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Estado Actual: Desechada Ficha Técnica

Proyecto de decreto por el cual se reforma el inciso L) de la fracción I del artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS DE LA CÁMARA DE SENADORES.


PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL INCISO L) DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Arturo Zamora Jiménez, senador para la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 8o., numeral 1, fracción I, 164 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma el inciso L) de la fracción I del artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El sistema político electoral mexicano se encuentra en un proceso de constante perfeccionamiento a fin de dotar a los procesos e instituciones electorales de las garantías de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y equidad imprescindibles para que el poder público goce de legitimidad en su ejercicio.

Para ello, se hizo necesario establecer un sistema de sanciones a fin de dotar a las normas electorales del elemento de coacción que las perfeccionara. Sin embargo, en diversos supuestos la sanción administrativa no es suficiente para proteger de manera adecuada el desarrollo de la función electoral, por lo que ha sido necesaria la implementación de sanciones de carácter penal como el último recurso del estado para preservar los bienes jurídicos tutelados por el derecho penal electoral que son, fundamentalmente: el adecuado desarrollo de la función pública electoral, el sufragio y la equidad en la contienda.

En 1990 se adicionó el título vigesimocuarto, capítulo único, al entonces Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la república en materia de fuero federal para incorporar el capítulo de delitos electorales, el cuál ha sido reformado en dos ocasiones, en 1994 y 1996, mejorando las condiciones de la contienda electoral con la finalidad de prevenir, a través de la amenaza de sanción penal, conductas que afectan a los procesos electorales.

Asimismo, durante 2007 y 2008 se realizaron importantes modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la legislación secundaria en materia electoral en la búsqueda continua de perfeccionar la normatividad que rigen los procesos de elección de nuestros representantes populares.

El derecho electoral tiene la característica de ser dinámico, lo que le permite irse adecuando a la realidad nacional y a resolver los vacíos que la omisión normativa del legislador haya producido, esta característica se va viendo reflejada al finalizar cada proceso electoral, donde tanto las instituciones como las exigencias de la sociedad civil van conduciendo a la legislación electoral por derroteros más próximos a los principios rectores de la materia comicial, tales como la imparcialidad, objetividad, certeza y legalidad.

De tal suerte, es de observarse que el fenómeno delictivo ha adquirido nuevas modalidades y las normas que rigen los procesos y procedimientos para sancionarlas deben adecuarse en consecuencia. El grave riesgo que implica la posible intervención del crimen organizado en los procesos electorales hace necesario replantear los mecanismos para sancionar los ilícitos en materia electoral y las atribuciones de las autoridades encargadas de implementarlos.

Actualmente la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación dispone:

Artículo 50 . Los jueces federales penales conocerán

I. De los delitos del orden federal.

Son delitos del orden federal:

a) a k) ...

l) Los cometidos por o en contra de funcionarios electorales federales o de funcionarios partidistas, en los términos de la fracción II del artículo 401 del Código Penal, y

m)...

II. y III. ...

De lo anterior se advierte que la competencia de los jueces federales para conocer de los delitos en materia electoral se limita a aquellos casos en que estos son cometidos por o en contra de funcionarios electorales federales o de funcionarios partidistas, lo que restringe de gran manera su ámbito de competencia, dispersando en diversas autoridades la facultad de conocer de estos ilícitos, lo que además impide aprovechar la especialización de los órganos jurisdiccionales.

Es necesario que la autoridad cuente con más y mejores herramientas jurídicas para hacer frente a las necesidades que impone la realidad social para hacer más efectiva y eficaz la acción del estado para inhibir y sancionar las conductas antisociales en el ámbito de los delitos electorales, ya que su desfase frente a la realidad social genera con frecuencia la percepción en la ciudadanía de que la autoridad en la materia carece de efectividad.

Las conductas que describe el título vigésimo cuarto del Código Penal Federal afectan al sistema político electoral mexicano en su conjunto, al atacar las instituciones y procedimientos dispuestos por nuestras normas fundamentales para llevar a cabo la elección de los representantes populares que habrán de regir los destinos de nuestro país, que es el sustento de la democracia representativa.

De tal suerte, toda vez que se trata de fenómenos delictivos que vulneran bienes jurídicos de esencial importancia para la federación en su conjunto, consideramos que deben ser los tribunales federales los que conozcan de ellos en su totalidad.

Debe atenderse a un criterio de integralidad a fin de que la misma autoridad conozca de la totalidad de las conductas que afectan el adecuado desarrollo de la función electoral y de esta manera evitar que se pudiera promover la impunidad a falta de normas que establezcan la competencia clara de los tribunales federales para conocer de estos delitos.

Por tal motivo, se propone reformar el inciso l) de la fracción I del artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a fin de dotar de competencia a los jueces federales para conocer no solamente de los delitos cometidos por o en contra de funcionarios electorales federales o de funcionarios partidistas, sino de todas las conductas previstas en el título vigesimocuarto del Código Penal Federal.

Por todo lo expuesto y fundado, se somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el inciso l) de la fracción I del artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación

Único. Se reforma el inciso l) de la fracción I del artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 50 . Los jueces federales penales conocerán

I. De los delitos del orden federal.

Son delitos del orden federal

a) a k) ...

l) Los cometidos por o en contra de servidores públicos electorales , de funcionarios partidistas, de organizadores de actos de campaña, de administradores de recursos de los partidos políticos , en los términos del títulovigesimocuarto del Código Penal Federal , y

II. y III. ...

Transitorios

Primero . El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo . Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de enero de 2013.

Senador Arturo Zamora Jiménez