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Estado Actual: Desechada Ficha Técnica

Del Sen. Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto que reforma el artículo 8, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera.


Propone establecer el término de quince días hábiles para resolver sobre la respuesta que debe darse a los ciudadanos en cualquier materia, excepto en tratándose de la aplicación de leyes fiscales, en cuyo caso seguirá operando la negativa ficta en los términos señalados en las propias leyes.







INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 8, PÁRRAFO SEGUNDO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

El que suscribe, ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ, Senador de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio del derecho a que se refiere el artículo 71, Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 8, numeral 1, fracción I, y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del pleno de la Cámara de Senadores la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 8, PÁRRAFO SEGUNDO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Es innegable que la democracia representativa, como forma de organización política y de gobierno, implica el establecimiento de instituciones que garanticen positivamente el derecho fundamental de los ciudadanos a participar activamente en la llamada cosa pública. Una de esas valiosas instituciones con las que hoy contamos los mexicanos es la del llamado Derecho de Petición.

Como antecedentes históricos de esta figura en México podemos citar que poco antes de la formal emancipación de España y deseoso de emanciparse de las formas déspotas y tiránicas de la monarquía ibérica, el legislador de Apatzingán instituyó en el artículo 37 de aquella carta fundamental la garantía de los ciudadanos a reclamar ante los funcionarios del poder público el respeto a sus derechos:

“A ningún ciudadano debe coartarse la libertad de reclamar sus derechos ante los funcionarios de la autoridad pública.”

Años más tarde, el 5 de abril de 1847, al formular su voto particular sobre el Acta Constitutiva y de Reformas de ese mismo año, el esclarecido jurisconsulto jalisciense Don Mariano Otero propuso el establecimiento formal del derecho de petición, y así quedó establecido en el artículo 2 de dicha Acta:

Artículo 2.- Es derecho de los ciudadanos (…) ejercer el derecho de petición, (…) conforme a las leyes.

Por su parte, el Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana de 1856, en lo conducente estableció lo siguiente:

Artículo 23.- Son derechos de los ciudadanos: Ejercer el (derecho) de petición…

Como bien se puede apreciar, las sucesivas cartas fundamentales vigentes en nuestro país, desde 1814 hasta 1856, inclusive, únicamente enunciaban y reconocían como “derecho” de los ciudadanos el “reclamar” primeramente, y después el “pedir” a las instancias gubernamentales, su intervención en la resolución de cualesquiera consulta o petición que tuviera relación con la actividad pública, sin embargo en ninguna de estas cartas fundamentales existió disposición expresa que obligase a las autoridades gubernamentales a dar respuesta a las referidas peticiones.

Este escenario dio un vuelco tras la redacción de la Constitución Federal de 1857, toda vez que en su artículo 8, segunda parte, se estableció la obligación de las autoridades gubernamentales a dar a conocer al interesado el resultado de su solicitud: 

Artículo 8.- (…)

A toda petición debe recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, y ésta tiene obligación de hacer conocer el resultado al peticionario.

Así las cosas, a partir de la vigencia de la Constitución Federal de 1857, las autoridades gubernamentales quedaron obligadas no solamente a atender el derecho de petición de los ciudadanos, sino también a dar una respuesta escrita respecto de la petición formulada; sin embargo, dicha carta magna de 1857 nada dispuso respecto al término o lapso temporal en que las autoridades debían dar al ciudadano la respuesta solicitada. Este escenario incierto se prolongó hasta la promulgación de la Constitución Federal de 1917 que actualmente nos rige, en cuyo artículo 8, segundo párrafo, se estableció lo siguiente:

Artículo 8.- (…)

A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.

Como bien se puede apreciar, la Constitución Federal vigente establece la obligación de las autoridades gubernamentales de atender las peticiones de los ciudadanos y dar respuesta escrita al peticionario “en breve término”, sin embargo en mí muy particular opinión, estimo que la expresión “en breve término” que alude el texto constitucional, lejos de garantizar una expedita administración gubernamental en favor de los interesados, introduce una clarísima inseguridad jurídica en perjuicio de los gobernados, ya que dicha expresión, lejos de interpretarse en su más recto sentido de celeridad e inmediatez, más bien introduce una clara imprecisión y una innegable discrecionalidad por parte de los servidores públicos encargados de su cumplimiento.

El Derecho de Petición corresponde a la obligatoriedad de la autoridad a quien se solicita la petición de realizar una respuesta por escrito en donde se resuelva el planteamiento hecho por el particular y que debe darlo a conocer en breve término.

El Derecho de Petición es una herramienta fundamental para la rendición de cuentas porque permite acceder a información relacionada con las decisiones que toman las autoridades, con los procedimientos que siguen para hacerlo, con los resultados que obtienen y con el uso de los presupuestos que se les asignan.

Sumado a esto y a diferencia del Derecho a la Información, el Derecho de Petición permite realizar planteamientos de situaciones que afecten la esfera de cualquier persona, solicitar servicios públicos tales como alumbrado público, recolección de basura, pavimentación o exigir explicaciones sobre las deficiencias de aquellos, ejercer derechos, interponer quejas, acciones o recursos legales.

