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Para turno a comisiones del Senado

De los Senadores María del Pilar Ortega Martínez, Maki Esther Ortiz Domínguez, Luisa María Calderón Hinojosa y Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a las legislaturas de las entidades federativas a legislar o, en su caso, actualizar su legislación en materia de uso de la fuerza pública de los cuerpos policiales.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA.


Los suscritos Senadores de la Republica de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ, MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ, LUISA MARIA CALDERON HINOJOSA y FERNANDO YUNES MÀRQUEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1 y 2  del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Legislaturas de las Entidades Federativas a que legislen o, en su caso, actualicen su legislación en materia de uso de la fuerza pública de los cuerpos policiales, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Para Acción Nacional el empleo de la fuerza por parte de las instituciones policiales debe conciliarse con el respeto irrestricto a los derechos humanos, debiendo utilizarse ésta solo cuando exista una necesidad racional en el medio empleado y con plena observancia del principio de proporcionalidad, en caso de legítima defensa, para salvaguardar un bien jurídico, en el cumplimiento de un deber o en el ejercicio de un derecho.

Bajo esta tesitura, el propio constituyente ha establecido expresamente en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución, partiendo de la necesidad de garantizar la adecuada conducción de las instituciones de seguridad pública en el marco de la preservación de la paz, orden y armonía social, siendo el empleo en el uso de la fuerza un elemento fundamental al respecto.

De acuerdo a cifras proporcionadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la Estadística del Estado de Fuerza para establecer el Porcentaje de Policías Municipales [1], el estado de fuerza policial en el país, entre cuerpos de policía ministerial, estatal y municipal, oscila en los 397,664 operativos, situación que hace necesario el establecimiento de legislaciones claras, precisas y homogéneas en relación al uso de la fuerza, de la cual se puedan derivar instrumentos, protocolos y demás normatividad que establezcan estándares de actuación de las instituciones policiales en torno al uso de la fuerza.

Con la promulgación de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se ha dado un paso importante al establecerse con claridad que el uso de la fuerza pública por parte de los cuerpos de seguridad pública debe regularse mediante disposiciones normativas y administrativas ad hoc, por lo que el uso de la fuerza debe tener un sentido lógico, racional, congruente, oportuno y proporcional, respetando en todo momento lo establecido por los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley adoptado por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990, el cual estatuye que Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley adoptarán y aplicarán normas y reglamentaciones sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego contra personas por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.”

En efecto, el artículo 41, último párrafo, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP), establece la obligación para las autoridades de hacer uso de la fuerza pública “de manera racional, congruente, oportuna y con respeto a los derechos humanos”.

Por su parte la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República en su artículo 64 fracción IX establece la obligación de los agentes de la Policía Federal Ministerial de hacer uso de la fuerza de manera racional y proporcional, con pleno respeto a los derechos humanos, manteniéndose dentro de los límites que se marcan en los procedimientos establecidos en los manuales respectivos, ante una falta de legislación específica en la materia.

Asimismo el artículo 19, fracción XXXIII de la Ley de la Policía Federal establece que se deberá hacer uso de la fuerza de manera racional y proporcional, con pleno respeto a los derechos humanos, manteniéndose dentro de los límites y alcances que se marcan en las disposiciones legales aplicables y los procedimientos previamente establecidos.

De las regulaciones anteriormente señaladas se desprende que si bien dichas leyes prevén disposiciones generales en materia de uso de la fuerza, es necesario la existencia de una ley especial en la materia que establezca estándares, protocolos, principios de actuación de los cuerpos policiales en torno al uso de la fuerza.

En ese tenor, con motivo de la reforma constitucional en materia de derechos humanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, y ante la ausencia de una adecuada legislación especial en materia federal que regule el uso legítimo de la fuerza, la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Procuraduría General de la República y en la Secretaría de Seguridad Pública, emitieron el 23 de abril de 2012 una serie de acuerdos los que en su conjunto proponen principios relacionados con el uso de la fuerza como son: legalidad, necesidad, proporcionalidad, oportunidad y racionalidad.

Concatenado a lo anterior, diversas entidades federativas han regulado el uso de la fuerza, sin existir una homogeneidad al respecto, ya que hasta donde se tiene conocimiento mientras entidades como el Distrito Federal y Oaxaca, cuentan con una legislación especial en la materia, entidades como Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán,  Morelos, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, San Luis, Sinaloa, Tabasco, Veracruz y Zacatecas, cuenta con una regulación general inmersa en otras leyes, como por ejemplo en la Ley de Seguridad Pública Estatal, existiendo otras entidades que sólo la regulan a nivel acuerdos o que incluso no la regulan.

De lo anteriormente señalado se desprenden dos aspectos a considerar:

  • En materia federal es necesario la expedición de una ley especial que regule los alcances del uso de la fuerza por parte de las instituciones policiales. (Motivo por el cual presentaré es estos días una iniciativa de ley en la materia).  
  •  En el ámbito de las Entidades Federativas, si bien existen entidades que ya cuentan con legislación al respecto, ya sea en una ley especial o inmersa en las leyes de seguridad pública, resulta necesario revisarlas a efecto de determinar si cumplen con los estándares establecidos por los instrumentos internacionales existentes.  

Por lo que respecta a las Entidades Federativas que aún no cuentan con regulación del uso de la fuerza, resulta necesario legislar al respecto.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Se exhorta respetuosamente a las Legislaturas de las Entidades Federativas que aún no cuentan con una legislación encargada de regular el uso de la fuerza de las instituciones policiales, legislen al respecto, estableciendo una legislación ajustada a los estándares internacionales establecidos para tal efecto.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a las Legislaturas de las Entidades Federativas que ya cuentan con legislación en materia de uso de la fuerza de las instituciones policiales, para que procedan a revisar sus contenidos a fin de verificar si las mismas se encuentran ajustadas a los estándares internacionales establecidos para tal efecto, o en su caso, realicen las adecuaciones correspondientes.

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los dieciocho días del mes de octubre del año dos mil doce.

SEN. MA. DEL PILAR ORTEGA MARTINEZ

SEN MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ

SEN. LUISA MA. CALDERON HINOJOSA

SEN. FERNANDO YUNES MARQUEZ


[1]http://www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/es/SecretariadoEjecutivo/Estado_de_Fuerza_de_las_Corporaciones_Policiales_Estatales