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Estado Actual: Aprobada Ficha Técnica

Del Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene proyecto de decreto que adiciona la fracción IX al artículo 2° de la Ley de Planeación.

Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera.


Propone adicionar a la lista de principios de la planeación que habrá de llevar a cabo el Estado, el que se realice la promoción de estrategias de crecimiento sustentable y de cuidado del medio ambiente que considere la generación de políticas que impulsen el desarrollo de actividades económicas, de consumo, producción y de cultura verdes basadas en el uso eficiente de los recursos naturales y el fomento a la ciencia, la innovación y las tecnologías limpias y sustentables, así como el uso de Tecnologías de la información y el Conocimiento.


INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 2° DE LA LEY DE PLANEACIÓN

SENADO DE LA REPÚBLICA
LXII LEGISLATURA

El suscrito Senador JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de conformidad con lo establecido en el artículo71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno del Senado de la República, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 2° DE LA LEY DE PLANEACIÓN, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Hoy enfrentamos a nivel mundial grandes retos que nos obligan a replantear el modelo de crecimiento económico actual, que si bien nos ha conducido a niveles de progreso considerables, también ha generado un deterioro ambiental importante.

La economía y el progreso de los países se basan en procesos de innovación y cambio tecnológico que implica el uso de los recursos naturales, humanos, físicos y creación de valor para las naciones.

En nuestro país, las condiciones actuales en materia de desarrollo, bienestar, pobreza, desigualdad y sustentabilidad ambiental obligan a replantear el modelo actual de crecimiento que se ha basado exclusivamente en metas macroeconómicas encaminadas al incremento del Producto Interno Bruto (PIB) sin considerar la apremiante necesidad de implementar el uso de energías renovables, disminuir las actividades económicas contaminantes y poco sustentables, generar políticas que impulsen el desarrollo de actividades económicas verdes basadas en tecnologías limpias; el impulso a la innovación; el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), para así contribuir a la generación de una cultura sustentable y de cuidado al medio ambiente.

Lo anterior implica dotar de un enfoque de sustentabilidad a las actividades económicas de la sociedad, lo que involucra cultura, hábitos de consumo y de producción más responsables de los sectores social, privado y público.

Considerando además, la promoción de medidas que implican bienestar para la población en temas como agua potable, salud y alivio de condiciones de marginación y pobreza, vinculadas con el entorno y el medio ambiente y su posible degradación o cuidado, el uso de tecnologías y estrategias para la innovación.

Lo anterior debido a que hemos visto que políticas indiscriminadas en el uso de los recursos naturales y altamente depredadoras y contaminadoras en aras del desarrollo de corto plazo, han demostrado ser poco sostenibles en el largo plazo, pues el deterioro que generan resulta más costoso y perjudicial para el nivel de bienestar y pobreza de la población.

Estos fenómenos los hemos podido observar en la escasez de recursos naturales ante la sobreexplotación de la cual han sido objeto, como en el caso del agua, los bosques y selvas. También son evidentes los desequilibrios y efectos adversos que generan desastres naturales con consecuencias devastadoras ante talas indiscriminadas y destrucciones de ecosistemas y la biodiversidad en aras de la urbanización y el progreso aparente y que se han acrecentado ante los efectos cada vez más visibles del cambio climático.

El planteamiento anterior va en correspondencia a las propuestas y el compromiso del Partido Verde Ecologista de México en el sentido de pugnar por un medio ambiente limpio y sustentable promoviendo la generación de acuerdos, consensos, propuestas y políticas públicas que incluyan un enfoque de “Crecimiento Verde”.

De igual modo, el Partido Verde a partir de su creación ha pugnado por establecer como una prioridad nacional el cuidado ambiental a través de diversas medidas de política pública e iniciativas, de forma que la protección ambiental se considere como una parte vital del desarrollo, en un modelo que no compita y reste importancia al medio ambiente y a la sustentabilidad de la política económica aplicada.

De esta forma, la Agenda Legislativa del Partido Verde contempla promover estrategias para un crecimiento más responsable y sustentable, lo cual se genera a través del desarrollo de actividades económicas menos contaminantes, más responsables, no sólo con la generación presente, sino en un criterio de responsabilidad intergeneracional.

Esta iniciativa fortalece y respalda la propuesta en materia ambiental y desarrollo sustentable, reconociendo el compromiso del gobierno entrante por orientar un nuevo crecimiento para nuestro país; asimismo, constituye un marco de referencia para las prioridades y orientaciones del próximo gobierno en materia de crecimiento económico y desarrollo incluyente.

Adicionalmente, organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) han planteado un cambio de paradigma. De tal forma que en junio de 2009 los ministros de 34 países firmaron una Declaración sobre Crecimiento Verde. [1]

A partir de ella, la OCDE recibe el mandato de formular una Estrategia de Crecimiento Verde que incluya aspectos económicos, ambientales, sociales, tecnológicos y de desarrollo.

En dichos trabajos, se reconoce que es posible compatibilizar el modelo y las estrategias de crecimiento y desarrollo, con una conciencia ambiental y de sustentabilidad, estableciendo nuevos hábitos de consumo, tecnología e infraestructura.

Como señala la OCDE, este cambio de paradigma implica “nuevos modelos de negocios, patrones de trabajo, planificación urbana u organización del transporte…” que jugarán también un papel decisivo en el impulso del crecimiento verde. [2]

Lo anterior, de acuerdo a la OCDE, implica establecer estrategias para disminuir los efectos del cambio climático, fomentando el uso eficiente de los recursos, disminuyendo la degradación ambiental y el uso indiscriminado de recursos no renovables.

Dicho crecimiento verde implica, de acuerdo a la OCDE, “el surgimiento de nuevas fuentes de crecimiento por medio de los siguientes factores”. [3]

  • Productividad. Incentivos para una mayor eficiencia en el uso de los recursos y los bienes naturales, incluidos un aumento en la productividad, una reducción de los residuos y el consumo de energía, así como la disponibilidad de recursos para un uso con el valor más alto. 
  • Innovación. Oportunidades para la innovación, estimuladas por las políticas y las condiciones de un marco de referencia que den paso a nuevas maneras de crear valor y abordar los problemas ambientales. 
  • Nuevos mercados. Creación de nuevos mercados al alentar la demanda de bienes, servicios y tecnologías verdes, creando con ellos nuevas oportunidades de empleo. 
  • Confianza. Impulso de la confianza del inversionista mediante una mayor previsibilidad y estabilidad con respecto a la manera en que los gobiernos lidian con los problemas ambientales de envergadura. 
  • Estabilidad. Condiciones macroeconómicas más equilibradas, menor volatilidad en el precio de los recursos y apoyo de la consolidación fiscal a través, por ejemplo, de la revisión de la composición y la eficiencia del gasto público, así como el aumento de los ingresos al ponerle precio a la contaminación.” 

Cabe señalar que la preocupación por el medio ambiente y la sustentabilidad ambiental se ha ido reflejando en los diversos instrumentos de política pública en México como reflejo internacional. Este reconocimiento del tema ambiental como un tema prioritario en la vida nacional ha derivado en la creación de leyes, su inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo, programas sectoriales y modificaciones en la estructura programática.

Entre las más recientes aprobaciones de leyes, destaca la aprobación de la Ley General de Cambio Climático en 2012 e incluso la creación de anexos presupuestales transversales, como el del Anexo Presupuestal en materia de Recursos para la Mitigación de los efectos del Cambio Climático que se deberá establecer para el 2013 para el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Por lo anterior, se vuelve necesario dar un marco de referencia a la política pública en materia de crecimiento desde una perspectiva ambiental, a través del crecimiento verde y sus implicaciones en materia de estrategias y políticas.

