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Iniciativas

Estado Actual: Desechada Ficha Técnica

Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 26, 72 y 76 de la Ley General de Desarrollo Social.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO SOCIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.


Establece que los gobiernos de las entidades federativas deberán elaborar y publicar, en sus respectivos periódicos oficiales, las reglas de operación de los programas o acciones de desarrollo social estatales, así como su metodología, normatividad, calendarización y la distribución a los municipios de los recursos federales. En caso de que no lo hagan, se sancionará administrativamente a los servidores públicos en los términos de la legislación en materia de responsabilidades administrativas aplicables a los funcionarios que incumplan con la obligación de difundir la información anteriormente referida. Igualmente se sancionará a quien no difunda los indicadores de resultados, gestión y servicios para medir su cobertura, calidad e impacto de los programas sociales.

Señala que en caso de encontrar altos niveles de opacidad en un programa público, que limite la capacidad del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social para evaluar las reglas de operación, la calidad de su diseño, el cumplimiento de sus metas o la cobertura de su población potencialmente beneficiaria, este Consejo deberá recomendar su inmediata suspensión.

Benjamín Robles Montoya
SENADOR DE LA REPÚBLICA

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 26, 72 Y 74 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, PRESENTADA POR EL SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
P R E S E N T E

El suscrito, BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, Senador de la República a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II, 72 y 73 fracción XXVIII, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 164 numerales 1, 2 y 3 del Reglamento del Senado de la República; somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los Artículos 26, 72 y 74 de la Ley General de Desarrollo Social, de conformidad con lo siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La opacidad en el manejo de los programas sociales es un problema que repercute de manera grave y directa en la capacidad del Estado Mexicano para garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales de los mexicanos, consagrados en la Carta Magna del país.

Es a partir de la discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos,  de la nula existencia de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, que se consolidan las condiciones necesarias para que impere la corrupción y el uso político o partidista en la aplicación de los programas sociales.

Los derechos sociales son derechos plenamente exigibles y conllevan obligaciones específicas para los estados, entre ellas la protección del contenido mínimo de cada uno de ellos. El Constitucionalismo Social, del cual México es referente mundial, a partir de la Constitución de 1917, claramente establece que los derechos sociales de los mexicanos no responden a  visiones programáticas o plataformas políticas; esto es, no pueden estar sujetos al arbitrio de la administración en turno, ni ser objeto de cálculo político alguno. Los derechos sociales son, ante todo, y así lo avala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, preceptos de carácter normativo.

De igual modo, México ha suscrito diverso instrumentos internacionales sobre la materia, siendo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales el más significativo. En su Observación General No. 3 (14/12/90), el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales señaló que los derechos económicos, sociales y culturales incluyen obligaciones de acción y de resultado, concluyendo que si bien los derechos civiles y políticos están previstos en otro tratado internacional, las obligaciones a las que están sujetos los estados son muy similares.

Lo anterior significa que los derechos sociales también desencadenan obligaciones con efectos inmediatos, como garantizar los derechos sin ningún tipo de discriminación y adoptar las medidas necesarias (legislativas, administrativas, etc.) para satisfacer el contenido normativo de tal derecho.

Con la finalidad de garantizar estos derechos, el Estado Mexicano, a lo largo de varias décadas, ha ido adecuando su diseño institucional con la clara finalidad de establecer las dependencias y programas que de mejor manera contribuyan a garantizar el tutelaje de los mismos. 

De esta manera, tenemos que el 29 de diciembre de 1976, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, se presentaron las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal por medio de las cuales se creaba la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas (SAHOP), contando, como principales atribuciones, con las siguientes:

a) Desarrollo urbano y asentamientos humanos.

b) Problema ecológico de la vivienda.

Seis años después, en diciembre de 1982, se creaba la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue), cuya atribución primordial era la de: "atender de manera integral los problemas de vivienda, desarrollo urbano y ecología".

Diez años más tarde, en mayo de 1992, se publican las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que fusionan a la Sedue y a la Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP) –que manejaba el Programa nacional de Solidaridad (Pronasol)-, para crear la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).

El objetivo primordial de esta nueva Secretaría era el combate a la pobreza extrema entre campesinos, indígenas y colonos de zonas urbano-marginadas. Esta  dependencia basó su estrategia de combate a la pobreza, en un principio, en el programa de Solidaridad, buscando establecer una nueva relación entre Estado y sociedad. Entre sus principales atribuciones aún se encuentran:

a) La descentralización de algunas decisiones importantes y recursos a estados y municipios (federalización).

b) La creación de espacios comunitarios útiles para el combate a la pobreza.

Todo esto sirve para ilustrar como, a pesar de que ha existido una evolución del diseño institucional en materia de desarrollo social, culminando con el actual enfoque  programático, no es sino hasta el 20 de enero de 2004, a partir de la publicación de la Ley General de Desarrollo Social, que se institucionaliza un criterio guía insoslayable.

La Ley General de Desarrollo Social estipula, en la fracción II del Artículo 1, como objeto de la misma, lo siguiente:

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional, y tiene por objeto:

I. …

II. Señalar las obligaciones del Gobierno, establecer  las instituciones responsables del desarrollo social y definir los principios y lineamientos generales a los que debe sujetarse la Política Nacional de Desarrollo Social;

De esta manera, con la publicación de esta Ley, se asegura la existencia de un marco normativo que cumpla con diversos tratados internacionales, así como con la ineludible responsabilidad del Estado en este rubro.

