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Estado Actual: Desechada Ficha Técnica

Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría General de la República un informe relativo al combate al lavado de dinero en México.

Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

SE MANTIENE EN COMISIONES, POR ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA.(04-02-2016)


Benjamín Robles Montoya

SENADOR DE LA REPÚBLICA

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA UN INFORME RELATIVO AL COMBATE AL LAVADO DE DINERO EN MÉXICO

El suscrito Senador ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Senado de la República, con fundamento en los artículos 8, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado 18 de enero, la Cámara de Diputados dio a conocer un estudio elaborado por su Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis, intitulado “Lavado de Dinero, Estudio Teórico Conceptual, Derecho Comparado, Tratados Internacionales y de la Nueva Ley en la Materia en México”.  El estudio estima que el monto de lavado de dinero en nuestro país asciende a casi diez mil millones de dólares al año, lo que representa el 3.6% del Producto Interno Bruto.

Este dato llamó poderosamente la atención de la opinión pública y tuvo eco en medios de comunicación de todo el país, a pesar de que ya en el mes de octubre de 2012 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público había señalado esa misma cifra como el monto anual de dinero que se lava en México.

Debemos recordar que el tema de lavado de dinero cobró relevancia durante el sexenio pasado, no tanto por los montos extraordinarios de dinero como por las críticas a la estrategia de combate a la delincuencia organizada que emprendió la anterior administración federal, que privilegió el uso de la fuerza dejando intactas las estructuras financieras y el poderío económico de las organizaciones criminales.

Es así como en estos últimos seis años, los mexicanos hemos conocido cifras y datos con los que nos hemos ido dando cuenta de la magnitud del problema del lavado de dinero y peor aún, del impacto que tienen los flujos de dinero ilícito en la economía de nuestro país.

Sobran ejemplos para ilustrar lo anterior. El Estudio Binacional de Bienes Ilícitos dado a conocer en junio de 2010, reveló que cada año ingresan a México entre 19 mil y 29 mil millones de dólares desde Estados Unidos, provenientes de actividades ilícitas.

Al respecto, la Asociación de Bancos de México señaló entonces que casi el 50% de ese dinero llega al sistema financiero mexicano de forma lícita. De igual manera, el entonces Embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, reconoció que entre el 75 y el 90% de ese dinero ingresa a territorio nacional en efectivo y que el 75% de las transacciones en la economía mexicana se realizan precisamente en efectivo.

Más recientemente, en los últimos días de enero de 2012, hace exactamente un año, un estudio dado a conocer por la firma Global Financial Integrity ubicó a México como la segunda economía con los mayores flujos financieros ilícitos, en una lista de 160 países.

Con estas cifras en mente, resulta importante recordar lo declarado en mayo de 2010 por el entonces Titular de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación y Alteración de Moneda de la PGR, Irving Barrios, quien señaló que la Unidad a su cargo contaba en aquel momento con sólo 50 agentes ministeriales para atender las denuncias sobre los ilícitos de su competencia.

Lo anterior generó una serie de críticas, pues semejante declaración puso en evidencia que el combate al lavado de dinero no era una prioridad para la administración pasada, más aún si se tomaba en cuenta que dicha declaración provenía ni más ni menos que del propio responsable del área.

Sin duda la existencia de apenas 50 agentes ministeriales para combatir el lavado dinero contrastaba con los 45 mil soldados y 20 mil agentes federales desplegados en todo el territorio nacional para combatir a los cárteles de la droga.

Ante tal panorama, el 2 de marzo de 2012 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo A/049/12 de la Procuraduría General de la República por el que se Crea la Unidad Especializada en Análisis Financiero y se Establecen sus Facultades. Es necesario aclarar que dicho acuerdo no implicó la disolución de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación y Alteración de Moneda; por el contrario, entre las facultades de la naciente Unidad se encontraba la de proporcionar a aquélla información y diagnósticos en materia de análisis financiero y contable.

En otras palabras, no se sustituyó una Unidad por otra, sino que se estableció a ambas como instancias coordinadas y complementarias.

Unos meses después, en octubre del año pasado, se publicó la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que constituiría el marco jurídico necesario para combatir de manera eficaz el flagelo del lavado de dinero, debilitando así las estructuras financieras de los grupos de delincuencia organizada.

Cabe señalar que a pesar de su publicación en octubre, esta ley entrará en vigor hasta el próximo mes de julio. 

Los mexicanos supusimos que con la creación de la Unidad Especializada en Análisis Financiero y la expedición de la Ley contra el lavado de dinero se fortalecería el esquema institucional para el combate a este flagelo; sin embargo el pasado 4 de diciembre, en el marco de su ratificación en el cargo, el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, realizó una declaración que nos mostró con claridad la forma en la que la administración federal pasada centró su estrategia de combate a la delincuencia en el uso de la fuerza, dejando de lado el combate a las estructuras financieras de los cárteles, al asegurar que la PGR estaba desmantelada y que requería de un fortalecimiento para reforzar su imagen.

Ciertamente no es de extrañar el debilitamiento institucional que actualmente enfrenta la Procuraduría General de la República, ya que durante seis años atestiguamos la manera en que los esfuerzos y los recursos técnicos, materiales, humanos y financieros se centraron en la extinta Secretaría de Seguridad Pública, así como en las Fuerzas Armadas. Sin embargo, no por ello dejan de ser preocupantes los magros resultados que hasta ahora arroja el combate al lavado de dinero, ni las cifras estratosféricas de recursos ilícitos que son blanqueados en México. 

Por tal motivo, hoy surge nuevamente la necesidad de conocer la situación del combate al lavado de dinero en nuestro país, así como las condiciones y recursos materiales, humanos y técnicos con los que cuentan las instituciones e instancias encargadas del combate a este ilícito, en particular ahora que, según cifras dadas a conocer por un estudioso del tema como el Dr. Edgardo Buscaglia, el 79% de los sectores económicos en México están infiltrados por el narcotráfico, y los cárteles mexicanos tienen participaciones accionarias en esos sectores.

No perdemos de vista que el Procurador General de la República, desde su comparecencia ante Comisiones del Senado de la República para su ratificación en el cargo, se comprometió a presentar ante esta Soberanía un plan de trabajo en el término de 90 días. Estamos seguros de que el tema del lavado de dinero habrá de ocupar un lugar importante en dicho plan, sin embargo no por ello deja de ser relevante y urgente conocer los datos que arroja la labor de las instancias encargadas del combate al lavado de dinero en nuestro país. De ahí la necesidad de solicitar un informe a la Procuraduría General de la República acerca de la labor, recursos y resultados de sus unidades especializadas en la materia.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República solicita respetuosamente al Titular de la Procuraduría General de la República, un informe detallado acerca de los siguientes rubros:

  1. Las condiciones y recursos técnicos, materiales, financieros y humanos con que cuentan la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación y Alteración de Moneda, y la Unidad Especializada en Análisis Financiero para el ejercicio de sus funciones.
  2.  Los resultados que ha arrojado la labor de la Unidad Especializada en Análisis Financiero desde su creación.
  1.  La estrategia que la actual administración federal habrá de implementar en materia de combate al lavado de dinero.
  2. Los mecanismos de coordinación existentes y los que en lo sucesivo se contemple implementar con otras instancias, para la detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita.  

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los siete días del mes de febrero de 2013.

SENADOR ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA

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