En este sentido, la presente reforma propone la inclusión de la perspectiva ambiental y de crecimiento verde en los instrumentos de planeación del sistema de planeación democrático nacional establecidos en la Constitución Política de México y la Ley de Planeación.

Ello permite la inclusión de medidas diversas en temas de investigación y desarrollo, su promoción y financiamiento, el entorno regulatorio y fomento a la investigación y apertura, planificación urbana, de transporte y de infraestructura, entre otras medidas, así como todas las medidas e instrumentos vinculados con la adaptación, mitigación y remediación del Cambio Climático. También implica el poder generar marcos de referencia para una política fiscal e incentivos a la protección al ambiente.

De acuerdo a la OCDE, y teniendo como antecedente la Cumbre de Rio del 2012 en materia de crecimiento verde, se han generado diversos instrumentos e iniciativas internacionales tales como:

  • La Iniciativa de Economía Verde (IEV) a cargo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) a partir del 2008, con el fin de promover la inversión en sectores verdes.  
  • El Instituto para el Crecimiento Global Verde (ICGV), que reúne a expertos de organizaciones y gobiernos internacionales y regionales, con el fin de fomentar el  crecimiento verde a través del logro de objetivos de reducción de la pobreza, a través de la sostenibilidad ambiental, adaptación al cambio climático y la seguridad energética. 
  • Cabe señalar además que en conjunto con organizaciones como la División de Estadísticas de las Naciones Unidas (DENU), organismos de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, la Oficina Europea de Estadística (EUROSTAT) y la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA), están trabajando con el fin de generar indicadores en materia de economía verde. 
  • “Hacer la economía más verde con la agricultura” de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), que vincula la seguridad alimentaria y el alivio de la pobreza. [4] 

Es importante mencionar que lo anterior va en alineación y concordancia con la Constitución Política de México, que, en su artículo 25 ya establece criterios relevantes en materia de sustentabilidad y cuidado del medio ambiente como orientaciones en el diseño de la política económica y las políticas públicas.

En primer lugar, la reforma de 1999 establece, en el primer párrafo, la rectoría del Estado en el desarrollo nacional, con el fin de que sea sustentable.

En segundo lugar, el párrafo sexto, reformado en 1983 manifiesta que, en materia del uso de los recursos productivos, éstos deberán ser para el beneficio general, por lo cual señala que se deberán usar “cuidando su conservación y el medio ambiente”.

En este sentido, el Artículo 25 de la Constitución Política de México, establece que:

“Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.

El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución.

Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación.

El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el Artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se establezcan.

Asimismo podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo.

Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente.

La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.

La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, en los términos que establece esta Constitución.”

Bajo esta visión, se vuelve importante precisar los criterios bajo los cuales deberá regir dicho crecimiento, manifestando el interés público por la ciencia, la innovación y el uso de tecnologías limpias y sustentables con el fin que sean instrumentos para la promoción de un desarrollo y crecimiento económico sustentables y de cuidado del medio ambiente, también llamado “el crecimiento verde” establecido por diversos mecanismos y organizaciones referidas anteriormente. 

De esta forma, se propone dotar al esquema de la planeación nacional de un marco de referencia para toda la política pública en materia de crecimiento económico sustentable.

En este sentido y en concordancia con lo anterior, la Ley de Planeación reglamentaria del artículo 25 de la Constitución Política, establece las bases del esquema de planeación nacional. Por ello, resulta importante alinear y dotar a dicha Ley de una perspectiva en torno a la promoción de estrategias de crecimiento económico basado en esta orientación, también llamada de crecimiento verde.

Lo referido, además, con el fin de alinear el marco global de la planeación con las recientes reformas, incluyendo la del 2012 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que incluye el Anexo Presupuestal mencionado y que en su artículo 2 establece:

Artículo 2.- ...

