+  -   
Transparencia Parlamentaria Transparencia Parlamentaria
Iniciativas, Minutas, Instrumentos internacionales y proposiciones
Asistencias / Votaciones
Senadores
Comisiones
Gaceta del Senado Gaceta del Senado
Gaceta de la comisión Permanente Gaceta de la Comisión Permanente
Gaceta del Senado Orden del Día
Versión Estenográfica Versión Estenográfica
Diario de los Debates Diario de los Debates
Comisión Permanente Comisión Permanente
Documentos de Apoyo Parlamentario Documentos de Apoyo Parlamentario
Marco Jurídico Marco Jurídico
Consultoría Jurídica Legislativa Consultoría Jurídica Legislativa
Consultoría Jurídica Legislativa Seguimiento a Reformas Constitucionales
Sinopsis Legislativa Sinopsis Legislativa
Sesión al minuto Sesión al minuto
Tratados Internacionales aprobados Tratados Internacionales aprobadas
Legislación aprobada Legislación aprobada
Respuestas a Proposiciones aprobados Respuestas a Proposiciones aprobados
Portal de Accesso
Organización Organización
Recursos Humanos Recursos Humanos
Recursos Materiales Recursos Materiales
Recursos Financieros Recursos Financieros
Información Relevante Información Relevante
Estado de Situación Financiera Estado de Situación Financiera
Código de Ética y Conducta Código de Ética y Conducta
Transmisión en vivo Transmisión en vivo
Licitaciones Públicas Licitaciones Públicas
Transparencia y Rendición de Cuentas Sede Actual Transparencia y Rendición de Cuentas Sede Actual
Código de Ética y Conducta Contratos Relevantes
Portal de Accesso

Gaceta del Senado



Iniciativas

Estado Actual: Aprobada Ficha Técnica

De la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.


Propone adicionar una fracción XXXI, al artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de incluir como comisión ordinaria del Senado de la República a la Comisión de Competencia Económica y Derechos de los Consumidores.

La autora de la iniciativa concluye que la creación de la Comisión Ordinaria de Competencia Económica y Derechos de los Consumidores, permitirá que se le dote de funciones que le permitan revisar y actualizar el marco normativo que regula tanto a la Comisión Federal de Competencia, así como la diversa normatividad relativa a los derechos de los consumidores, para que su protección y defensa se realice en forma ágil y expedita.




INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA AL ARTÍCULO 90 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA INCLUIR COMO COMISIÓN ORDINARIA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA A LA COMISIÓN DE  COMPETENCIA ECONÓMICA Y DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES.

La suscrita MARTHA PALAFOX GUTIÉRREZ, Senadora de la República a la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo establecido en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 164, 169, 171 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado, someto a consideración de este Honorable Pleno, la siguiente iniciativa de adición al artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso general de los Estados Unidos Mexicanos, para incluir como comisión ordinaria a la Comisión de Competencia Económica y Derechos de los Consumidores, al tenor de la presente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Nuestro sistema jurídico político tiene como base el anhelo de establecer un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, que atienda a los diversos problemas que se presenten en su entorno, al aprovechamiento de sus recursos, a la consolidación de su independencia política y económica, y sustancialmente a garantizar el derecho a la alimentación, a la salud, al medio ambiente, a la vivienda, a la cultura, al acceso ala tecnología de la información, entre otros.

Es mandato constitucional que al Estado corresponde la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que este sea integral y sustentable,  que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático,  mediante el fomento del crecimiento económico, el empleo, una más justa distribución de la riqueza que permitan el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales.

En este contexto, el Estado debe promover las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación  en el desarrollo nacional, fomentar la actividad agropecuaria y forestal, para el óptimo aprovechamiento  y uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos y crédito. Así como el expedir la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público, para que garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos.

En México por mandato de nuestra Ley Suprema, debe hacerse realidad la prohibición de los monopolios y sus prácticas, la exención  de impuestos.  Así mismo, hacer efectivas las sanciones  por la comisión,  la concentración o el acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesarios y que tenga por objeto el alza de los precios, todo de acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí y obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social. 

Es muy importante el contribuir a la actualización de las leyes que fijan las bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular, así como para imponer modalidades a la organización de la distribución de esos artículos, materias o productos, a fin de evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, así como en el alza de precios, además de proteger a los consumidores y propiciar la organización de éstos para el mejor cuidado de sus intereses.

El acceso a la justicia de los derechos de los consumidores es inaplazable, prioritario y fundamental, para tal fin debe administrarse justicia por tribunales expeditos y dar cumplimiento  al imperativo constitucional de que el Congreso de la Unión expida las leyes que regule las acciones colectivas, estableciendo las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño.

El trabajo legislativo requiere cada vez de una mayor especialización para darle viabilidad jurídica a los postulados constitucionales e instrumentos internacionales, leyes federales y demás leyes secundarias que nos permitan alcanzar los objetivos para los que fuimos elegidos los representantes populares.

