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Proposiciones


Del Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a modificar las reglas de operación de los programas federales que atienden a población indígena en zonas urbanas del país.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS.


PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL PARA MODIFICAR LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS FEDERALES QUE ATIENDEN A POBLACIÓN INDÍGENA EN ZONAS URBANAS DEL PAÍS.

El suscrito RAÚL AARÓN POZOS LANZ, Senador de la República de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que se modifiquen las Reglas de Operación de los Programas Federales que atienden a población indígena en zonas urbanas del país, al tenor de las siguientes

CONSIDERACIONES

El artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su segundo párrafo que “la conciencia de la identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas”.

De igual manera, el apartado “B” de ese mismo artículo, señala que “la Federación, los Estados y los Municipios establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuáles deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos”.

De acuerdo a los resultados definitivos del Censo de Población y Vivienda 2010, en México vivían 15.7 millones de personas que se auto reconocen comoindígenas, de los cuales 6.6 millones de 3 años y más hablaban alguna lengua originaria. Sin embargo, la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), reconoce que lapoblación indígena de México alcanza los 11 millones 132 mil 562 personas, de los cuales 5 millones 663 mil 237 son mujeres y 5 millones 469 mil 325 son hombres.

Esta población está integrada principalmente en hogares donde alguno o varios de sus miembros son hablantes de lengua indígena, criterio que es el determinante para que puedan acceder a programas y fondos públicos. Sin embargo, esto presupone que existe un porcentaje importante de mexicanos que aunque se auto reconocen como indígenas de conformidad al artículo segundo de la Constitución General de la República, está de facto al margen de la atención de los programas para el desarrollo integral de ese sector de la población.

Territorialmente, de los más de 2 mil 400 municipios del país, 530 son municipios con 40 por ciento o más de población hablante de lengua indígena y el 80 por ciento de los municipios indígenas del país son de alta y muy alta marginación.

El censo de población y vivienda del 2012 también estima que alrededor de un 30 por ciento de la población que se reconoce como indígena, ya vive en ciudades de más de 100 mil habitantes. Sin embargo, existen localidades que han adoptado el criterio de auto reconocimiento como señala la Constitución, pero que al no reunir los criterios de elegibilidad que señala la CDI, como son el ser una comunidad con 40 por ciento y más de hablantes de lengua indígena, tener de 50 a 15 mil habitantes, y ser de alta o muy alta marginación, no son sujetos de atención de los programas sociales enfocados al desarrollo indígena. Más importante aún, es que esta población está asentada en polígonos de pobreza y marginación en zonas urbanas, y que al no contar con estrategias de atención a partir del criterio de auto adscripción, no sólo los sitúa en un alto grado de vulnerabilidad, sino que además los excluye de los beneficios del desarrollo.

Tan solo en la ciudad de San Francisco de Campeche, capital de la entidad a la que represento, existe una población indígena de por lo menos el 10 por ciento de su total, es decir, más de 25 mil personas que se reconocen con ascendencia indígena. Una situación similar se presenta en Carmen, Hecelchakán y Champotón, ciudades que en su conjunto concentran la mayor cantidad de población indígena en zonas urbanas del Estado y que a pesar de ello, no son sujetos de atención por no cumplir con los criterios de elegibilidad de la CDI. Otra ciudad importante como Calkiní alberga a más del 50 por ciento del total de su población que se reconoce con ascendencia indígena.

La creciente población indígena ha transformado a las ciudades mexicanas en espacios multiculturales, sin embargo, destaca la precaria condición en la que la mayoría de ellos viven en las zonas urbanas, donde la discriminación los lleva a hacer invisible su identidad y a desplazar sus lenguas y cultura.

De acuerdo a informes de la CDI, existen 85 programas o acciones federales que atienden a este sector de la población, de los cuales 60 contaron con asignación presupuestal específica en el Anexo 7 del Presupuesto de Egresos de la Federación PEF, “Erogaciones para el Desarrollo Integral de la Población Indígena”. A pesar de ello, también es cierto que las reglas de operación de todos los programas de la política social dejan fuera a esta población por habitar en zonas urbanas de más de 15 mil habitantes.

Por ello, no deja de llamar la atención que las últimas evaluaciones publicadas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), afirman que una de las causas del pobre desempeño en los años recientes en el combate a la pobreza y a la marginación en México, se atribuye a que los programas federales presentan problemas de diseño inadecuado y reglas de operación poco claras y flexibles, dentro de los cuales se encuentran los programas federales enfocados a la atención de la población indígena.

