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De las Senadoras Lorena Cuéllar Cisneros, Dolores Padierna Luna y Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo relativo a las recomendaciones sobre la práctica de la tortura en México, señaladas en el informe de Amnistía Internacional.

FUE CONSIDERADO DE URGENTE RESOLUCIÓN. INTERVINIERON LOS SENADORES:
LUCERO SALDAÑA PÉREZ, PRI.
FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO, PRD.
ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, PRD.
FUE APROBADO EN VOTACIÓN ECONÓMICA.


PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LAS RECOMENDACIONES SOBRE LA PRÁCTICA DE LA TORTURA EN MÉXICO SEÑALADAS EN EL INFORME DE AMNISTIA INTERNACIONAL.

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO
P R E S E N T E,

Las suscritas, senadoras LORENA CUELLAR CISNEROS, DOLORES PADIERNA LUNA y ÁNGELICA DE LA PEÑA GÓMEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, en uso de las facultades que nos confieren los artículos 8, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la presente proposición con Punto de Acuerdo, de conformidad con las siguientes:

Consideraciones

El pasado 11 de octubre del año en curso, la organización Amnistía Internacional publicó su Informe: “Culpables conocidos, víctimas ignoradas. Tortura y Maltrato en México”, en el que se afirma que la tortura y otros malos tratos en el país han aumentado considerablemente en los últimos cinco años.

La organización internacional refiere que el gobierno en turno ha desplegado fuerzas militares y policiales a una escala sin precedente para combatir poderosos cárteles de la droga y otras redes de delincuencia organizada. Al menos 60.000 personas han sido víctimas de homicidio y más de 160.000 se han visto desplazadas internamente, debido principalmente a la violencia provocada por disputas territoriales entre cárteles, pero también a operaciones de las fuerzas de seguridad. Es decir, en este contexto es en el que han aumentado de manera alarmante los reportes de tortura y malos tratos.

A pesar de los múltiples señalamientos sobre los casos de tortura, el Informe de Amnistía Internacional destaca que el gobierno federal ha sostenido que no hay indicios de la implicación directa de funcionarios del Estado en graves violaciones de derechos humanos, como tortura, y que las transgresiones a los derechos fundamentales que se cometen, aunque condenables, son hechos aislados y se investigan siempre: “El gobierno ha manifestado que, puesto que tales violaciones no son sistemáticas ni forman parte de una política oficial, no se le puede responsabilizar de ellas”. Sin embargo, según la propia Organización, Amnistía Internacional, esta postura es insostenible y contraria a las obligaciones internacionales contraídas por México en materia de derechos humanos, entre las que figura la aplicación plena y genuina de medidas eficaces para impedir y castigar la tortura y otros malos tratos.

El Informe de Amnistía Internacional señala que de conformidad con los datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se ha generado un incremento en el número de denuncias presentadas por tortura y malos tratos. En 2007 se recibieron 392, en 2008 se consideraron 564, en 2009 se documentaron 1055, en 2010 se registraron 1161, en 2011 se contemplaron 1169.

Los datos anteriores han sido confirmados por el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (Raúl Plascencia), quien ha declarado que la práctica de la tortura ha aumentado hasta en un “2 mil por ciento”, esto en función de que en 2005 se había presentado un solo caso en materia de tortura y para 2011 se generaron cerca de 2 mil casos en lo que refiere a esta práctica y a los tratos crueles, lo cual nos da una idea de lo exponencial de este crecimiento.

Este incremento potencial de denuncias no corresponde en lo absoluto con el número de investigaciones iniciadas o procesamientos concluidos en relación con este delito. Mientras que entre 2008 y 2011 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) registró 2780 denuncias por tortura y malos tratos, Amnistía Internacional revela que según la PGR, en este mismo periodo se abrieron solamente 58 investigaciones preliminares por tortura, que dieron lugar a 4 actas de acusación formal y que de acuerdo con la Judicatura federal, durante el mismo periodo hubo 12 procesamientos por tortura, que dieron lugar a 5 sentencias condenatorias. En otras palabras es un crimen con un alarmante grado de impunidad.

Por su parte, el informe refiere que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), ha señalado que entre 2006 y 2010, en la jurisdicción o fuero federal hubo tan solo un procesamiento y ninguna sentencia condenatoria por tortura. En el mismo periodo, en el fuero común (las jurisdicciones de los 31 estados y el Distrito Federal) hubo 37 procesamientos y 18 sentencias condenatorias por tortura.

En este sentido, Amnistía Internacional refiere que la falta de sistemas de captación efectiva y debidamente desglosada de datos hace imposible evaluar con exactitud el impacto de las medidas contra la tortura adoptadas en los últimos años, particularmente con respecto al resultado de las investigaciones. Asimismo, son insistentes en el hecho de que la falta de actas de acusación, juicios y sentencias condenatorias por tortura y otros malos tratos es reflejo de la incapacidad o falta de voluntad de las autoridades para garantizar la investigación y el enjuiciamiento efectivos e imparciales de los casos.

En virtud de lo anterior, la organización propone entre otras recomendaciones las siguientes: Establecer una base de datos exacta, accesible y de ámbito nacional sobre denuncias, procesamientos y sentencias condenatorias por tortura y malos tratos; Establecer una unidad especial dentro del gobierno centrada en el reforzamiento de las medidas para combatir la tortura; reforzar el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura garantizando que la CNDH hace participar directamente en él a expertos de la sociedad civil y garantizar que la tortura y los malos tratos son objeto de investigación y enjuiciamiento de acuerdo con la Convención de la ONU contra la Tortura y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y no como delitos leves.

En conclusión Amnistía Internacional, señala que los logros en materia de prevención, investigación y sanción sobre la práctica de la Tortura han sido sumamente escasos y que los datos disponibles indican que las políticas de seguridad pública adoptadas por el gobierno en los últimos cinco años han coincidido con un alarmante aumento del uso de la tortura y los malos tratos a escala federal, estatal y municipal.

Con base en lo anteriormente expuesto, me permito poner a su consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal a instrumentar de manera plena todas las recomendaciones contenidas en el Informe de Amnistía Internacional: “Culpables conocidos, víctimas ignoradas. Tortura y Maltrato en México” con la finalidad de que se prevenga, sancione y erradique la práctica de la tortura que en los últimos años ha presentado un alarmante crecimiento en México.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 6 días del mes de noviembre de 2012.

SENADORA LORENA CUELLAR CISNEROS

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