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Estado Actual: Desechada Ficha Técnica

Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se adicionan los párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.


Propone ciudadanizar la contraloría del Estado, otorgándole autonomía plena para que goce de patrimonio y personalidad jurídica propia, así como independencia en su accionar.

La Contraloría Ciudadana, como organismo constitucional autónomo, contará con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios, será la encargada de velar por la correcta administración de los recursos públicos.

Estará presidida por un Contralor Ciudadano, cuya designación será hecha conforme a la convocatoria emitida por el Senado de la República, donde universidades, instituciones de educación y organizaciones civiles propondrán a los individuos que, de acuerdo a su accionar profesional, currículo y honorabilidad, encajen con el perfil deseado.

El Contralor Ciudadano General será elegido por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la misma votación calificada. Durará en su cargo cinco años, podrá ser reelecto por una sola vez, no deberá tener filiación partidista alguna, deberá de contar con reconocido prestigio profesional y sólo podrá ser removido de sus funciones en los términos del Título Cuarto de esta Constitución.

En su funcionamiento, la Contraloría Ciudadana se regirá por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y profesionalismo.

El Contralor Ciudadano General presentará anualmente un informe de actividades ante la Cámara de Senadores.

Corresponderá a la Contraloría Ciudadana la persecución, ante los tribunales federales, de todos los delitos relacionados con actos de corrupción o uso indebido de recursos públicos, cometidos por cualquier integrante de los Poderes de la Unión, así como de los poderes públicos de las Entidades Federativas, de los Municipios y de los Organismos Constitucionales Autónomos.

Le corresponderá, de igual manera, solicitar a la autoridad judicial correspondiente las órdenes de aprehensión contra los inculpados, buscar y presentar las pruebas que acrediten la plena responsabilidad de estos, vigilar que los juicios se sigan con toda regularidad, solicitar la aplicación de las penas correspondientes e intervenir en todos los procesos que la ley determine.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA CONTRALORÍA CIUDADANA COMO ORGANISMO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO, CON AUTONOMÍA DE GESTIÓN Y PRESUPUESTARIA, PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, PRESENTADA POR EL SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA

CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN

P R E S E N T E

El suscrito, Benjamín Robles Montoya, Senador de la República a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II, 72 y 73 fracción XXVIII, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 164 numerales 1, 2 y 3 del Reglamento del Senado de la República; somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto al Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con lo siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Es un despropósito que la contraloría del Estado, encargada de vigilar el manejo de los dineros, esté a las órdenes del Ejecutivo Federal. Aquel que se encarga de detectar y sancionar los actos de peculado y corrupción está al servicio, y por tanto al arbitrio, del titular de la máxima magistratura. Figura a la que le responden también las dependencias encargadas de direccionar y ejercer los presupuestos federales -donde  se corre el mayor riesgo de incurrir en prácticas de desfalco al erario público-. Esto representa un claro conflicto de intereses, siendo que la administración pública federal se erige como  juez y parte. 

Nunca podremos avanzar en materia de combate a la corrupción, así como en el uso óptimo, honesto y transparente de los recursos públicos, si el Contralor del Estado sigue estando suscrito a la autoridad del Ejecutivo.  Que una posición tan importante para el probo funcionamiento de la administración pública, fundamental para elevar la calidad en la gestión y desempeño de los servidores públicos, sea ejercida por un empleado del Presidente, representa un sin sentido y atenta contra el principio de  vigilancia y transparencia.

El nombramiento del titular de la Secretaría de la Función Pública por parte del Presidente de la República alienta la opacidad y pervierte la función primigenia de un órgano que, en teoría, debería fungir como censor de toda práctica ilegal en la administración pública. En cambio, vemos que esta instancia se convierte en encubridor de las tropelías propias de un aparato burocrático ajeno al escrutinio ciudadano.

Para lograr una real concurrencia de esfuerzos entre el gobierno y los ciudadanos, en la que la sociedad se pueda erigir como protagonista y corresponsable de su propio desarrollo, es indispensable implementar nuevos esquemas de participación y toma de decisiones gubernamentales.

Sólo a través  del empoderamiento ciudadano, con instituciones que contribuyan de manera efectiva a esa motivación, blindadas contra  intereses facciosos y ajenos al interés general,  se podrá inhibir el uso discrecional y arbitrario del poder.  Las transformaciones que requiere el desarrollo del país deben responder, forzosamente, a la evolución política y democrática del cuerpo social mexicano; el monopolio partidocrático del espacio público debe ceder ante la participación ciudadana y una mayor democracia participativa.

Es por lo anterior que se propone ciudadanizar la contraloría del Estado, dándole autonomía plena para que goce de patrimonio y personalidad jurídica propia, así como independencia en su accionar, teniéndole que rendir cuentas solamente al pueblo de México.

La corrupción, a nadie le es ajeno, es el gran lastre que nos impide transitar como sociedad y nación hacia un estadio de mayor bienestar y desarrollo económico. Esa gran mácula, producto de la impunidad y la cultura de privilegios, ha imantado su imperio a todos los órdenes de gobierno, así como a todos los sectores sociales del país.

Una instancia sólida, queda claro, y ciudadana, debe ser creada para combatir la corrupción de arriba hacía abajo.

En materia de combate a la corrupción México se ha comprometido internacionalmente, así lo avala el hecho de haber signado diversos instrumentos internacionales en este sentido: La Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC); la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos en Transacciones Comerciales Internacionales y; apenas en el 2004, nuestro país firmó la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC).

Estos instrumentos internacionales, de conformidad con el Artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituyen la Ley Suprema de toda la Unión.