Por todo lo anterior, en los programas y reglas de operación de las dependencias del sector social, pero particularmente de aquellas que atienden a la población indígena, se manifiestan situaciones que impiden el correcto destino de las inversiones autorizadas y que generan los siguientes problemas:

  • En primer lugar, los criterios de elegibilidad de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), indican que se atienda sólo a las comunidades donde al menos el 40 por ciento de sus habitantes sean hablantes de lengua indígena, tomando como base los resultados del censo del INEGI.
  • Además, que las localidades deberán ser de muy alta o alta marginación y que tengan entre 50 y 15,000 habitantes, dejando al margen con este principio, a la población indígena que vive en polígonos de pobreza de las zonas urbano marginadas, así como también a comunidades dispersas que se auto reconocen y que sin embargo no cuentan con el porcentaje de hablantes que hablen una lengua indígena.
  • Por otra parte, las reglas de operación de algunos programas como el Programa de Infraestructura Básica Indígena (PIBAI) señalan que su ámbito de atención estará limitado exclusivamente a comunidades que aparezcan en la relación de localidades elegibles publicada por la CDI cada año, criterio que como ya se expresó con anterioridad, reduce la población objetivo a aquella que hable alguna lengua indígena.
  • Asimismo,que las reglas de operación del programa de infraestructura básica indígena (PIBAI) no contemplan la rehabilitación de obras de infraestructura básica, y se circunscribe a la dotación de servicios importantes como caminos de acceso, electrificación y agua potable, dejando al margen la dotación de obras de infraestructura educativa, de salud, vivienda y cultura, lo cual deteriora y excluye de acciones de mejora o reparación a población indígena reproduciendo su marginación y disminuyendo su calidad de vida.
  • Las reglas de operación también reproducen situaciones de discriminación estructural debido a la visión centralista con la que son diseñadas. Por ejemplo, el programa de Albergues Escolares Indígenas sólo brinda servicio a estudiantes que estén inscritos en las denominadas Universidades Interculturales, las cuáles no existen en todas las entidades federativas, dejando de lado a jóvenes indígenas que estudian en Universidades Públicas Estatales.
  • Pero las reglas de operación también inhiben los programas de Promoción y Fomento Cultural, pues sólo se atiende a localidades que están incluidas en la estrategia de planeación y gestión del territorio para el desarrollo con identidad de la CDI.
  • Por si fuera poco, en los programas de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) el proceso de registro en el sitio electrónico, resulta complicado para ser llenado por productores indígenas, que además no cuentan con los conocimientos ni con los requerimientos técnicos de los proyectos y que les son exigidos por las reglas de operación de los diversos programas, lo cual se constituye en una barrera adicional para convertirse en sujetos de atención. Esta es una razón por la cual una cantidad importante de recursos o son devueltos a la Tesorería de la Federación o son transferidos a otras acciones de desarrollo social.
  • Finalmente, las reglas de operación también tienen un componente que no parte de un principio federalista, esto es, que en la operación de la gran mayoría de los programas federales, las delegaciones de las diversas secretarías del Gobierno Federal, asumen la estrategia de decidir las prioridades y la integración programática anual, al margen de la coordinación con estados y municipios, dejando de lado y minimizando la naturaleza institucional de los COPLADES como instancias para la concurrencia y corresponsabilidad en el ejercicio de planeación-presupuestación.

Por todo lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente punto acuerdo:

PRIMERO.- Se exhorta al Ejecutivo Federal para que, a través de su titular, el Presidente de la República, incluya en las reglas de operación de los programas para el desarrollo de la población indígena, criterios quepermitan acceder a los recursos públicos, a este segmento de la población especialmente a aquella que se encuentra asentada en zonas urbanas del país, dado que con las reglas que actualmente rigen las asignaciones presupuestales para los indígenas de México, se les excluye de los programas de apoyo del gobierno federal, tales como los de infraestructura comunitaria, educación, salud, vivienda, albergues escolares, fortalecimiento de su cultura y vigencia de sus derechos, así como el impulso a la generación de proyectos productivos.

SEGUNDO.- Que de manera transversal en los programas federales del sector Desarrollo Social, se incluya en las reglas de operación el criterio de respeto al derecho del auto reconocimiento como indígenas, tal y como lo señala el artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; que se reduzcan los trámites para el acceso a programas de desarrollo y que éstos y los proyectos en su beneficio, surjan de la consulta directa a las comunidades indígenas; además, que se modifique el esquema de aportaciones federales y estatales, tanto en el Presupuesto de Egresos de la Federación como en las reglas de operación, para fijarlos en 80 por ciento federal y 20 por ciento para la concurrencia de Estados y Municipios, y finalmente, que en el marco del federalismo, los programas de inversión anual se definan de manera conjunta entre las instancias del Gobierno Federal, los Gobiernos Estatales y Municipales a través de los Comités de Planeación parapara el Desarrollo, mediante la firma de acuerdos anuales.

TERCERO.- Que se modifiquen las reglas de operación del programa de Albergues Escolares Indígenas para incluir como sujetos de apoyo a los estudiantes de universidades públicas y no sólo a aquellos que estén inscritos en las denominadas universidades interculturales.

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 18 días del mes de octubre del año dos mil doce.

SENADOR RAÚL AARÓN POZOS LANZ