Pág. 2137

NEGATIVA FICTA. SU ANÁLISIS EN EL AMPARO CUANDO SE CONTRAPONE CON EL PRINCIPIO DE JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

El criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido en la jurisprudencia 2a./J. 136/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, diciembre de 1999, página 245, de rubro: "PETICIÓN, DERECHO DE. NO DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO CON BASE EN QUE EL SILENCIO DE LA AUTORIDAD CONSTITUYE UNA NEGATIVA FICTA.", debe aplicarse de manera análoga tratándose de un juicio de amparo en el que se reclame violación al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ante la omisión de la autoridad de resolver un procedimiento administrativo, ya que la negativa ficta y el principio de justicia pronta y expedita son figuras jurídicas de naturaleza distinta, pues la primera, ante el silencio de la autoridad, genera una respuesta tácita en forma desfavorable a los intereses del particular; en cambio, el segundo no puede quedar suspendido por la creación o existencia de figuras jurídicas que lo hagan nugatorio. No obsta a lo anterior que el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo establezca el plazo para que se entienda configurada la negativa ficta, pues éste no puede conducir a considerar limitadas o restringidas las garantías constitucionales, dado que su vigencia no puede estar condicionada a lo dispuesto en leyes secundarias.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Amparo en revisión 416/2010. Coordinadora Departamental de Procedimientos Legales del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y otra. 7 de abril de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretaria: Dulce María Nieto Roa.

En ese orden de ideas, se vuelve urgente adecuar las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo al marco vigente de transparencia y acceso a la información, como a continuación se señala.

Decreto

Único: Se modifica la fracción III del artículo 3; se reforman los artículos 13 y 15 primero y segundo párrafo así como el artículo 17 eliminándose su segundo párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, para quedar como sigue:

CAPITULO PRIMERO

DEL ACTO ADMINISTRATIVO

Artículo 3.- Son elementos y requisitos del acto administrativo:?

I. a II…

III. Cumplir con la finalidad de interés público, asegurando en todo momento la mayor publicidad de la gestión pública;

IV. a XVI …

Artículo 13.- La actuación administrativa en el procedimiento se desarrollará con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, legalidad, publicidad, transparencia y buena fe.

Artículo 15.- La Administración Pública Federal no podrá exigir más formalidades que las expresamente previstas en las disposiciones aplicables al derecho de petición.

Las promociones se realizarán de conformidad con el artículo 40 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Artículo 17.- El plazo para que la dependencia u organismo descentralizado resuelva lo que corresponda no podrá exceder del término de cuarenta días. Transcurrido el plazo aplicable, se entenderán las resoluciones en sentido negativo al promovente, a menos que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se prevea lo contrario. A petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia dentro de los dos días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva ante quien deba resolver; igual constancia deberá expedirse cuando otras disposiciones prevean que transcurrido el plazo aplicable la resolución deba entenderse en sentido positivo.

Transitorios

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Salón de Sesiones a los 19 días del mes de febrero de dos mil trece

Atentamente,

SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA