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Estado Actual: Aprobada Ficha Técnica

De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto que reforma el artículo 102 del Código de Justicia Militar.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.


Propone establecer que la presunción de inocencia existe, salvo prueba en contrario. El Ministerio Público acreditará el cuerpo del delito de que se trate y la probable responsabilidad del indiciado.

Señala que se entenderá por cuerpo del delito al conjunto de los elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del hecho que la ley señale como delito, así como los normativos, en el caso de que la descripción típica lo requiera.

Establece que la probable responsabilidad del indiciado se tendrá por acreditada cuando, de los medios probatorios existentes, se deduzca su participación en el delito, la comisión dolosa o culposa del mismo y no exista acreditada a favor del indiciado alguna causa de licitud o alguna excluyente de culpabilidad.


INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 102 DEL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR EN MATERIA DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, A CARGO DE LA SENADORA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

Honorable Asamblea

La suscrita DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO Senadora de la República de la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 135 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 8, fracción I, 164 numerales 1 y 2, y 169 del Reglamento del Senado de la Republica, someto a la consideración de este Pleno, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 102 del Código de Justicia Militar en materia de presunción de inocencia, de conformidad con la siguiente:

Exposición de Motivos

La reforma de junio de 2011, al Título Primero, Capítulo Primero y otros artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos, es una de las más importantes del constitucionalismo mexicano, en ella se plasman principios fundamentales que fortalecen la esfera de jurídica de las personas y el proceso evolutivo de los derechos humanos en México.

Los cambios realizados a la Carta Magna se centran en los artículos: 1, 3, 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102 y 105 y los nuevos contenidos consisten principalmente en:

  1. Otorgar supremacía a los derechos humanos en el máximo ordenamiento jurídico mexicano.
  2. Integrar el concepto de derechos humanos y sus garantías en la Carta Magna, así como reconocer plenamente la universalidad, progresividad e indivisibilidad, de estos derechos.
  3. Disponer que el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.
  4. Establecer que la Constitución y la ley deben de regirse por el principio pro persona, es decir que la interpretación de estos derechos debe en todo momento de beneficiar a la persona humana.
  5. Disponer que los tratados internacionales sean fuente directa de derechos en la Constitución.
  6. Consagrar también que la educación que imparta el Estado debe estar basada en el fomento y respeto a los derechos humanos.
  7. Establecer los casos de asilo político y refugio tratándose de causas de tipo humanitario y señala que la política exterior se basa en el respeto irrestricto a los derechos humanos.
  8. Obligar al sistema penitenciario a organizarse con fundamento en el respeto a los derechos humanos.
  9. Disponer un catalogo de derechos que no podrán suspenderse o restringirse en casos de excepción.
  10. Disponer las base del debido proceso para hacer salir del país a personas extranjeras y agrega el respeto a la protección y promoción de los derechos humanos.
  11. Eliminar la facultad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para investigar violaciones graves a garantías individuales.
  12. Otorgar la competencia a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para conocer de asuntos laborales.
  13. Posibilitar que la Cámara de Senadores cite a funcionarios que rechazan recomendaciones para comparecer y explicar sus negativas.
  14. Facultar a la CNDH para investigar violaciones graves a derechos humanos y amplía las facultades de la Comisión para interponer controversias constitucionales contra tratados internacionales que limiten derechos humanos y de materias que les sean propias.2

Sin embargo, ese gran esfuerzo que evoluciona el marco jurídico constitucional en la materia, es insuficiente por la necesidad de armonizarlo con las leyes secundarias o reglamentarias del sistema jurídico mexicano que corresponda, y establecer las estructuras de disposiciones e incentivos que garanticen los mandatos logrados en la importante reforma de mérito.

En su régimen transitorio del decreto, también se disponen la creación de diversas leyes que por su complejidad merecen de la atención y la convergencia de los actores políticos, sociales y de la comunidad científica. Su importancia reviste en que son garantía de derechos, así como generadoras políticas, programas e instrumentos para el desempeño institucional en materia de derechos humanos.

No basta con el reconocimiento que diversos actores de la sociedad mexicana han realizado a la reforma de merito, ni los esfuerzos de los legisladores de los diferentes grupos parlamentarios representados en las cámaras del Congreso de la Unión y los congreso locales, por casi un lustro de intensas negociaciones políticas, simplemente la reforma constitucional es “insuficiente” por la gran cantidad de normas jurídicas pendiente de armonizar con el sistema de derechos humanos, en el ámbito internacional e interno.

“Por ello, el reconocimiento constitucional de los derechos es solo un primer paso –relevante pero insuficiente- para que el constitucionalismo de los derechos sea un rasgo distintivo de un Estado determinado. Sin políticas públicas y mecanismos de garantía que conviertan a los derechos en una realidad, el constitucionalismo no pasa de ser una buena idea.”3

Efectivamente, el primer paso está dado, sin embargo, no obstante de ello, es imprescindible reconocer también que el proceso de armonización posterior a la reforma constitucional en materia de derechos humanos es complejo y representa un gran reto para el Congreso, por lo que la revisión de normas debe ser gradual, sistemático e integral en los diferentes ámbitos de la legislación mexicana.

No se puede pretender agotar los temas de la legislación consecuentes a la reforma constitucional de junio de 2011, pero si trabajar con la convicción de realizarlos de manera permanente y lo más pronto posible. Cada uno de ellos necesita de la consulta a los órganos del Estado y de los organismos nacionales e internacionales en la materia.

Para lograr los fines de la concordancia con los instrumentos internacionales firmados y ratificados con el Estado mexicano, es también imprescindible voltear al las actividades que realiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el desempeños de sus funciones constitucionales.

Tal es el caso de los procesos jurisdiccionales que tiene en su competencia y responsabilidad. Un ejemplo de ello, es el Amparo en Revisión 566/2012, en el que se determina, que los efectos derivados del Artículo 102 del Código Militar dañan la esfera jurídica de las personas que se encuentran bajo éste régimen vigente.

Según la Corte en el Amparo de referencia, en actos, que se desprendieron de la interpretación y aplicación del Código de la justicia militar, se concluyó la inconstitucionalidad del Artículo 102, por la razón de que al ser aplicado, se viola el derecho a la presunción de inocencia del inculpado. Hecho que vale la pena decir, no es propio de la justicia militar, sino también de la civil, a pesar de que en la letra de la ley se salvaguarda el principio de mérito.

A ese respecto, es importante analizar que en sesión de 14 de noviembre de 2012, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), resolvió el amparo en revisión 566/2012, y a propuesta del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, se determinó:4

“(…) que el artículo 102 del Código de Justicia Militar, el cual prevé que en los delitos del orden militar, la intención delictuosa se presume salvo prueba en contrario, viola el principio de presunción de inocencia, en su vertiente de regla de tratamiento, ya que permite presumir la intencionalidad de un delito durante todo el proceso penal, lo que implica una equiparación entre imputado y culpable, aun antes del dictado de una sentencia, en la cual se respeten todas las garantías judiciales.

Lo anterior se traduce en que a priori se establece que la realización de la conducta cuestionada se realizó con el ánimo de violar la ley, y sobre esta base hace factible emitir tanto el auto de formal prisión como la sentencia condenatoria con apoyo en esa presunción, si es que el procesado no logra desvirtuarla.

Por otra parte, dicho artículo viola también el principio de presunción de inocencia, en su vertiente de regla probatoria, toda vez que permite eximir al Ministerio Público de su tarea de aportar pruebas que demuestren la intencionalidad en la comisión del delito, lo cual contraviene de igual manera, al principio acusatorio que impera en materia penal, ya que en él le corresponde al Ministerio Público buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de los inculpados.

En calidad de consecuencia, el citado precepto permite que el juez de la causa emita el auto de plazo constitucional y aun la sentencia correspondiente, sin relacionar medio de convicción alguno que lo lleven a concluir que es probable o que existe la plena intencionalidad que se le imputa al procesado, según el caso, siendo que sólo debe analizar si las pruebas que el imputado aporta al proceso son o no suficientes para destruir la presunción.

En el caso, un juez militar dictó auto de formal prisión en contra de un Comandante de Guardia en una unidad de la Secretaría de Marina, por su probable responsabilidad en el delito de infracción de deberes comunes, ya que omitió anotar en la libreta del parte de novedades un hecho que supuestamente ocurrió al cumplir su guardia. Inconforme promovió amparo, cuestionando, en lo que aquí interesa, el referido artículo del Código Militar. Al concederle el amparo el juez de Distrito, las autoridades competentes recurren en revisión.

La Primera Sala al considerar inconstitucional el multicitado artículo, y conceder el amparo al quejoso, señaló que los miembros del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, cuentan con el derecho de presunción de inocencia dentro del proceso penal que se instaure en su contra, en términos del citado Código.

Los ministros remarcaron que de acuerdo con el artículo 123, apartado B, fracción XIII, constitucional, los militares se regirán por sus propias leyes, de tal suerte que sus condiciones laborales y de disciplina son diversas a las que rigen a los civiles, sin embargo, agregaron, esta condición no puede llevar al extremo de considerar que carecen de un derecho fundamental como lo es la presunción de su inocencia dentro de un procedimiento penal, instaurado por la propia justicia militar.”

A efecto de lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atendió la importancia del significado y los consecuencias de una violación a un derecho fundamental, que vulnerala integridad y la dignidad de un ser humano, a pesar de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanosestablezca que los militares de regirán por su propias leyes.

Uno de los hechos que fija precedente en la decisión de la Sala, es precisamente la interpretación sistemática de la Carta Magna, en la que se consideraron la aplicación de otros principios esenciales como lo es la presunción de inocencia que se establece en las garantías de seguridad jurídica de los procesados, así como el principio pro homine, entre otros.

Al respecto, la Constitución Política, en su artículo primero establece que “Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.”

No obstante la propia interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de presunción de inocencia, ha dejado precedente importante al fijar que el principio de mérito se encuentra implícito en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se cita.5

PRESUNCION DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO RELATIVO SE CONTIENE DE MANERA IMPLICITA EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. De la interpretación armónica y sistemática de los artículos 14. párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprenden, por una parte, el principio del debido proceso legal que implica que al inculpado se le reconozca el derecho a su libertad y que el Estado solo podrá privarlos del mismo cuando, existiendo suficientes elementos incriminatorios y seguido un proceso penal en su contra en el que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento, las garantíasde audiencia y la de ofrecer pruebas para desvirtuar la imputación correspondiente, el juez pronunciesentencia definitiva declarándolo culpable; y por otra, el principio acusatorio, mediante el cual corresponde al Ministerio Público la función persecutoria de los delitos y la obligación(carga) de buscar y presentar las pruebas que acrediten la existencia de éstos, tal y como se desprende de lo dispuesto en el artículo 19, párrafo primero, particularmente cuando previene que el auto de formal prisión deberá expresar “ los datos que arroje la averiguación previa, los que deben ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del acusado”; en el artículo 21, al disponer que “la investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público”; así como en el artículo 102, al disponer que corresponde al Ministerio Público de la Federación la persecución de todos los delitos del orden federal correspondiéndole “buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad deéstos”. En ese tenor, debe estimarse que los principios constitucionales del debido proceso legal y el acusatorio resguardan en forma implícita el diverso principio de presunción de inocencia, dando lugar a que el gobernado no este obligado a probar la licitud de su conducta cuando se le imputa la comisión de un delito, en tanto que el acusado no tiene la carga de probar su inocencia, puesto que el sistemaprevisto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le reconoce, a priori, tal estado, al disponer expresamente que es al Ministerio Público a quien incumbe probar los elementos constitutivos del delito y la culpabilidad del imputado.

El principio de presunción de inocencia también es materia de derecho internacional de los derechos humanos. En concordancia, se establece en los principales instrumentos internacionales que ha firmado y ratificado el Estado mexicano, tal y como lo es:

  • El Artículo 11. 1. de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que establece que “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.”
  • El Artículo 14. 2. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que establece que: “Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley.”
  • El Artículo 8.2. de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) que establece que: Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: (…)”

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 135 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 8, fracción I, 164 numerales 1 y 2, y 169 del Reglamento del Senado de la Republica, someto a la consideración de este Pleno, el siguiente:

Proyecto de Decretoque reforma el artículo 102 del Código de Justicia Militar en materia de presunción de inocencia

Artículo Único. Se reforma el Artículo 102 del Código de Justicia Militar para quedar como sigue:

Artículo 102.- La presunción de inocencia existe, salvo prueba en contrario.

