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Iniciativas

Estado Actual: Aprobada Ficha Técnica

De la Sen. Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE EQUIDAD Y GÉNERO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.


Propone incluir a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia la definición de “Violencia Política”, entendiéndola como las acciones y/o conductas agresivas cometidas por una o varias personas, por sí o a través de terceros, que causen daño físico, psicológico o sexual en contra de una mujer o de varias mujeres y/o de sus familias, en ejercicio de la representación política, para impedir, restringir el ejercicio de su cargo o inducirla a tomar decisiones en contra de su voluntad y/o de la ley.

Señala los actos que se consideraran de violencia política, de los cuales, se destacan los siguientes: se impongan por estereotipos de género, la realización de actividades y tareas ajenas a las funciones y atribuciones de su cargo; se asignen responsabilidades que tengan como resultado la limitación del ejercicio de la función político – pública; se proporcionen a las mujeres candidatas o autoridades electas o designadas información falsa, errada o imprecisa que induzca al inadecuado ejercicio de sus funciones político – públicas, entre otros.

Asimismo, le otorga al Instituto Nacional de las Mujeres, el promover la formación de liderazgos políticos femeninos y vigilar el respeto a sus derechos políticos.

Las reformas del COFIPE es para establecer que los actos de violencia política serán infracciones a los partidos políticos y a los concesionarios o permisionarios de radio y televisión.


La suscrita, Senadora de la República de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 8 numeral 1, fracción I, artículo 164 numerales 1 y 2, artículo 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LALEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA Y AL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES  al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El derecho de las mujeres avivir una vida libre de violencia y no discriminación, ha sido consagrado y establecido a nivel nacional e internacional en diferentes ordenamientos jurídicos. México ha armonizado paulatinamente y desde la perspectiva de género su legislación nacional con los instrumentos internacionales de derechos humanos que ha ratificado.

Hay que destacar que para la legislación en materia de género es imprescindible remitirse a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, mejor conocida como la“Convención Belém Do Pará” que fue suscrita por México en 1995 y ratificada por el Senado de la República en 1998, entrando en vigor el mismo año. Éste instrumento de carácter jurídicamente vinculante representa una acción concertada para eliminar la violencia contra las mujeres basada en su género y condena todas las formas de violencia perpetradas incluso por el Estado o sus agentes, además de fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, y el derecho a que se respeten y protejan sus derechos humanos.

El Estado mexicano ha avanzado en la consecución de dicho instrumento internacional, reconociendo como en cualquier otra materia de derechos humanos el principio de contar con leyes progresivas y no violatorias a los derechos humanos de las mujeres.

En este orden de ideas, México también ha ratificado la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación en Contra de las Mujeres, CEDAW (por sus siglas en inglés),y ha adecuado su marco jurídico con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Ahora bien, en el contexto del derecho comparado, existen modelos exitosos en el mundo, uno de ellos es el quenos encontramosen Bolivia, donderecientemente se publicó la Ley contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres, el 28 de mayo de 2012; sin embargo, en el espíritu de la legislación impulsada en ese país, se refleja la necesidad de tipificarlo porque las mujeres bolivianas eran obligadas a renunciar a sus cargos por directivos de las mismas instituciones, sufrían de congelamiento de salario, discriminación, difamación y calumnia.

Es importante señalar que en México, la presencia de las mujeres en las estructuras de poder y toma de decisiones ha ido en incremento en los últimos años. Sin embargo, este incremento ha sido muy lento en los órdenes de gobierno y en sus tres poderes, particularmentea nivel local.

Al respecto, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) establece desde el 2008 que las listas de candidaturas integren al menos 40% de candidatos(as) propietarios(as) de un mismo sexo. Sin embargo, en los últimos 3 años, sólo 9 de las 32 entidades elevan ese porcentaje al 50% en candidaturas de Representación Proporcional; 12 adoptan la misma proporción del COFIPE y 11 mantienen la relación 30/70% ó menos.