Con la creación de la Contraloría Ciudadana, México estaría honrando  lo estipulado en los acuerdos internacionales que ha firmado, especialmente en lo que respecta al artículo 6 de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que a la letra dice:  

Artículo 6

Órgano u órganos de prevención de la corrupción

  1. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, garantizará la existencia de un órgano u órganos, según proceda, encargados de prevenir la corrupción con medidas tales como:

 a) La aplicación de las políticas a que se hace alusión en el artículo 5 de la presente Convención y, cuando proceda, la supervisión y coordinación de la puesta en práctica de esas políticas;

 b) El aumento y la difusión de los conocimientos en materia de prevención de la corrupción.

 2. Cada Estado Parte otorgará al órgano o a los órganos mencionados en el párrafo 1 del presente artículo la independencia necesaria, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, para que puedan desempeñar sus funciones de manera eficaz y sin ninguna influencia indebida. Deben proporcionárseles los recursos materiales y el personal especializado que sean necesarios, así como la capacitación que  dicho personal pueda requerir para el desempeño de sus funciones.

 3. Cada Estado Parte comunicará al Secretario General de las Naciones Unidas el nombre y la dirección de la autoridad o las autoridades que puedan ayudar a otros Estados Parte a formular y aplicar medidas concretas de prevención de la corrupción.

El nombramiento del contralor ciudadano se logrará tras una ardua auscultación en la sociedad, donde universidades, instituciones de educación y organizaciones civiles propongan a los individuos que, de acuerdo a su accionar profesional, currículo y honorabilidad, encajen con el perfil deseado. Será elegido por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores.

Países como Venezuela ya cuentan con Contraloría Autónoma (Contraloría General de la Republica). Esta contraloría no forma parte ni del Poder Ejecutivo, ni del Legislativo, ni del Judicial, sino a lo que ellos denominan Poder Ciudadano.

Una de las funciones primordiales de esta Contraloría Ciudadana sería encargarse de coordinar todo el sistema de control y evaluación gubernamental, de igual forma sería responsable de aplicar el régimen disciplinario de los servidores públicos.

De esta manera se lograría la independencia e imparcialidad en los procesos de responsabilidad penal que se instauren por faltas u omisiones de cualquier funcionario público.

Un punto más a destacar es que la Contraloría Ciudadana podría iniciar de oficio los procedimientos de responsabilidad penal en materia de corrupción, cuando por cualquier medio se entere de que algún servidor público violó la ley. También podrá iniciar sus investigaciones a partir de la denuncia que formule cualquier ciudadano.

Es indispensable vigilar, y a ese fin se aboca la presente iniciativa, que este órgano ciudadano cuente con las atribuciones suficientes para actuar como una verdadera fiscalía anticorrupción, sin permanecer en carácter de simple coadyuvante de las instancias encargadas de perseguir el delito.

El primer párrafo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estipula:

Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Es precisamente para honrar el espíritu de este artículo, y en vista de lo anteriormente expuesto, que se pone a consideración de esta soberanía la siguiente:

 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS SEGUNDO, TERCERO, CUARTO y QUINTO AL ARTÍCULO 134, Y SE RECORREN LOS ACTUALES Y SUBSECUENTES, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA  DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS:

ARTÍCULO PRIMERO.- Se adicionan los párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto al Artículo 134, y se recorren los actuales y subsecuentes, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 134.- Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

La Contraloría Ciudadana, como organismo constitucional autónomo, contará con autonomía de gestión y  presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios, será la encargada de velar por la correcta administración de los recursos públicos. La Contraloría Ciudadana estará presidida por un Contralor Ciudadano General, cuya designación será hecha conforma a la convocatoria emitida  por el Senado de la República, donde universidades, instituciones de educación y organizaciones civiles propondrán a los individuos que, de acuerdo a su accionar profesional, currículo y honorabilidad, encajen con el perfil deseado.

En su funcionamiento, la Contraloría Ciudadana se rige por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y profesionalismo.

El Contralor Ciudadano General será elegido por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la misma votación calificada. Durará en su cargo cinco años, podrá ser reelecto por una sola vez, no deberá tener filiación partidista alguna, deberá de contar con reconocido prestigio profesional y sólo podrá ser removido de sus funciones en los términos del Título Cuarto de esta Constitución. El Contralor Ciudadano General  presentará anualmente un informe de actividades  ante la Cámara de Senadores.

Corresponde a la Contraloría Ciudadana la persecución, ante los tribunales federales, de todos los delitos relacionados con actos  de corrupción o uso indebido de recursos públicos, cometidos por cualquier integrante de los Poderes de la Unión, así como de los poderes públicos de las Entidades Federativas, de los Municipios y de los Organismos Constitucionales Autónomos. Le corresponderá, de igual manera, solicitar a la autoridad judicial correspondiente las órdenes de aprehensión contra los inculpados, buscar y presentar las pruebas que acrediten la plena responsabilidad de estos, vigilar que los juicios se sigan con toda regularidad, solicitar la aplicación de las penas correspondientes e intervenir en todos los procesos que la ley determine.

…….

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- El Congreso de la Unión deberá expedir las correspondientes Leyes reglamentarias dentro de los 60 días de la entrada en vigor del presente Decreto.

TERCERO.- En un plazo máximo de 60 días, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, la Cámara de Senadores deberá elegir al Contralor Ciudadano General. Conforme al procedimiento dispuesto por este Decreto.

Dado en el Salón de Sesiones a los 22 días del mes de noviembre de dos mil doce.

Atentamente,

Senador Ángel Benjamín Robles Montoya