El Ministerio Público acreditará el cuerpo del delito de que se trate y la probable responsabilidad del indiciado, conforme alos artículos 78, 49 y 80 del presente Código.

Se entenderá por cuerpo del delito al conjunto de los elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del hecho que la ley señale como delito, así como los normativos, en el caso de que la descripción típica lo requiera.

La probable responsabilidad del indiciado se tendrá por acreditada cuando, de los medios probatorios existentes, se deduzca su participación en el delito, la comisión dolosa o culposa del mismo y no exista acreditada a favor del indiciado alguna causa de licitud o alguna excluyente de culpabilidad.

El cuerpo del delito de que se trate y la probable responsabilidad se acreditarán por cualquier medio probatorio que señale la ley.

Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo

Pleno de la Cámara de Senadores, a […] de febrero de 2013.

ANEXO

Texto Vigente

Texto Propuesto

Artículo 102.- La intención delictuosa se presume, salvo prueba en contrario.

La presunción de que un delito es intencional no quedará destruida, aunque el acusado pruebe alguna de las siguientes circunstancias:

I.- Que no se propuso ofender a determinada persona, si tuvo en general la intención de causar daño;

II.- que no se propuso causar el daño que resultó, si éste fue consecuencia necesaria y notoria del hecho u omisión en que consistió el delito, o si el inculpado previó o pudo preveer esa consecuencia, por ser efecto ordinario del hecho u omisión y estar al alcance del común de las gentes, o si se resolvió a violar la ley, cualquiera que fuese el resultado;

III.- que ignoraba la ley;

IV.- que creía que ésta era injusta, o moralmente lícito violarla;

V.- que creía legítimo el fin que se propuso;

VI.- que erró sobre la persona o cosa en que quiso cometer el delito, y

VII.- que obró con consentimiento del ofendido, salvo el caso en que el perdón o el consentimiento extinguen la acción penal.

Artículo 102.- La presunción de inocencia existe, salvo prueba en contrario.

El Ministerio Público acreditará el cuerpo del delito de que se trate y la probable responsabilidad del indiciado conforme alos artículos 78, 49 y 80 del presente Código.

Se entenderá por cuerpo del delito al conjunto de los elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del hecho que la ley señale como delito, así como los normativos, en el caso de que la descripción típica lo requiera.

La probable responsabilidad del indiciado se tendrá por acreditada cuando, de los medios probatorios existentes, se deduzca su participación en el delito, la comisión dolosa o culposa del mismo y no exista acreditada a favor del indiciado alguna causa de licitud o alguna excluyente de culpabilidad.

El cuerpo del delito de que se trate y la probable responsabilidad se acreditarán por cualquier medio probatorio que señale la ley.


1Diario Oficial de la Federación, DECRETO por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, documento PDF, [en línea], México, primera sección, 10 de junio de 2011, dirección URL : http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_194_10jun11.pdf [Consulta: 6 de abril de 2012], pp. 2 y 3.

2 Badillo Moreno, Gonzalo, México en su democratización, los desafíos del derecho al saber sobre el pasado. Tesis de Maestría en Derecho Constitucional, Universidad Latina de América, 2012. p. 49.

3Carbonell Sánchez, Miguel, y Salazar Ugarte, Pedro, (coordinadores), La reforma constitucional de derechos humanos, un nuevo paradigma, México, Instituto de Investigaciones Jurídica UNAM,2011,p. VII-VIII.

4Poder Judicial de la Federación, México, documento en PDF, [en línea], dirección URL: http://www.poderjudicialags.gob.mx/servicios/criterios/resoluciones/SCJN%2014%20NOV%202012.pdf [consulta: 5 de febrero de 2012], pp. 1-2.

5 Tesis Aislada, Novena Época, Tomo II, Penal, P.R. SCJN. Fuente: Apéndice, Instancia: Pleno. (Actualización 2002), Tesis: 34. Página 133.

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