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Estado Actual: Aprobada Ficha Técnica

De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo con relación al reporte sobre discriminación 2012, realizado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

Considerado de urgente resolución, fue puesto a discusión.
Intervinieron los Senadores:
Adriana Dávila Fernández del PAN;
Lucero Saldaña Pérez del PRI;
Fidel Demédicis Hidalgo del PRD.
Fue aprobado en votación económica.


PROPOSICION CON PUNTO CON RELACIÒN AL REPORTE SOBRE DISCRIMINACIÒN 2012, REALIZADO POR EL CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÒN.

La suscrita ANGÈLICA DE LA PEÑA GÒMEZ, Senadora de la República a la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II, 108, 109 y 276 del Reglamento del Senado de la República, para efecto de que sea considerado como asunto de URGENTE RESOLUCIÓN, SOMETO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO DE ESTA SOBERANÍA LA SIGUIENTE PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÒN AL REPORTE SOBRE DISCRIMINACIÒN 2012, REALIZADO POR EL CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÒN, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES.

El pasado miércoles 24 de octubre, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación presentó el Reporte sobre Discriminación en México 2012. Se trata de un estudio que en coordinación con el CIDE señala las diversas circunstancias y tipos de discriminación que se registran en todo los ámbitos en nuestro país.

Dicho Reporte abarca los procesos discriminatorios que cotidianamente ocurren en la interacción social como son la justicia penal, la justicia civil, el campo de la salud, la alimentación, el ámbito laboral, las libertades de conciencia, el ejercicio de los derechos políticos, el acceso a la información, la libertad de expresión, el acceso a crédito y la educación.

Se trata de aspectos donde cotidianamente se produce y reproduce la discriminación y que afectan a personas específicas que, por lo general pertenecen a sectores susceptibles de ser excluidos como son las mujeres; los indígenas; niñas, niños y adolescentes; personas adultas mayores; personas con discapacidad; trabajadoras domésticas; minorías religiosas; personas de la diversidad o migrantes.

Si persiste la discriminación es porque está muy enraizada en las estructuras sociales, políticas, económicas, culturales, jurídicas, estéticas, y esto exige conocer, visibilizar, mapear, graficar y relacionar esas estructuras, para dimensionar la magnitud de los problemas alrededor de la discriminación, desentrañar la trama de sus interrelaciones y así poder contar con herramientas idóneas para diseñar y definir políticas públicas incluyentes que atajen efectivamente las injusticias de la exclusión.

Este Reporte intenta responder algunas preguntas sobre el fenómeno de la discriminación, valiéndose del análisis de procesos que suelen afectar los derechos de ciertos grupos sociales. En tal sentido, explora la materia de que está hecho este candado social que coloca privilegios de un lado y exclusión del otro; asimismo, orienta sobre el alcance de la futura agenda por la igualdad de trato que el país y nuestra sociedad. 

A manera de síntesis parte importante de este Reporte lo podemos ubicar en los siguientes puntos:

1. El primero de los reportes se refiere a los diversos procesos del derecho civil en los que se reflejan una disminución de los derechos en lo relativo al nombre y la capacidad jurídica, aspectos relativos al derecho familiar, matrimonio, filiación y divorcio. Destaca de manera particular la difícil situación que atraviesan las comunidades indígenas en esta materia y lo difícil que ha resultado entender la evolución que los procesos y estructuras familiares han venido desarrollando de acuerdo a las realidades sociológicas de nuestro tiempo.

El informe señala que el derecho civil es un instrumento fundamental cuando sirve para garantizar las prerrogativas del ser humano; sin embargo, también puede ser factor del cierre social cuando, dentro de su ámbito de influencia, las personas ven lesionados sus derechos fundamentales, entre otras razones, por prejuicios, inadecuación normativa, ineficacia o lentitud procesal.

El derecho civil es la herramienta con la que cuentan las personas para protegerse de la injusticia si las mecánicas o los procesos discriminatorios se disponen, por ejemplo, para arrebatarles el derecho al nombre, para lesionar su capacidad jurídica, para vulnerar las potestades inherentes a la familia o el matrimonio, para afectar injustificadamente la patria potestad, la guarda o la custodia de niñas, niños y adolescentes o para proceder arbitrariamente frente a la adopción. Conforme las sociedades evolucionan, estos y otros temas preciados para el derecho civil tienden a necesitar una puntual revisión.

Podemos destacar los casos en los que hoy todavía son muchas las personas pertenecientes a distintos grupos en situación de discriminación que siguen padeciendo una disminución sistemática frente al derecho y la justicia civil. Es el caso de las personas del mismo sexo que deciden hacer vida conyugal, de las personas con discapacidad mental cuando se conculca injustificadamente su capacidad jurídica, el de los niños y niñas que son despojados de sus potestades mínimas, etcétera. Toda persona debe gozar de los denominados atributos de la personalidad: nombre, capacidad jurídica, domicilio, nacionalidad, patrimonio y estado civil. Estas son prerrogativas que el derecho identifica como rasgos esenciales de cada ser humano, ya que condicionan el ejercicio de varias otras potestades fundamentales. En ellas hay elementos relacionados con la decisión libre de las personas que, a su vez, dependen de la intervención del Estado para concretarse.

Hay en el Reporte temas específicos dentro del desarrollo del derecho familiar que deben abordarse con una perspectiva de no discriminación, es decir, tratando siempre de visibilizar a quienes son afectados por la sola aplicación de la ley. En este orden de ideas, la institución del matrimonio, tan ligada al concepto de la familia, merece atención, lo mismo que el divorcio, pues éste puede conducir a diversas formas de la desigualdad. Algo similar ocurre con instituciones como la patria potestad, la guarda y custodia o la adopción, que tanto impacto tienen sobre el desarrollo pleno de las niñas y los niños.

Asimismo, se analizan el nombre y la capacidad jurídica, entendidos como presupuestos del ejercicio de otros derechos. En segundo lugar se aborda el derecho familiar, el matrimonio, la filiación y el divorcio. Más adelante, se revisan algunas consideraciones en torno a la justicia civil y los retos que ésta enfrenta en el presente. Por último, se presenta una serie de recomendaciones y criterios relativos a la agenda de la lucha contra la discriminación en el campo del derecho

Civil.

2. Con relación al Reporte relativo a la Justicia Penal se destaca que no hay Estado de derecho que pueda ser considerado como democrático cuando se brindan privilegios en función de la posición social, la riqueza, el color de la piel, el sexo y los demás marcadores que, en este campo como en tantos otros, juegan contra la mayoría de las personas. El Reporte revisa la percepción que la población mexicana tiene a propósito de la procuración y la administración de la justicia, así como los valores que imperan a propósito del ejercicio de los derechos. También se ponderan las actitudes generales que el miedo a la inseguridad ha impuesto al tejido social mexicano. Prácticamente todo el Reporte demuestra que entre las y los mexicanos se desconfía de la justicia penal porque se asume que los ingresos de la persona son clave para obtener satisfacción y que la ineficiencia y corrupción que laceran el proceso penal van desde el tramo que corresponde a los aparatos policiales hasta el que corresponde al sistema de readaptación social, pasando por el papel desempeñado por los ministerios públicos y por los juzgados responsables de esta materia.

Es en el ámbito penal, quizá donde más que en ninguna otra geometría del derecho, se hace evidente la manera como operan los prejuicios y las conductas discriminatorias. Suelen potenciarse la incomprensión, la intolerancia y el castigo imperantes en las sociedades que no han logrado acomodar sus diferencias. Acaso por esta lógica las personas que arresta la policía, las que atraviesan por el proceso penal o aquellas que terminan recluidas en las cárceles suelen, con demasiada frecuencia, cargar con los mismos estigmas o marcadores sociales. El proceso penal termina siendo una fotografía magnificada de lo que ocurre en la sociedad; ejemplo palmario del cierre social y su capacidad ilimitada para excluir.

Este Reporte explora la explora la manera en que las mujeres y otros grupos en situación de vulnerabilidad son sistemáticamente despojados de sus derechos y, por lo tanto, de su acceso a la justicia. Para comprender la mecánica discriminatoria se observarán las conductas criminalizadas, el perfil de las personas privadas de la libertad y los delitos supuestamente cometidos, las penas que se imponen, así como el trato que reciben las víctimas por parte de las distintas instancias del Estado en su pretensión punitiva de proteger y castigar.

Se hace evidente que aún no se han superado antiguas formas de operar basadas en ideas preconcebidas acerca del género, la sexualidad y los estereotipos sobre los “culpables”; con una incomprensión profunda sobre quiénes son las verdaderas víctimas y cómo tratarlas, y con una impericia en las capacidades técnicas que impide, a pesar de las fuertes inversiones presupuestales, que se alcancen los resultados deseados.

La preocupación real de la población a propósito de la inseguridad suele convertirse en moneda de cambio político para justificar la multiplicación de las áreas grises en lo que se refiere a los derechos humanos. A manera de ilustración, en México aparece el caso del arraigo, figura contraria a las disposiciones internacionales en materia de derechos humanos que, sin embargo, ha sido incluida en el texto constitucional con el propósito de encontrarle arbitrariamente acomodo legal. Esta figura permite detener a una persona por periodos que pueden ser de varios meses consecutivos, sin que medie proceso penal formal para investigarla. El arraigo en sí mismo, como privación ilegal de la libertad, es una violación a los derechos humanos. Abre además la puerta a la tortura y deja a la persona detenida en manos de la autoridad investigadora.

Otro obstáculo que detecta el Reporte es el relativo al traslado a los tribunales. No solamente se trata de una limitante en términos de transporte, que sin duda es significativo para quienes menos ingresos perciben, sino también del costo relativo en tiempo debido a las zonas distantes donde se encuentran algunos de los tribunales, el cual se señala que “mientras que 61 y 62 por ciento de las personas encuestadas con niveles educativos universitarios responde que el traslado a tribunales es sencillo, tan sólo 29 por ciento de quienes tienen secundaria incompleta respondieron de la misma forma, y 18 por ciento de ese mismo grupo respondió que el traslado a tribunal fue muy difícil”.

La falta de acceso a la justicia por cuestiones de ingreso y condición social no es la única que finca percepciones negativas respecto al sistema de justicia en México. De manera general, los datos revelan que gran parte de la sociedad considera que no funciona bien la justicia, y esto se atribuye principalmente a la corrupción y la ineficacia de las autoridades.

3. En lo referente al Reporte sobre Salud y Alimentación, se advierte sobre la emblemática desarticulación entre los distintos componentes del sistema de salud y que es causa fundamental de la desigualdad  por la falta de una visión racio­nal e integral de la política dispuesta para proteger a las poblaciones más vulnerables.  Hoy en México, la salud es un bien que todavía se obtiene de manera desigual, pues varía si la persona que lo requiere es mujer, joven, persona con discapacidad, transexual, adulto mayor o posee cualquiera de las características que suelen detonar la discriminación. Hoy en México existen al menos 37 millones de mexicanas y mexicanos manifiestan aún no tener acceso a ninguno de los sistemas existentes de salud.

Este reporte señala que a la hora de revisar las mecánicas o procesos que reproducen desigualdad de trato en el campo de la salud fue necesario considerar las transiciones demográficas y epidemiológicas por las que está atravesando el país. Ambos hechos tienen derivaciones que no han sido suficientemente estudiadas para prevenir un futuro riesgoso e inequitativo. Por un lado, la transición demográfica anuncia un crecimiento de la población joven que, en la actualidad, por carecer en su mayoría de un empleo formal, se encuentra en circunstancias indeseables de vulnerabilidad. También incorpora la preocupación que significará en las décadas por venir la desprotección de un número creciente de adultos mayores, quienes se verán en una circunstancia precaria si el sistema de salud pública no ofrece una amplia gama de protecciones, sobre todo en relación con los riesgos que implican los gastos catastróficos. Lo mismo ocurrirá en el terreno de la atención y los tratamientos, que ciertamente pueden implicar mayo­res gastos. Solo un sistema de salud coherente y bien organizado –con capacidad de planear y adaptarse en el mediano y largo plazo– podrá asegurar un trato igualitario para las y los mexicanos.

Asimismo el reporte señala sobre la necesidad de crear un sistema universal de salud pública, financiado con recursos fiscales, capaz de resolver las grandes defi­ciencias generadas por la mencionada fragmentación del sistema de salud y también por las características del mercado laboral mexicano. Es premisa principal de este texto la urgente desvinculación entre el ejercicio del derecho a la salud y la posesión de un puesto formal de trabajo. Esto tiene que ver con el crecimiento notable de la población trabajadora que se encuentra ocupada dentro del sector informal.

Con relación a la Alimentación, el Reporte señala que ésta, por sí sola, no es suficiente para garantizar una nutrición adecuada. Depende también de un contexto favorable a propósito de la salud, la educación o las oportunidades garantizadas para las personas en situación de vulnerabilidad. En consecuencia, deben contar con programas, políticas, acciones e instituciones dispuestos para mejorar la producción, la conservación y la distribución de los alimentos, así como para educar en los principios de la mejor nutrición posible para los seres humanos. Señala el Reporte que una democracia que no ha resuelto el hambre de todas y todos sus gobernados está condenada a deteriorarse. La discriminación, el intercambio de favores inaceptables por sufragios manipulados y el clientelismo a partir de los alimentos son algunas de las consecuencias previsibles cuando una comunidad política no ha logrado garantizar este derecho fundamental.