Aunque la legislación mexicana ha ido incorporando paulatinamente medidas de acción afirmativa para promover el mayor acceso de las mujeres a cargos de elección popular, en el año 2011, el porcentaje promedio de mujeres que ocupaban un lugar en los congresos locales fue de 23.6%. Sólo 8 de las 32 entidades superan el 30% de mujeres en sus Congresos: Oaxaca (35.7%), Tamaulipas, Morelos, Zacatecas y Veracruz (30%); y de los 2440 municipios y 16 delegaciones que existen en el país, únicamente 156 están presididos por una mujer, representando esto el6.8%. [1]

A medida que aumenta la incursión de las mujeres en la política incrementa también el riesgo de que sean víctimas de distintas formas de violencia, dado a que su presencia pareciera un desafío y transgresión que obliga a la redistribución del poder.

La violencia que enfrentan las mujeres en la esfera política puede enmarcarse en todos los tipos (Psicológico, Físico, Patrimonial, Económico y Sexual);y modalidades (Familiar, Laboral y Docente, Comunidad, Institucional y Feminicida) contemplados en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Este año el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) en su estudio “Violencia contra las Mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos”, señala que la violencia contra las mujeres en el ámbito político puede enmarcarse en todos estos tipos y modalidades de violencia, ya sea la violencia institucional dentro de sus partidos, la violencia económica al desviar o limitar los recursos para sus campañas y capacitación, o bien, la violencia sexual mediante el hostigamiento y el acoso sexual.


Este tipo de violencia tiene múltiples expresiones, como para precandidatas y candidatas; legisladoras y autoridades municipales electas, tanto en el ámbito personal, en eltrato discriminatorio en los medios de comunicación, hasta poner en tela de juicio la vida personal, conducta sexual yapariencia física, presentándose como difamación, burlas, calumnias, desprestigio, intimidación, amenazas, simulación de elecciones para eludir la cuota y/o ocultamiento de información.

En tal sentido hay que destacar que el término de Violencia Política no se ha utilizado y por lo tanto, ha sido invisibilizada hasta ahora, no se reconoce y mucho menos se realizan las acciones necesarias para prevenirla, atenderla, sancionarla y erradicarla, motivo por el cuales momento de defendernuestros derechos políticos electorales, donde las mujeres conozcamos y representemos a la población en todas las instituciones públicas, además de establecer nuestros derechos en los instrumentos jurídicos del país.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de ésta Soberanía la siguiente Iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

Que reforman y adicionan diversas disposiciones a la LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA Y AL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES.

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el Título II Capítulo V, en su artículo 21, y el actual Capítulo V pase a ser VI, el actual artículo 21 pase a ser 22 y así subsecuentemente con el resto del articulado;se adiciona el actual el artículo 48 del Título III, Capítulo III en su Sección Octavafracción VIII, pasando ésta a ser la IX y así subsecuentemente con el resto de las fracciones, todos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:

TÍTULO II

MODALIDADES DE VIOLENCIA

CAPÍTULO V

Artículo 21.- Violencia Política.- Son las acciones y/o conductas agresivas cometidas por una o varias personas, por sí o a través de terceros, que causen daño físico, psicológico o sexual en contra de una mujer o de varias mujeres y/o de sus familias, en ejercicio de la representación política, para impedir, restringir el ejercicio de su cargo o inducirla a tomar decisiones en contra de su voluntad y/o de la ley.

Son actos deviolencia política hacia las mujeres aquellos que:

a) Impongan por estereotipos de género, la realización de actividades y tareas ajenas a las funciones y atribuciones de su cargo.


b) Asignen responsabilidades que tengan como resultado la limitación del ejercicio de la función político - pública.


c) Proporcionen a las mujeres candidatas o autoridades electas o designadas información falsa, errada o imprecisa que induzca al inadecuado ejercicio de sus funciones político - públicas.


d) Eviten por cualquier medio que las mujeres electas, titulares o suplentes, o designadas a una función pública, asistan a las sesiones ordinarias o extraordinarias o a cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones, impidiendo o suprimiendo el derecho a voz y voto en igualdad de condición que los hombres.


e) Proporcionen a los Institutos Electorales datos falsos o información incompleta de la identidad o sexo de la persona candidata.


f) Impidan o restrinjan su reincorporación al cargo cuando hagan uso de una licencia justificada.


g) Restrinjan el uso de la palabra, en las sesiones u otras reuniones y su participación en comisiones, comités y otras instancias inherentes a su cargo, conforme a la reglamentación establecida.


h) Restrinjan o impidan el uso de las acciones constitucionales y legales para proteger sus derechos frente a los actos o eviten el cumplimiento de las Resoluciones correspondientes.


i) Impongan sanciones injustificadas, impidiendo o restringiendo el ejercicio de sus derechos políticos.


j) Apliquen sanciones pecuniarias, descuentos arbitrarios e ilegales y/o retención de salarios.


k) Discriminen por razones de sexo, color, edad, orientación sexual, cultura, origen, idioma, credo religioso, ideología, afiliación política o filosófica, estado civil, condición económica, social o de salud, profesión, ocupación u oficio, grado de instrucción, condición de discapacidad, procedencia, apariencia física, vestimenta, apellido u otras que tendrán por objeto o resultado anular o menoscabar el reconocimiento o ejercicio en condiciones de igualdad de derechos humanos y libertades fundamentales reconocidas por Ley.


l) Discriminen a la autoridad electa designada o en el ejercicio de la función político-pública, por encontrarse en estado de embarazo o parto. Impidiendo o negando el ejercicio de su mandato o el goce de sus derechos sociales reconocidos por Ley o los que correspondan.


m) Divulguen o revelen información personal y privada, de las mujeres candidatas, electas, designadas o en el ejercicio de funciones político -públicas, con el objetivo de menoscabar su dignidad como seres humanos y utilizar la misma para obtener contra su voluntad la renuncia y/o licencia al cargo que ejercen o postulan.


n) Divulguen información falsa relativa a las funciones político - público, con el objetivo de desprestigiar su gestión y/o obtener contra su voluntad la renuncia y/o licencia al cargo que ejercen o su postulan.


o) Presionen o induzcan a las autoridades electas o designadas a presentar renuncia al cargo.


p) Obliguen mediante la fuerza o intimidación a las autoridades electas o designadas en el ejercicio de sus funciones político - públicas, suscribir todo tipo de documentos y/o avalar decisiones contrarias a su voluntad, al interés público o general.

Artículo 48.-Corresponde al Instituto Nacional de las Mujeres:

VIII.- Promover la formación de liderazgos políticos femeninos y vigilar el respeto a sus derechos políticos.

ARTÍCULO SEGUNDO.-Se reforma el inciso j del artículo 342 y el inciso d del artículo 350 delLibro séptimo de los regímenes sancionador electoral y disciplinario interno; Título primero de las faltas electorales y su sanción; Capítulo primero. Sujetos, conductas sancionables y sanciones todos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para quedar como sigue:

Libro Séptimo

De los Regímenes Sancionador Electoral y Disciplinario Interno

Título Primero

De las Faltas Electorales y su Sanción

Capítulo Primero

Sujetos, Conductas Sancionables y Sanciones

Artículo 342.-

j) La difusión de propaganda política o electoral que contenga expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas; y/o que realicen actos de violencia política de género.

Artículo 350.-

d)La manipulación o superposición de la propaganda electoral o los programas de los partidos políticos con el fin de alterar o distorsionar su sentido original o denigrar a las instituciones, a los propios partidos, o para calumniar a los candidatos; y/o incurrir en actos de violencia política de género.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- En un marco de coordinación, las Legislaturas de los Estados, promoverán las reformas necesarias en la legislación local, conforme a las reformas y adiciones aquí realizadas, dentro de un término de ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.

TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Salón de Sesiones del Senado de la República, a los ocho días del mes de noviembre de 2012.

AT E N T A M E N T E

SENADORA MARÍA LUCERO SALDAÑA PÉREZ


[1] Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED, marzo 2012.