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Proposiciones


De la Sen. Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo, a los Poderes Legislativo y Judicial y a la sociedad civil organizada a firmar un pacto de estado que garantice la igualdad sustantiva en nuestro país.

Se Turnó a la Comisión de Equidad y Género.


PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA LA SENADORA LUCERO SALDAÑA PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, QUE EXHORTA  AL PODER EJECUTIVO, A LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL Y A LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA A FIRMAR UN PACTO DE ESTADO QUE GARANTICE LA IGUALDAD SUSTANTIVA  EN NUESTRO PAÍS.

La que suscribe, LUCERO SALDAÑA PÉREZ, Senadora integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 95 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y el artículo 8, numeral 1 fracción II, artículo 103 numeral 2, fracción 3 artículos 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del H. Pleno del Senado la presente proposición con Punto de Acuerdo, sustentada en las siguientes:

CONSIDERACIONES

Después de conmemorar el Día del Voto Femenino en México y rumbo al 60 aniversario el próximo año, el balance debe tener más y mejores avances al iniciar un nuevo gobierno.

La verdadera democracia paritaria es uno de los retos que mujeres y hombres tenemos para este siglo XXI. De seguir al ritmo de estos 59 años de voto femenino en México, no lograremos la presencia y participación activa de las mujeres en los procesos de toma de decisiones, sobre todo en los ámbitos locales.

Las dificultades para el acceso, permanencia y ascenso a los altos cargos, son muchas. Los obstáculos, tanto inherentes como externos, exigen instrumentos especializados en género para que en la práctica política se fortalezcan y mejoren las habilidades de las mujeres para acceder a espacios de poder.

La capacitación como detonador de la participación y el empoderamiento político de las mujeres, se vuelve por tanto, fundamental para el ejercicio del poder. No significa que las mujeres requieran capacitación porque son incapaces, sino porque persiste aún la cultura sexista que le impide desarrollarse en igualdad de condiciones y oportunidades que los hombres.

Sin embargo, una gran parte de ese potencial no se realiza por la necesidad de una reforma que incluya la paridad política para la inclusión de más mujeres tanto en los cargos de elección como en las instituciones gubernamentales, particularmente a nivel local.

Es frecuente que las mujeres sean tratadas como recién llegadas a la política. Se dice ellas “deben ganar un espacio”, que “los espacios no se regalan”, que deben “hacer méritos para tener cargos”. Ese tipo de argumentos se ha multiplicado a partir de los debates por el establecimiento de cuotas mínimas de participación. Por lo tanto, el tratamiento de recién llegadas es una expresión más de la discriminación sexista y que, por el contrario, el acceso a la representación política de las mujeres es una necesidad del sistema democrático y un acto de justicia.

Hay una diferencia entre participación política femenina y el poder político femenino. Este último es cuestionador y transgresor y la primera generalmente es cooptada y silenciada. La participación política de las mujeres es muchas veces percibida como un favor, pese a que es un derecho.

Para las mujeres, la apertura democrática significó una mera etapa de su participación política, tanto a nivel nacional como municipal, porque el proceso democratizador permitió la inclusión de sus demandas y la necesidad de incorporar su participación política en la agenda nacional.

La subordinación de la mujer, descrita en términos personales y a partir de lo cotidiano que se revela como un problema estructural directamente ligado a la forma de cómo funciona la sociedad, reproduciendo en ese ámbito de lo “privado” las relaciones de poder y jerarquía. El reto de este son las dos democracias, en la familia y en la sociedad, en la casa y en la ciudad.

Todavía se crea el espejismo de participación igualitaria entre mujeres y hombres con hechos como el de postularlas como suplentes  “las juanitas”.

Un mensaje vital es que aumentar la cantidad de mujeres en posiciones de autoridad sólo llevará a un sistema de gobernanza más equitativo si se garantiza la calidad de su participación. Esto requiere un cambio en las suposiciones en torno a los roles que las mujeres y los hombres deberían jugar en los procesos de gobernanza, así como la creación de un ambiente en el que vea y valore a las personas por su capacidad y no por su género o sexualidad. Implica una evaluación crítica de las instituciones desde lo local a lo global.

Aún falta en México una ampliación del concepto de democracia para reconocer la importancia de la inclusión y la diversidad. 

Para promover la participación política y ciudadana de las mujeres en México desde la identidad cultural, a través del fortalecimiento institucional, la incidencia política, la formación técnica y política y la investigación socio-política pasa  por el rediseño de las reglas del juego político.

Promover la paridad como derecho asegura la representatividad proporcional de los sexos.

La paridad garantiza el derecho civil de las mujeres a ser electas y también a representar políticamente a la ciudadanía.

La paridad no es una concesión a la representatividad de las mujeres que dependa del voluntarismo de los partidos políticos si se aprueba el derecho constitucional, este derecho no podrá ser alterado como tampoco el derecho al voto.

Negar las cuotas ha sido una constante en nuestro país y en muchos otros, porque no hemos hecho un PACTO DE ESTADO en torno a los derechos de las mujeres.

No es posible identificarse con una plena ciudadanía si los fallos de representatividad de las mujeres son tan notables como las cifras.

El hecho de que las mujeres se encuentren fuera de las redes de influencia, no significa que no deseen el poder sino que es más bien, la injusticia sexual la que coarta el acceso al poder de las mujeres.

De tal forma que existe un circulo que no rompe con la desigualdad porque procede de la carencia del poder, pero también de un déficit absoluto de autoridad.

El poder tiene un objeto vedado y poco explicitado. Sostener los criterios de autoridad existentes no significa que se le este dando sentido a la realidad, proponemos cambiar de sentido en la toma de decisiones y así el poder político.

La permanencia de las mujeres en el poder político sirve como indicador sobre cuál es la consolidación real del liderazgo de las mujeres, si los hombres son insustituibles y las mujeres intercambiables.

El marco legal debe dar garantías, asegurar el empadronamiento de las mujeres que no cuentan con credencial de elector, así como el diseño e implementación de políticas públicas para el ejercicio político de sus derechos ganados hace casi 60 años.  

Requerimos del mecanismo de rendición de cuentas que definan tanto acciones, como actividades e indicadores.

Hay mucho que decir de la vida sociopolítica enraizada en falsos paradigmas, lo que requerimos en concreto, es una sociedad verdaderamente democrática que afirma y preserve la igualdad de todos y todas, tanto frente a la ley, como en la responsabilidad en el ejercicio del poder.

Superar la desigualdad en las condiciones de participación política que afectan a diferentes actores constitutivos de nuestra sociedad, es un desafío pendiente para nuestro sistema político, bajo la convicción de que la estabilidad y sustentabilidad de la democracia está determinada por el grado de inclusión y representatividad de las instituciones políticas y de la política misma como actividad humana.

Las causas históricas de la desigualdad son posibles de ser cambiadas, y a casi 60 años no sólo debemos conmemorar que las mujeres participamos en las elecciones, sino renovar el compromiso por la igualdad sustantiva que garantice los derechos de las mujeres a través de un Pacto de Estado que lo firmen el Poder Ejecutivo, los Poderes Legislativo y Judicial y la sociedad civil organizada, que nos comprometa a la modificación de las circunstancias que impiden a las personas el ejercicio pleno de los derechos y el acceso a las oportunidades a través de medidas estructurales, legales o de política pública.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta H. Asamblea, el siguiente punto de acuerdo.

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta al Senado para que legisle y armonice desde la perspectiva de género los ordenamientos jurídicos que impulsen la igualdad sustantiva.

SEGUNDO.-Se exhorta al Instituto Federal Electoral (IFE) que realice un plan de acción para empadronar a todas aquellas mujeres en edad de hacer efectiva la ciudadanía y poder  ejercer plenamente una participación cívico-política.

TERCERO.- Se exhorta al Poder Ejecutivo Electo, a los poderes Legislativo y Judicial y a la sociedad civil organizada a firmar un Pacto de Estado por la Igualdad Sustantiva que garantice los derechos políticos, económicos, sociales, culturales y medio ambientales de las  mujeres en nuestro país.

Salón de sesiones del Senado de la República, a los dieciocho días del mes de octubre de 2012.

AT E N T A M E N T E

SEN. MARÍA LUCERO SALDAÑA PÉREZ