El derecho a la alimentación se conecta con otros derechos y, a su vez, tiene un impacto relevante en el desarrollo humano. El hambre o la desnutrición afectan directamente el derecho a la vida y también influyen sobre el ejercicio de los derechos a la salud y a la educación. No puede asegurarse una nutrición saludable si no se cuenta antes con el derecho al agua; también la posesión de una vivienda digna, propia o rentada, influye en la calidad nutrimental de la persona. Al mismo tiempo, el derecho al trabajo bien remunerado es esencial para que la persona pueda hacerse de los medios a la hora de nutrir a su familia. El derecho a la información es igualmente clave: ¿Cómo podría un ser humano discernir entre nutrientes o interactuar en el mercado para conseguir productos a un precio justo, si la información es tergiversada o negada en perjuicio de las y los consumidores? Particular atención merecen a este respecto las y los niños que son abusados laboral y sexualmente, cuando actores arbitrarios utilizan su hambre como instrumento de coerción.

Por tanto, para que el ejercicio pleno del derecho a la alimentación ocurra habrá de observarse el esquema de producción y distribución, esto quiere decir la disponibilidad de los alimentos; también la calidad y aprecio que las poblaciones muestren hacia ellos, entendido como aceptabilidad, y las condiciones físicas y económicas para obtener los nutrientes, es decir, la accesibilidad.

Sin embargo, la desigualdad en el ingreso impacta sobre la canasta básica a la que tiene acceso quien se encuentra excluido del derecho a la alimentación. En México, las Encuestas Nacionales de Ingreso Gasto en los Hogares, realizadas por el INEGI muestran que el consumo de carbohidratos, calorías y grasas es significativamente más elevado en los deciles más pobres y, en el mismo sentido, que las proteínas consumidas por esta misma población muestran un rango muy inferior si se comparan con el consumo de los deciles más elevados.

Una segunda barrera de entrada al acceso de productos nutrimentales en México es la precaria infraestructura que prevalece en las comunidades rurales más alejadas. Las características orográficas del país requieren un mejor sistema de abasto que no imponga costos elevados –ocasionados por el precio del transporte de alimentos. Este hecho condena obviamente a sus poblaciones, que tienen una importante cantidad de personas indígenas. Con datos del CONEVAL  del 2010 se argumenta que los mayores niveles de desnutrición aparecen en las comunidades cuya población es menor a cinco mil habitantes, las cuales coinciden en mostrar carencias graves en cuanto a las vías de comunicación.

Una tercera barrera es la que se refiere a la concentración de ciertos mercados, donde sólo pocos agentes participan en la provisión de bienes y servicios. En efecto, la competencia en los mercados del maíz, los refrescos, los jugos, el agua, los medicamentos, la leche, la carne procesada, el pollo y el huevo, suele ser de naturaleza oligopólica. Esta circunstancia contribuye a elevar el costo de la alimentación, sobre todo entre las poblaciones más pobres del país. Tradicionalmente son las mujeres quienes han padecido mayor exclusión en el acceso a los nutrientes. Es así, en parte, por la tradición cultural, que quiere ofrecer los mejores alimentos al varón y también porque los ingresos con los que cuentan las mujeres, sobre todo aquellas que se encuentran solas (madres solteras, adultas mayores, viudas), tienden a ser menores. A lo anterior se añade que las mujeres han permanecido marginadas en la posesión de los medios de producción –capital y tierra– y, por lo tanto, resulta doblemente difícil para ellas procurarse una circunstancia de autonomía alimentaria. Este hecho provoca, además, una condición asimétrica de poder frente a los varones de cada familia.

El Reporte sobre discriminación 2012 sin duda es un instrumento importante para reflexionar e impulsar políticas públicas de aquí a muchos años ya que aterriza en una serie de recomendaciones de acciones legislativas y políticas públicas encaminadas a erradicar la discriminación, por tanto y en merito de lo expuesto someto a la consideración del Pleno la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO.

ÙNICO. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión con absoluto respeto a la división de poderes y al Federalismo hace un atento exhorto al titular del Poder Ejecutivo Federal, a los gobernadores de las entidades federativas, al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a los treinta y un Congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a tomar en consideración en el ámbito de sus respectivas competencias las recomendaciones contenidas en el Reporte sobre la Discriminación en México 2012.

SENADORA ANGÈLICA DE LA PEÑA GÒMEZ.