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Iniciativas

Estado Actual: Aprobada Ficha Técnica

De la Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 233 Bis al Código Penal Federal.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.


Propone adicionar un nuevo artículo al Código Penal Federal a efecto de sancionar a la persona o personas que se beneficien económicamente por los actos y hechos jurídicos que resulten falsos cuando hubieren sido protestados de decir verdad en instrumento público ante fedatario, y formulen declaraciones falsas o hayan resultado culpables por investigaciones relacionadas en materia de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, amenazas, lavado de dinero o terrorismo. Por otra parte, se sanciona el hecho de hacer constar en instrumentos públicos, la creación, transmisión, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles, a sabiendas de que la persona o personas que intervienen en dichos actos jurídicos, hayan resultado culpables por investigaciones relacionadas en materia de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, amenazas, lavado de dinero o terrorismo.

La propuesta del dispositivo normativo, enuncia que sin perjuicio de lo dispuesto por la legislación correspondiente en materia de lavado de dinero y prevención de ilícitos, se aumentarán en una mitad las penas a que se refiera el capítulo correspondiente, en cada caso en concreto, cuando la persona o personas que se beneficien económicamente por los actos y hechos jurídicos que resulten falsos hubieren sido protestados de decir verdad en instrumento público ante fedatario, y formulen declaraciones falsas o hayan resultado culpables por investigaciones relacionadas en materia de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, amenazas, lavado de dinero o terrorismo.

En un segundo párrafo se establece que las penas señaladas, también se duplicarán, si en los instrumentos públicos se hace constar la creación, transmisión, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles, a sabiendas de que la persona o personas que intervienen en dichos actos jurídicos, hayan resultado culpables por investigaciones relacionadas en materia de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, amenazas, lavado de dinero o terrorismo.

La suscrita Marcela Guerra Castillo, Senadora de la República de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 numeral 1 fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta H. Soberanía, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 233 Bis al Código Penal Federal, mismo que se hace al tenor siguiente:
Exposición de motivos

La mayoría de las personas cuando pensamos en la palabra Fe, la asociamos con aquello en lo que creemos, o en algo que damos por cierto y enmarca un concepto positivo de algo, de igual forma, lo concebimos como algo que nos da confianza, algo que damos por cierto o algo que implica convicción.

Se puede establecer que existen varios tipos de Fe, pero generalmente relacionamos este concepto con la fe religiosa, la fe legal, la fe pública y la fe humana, siendo esta la que se deriva de las afirmaciones hechas por el hombre.  También se cataloga a la fe de algo, partiendo de quien o quienes la emiten, pudiendo ser una autoridad religiosa, una autoridad jurisdiccional o aquella que se deriva de la autorización dada por el Estado a un particular.

Los hechos o actos jurídicos para que trasciendan, o para tener reconocimiento legal, deben de ser consignados en documentos, que sirven para ilustrar acerca de algún hecho pudiendo ser este de carácter histórico, o en el que se hacen constar datos fidedignos o susceptibles de ser empleados como tales para probar algo.

Los documentos pueden considerarse como auténticos cuando están autorizados o legalizados y estaremos en presencia de un documento privado, cuando este es elaborado por particulares para reconocer, obligar o comprometer un acto o un hecho y es autorizado por las partes interesadas, pero no por un funcionario competente, estos tipos de documentos hacen prueba contra la persona que lo escribe, mientras que un documento se considera como público, cuando es autorizado por un funcionario para ello competente y acredita los actos o hechos que refiere, así como la fecha en que fueron elaborados.

El Código Federal de Procedimientos Civiles en sus artículos 129 y 130, establecen que se consideran documentos públicos, a aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de la fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, por lo que la calidad de públicos, se demuestra por la existencia regular, sobre los documentos, de los sellos, firmas u otros signos exteriores que prevengan las leyes, por ello, los documentos expedidos por autoridades de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y Territorios o de los Municipios, harán fe en los juicios civiles del ámbito federal, sin necesidad de ser legalizados.

Por otro lado, el artículo 133 del citado código sustantivo civil, señala que son documentos privados, aquellos que no reúnan las condiciones establecidas para los documentos públicos.

Por otro lado, el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, establece que los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquéllos procedan y que cuando en ellos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, sólo prueban plenamente que ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones, sin que prueben la verdad de lo declarado o manifestado.
Como hemos podido establecer, la Fe Pública es un atributo dado por el Estado a determinados funcionarios o a particulares con una autorización determinada (Notarios y Corredores Públicos, Escribanos, ect.), a efecto de que garanticen que un acto o hecho es cierto para que surta efectos legales, por lo que se considera que el documento que los consigna y que fue autorizado por ellos, hace prueba plena.
Es por ello, que todo Fedatario Público como también lo pueden llegar a hacer Las Autoridades Administrativas, los Jueces, Secretarios de Acuerdos, Secretarios Notificadores y Ejecutores, Ministerios Públicos, cónsules, jueces del Registro Civil, jueces cívicos, síndicos municipales, entre otros tiene una gran responsabilidad, ya que de acuerdo a determinadas circunstancias, deben tener la certeza de que el acto o hecho jurídico del cual dan fe, es verdadero y comprobable por medio de evidencias que el mismo debe poseer, apoyándose en las diversas leyes que norman tanto la formalidad que deben de revestir los actos o hechos jurídicos, como las que norman su actuar profesional que debe ser honesto y regirse por principios y valores que no den pie al temor o a la ambición.

Por tal motivo, se debe de tener mucho cuidado de que dichos funcionarios y autorizados para ejercer la Fe Pública, se conduzcan con total apego a derecho, de forma recta y honorable, ya que de lo contrario, se pone en riesgo la seguridad jurídica de cualquier persona que intervenga en un acto o en un hecho jurídico, toda vez que los mismos generan o traen aparejados consecuencias o efectos jurídicos.

En los últimos años, la delincuencia organizada dentro de las diversas comisiones de ilícitos que realiza, ha ideado cada día nuevas formas y maneras de beneficiarse económicamente de gente inocente, y ha llegado a utilizar a diversos fedatarios públicos, (Notarios Públicos, Corredores Públicos, Autoridades con Fe Pública, etc.) que bajo amenaza de muerte o de causarles un daño en sus personas o a sus familiares o dependientes o incluso en contubernio con ellos, dan fe de actos o hechos que afectan patrimonialmente a la gente, o que les causan perjuicios en sus derechos personales o reales, tal es el caso de cuando obligan a alguien a vender una propiedad sin recibir el pago correspondiente, cuando obligan a alguien a reconocer una deuda que no existe o cumplir una obligación de pago de dinero en exceso, o a ceder derechos sobre bienes muebles e inmuebles, entre otros.
Al suscitarse los abusos que han quedado mencionados en el párrafo que antecede, no solo se perjudican los derechos personales y patrimoniales de las personas, sino que también se vulneran la certeza y seguridad jurídica de los actos y hechos jurídicos, rompiendo el propósito de la Fe Pública como medio para evitar interpretaciones contrarias o conflictos en la generación cotidiana de actividades contractuales, convencionales y comerciales que requieren de formalidad, reconocimiento o cumplimiento jurídicos.
En México, las garantías individuales consignadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, obligan al Estado a garantizar que todo gobernado debe de tener la certeza de que su persona, sus papeles, su familia, sus posesiones y sus derechos deberán de ser respetados por la Autoridad, es por ello, que la fe pública llegar a ser una garantía, brindad por el Estado, de que los hechos que interesan al derecho son verdaderos o auténticos, ya que en la convivencia social diaria, existen una serie de hechos y de actos que tienen relevancia jurídica que aunque no sean presenciados por la colectividad, deben de ser creídos y aceptados como verdad legal.

No hay que pasar por alto, que las aseveraciones de la existencia y efectos de los hechos o actos jurídicos muchas veces pueden ser falseados o alterados para perjuicio de alguna persona beneficiando a otra que se puede valer del engaño, de la mentira o de la violencia para afectar la voluntad de dicha persona, es por esto que se reitera que los particulares con autorización del Estado y las Autoridades que están facultadas para dar fe pública, deben ejercerla para dar seguridad jurídica y con imparcialidad, por lo que deben de ser conocedores del derecho y auxiliadores y orientadores del mismo.

Es de hacer notar que el dispositivo legal que se pretende incluir en el Código Penal Federal materia de la presente iniciativa, fue diseñado por la suscrita tomando en cuenta los argumentos brindados por los representantes del Colegio Nacional de Correduría Pública Mexicana, A.C., quienes se mostraron muy participativos y brindaron su respaldo a la presente propuesta, y que también me reuní con algunos representantes de la Asociación Nacional del Notariado Mexicano, A.C., para escuchar la postura de dicho gremio.

En mérito de lo anterior, es que se presenta esta iniciativa con el propósito de complementar y abundar en los efectos precisados en el proyecto de decreto por el que se adiciona un Artículo 233 Bis al Código Penal Federal y que reforma el inciso 17 de la Fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, que presente durante la LXII Legislatura del Senado de la República en la Sesión Ordinaria del 16 de octubre del 2012.

Desde este momento, se solicita que la presente iniciativa sea turnada a las mismas comisiones legislativas encargadas de dictaminar la iniciativa que ha quedado precisada y que lo son, las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, para que al emitir su dictamen, se tomen en cuenta los elementos de las dos iniciativas para integrarlos en un solo dispositivo legal que recoja los elementos más benéficos de ambas propuestas legislativas, siendo en esencia el sancionar  a la persona o personas que se beneficien económicamente por los actos y hechos jurídicos que resulten falsos cuando hubieren sido protestados de decir verdad en instrumento público ante fedatario, y formulen declaraciones falsas o hayan resultado culpables por investigaciones relacionadas en materia de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, amenazas, lavado de dinero o terrorismo.

Asimismo, se sanciona el hecho de hacer constar en instrumentos públicos, la creación, transmisión, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles, a sabiendas de que la persona o personas que intervienen en dichos actos jurídicos,  hayan resultado culpables por investigaciones relacionadas en materia de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, amenazas, lavado de dinero o terrorismo.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta H. Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona un artículo 233 Bis al Capítulo II del Título Décimo Segundo del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

CAPITULO II
Delitos de abogados, patronos y litigantes

Artículo 231.- …

Artículo 232.- …

Artículo 233.- …

Artículo 233 Bis.- Sin perjuicio de lo dispuesto por la legislación correspondiente en materia de lavado de dinero y prevención de ilícitos, se aumentarán en una mitad las penas a que se refiere este capítulo en cada caso en concreto, cuando la persona o personas que se beneficien económicamente por los actos y hechos jurídicos que resulten falsos hubieren sido protestados de decir verdad en instrumento público ante fedatario, y formulen declaraciones falsas o hayan resultado culpables por investigaciones relacionadas en materia de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, amenazas, lavado de dinero o terrorismo.

Las penas señaladas en el presente capítulo también se duplicarán, si en los instrumentos públicos se hace constar la creación, transmisión, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles, a sabiendas de que la persona o personas que intervienen en dichos actos jurídicos,  hayan resultado culpables por investigaciones relacionadas en materia de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, amenazas, lavado de dinero o terrorismo.

ARTÍCULO TRANSITORIO

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República a los tres días de diciembre del año dos mil doce.

Senadora Marcela Guerra Castillo.