Nuestro trabajo como legisladores contribuye a normar de manera progresiva la convivencia en el ámbito del Estado Mexicano, además conforme se alcanzan mayores etapas de desarrollo social, económico o tecnológico, y muchas veces sólo por el crecimiento demográfico, se vuelven mas fuertes y precisos los requerimientos que se hacen al marco legal que rige la vida política, económica y social del país, es decir, adecuar el orden jurídico a la realidad.

En la economía nacional aún existe un gran retraso en el aspecto normativo, en el ejercicio de los organismos reguladores, en la vigilancia por parte de la autoridad y en la cultura cívica que se requiere para garantizar la aplicación de las leyes.

Las deficiencias en el marco regulatorio de la competencia, ha dejado amplios márgenes para que se impongan los intereses de algunos actores con gran capacidad económica, por encima de los intereses, derechos y condiciones de bienestar de amplios sectores de la población, limitando el desarrollo económico, la inversión y la generación de empleos.

Dentro del sector de los alimentos encontramos una estructura oligopólica en la que coexisten unos cuantos gigantes con cientos de miles de pequeños y medianos productores, cuya oferta es indispensable para su sobrevivencia, pero también para el abasto del mercado interno de productos básicos. Este grupo de micro y pequeños productores enfrentan dificultades para modernizarse e incluso en ocasiones no tienen posibilidades de acceder a la información que les permita mejorar su posición negociadora en las transacciones que realizan para producir y vender su cosecha.

Lo mismo ocurre con los consumidores, que enfrentan las estrategias de los intermediarios, que buscan solamente maximizar sus utilidades en sus ventas al consumidor final; por esa razón grandes sectores de la población tienen problemas para obtener mejores condiciones de compra de los bienes básicos, lo que en muchas ocasiones los hace presa de procesos especulativos que propician una fuerte pérdida de su poder adquisitivo.

Unos y otros, los pequeños productores y consumidores ubicados en los extremos de la cadena de valor, enfrentan con urgencia la atención del legislativo para promover una mejora regulatoria de los mercados por parte de las autoridades, que permita la vinculación entre grupos de productores y consumidores, que son los principales autores.

Esta demostrado que en el desarrollo de las economías modernas, ha sido fundamental la regulación sobre el comportamiento de los grandes consorcios, la vigilancia sobre las relaciones de equidad en el intercambio y sobre su comportamiento en relación con los consumidores de sus productos.

Aún cuando el Legislativo ha dado instrumentos a la Comisión Federal de Competencia para que actúe en ese campo, la falta de supervisión y vigilancia social y en particular fallas legislativas han permitido que la Comisión se mantenga pasiva y permita concentración cada vez más actividades en unas cuantas empresas.

Es por ello que se considera necesaria la creación de una Comisión Ordinaria de Competencia Económica y Derechos de los Consumidores, que  entre otras funciones, revise y actualice el marco normativo que regula tanto a la Comisión Federal de Competencia para hacer que sus actividades sean más eficientes, así como  la  diversa normatividad relativa a los derechos de los consumidores, para que su protección y defensa  se realice en forma ágil y expedita.

Es indispensable además, que sea revisada, actualizada o creada de ser necesaria las disposiciones legales que regulan la prestación de bienes y servicios, cuidando siempre el beneficio del consumidor final. De igual forma proponer normas que protejan a los micro y pequeños empresarios  del sector alimenticio en las transacciones que realizan para producir y vender sus cosechas, con lo que se evitará la  especulación, el acaparamiento y el alza indebida  de productos  básicos, lo que beneficiará al comercio y a la economía.

La creación o inclusión de comisiones en nuestro marco normativo esta prevista en el artículo 85 numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que señala: “ La Cámara de Senadores contará con el número de comisiones ordinarias y especiales que requiera para el cumplimiento de sus funciones”. En el numeral 2 inciso a) Ordinarias: analizan y dictaminan las iniciativas de ley o decreto que le sean turnadas, así como los asuntos del ramo o área de su competencia.

Por su parte el Reglamento del Senado reitera esta disposición en el artículo 114, además señala en el artículo 113 numeral 1.- Las comisiones,  como forma de organización interna del trabajo legislativo, se constituyen por mandato de ley o por acuerdo del Pleno para el adecuado cumplimiento de las atribuciones  y responsabilidades del Senado. Agregando en el numeral 2.- En las comisiones se dictamina, investiga, consulta, analiza, debate y  resuelve sobre las materias de su competencia.

En mérito de lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 174, 175 y 176 del Reglamento del Senado de la República, se somete  a consideración la siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 90 DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA INCLUIR DENTRO DE LAS COMISIONES ORDINARIAS, LA DE COMPETENCIA ECONÓMICA Y DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES, para quedar como sigue:

Artículo 90.

  1. Las comisiones ordinarias serán las de:      
  2.  

I a XXX….

XXXI. Competencia Económica y Derechos de los Consumidores.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones a los cuatro días del mes de diciembre  del 2013.