I. a III. ...

III Bis. Anexos Transversales: anexos del Presupuesto donde concurren Programas Presupuestarios, componentes de éstos y/o Unidades Responsables, cuyos recursos son destinados a obras, acciones y servicios vinculados con el desarrollo de los siguientes sectores: Igualdad entre Mujeres y Hombres; Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas; Desarrollo de los Jóvenes; Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable; Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación; Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía; Atención a Grupos Vulnerables; y los Recursos para la Mitigación de los efectos del Cambio Climático.”

Cabe señalar que la Ley de Planeación señala los principios por los cuales deberá regirse, por lo que resulta imprescindible establecer como una línea adicional la referente al medio ambiente y la sustentabilidad y su relación con el crecimiento económico:

Artículo 2o.- La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y sustentable del país y deberá tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para ello, estará basada en los siguientes principios:

I.- El fortalecimiento de la soberanía, la independencia y autodeterminación nacionales, en lo político, lo económico y lo cultural;

II.- La preservación y el perfeccionamiento del régimen democrático, republicano, federal y representativo que la Constitución establece; y la consolidación de la democracia como sistema de vida, fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, impulsando su participación activa en la planeación y ejecución de las actividades del gobierno;

III.- La igualdad de derechos entre mujeres y hombres, la atención de las necesidades básicas de la población y la mejoría, en todos los aspectos de la calidad de la vida, para lograr una sociedad más igualitaria, garantizando un ambiente adecuado para el desarrollo de la población;

IV.- El respeto irrestricto de las garantías individuales, y de las libertades y derechos sociales, políticos y culturales;

V.- El fortalecimiento del pacto federal y del Municipio libre, para lograr un desarrollo equilibrado del país, promoviendo la descentralización de la vida nacional;

VI.- El equilibrio de los factores de la producción, que proteja y promueva el empleo; en un marco de estabilidad económica y social;

VII.- La perspectiva de género, para garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y promover el adelanto de las mujeres mediante el acceso equitativo a los bienes, recursos y beneficios del desarrollo, y

VIII.- La factibilidad cultural de las políticas públicas nacionales.”

Por ello, resulta indispensable incluir una fracción adicional a la lista de principios de la planeación que habrá de llevar a cabo el Estado, que manifieste la preocupación por el medio ambiente y nuevas estrategias de crecimiento basado en nuevas tecnologías, en la promoción de actividades económicas sustentables y con responsabilidad ambiental, de acuerdo a lo siguiente:

IX.- La promoción de estrategias de crecimiento sustentable y de cuidado del medio ambiente que considere la generación de políticas que impulsen el desarrollo de actividades económicas, de consumo, producción y de cultura verdes basadas en el uso eficiente de los recursos naturales y el fomento a la ciencia, la innovación y las tecnologías limpias y sustentables, así como el uso de Tecnologías de la información y el Conocimiento.

En atención a lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de este Honorable Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona el inciso IX al artículo 2º de la Ley de Planeación.

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona el inciso IX al artículo 2º de la Ley de Planeación, para quedar como sigue:

Artículo 2o.- La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y sustentable del país y deberá tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para ello, estará basada en los siguientes principios:

I a VIII. …

IX.- La promoción de estrategias de crecimiento sustentable y de cuidado del medio ambiente que considere la generación de políticas que impulsen el desarrollo de actividades económicas, de consumo, producción y de cultura verdes basadas en el uso eficiente de los recursos naturales y el fomento a la ciencia, la innovación y las tecnologías limpias y sustentables, así como el uso de Tecnologías de la información y el Conocimiento.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República a los veintitrés días del mes de octubre del año dos mil doce.

SENADOR JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ


[1] Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, Hacia el crecimiento verde. Un resumen para los diseñadores de políticas. Mayo 2011, pág.1.

[2] Ibidem, pág. 2.

[3] IBid,  pág. 5.

[4] Ibid. Pág. 20.