Sin embargo, y en esto radica el espíritu de esta iniciativa, a pesar de que se ha avanzado en materia de transparencia y rendición de cuentas, y en el establecimiento de  un Sistema Nacional de Desarrollo Social en el que participen los gobiernos municipales, de las entidades federativas y el federal, aún vemos como el flujo de los recursos se ve obstaculizado por diversas carencias normativas, impidiendo que el esfuerzo presupuestal del Estado llegue a la población meta, y sin contribuir de manera efectiva a la erradicación de la pobreza.

De acuerdo al Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en México 2012, presentado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), de los 273 programas sociales existentes, en 25 no se tiene información disponible para determinar el gasto y el tipo de apoyo que se da, mientras que en 131 se entregó más de un tipo de apoyo.

El reporte señala que el gobierno federal invirtió el año pasado 730 mil 581 millones de pesos en la aplicación de 273 programas sociales, pero a pesar de la creación de más apoyos, no se ha logrado reducir el nivel de pobreza, que afecta a 46% de la población.

“Posiblemente varios programas pueden resolver problemas concretos de la población, pero debido a que no siempre se cuenta con información clara y transparente sobre los resultados, habrá que analizar la posibilidad de un uso político de los mismos”, menciona el documento.

Las conclusiones del Índice de Desempeño de los Programas Públicos Federales 2012 (INDEP), realizado por Gestión Social y Cooperación (Gesoc), son aún más alarmantes. Según este estudio, de los 163 programas sociales operados por el Gobierno federal que fueron analizados, 74 registran problemas graves de opacidad.

Los programas menos transparentes, que Gesoc denomina como la “caja negra” del gasto social, significan el 38% de los casi 400 mil millones de pesos presupuestados para esos apoyos sociales.

De acuerdo con el INDEP 2012, sólo 16 programas sociales, de los 163 evaluados, alcanzaron calificación de "óptimos".

En las entidades federativas la situación es aún más grave, pues la información para su estudio es casi nula. En Tlaxcala y Aguascalientes, por mencionar sólo dos casos, no existe registro sobre el uso o destino de los programas sociales.

Es cierto que  la reforma a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, destinada a transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación de recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno, representa un avance significativo toda vez que fortalece las tareas de planeación, ejecución, control, evaluación y fiscalización. 

Sin embargo, no basta con tener información que sea comparable, que sea homogénea en los ingresos y en los gastos, si esa información no tiene consecuencias, si no se fortalece la rendición de cuentas a partir de la información que vamos a tener ahora.

En vista de lo anterior, resulta evidente la necesidad de contar con vínculos de carácter jurídico que obliguen a las dependencias encargadas de ejercer el gasto de desarrollo social, de los tres órdenes de gobierno, a cumplir con los preceptos y lineamientos contenidos en la Ley General de Desarrollo Social. De otra manera, continuaremos bajo esta lógica de acción donde miles de millones de pesos del erario, lejos de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los más necesitados, son desviados con fines políticos o partidistas.

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 26, 72 Y 74 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.

Artículo único.- Se reforman y adicionan los Artículos 26, 72 y 74 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo 26. El Gobierno Federal deberá elaborar y publicar en el Diario Oficial de la Federación las reglas de operación de los programas de desarrollo social incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como la metodología, normatividad, calendarización y las asignaciones correspondientes a las entidades federativas. Por su parte, los gobiernos de las entidades federativas deberán elaborar y publicar, en sus respectivos periódicos oficiales, las reglas de operación de los programas o acciones de desarrollo social estatales, así como su metodología, normatividad, calendarización y la distribución a los municipios de los recursos federales.

Se sancionará administrativamente a los servidores  públicos en los términos de la legislación en materia de responsabilidades administrativas aplicables a los funcionarios que incumplan con la obligación de difundir la información anteriormente referida.

Artículo 72. La evaluación de la Política de Desarrollo Social estará a cargo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que podrá realizarla por sí mismo o a través de uno o varios organismos independientes del ejecutor del programa, y tiene por objeto, revisar periódicamente el cumplimiento del objetivo social de los programas, metas y acciones de la Política de Desarrollo Social, para corregirlos, modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente.

En caso de encontrar altos niveles de opacidad en un programa público, que limite la capacidad del Consejo para evaluar las reglas de operación, la calidad de su diseño, el cumplimiento de sus metas o la cobertura de su población potencialmente beneficiaria, este Consejo deberá recomendar su inmediata suspensión.

Artículo 74. Para la evaluación de resultados, los programas sociales de manera invariable deberán incluir los indicadores de resultados, gestión y servicios para medir su cobertura, calidad e impacto. Las dependencias del Ejecutivo Federal, estatales o municipales, ejecutoras de los programas a evaluar, proporcionarán toda la información y las facilidades necesarias para la realización de la evaluación.

Se sancionará administrativamente a los servidores  públicos en los términos de la legislación en materia de responsabilidades administrativas aplicables a los funcionarios que incumplan con la obligación de proporcionar información anteriormente referida.

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el sesión de plenos a los seis días de diciembre de 2012.

SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA