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Estado Actual: Desechada Ficha Técnica

Del Sen. Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona el párrafo tercero del artículo 1069 del Código de Comercio.

Se turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos.


Propone propiciar una mayor inmediatez, sencillez y expeditud en las audiencias judiciales y así dar cumplimiento al mandato de artículo 17 Constitucional, ello mediante la adición del párrafo segundo del artículo 1069 del Código de Comercio a fin de que se permita la autorización de la partes en favor de su abogado para que intervenga en juicio en su nombre, incluya la posibilidad de absolver posiciones por hechos propios, formular posiciones, preguntar y repreguntar a testigos e interrogar peritos. De igual forma para agilizar los procesos, se propone que los autorizados también se encuentren facultados por razón de su designación para preguntar y repreguntar a testigos.

La reforma se propone con el fin de agilizar el desahogo de las audiencias y evitar a los justiciables (personas que están en proceso) traslados innecesarios a tribunales, sería conveniente que se incluyera la posibilidad de que la representación que les brinda su abogado fuese completa, otorgándole a este las facultades para desahogar dichas audiencias de manera integral, favoreciendo de este modo acciones expeditas y la economía procesal.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONA EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 1069 DEL CÓDIGO DE COMERCIO

ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ, Senador a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71 Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 8º Numeral 1 fracción I, 164 y 169 del Reglamento de la Cámara de Senadores, someto a la consideración de esta soberanía INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONA EL ARTÍCULO 1069 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

Las garantías procesales son un elemento fundamental de la parte dogmática de nuestra Constitución, ya que disponen los derechos mínimos de toda persona que acude ante un órgano jurisdiccional a solicitar justicia. Los principios y normas ahí contenidos deben ser objeto de observancia estricta por todas las autoridades jurisdiccionales y es obligación del legislador remover todo obstáculo normativo que dificulten su aplicación.

Numerosas reformas legales se han sucedido con la finalidad de hacer efectiva la garantía procesal contenida en el artículo 17 párrafo segundo de la norma fundamental, que dispone “Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.”

No obstante, la lentitud procesal ha sido uno de los principales reclamos históricos de la sociedad. Los órganos jurisdiccionales han argumentado la falta de recursos materiales y humanos para justificar el incumplimiento de los tiempos procesales, pero en muchas ocasiones la dificultad deviene de la propia norma procesal, que impide el desarrollo de un proceso más ágil debido a formalidades que en ocasiones pueden resultar excesivas.

De tal suerte, resulta necesario eliminar las trabas normativas para que los ciudadanos puedan hacer efectivo su derecho de acceder a una impartición de justicia pronta y expedita. La reforma que se propone tiene como finalidad propiciar una mayor inmediatez, sencillez y expeditud en las audiencias judiciales y así dar cumplimiento al mandato de artículo 17 Constitucional.

Es usual que en cualquier proceso jurisdiccional las partes soliciten la asistencia de profesional del derecho que les asesore en el asunto de que se trate y les represente ante las autoridades jurisdiccionales. No obstante, la interpretación de la norma sobre los alcances de dicha representación puede ser causa de afectación los principios constitucionales ya comentados.

Por lo que se refiere al ofrecimiento y desahogo de pruebas dentro del proceso mercantil, según está estructurado nuestro sistema procesal, aunque la prueba confesional se ofrece con un pliego de posiciones, muchas veces se hace necesario formular nuevos cuestionamientos, ya sea porque las preguntas fueron descalificadas por las autoridades jurisdiccionales o porque de las mismas respuestas surjan nuevas preguntas.

Al respecto, el artículo 1069 del Código de Comercio en su tercer párrafo establece:

“Las partes podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a una o varias personas con capacidad legal, quienes quedarán facultadas para interponer los recursos que procedan, ofrecer e intervenir en el desahogo de pruebas, alegar en las audiencias, pedir se dicte sentencia para evitar la consumación del término de caducidad por inactividad procesal y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero. Las personas autorizadas conforme a la primera parte de este párrafo, deberán acreditar encontrarse legalmente autorizadas para ejercer la profesión de abogado o licenciado en Derecho, debiendo proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización y mostrar la cédula profesional o carta de pasante para la práctica de la abogacía en las diligencias de prueba en que intervengan, en el entendido que el autorizado que no cumpla con lo anterior, perderá la facultad a que se refiere este artículo en perjuicio de la parte que lo hubiere designado, y únicamente tendrá las que se indican en el penúltimo párrafo de este artículo.”

En su momento hubo tribunales que sostenían que, sobre la base de las expresiones “ofrecer e intervenir en el desahogo de pruebas” y “y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante”, podía desprenderse que los autorizados de las partes, cuando fueran abogados, podían hacer preguntas durante las audiencias.

Sin embargo, por otro lado hubieron otras autoridades que sostuvieron que el hacer preguntas (articular posiciones) era una cuestión que requería mandato especial, por lo que de no haber un poder notariado del que se desprendiera una autorización expresa, el abogado no podía formular preguntas al que estaba respondiendo una confesional.

Con el fin de unificar criterio, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia dirimió la cuestión al resolver la contradicción de tesis número 155/2006. Para llegar a su resolución, la Primera Sala interpretó el Código de Comercio de manera armónica con la legislación civil y llegó a la conclusión de que de la redacción del artículo 1069 no se derivaban suficientes facultades para que el autorizado de las partes pudiera articular o absolver posiciones, llegando a la siguiente jurisprudencia por unificación.

AUTORIZADO PARA OÍR NOTIFICACIONES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1069 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. REQUIERE MANDATO EXPRESO PARA ABSOLVER O ARTICULAR POSICIONES EN NOMBRE DE SU AUTORIZANTE.

La expresión "ofrecer e intervenir en el desahogo de pruebas" contenida en el tercer párrafo del artículo 1069 del Código de Comercio se refiere al acto de allegar a la causa los instrumentos con los que la parte de que se trate acredite o pretenda acreditar las aseveraciones vertidas en su demanda o en su contestación, así como realizar todo tipo de actos procesales necesarios para su preparación, mas no a la facultad para absolver o articular posiciones, ya que por disposición expresa de los artículos 1214, segundo párrafo, 1215 y 1217 del citado Código, para ello se requiere un mandato especial. En efecto, la prueba confesional se rige por la naturaleza que le otorga la mencionada codificación mercantil, de ahí que para su desahogo no debe considerarse que la autorización para oír notificaciones prevista en el referido numeral 1069 sea para articular o absolver posiciones, es decir, para que alguien pueda generar o producir una confesión, requiere que su autorizante haya insertado expresamente en el poder respectivo la delegación específica de tal facultad, o bien una cláusula especial en la que lo autorice para esos efectos, con base en la interpretación sistemática de los artículos señalados, en relación con los numerales 2554, 2555 y 2587 del Código Civil Federal, de aplicación supletoria en la materia.

De conformidad con lo anterior, dichas preguntas deben ser realizadas directamente por la parte en el juicio y excepcionalmente, cuando hay un poder para ello, pueden realizarlas los abogados de esta parte.

Debido a esta interpretación, con mucha frecuencia los abogados que ofrecieron la prueba confesional, tienen que solicitar a su cliente que se presente al juzgado el día de la audiencia, en caso de que fuera necesario preguntarle más cosas a quién se ha de hacer confesar, lo que implica el desgaste de las partes. En ocasiones, incluso las obliga a desplazarse de una población a otra para acudir a las audiencias, en razón de la competencia territorial de las autoridades jurisdiccionales.

A este respecto cabe destacar que cuando una de las partes en juicio pone el asunto en manos de un profesional del derecho, es en gran medida con la intención de delegar el pleito en su autorizado, confiando en sus capacidades técnicas, a fin de continuar con sus actividades ordinarias con las menores perturbaciones posibles.

Por tal motivo, no obstante los razonamientos técnico jurídicos de la Corte, consideramos deseable que con el fin de agilizar el desahogo de las audiencias y evitar a los justiciables (personas que están en proceso) traslados innecesarios a tribunales, sería conveniente que se incluyera la posibilidad de que la representación que les brinda su abogado fuese completa, otorgándole a este las facultades para desahogar dichas audiencias de manera integral, favoreciendo de este modo la expeditez y la economía procesal.

Por tal motivo, consideramos necesario adicionar el párrafo segundo del artículo 1069 del Código de Comercio a fin de que la autorización de la partes en favor de su abogado para que intervenga en juicio en su nombre, incluya la posibilidad de absolver posiciones por hechos propios, formular posiciones, preguntar y repreguntar a testigos e interrogar peritos.

Por otra parte, de los argumentos vertidos por la Primera Sala en la contradicción de tesis citada, observamos que también podría darse la interpretación de que se requiriera o un poder especial o la presencia de la parte para preguntar y repreguntar testigos. Por ello siguiendo el principio que reza que donde existe la misma razón debe existir la misma solución, nos permitiríamos también proponer que los autorizados también se encontraran facultados por razón de su designación para preguntar y repreguntar a testigos.

En virtud de lo anterior, me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se adiciona el párrafo tercero del  artículo 1069 del Código de Comercio.

Único.- Se reforma el tercer párrafo del artículo 1069 del Código de Comercio para quedar como sigue:

Artículo 1069.- (…)

Las partes podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a una o varias personas con capacidad legal, quienes quedarán facultadas para interponer los recursos que procedan, ofrecer e intervenir en el desahogo de pruebas, incluyendo absolver posiciones por hechos propios, formular posiciones, preguntar y repreguntar a testigos e interrogar peritos, alegar en las audiencias, pedir se dicte sentencia para evitar la consumación del término de caducidad por inactividad procesal y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero. Las personas autorizadas conforme a la primera parte de este párrafo, deberán acreditar encontrarse legalmente autorizadas para ejercer la profesión de abogado o licenciado en Derecho, debiendo proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización y mostrar la cédula profesional o carta de pasante para la práctica de la abogacía en las diligencias de prueba en que intervengan, en el entendido que el autorizado que no cumpla con lo anterior, perderá la facultad a que se refiere este artículo en perjuicio de la parte que lo hubiere designado, y únicamente tendrá las que se indican en el penúltimo párrafo de este artículo. Las personas autorizadas en los términos de este artículo, serán responsables de los daños y perjuicios que causen ante el que los autorice, de acuerdo a las disposiciones aplicables del Código Civil Federal, relativas al mandato y las demás conexas. Los autorizados podrán renunciar a dicha calidad, mediante escrito presentado al tribunal, haciendo saber las causas de la renuncia. Los tribunales llevarán un libro de registro de cédulas profesionales de abogados, en donde podrán registrarse los profesionistas autorizados. Las partes podrán designar personas solamente autorizadas para oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquiera con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refieren los párrafos anteriores. El juez al acordar lo relativo a la autorización a que se refiere este artículo deberá expresar con toda claridad el alcance con el que se reconoce la autorización otorgada.

(…)

TRANSITORIOS

ÚNICO. El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 31 días del mes de enero del año dos mil trece.

A T E N T A M E N T E

SENADOR ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