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Estado Actual: Aprobada Ficha Técnica

Del Sen. Armando Ríos Piter, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto que reforma los artículos 21, 73, 76, 105, 109 y 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, DE GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.


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La propuesta central de las reformas son combatir la corrupción y para ello se propone crear la Agencia Nacional para el Combate a la Corrupción, como un órgano dotado de plena autonomía de investigación, técnica, presupuestal y operativa, que tiene por objeto la prevención, el combate, la investigación, la persecución y el ejercicio de la acción penal, respecto de los delitos cometidos por servidores públicos y particulares en materia de corrupción.

La Agencia Nacional para el Combate a la Corrupción tendrá personalidad jurídica, patrimonio propio y establecerá su domicilio en el Distrito Federal. La ley considerará como elementos para determinar los delitos en materia de corrupción, el uso indebido de la función pública con fines privados, que devenga en una conducta típica, antijurídica y punible, que afecte el patrimonio público o el ejercicio del buen gobierno; genere derechos o extinga obligaciones; tolere un hecho en contravención de la ley; o, obtenga algún otro provecho ilegítimo, a cambio de que se otorgue o reciba un beneficio indebido.

La Agencia Nacional se compondrá de siete Fiscales Generales que serán designados por el voto de las dos terceras partes del total de los integrantes de la Cámara de Senadores, a propuesta de las organizaciones de la sociedad civil que tengan por objeto el combate a la corrupción y de las Instituciones de Educación Superior, en la forma, términos y procedimiento que determine la ley federal, favoreciéndose la igualdad de género y el relevo escalonado de sus integrantes. Los fiscales generales durarán en su encargo siete años, sin posibilidad de reelección. Sólo podrán ser removidos de su cargo en los términos del título cuarto de la Constitución.

La Agencia funcionará en pleno y adoptará sus decisiones por voto de la mayoría absoluta de sus miembros, será presidente del Pleno, el Fiscal General de Estado que determine el Senado de la República por el voto de las dos terceras partes de sus miembros. La Agencia Nacional para el Combate a la Corrupción perseguirá ante los tribunales los delitos del orden federal en materia de corrupción y podrá atraer la investigación de delitos del orden local en dicha materia de conformidad con lo que establezca la ley, estando facultada para solicitar las órdenes de aprehensión contra los indiciados y realizar la integración de la investigación, la búsqueda y presentación de las pruebas que acrediten la comisión de delitos en materia de corrupción, así como la responsabilidad de los indiciados. Estará también a cargo de la Agencia seguir ante la autoridad correspondiente el procedimiento administrativo sancionador en contra de los servidores públicos que presuntamente incurran en responsabilidad administrativa.

En el ejercicio de sus funciones, la Agencia podrá solicitar información a las dependencias públicas federales, estatales o municipales, dictar las medidas precautorias y promover los mecanismos necesarios para el resarcimiento del daño en los delitos que investigue, para lo cual podrá solicitar al juez competente autorice conocer la información protegida por los secretos fiscal, bancario y fiduciario. La Agencia ejercerá sus funciones en cada una de las Entidades Federativas, a través de oficinas encargadas a un fiscal estatal.

La entidad de fiscalización superior de la Federación dará vista a la Agencia Nacional para el Combate a la Corrupción, de las irregularidades en que incurran los servidores públicos y que puedan ser constitutivas de delito o de responsabilidad administrativa, detectadas en el ejercicio de sus facultades y coadyuvar con dicha agencia en la integración de las averiguaciones que en su caso correspondan. Así mismo, los órganos de fiscalización de los recursos públicos y las instituciones de transparencia y acceso a la información, de la federación y las entidades federativas, coadyuvarán con la Agencia en el ejercicio de sus funciones. La Agencia Nacional para el Combate a la Corrupción deberá dar vista a las entidades de fiscalización de la Federación y de las entidades federativas de toda irregularidad en el ejercicio del gasto público que detecte en el desarrollo de sus investigaciones.

La Agencia contará con un consejo consultivo, que se integrará por diez ciudadanos que serán electos mediante el mismo procedimiento establecido para los Fiscales Generales. El consejo se renovará de manera escalonada y los consejeros durarán en su encargo un término de cinco años, y podrán ser ratificados por una sola ocasión. El consejo estará encargado de observar y dar seguimiento al adecuado ejercicio de las funciones de la Agencia, así mismo, asumirá permanentemente la facultad de elaborar propuestas de políticas públicas, programas y proyectos, que incorporen mejores prácticas en el combate a la corrupción y podrá emitir recomendaciones específicas a las dependencias y entidades públicas de la federación, las entidades federativas y los municipios, para la adopción de mecanismos de transparencia, y combate a la corrupción.

Con la modificación al artículo 21, se establece que la prevención y el combate a la corrupción, así como la investigación y la persecución de los delitos que por ésta resulten, corresponde a la Agencia Nacional para el Combate a la Corrupción y para tales efectos, la Agencia podrá solicitar la coadyuvancia del Ministerio Público y el auxilio de la fuerza pública en los casos que lo ameriten; de los órganos de fiscalización de los recursos públicos y de las instituciones de transparencia y acceso a la información, de la federación y las entidades federativas. El ministerio Público está obligado a prestar el auxilio que le solicite la Agencia. Asimismo, se determina que el ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público y a la Agencia Nacional para el Combate a la Corrupción, en los ámbitos de su correspondencia.

Se faculta al Congreso de la Unión para expedir la ley general en materia de corrupción. En el ámbito de competencia de leyes en materia de contabilidad gubernamental que regirán la contabilidad pública y la presentación homogénea de información financiera, de ingresos y egresos, así como patrimonial, para la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, a fin de garantizar su armonización a nivel nacional, se deberán establecer mecanismos para prevenir y detectar actos de corrupción.

Se establece como materia exclusiva del Senado el designar a los Fiscales Generales de la Agencia Nacional para el Combate a la Corrupción; así como otorgar o negar su aprobación a las solicitudes de licencia o renuncia de los mismos, que le sometan dichos funcionarios.

Se faculta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las controversias constitucionales que se susciten entre la Agencia Nacional para el Combate a la Corrupción y la Federación, un Estado, el Distrito Federal o un Municipio. De igual manera se le faculta para conocer de las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución de la Agencia Nacional para el Combate a la Corrupción en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, en materia de corrupción, o que favorezcan actos de corrupción.





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