Por su parte, ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni los Tribunales del Poder Judicial de la Federación jamás han sentado criterio jurisprudencial firme que fije claramente un término o lapso temporal en que se debe dar respuesta al derecho de petición, lo cual ha provocado que en las diferentes esferas del gobierno federal y de los gobiernos de los estados, se fijen términos no homologados y a veces arbitrarios, lo que su vez introduce una indiscutible incertidumbre sobre la forma y términos en que deben ser evacuados los asuntos públicos.

Existen precedentes que fijan un criterio orientado y que a continuación se transcriben:

La Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo el rubro PETICIÓN, DERECHO DE., ha determinado que el derecho de petición, se integra por dos fases a saber:

1) Que la autoridad ante la cual se haya elevado una solicitud la acuerde en derecho como corresponda; y

2) Que haga saber al gobernado en breve término el contenido de su resolución.

Para esto último, es necesario que el peticionario, en su escrito relativo, señale el domicilio donde se le envíe la comunicación relativa, pues de otra manera, la autoridad se encuentra impedida para cumplir su obligación de hacer saber lo acordado, en breve término al peticionario.

Cabe recalcar que, el referido artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que, la respuesta que recaiga a la petición, ha de proporcionarse en breve término al interesado, sin establecer de manera expresa un término específico para esos efectos, por lo que el más alto tribunal en el país ha sostenido por breve término, las siguientes dos posturas:

“La expresión breve término a que se refiere el artículo 8 constitucional es aquel en que racionalmente puede estudiarse una petición y acordarse”.

“La expresión breve término, a que se refiere el artículo 8º constitucional, que ordena que a cada petición debe recaer el acuerdo correspondiente, es aquel que individualizado al caso concreto, sea el necesario para que la autoridad estudie y acuerde la petición respectiva sin que, desde luego, en ningún caso exceda de cuatro meses”.

De lo antes plasmado, se advierte que la Suprema Corte, en relación al enunciado “breve término” no se ha pronunciado sobre una temporalidad para que las autoridades brinden respuesta a las peticiones que se reformulen a través del ejercicio del derecho de petición, sino que para tales efectos, determinó que la respuesta a dichos planteamientos será el que resulte necesario para que la autoridad lleve a cabo el análisis de lo peticionado, y en su caso, acuerde lo conducente. Cabe señalar que, de los pronunciamientos antes transcritos se desprende que, aún y cuando la autoridad deba contestar una vez analizado el contenido de la petición, la respuesta no podrá exceder de cuatro meses, a pesar de que el contenido del escrito entrañe aspectos y/o conductas difíciles de determinar.

(No. Registro: 213,551, Tesis aislada, Materia(s): Común, Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, XIII, Febrero de 1994, Tesis: Página: 390 PETICIÓN DERECHO DE. CONCEPTO DE BREVE TÉRMINO).

Es por ello que considero que para dar certeza y seguridad jurídica a los mexicanos en ejercicio del derecho de petición, deberá reformarse el artículo 8, Párrafo Segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 8.- (…)

A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad ante quien se haya presentado, la cual tiene obligación de notificarlo al peticionario dentro del término de quince días hábiles, con excepción de la aplicación de leyes fiscales, en cuyo caso se estará a lo que en ellas se disponga.

No pasa inadvertido para el que suscribe que dentro de la administración pública federal, estatal y municipal existen varios procedimientos administrativos en que las leyes señalan términos mayores a quince días hábiles para dar una respuesta a los ciudadanos, sin embargo, gracias al avance tecnológico y los altos niveles de eficiencia que se han alcanzado en muchas áreas de la administración pública, soy de la opinión de que el término de quince días hábiles que se propone, es más que suficiente para resolver sobre la respuesta que debe darse a los ciudadanos en cualquier materia, sin embargo en el nuevo texto se propone que exista una excepción en la aplicación de este término de quince días, únicamente en tratándose de la aplicación de leyes fiscales, en cuyo caso seguirá operando la negativa ficta en los términos señalados en las propias leyes.

Compañeros Senadores: Es buen sabido que toda norma jurídica, para que sea exitosa, necesita de un delicado proceso de adecuación y acomodamiento a las nuevas circunstancias, es por ello que el proyecto que hoy propongo dispone de una vacatio legis que se extenderá por un año a partir de la promulgación de la reforma, término durante el cual todas y cada una de las autoridades de los tres órdenes de gobierno deberán adecuar sus procedimientos administrativos para dar satisfacción oportuna a la nueva norma constitucional.

Por lo anterior me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 8, PÁRRAFO SEGUNDO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ARTÍCULO ÚNICO.-Se Reforma el artículo 8, Párrafo Segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 8.- (…)

A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad ante quien se haya presentado, la cual tiene obligación de notificarlo al peticionario dentro del término de quince días hábiles, con excepción de la aplicación de leyes fiscales, en cuyo caso se estará a lo que en ellas se disponga.

TRANSITORIOS

PRIMERO.-El presente decreto entrará en vigor a los trescientos sesenta y cinco días siguientes a la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente decreto.

México, D.F, a 22 de octubre de 2012.

SEN. ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional