+  -   
Transparencia Parlamentaria Transparencia Parlamentaria
Iniciativas, Minutas, Instrumentos internacionales y proposiciones
Asistencias / Votaciones
Senadores
Comisiones
Gaceta del Senado Gaceta del Senado
Gaceta de la comisión Permanente Gaceta de la Comisión Permanente
Gaceta del Senado Orden del Día
Versión Estenográfica Versión Estenográfica
Diario de los Debates Diario de los Debates
Comisión Permanente Comisión Permanente
Documentos de Apoyo Parlamentario Documentos de Apoyo Parlamentario
Marco Jurídico Marco Jurídico
Consultoría Jurídica Legislativa Consultoría Jurídica Legislativa
Consultoría Jurídica Legislativa Seguimiento a Reformas Constitucionales
Sinopsis Legislativa Sinopsis Legislativa
Sesión al minuto Sesión al minuto
Tratados Internacionales aprobados Tratados Internacionales aprobadas
Legislación aprobada Legislación aprobada
Respuestas a Proposiciones aprobados Respuestas a Proposiciones aprobados
Portal de Accesso
Organización Organización
Recursos Humanos Recursos Humanos
Recursos Materiales Recursos Materiales
Recursos Financieros Recursos Financieros
Información Relevante Información Relevante
Estado de Situación Financiera Estado de Situación Financiera
Código de Ética y Conducta Código de Ética y Conducta
Transmisión en vivo Transmisión en vivo
Licitaciones Públicas Licitaciones Públicas
Transparencia y Rendición de Cuentas Sede Actual Transparencia y Rendición de Cuentas Sede Actual
Código de Ética y Conducta Contratos Relevantes
Portal de Accesso

Gaceta del Senado



Iniciativas

Estado Actual: Aprobada Ficha Técnica




De los Senadores Laura Angélica Rojas Hernández, Fernando Torres Graciano, Víctor Hermosillo y Celada y Martín Orozco Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6, 16, 73, 76, 78, 105, 108, 110, 111, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, con opinión de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.


Propone otorgar autonomía constitucional a todos los órganos garantes de la transparencia, tanto al federal como a los de las entidades federativas.

Plantea que el nuevo organismo garante constitucional autónomo como depositario de la autoridad en la materia, sea responsable de la protección del derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales en posesión de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial -con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación-, así como la que está en posesión de los tribunales administrativos, laborales y agrarios, Universidades e Instituciones de Educación Superior Públicas y demás órganos a los que la Constitución les otorga autonomía.

Incluye el principio de definitividad e inatacabilidad de las resoluciones de los órganos garantes para los sujetos obligados, sin relativismos.

Propone establecer la facultad de presentar acciones de inconstitucionalidad de la forma siguiente:

• El organismo garante federal contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren el ejercicio de los derechos de acceso a la información y la protección de datos personales consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte.

• Los organismos garantes equivalentes en los estados de la República, en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales.

• El organismo garante del Distrito Federal, en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Establece que el IFAI elabore su propio proyecto de presupuesto de egresos y lo remitirá al Ejecutivo, a fin de que éste lo envíe en su oportunidad al Cámara de Diputados, para su estudio, discusión y, en su caso, aprobación. El proyecto de presupuesto de egresos no podrá ser modificado por el poder Ejecutivo Federal.

Señala que el IFAI como organismo constitucional autónomo, también sea competente para conocer y resolver sobre las impugnaciones que presenten los particulares en contra de las resoluciones de los organismos garantes de transparencia y acceso a la información de los estados y del Distrito Federal, siempre que la resolución que se impugne hubiere negado total o parcialmente el acceso a la información solicitada por el particular.

Faculta al Congreso de la Unión para expedir una ley general en materia de acceso a la información pública, así como una ley general en materia de protección de datos personales y una ley general que establezca la organización y administración homogénea de los archivos en los órdenes Federal, estatal, del Distrito Federal y municipal.

Otorga al Senado de la República y en su caso a la Comisión Permanente la facultad de aprobar a los Comisionados del organismo garante de acceso a la información pública y protección de datos personales.







INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULO 6, 16, 73, 76, 78, 105, 108, 110, 111, 116 Y 122 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Los suscritos Senadores, Laura Angélica Rojas Hernández, Fernando Torres Graciano, Víctor Hermosillo y Celada y Martín Orozco Sandoval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164, y 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de la Cámara Senadores la presente Iniciativa con proyecto de decreto que se reforman los artículos 6, 16, 73, 76, 78, 105, 108, 110, 111, 116 Y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin principal de constituir a los órganos de transparencia federal y locales, como órganos constitucionales autónomos, especializados e imparciales en su actuación, depositarios de la autoridad en la materia, e institucionalizarlos como auténticos garantes del derecho de acceso a la información y la protección de datos personales; así como para sentar las bases para contar con un marco legal armónico, uniforme y homogéneo en todo el país respecto de los procedimientos y los principios en el ejercicio de estos derechos por parte  de la Federación, los Estados y el Distrito Federal en el ámbito de sus respectivas competencias, lo anterior bajo la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En la actualidad el Estado constitucional no puede pensarse sin el establecimiento de las condiciones formales y materiales que hagan efectivo el goce y ejercicio de los derechos fundamentales, entre ellos, el derecho de acceso a la información pública, así como tampoco puede concebirse una sociedad democrática abierta sin la exigencia de la transparencia de los actos públicos.

Así, por ejemplo, la Carta Democrática Interamericana reconoce entre los componentes fundamentales del ejercicio de la democracia, junto con la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respecto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa, a la transparencia de las actividades gubernamentales.

La transparencia es ahora una exigencia democrática republicana, es “una condición necesaria para que el imperio de la ley y la rendición de cuentas sea una realidad”. De ahí que ella misma sostenga: “no hay poder legítimo y democrático si su ejercicio no se rige por el código de la transparencia”.

Desde esta perspectiva el secreto como política de Estado es incompatible con un sistema constitucional y democrático.

Un régimen de transparencia y el derecho de acceso a la información pública permiten garantizar la posibilidad de un control democrático indirecto, un “control social” de las acciones de los poderes públicos y de los demás sujetos obligados a entregar información.

Es como diría Alonso Lujambio “estamos ante un nuevo control ciudadano sobre el poder, que puede ejercerse de modo directo, sin la mediación de los órganos de representación política, y que está llamado a incrementar la calidad de nuestra joven democracia mexicana.

Señalaba el mismo Lujambio a la luz de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que “mucha agua ha corrido ya bajo su puente: se han abierto los fondos públicos depositados en fideicomisos, se ha echado luz en el secreto bancario; se ha revelado información relevante sobre las responsabilidades del rescate del sistema financiero nacional; gracias a la aplicación de la ley, diversos infractores a las normas y reglamentos federales han sido identificados por el público; se han transparentado operaciones millonarias de las grandes empresas públicas, se han conocido las significativas transferencias que dependencias y entidades realizan a los sindicatos y un largo etcétera.”

Asimismo indicaba que lo importante era subrayar que “hasta antes de la Ley de Transparencia, todas esas cosas y muchas más eran secretas, imposibles de saber y, por tanto, los ciudadanos mexicanos estaban prácticamente inhabilitados para, conociendo, actuar, debatir, denunciar, controvertir o modificar. Lo que propicia la Ley de Transparencia es justamente eso: que las personas vean lo que ocurre en la esfera pública, que le abran canales de comunicación e información, que las personas se hagan elementos para poder actuar.” E indicaba que la Ley de Transparencia “fue hecha para la sociedad, para ampliar derechos y disolver privilegios.”

En efecto, la transparencia es una forma permanente de rendición de cuentas. Una circunstancia favorable para que cualquier ciudadano ejerza su facultad de control indirecto del poder y, en este sentido, la transparencia es una herramienta disuasiva, preventiva y un remedio indispensable. Siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana en este aspecto:

“[E]l actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en la gestión pública, lo que hace posible que las personas que se encuentran bajo su jurisdicción ejerzan el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas. El acceso a la información bajo el control del Estado, que sea de interés público, puede permitir la participación en la gestión pública, a través del control social que se puede ejercer con dicho acceso.”

Lo anterior permite afirmar que la transparencia y el acceso a información pública son herramientas de control en el Estado constitucional a manos de la ciudadanía en general, expectativas legítimas de todo régimen democrático y exigencias específicas de toda sociedad abierta y plural.

Los actos gubernamentales secretos, el ocultamiento o simulación de la información y su difusión, son notas distintivas de un ejercicio del poder público incompatible con los compromisos de apertura, trasparencia y publicidad del Estado constitucional democrático.

Ya lo señalaba Norberto Bobbio (al referirse al futuro de la democracia):

 “De verdad sería una grave derrota a la democracia, nacida con la promesa de la transparencia del poder, que el Gobierno pudiera verlo todo sin ser visto. No hay duda de que la mayor tentación del poder en todos los tiempos ha sido esconderse para poder ser lo más parecido a Dios, que es invisible, pero que todo lo ve – Y SE PREGUNTA- ¿Estamos seguros de que la democracia, nacida para derrotar esta tentación, ha logrado su propósito?”

Por lo tanto la transparencia y el derecho de acceso a la información pública gubernamental se convierten así, en un mecanismo de control social en el ejercicio del poder público.

En este contexto, la democracia representativa o participativa  implica un sistema abierto de información que permita garantizar decisiones informadas.

Porque el gobernado tiene por un lado el derecho a saber y cuestionar, y el gobernante la obligación de explicar y dar las razones de sus actos, de rendir cuentas.

Por eso se afirma “que cuando la información de Estado se hace pública no sólo se transparenta la acción gubernamental sino que la función estatal se democratiza“.

Ahora bien, la regulación en materia de acceso a la información pública ha observado avances importantes; sin embargo, la evolución que ha tenido ha dado origen a una regulación diversa y heterogénea en la materia, tanto en los procedimientos como en la conformación de los órganos garantes.

El actual marco jurídico en el país en materia de acceso a la información pública presenta en varios de sus aspectos asimetría, e incluso confusión al momento del ejercicio del derecho de acceso a la información. Por ello es indispensable la consolidación de criterios uniformes en los diversos órdenes de gobierno, a fin de lograr una adecuada armonización para el ejercicio pleno del derecho, estableciendo un piso llano en todo México.

Es conveniente edificar el diseño institucional y procesal de tal manera que haga posible un derecho unificado, tutelado e igual para todos, y exista el mismo deber para cualquier esfera de gobierno o poder público.

Se trata de construir las condiciones constitucionales y legales para contar con una normatividad que permita  aumentar la eficacia institucional, pues es claro que el fortalecimiento de los órganos garantes de transparencia resulta indispensable para proteger el ejercicio de tal prerrogativa.

La búsqueda por consolidar criterios uniformes o lograr una adecuada armonización normativa debe partir de un auténtico y real federalismo, pero eficiente y eficaz en cuanto a los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, así como de protección de datos personales, al considerar que los órganos de transparencia cumplen hoy día con una función dual, el de ser garantes de ambos derechos.

Por todo ello, y ante la importancia que tiene la transparencia, la rendición de cuentas y el derecho de acceso a la información para la consolidación de una democracia como un sistema de vida, es que la presente iniciativa propone fortalecer a los órganos de transparencia federal y locales, así como sentar las bases para contar con un marco legal armónico, uniforme y homogéneo en todo el país respecto de los procedimientos y los principios en el ejercicio del derecho de acceso a la información por parte de la Federación, los Estados y el Distrito Federal en el ámbito de sus respectivas competencias.

En ese sentido, es que se propone de manera esencial lo siguiente:

1)   Otorgar autonomía constitucional a todos los órganos garantes de la transparencia, tanto al federal como a los de las entidades federativas.

Esta propuesta a su vez comprende un diseño puntual sobre las características básicas o fundamentales que deben reunir dichos órganos autónomos a fin de asegurar los principios o criterios de los que deben estar revestidos dichos órganos, a fin de que pueda atender de manera eficiente y eficaz la función estatal toral que se les ha encomendado.

2)   Disponer un concepto amplio de las autoridades obligadas o sujetos obligados en materia de acceso a la información y protección de datos personales.

3)   Definir la competencia de los órganos garantes de la Federación, de los Estados y del Distrito Federal para conocer y resolver de los recursos de revisión interpuestos por violación al derecho de acceso a la información pública, en el ámbito de su competencia. Dicha atribución necesariamente implicara disponer como un aspecto relevante a su vez:

·    La facultad del órgano garante para interpretar en el orden administrativo las disposiciones aplicables, lo cual deberá realizar sujetándose a lo previsto en el artículo 1 de la Constitución General; es decir, debe interpretar conforme a la Constitución y los Tratados Internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano y debe realizar la interpretación más favorable para el titular del derecho.

4)   Establecer la competencia de los órganos garantes de la Federación, de los Estados y del Distrito Federal para vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en la materia, así como de la promoción, difusión e investigación sobre el derecho a la información pública y la cultura de la transparencia, en el ámbito de su competencia.

5)   Disponer que las resoluciones de los órganos garantes serán definitivas, inatacables y obligatorias para los poderes, órganos, entidades, personas o sujetos obligados.

6)   Dotar de facultad a los órganos garantes de la Federación, de los Estados y del Distrito Federal para interponer acciones de inconstitucionalidad en sus respectivos ámbitos de competencia.

7)   Garantizar un presupuesto anual suficiente para el cumplimiento de las funciones de los órganos garantes de transparencia.

8)   Crear un mecanismo opcional de defensa administrativo en favor de los particulares, contra las resoluciones de los órganos garantes locales en las que se les haya negado su derecho de acceso a la información.

9)   Dotar al Congreso de la Unión para que expida una Ley General en materia de acceso a la información pública, con el objeto de cumplir con los principios y bases previstas en el párrafo segundo del artículo 6º de la Constitución General, y garantizar su armonización en su aplicación a nivel nacional por la Federación, los Estados y el Distrito Federal en el ámbito de sus respectivas competencias.

10) Dotar al Congreso de la Unión para que expida una ley general en materia de protección de datos personales con el objeto de cumplir con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 16 de la Constitución General, y garantizar su armonización en su aplicación a nivel nacional por la Federación, los Estados y el Distrito Federal en el ámbito de sus respectivas competencias.

11) Homologación de las características fundamentales de los órganos constitucionales autónomos de las entidades federativas, similares a las que se plantean para el órgano autónomo federal

12) Establecer bases, principios y armonización en materia de archivos, y dotar al Congreso de la Unión para expedir una Ley General de Archivos, a fin de lograr la estandarización de las políticas de administración de archivos y el establecimiento de procedimientos que aseguran una apropiada atención y protección de los mismos, y por otra la creación de un Sistema Nacional, el cual ya opera en la Ley Federal pero a través de colaboración y coordinación.

A continuación se exponen los argumentos que sustentan dichas propuestas.

1. LA AUTONOMIA CONSTITUCIONAL DE LOS ORGANOS GARANTES DE ACCESO A LA INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES.

Si bien el párrafo segundo del artículo 6º de la Constitución General, ha establecido que   los órganos garantes de transparencia y acceso a la información, deben ser especializados e imparciales, y deben contar con autonomía operativa, de gestión y de decisión, resulta importante en esta etapa evolutiva en la materia, dar un paso más firme en la consolidación institucional de estos órganos, a través de que en la propia Constitución General, las Constituciones de los Estados y el Estatuto Orgánico del Distrito Federal se haga explicita, y puntual la autonomía constitucional de dicho órganos garantes. Lo anterior con el fin de sentar las bases constitucionales sobre la naturaleza jurídica de estos órganos garantes tanto del orden federal como local, y no dejar en la interpretación, como ha sido hasta hoy, que en algunos casos, la autonomía se traduzca desde la desconcentración, descentralización, o bien por Ley o por Constitución Local.

Resulta necesario delinear o armonizar un diseño institucional y procesal que unifique las características de los órganos garantes de la federación, los estados y del Distrito Federal de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales, para evitar la heterogeneidad, aumentar la eficacia institucional y preservar el pacto federal, pues es claro que el fortalecimiento de los órganos garantes de transparencia resulta indispensable para proteger el ejercicio de esta prerrogativa.

La armonización de los órganos de transparencia del orden federal y local a de darse para constituir instituciones autónomas, especializadas e imparciales en su actuación, características que resultan esenciales para consolidarlos como auténticos garantes del derecho de acceso a la información, lo que se traduce, a su vez, en beneficios para los gobernados, al contar con instituciones fuertes y confiables.

Todo lo anterior implica la necesidad de otorgar autonomía constitucional al órgano garante federal y a los órganos garantes de transparencia de las entidades federativas, con un diseño normativo desde la Constitución General.

Además, debe reconocerse la falta de uniformidad de las disposiciones normativas en la materia, y en algunas de las veces la disparidad en las capacidades institucionales de los órganos encargados de garantizar el derecho de acceso a la información y protección de datos personales, lo que hace exigente realizar propuestas para perfeccionar el diseño normativo institucional y dotar a estas instituciones u órganos garantes del orden federal y local de instrumentos legales sólidos y para materializar su autonomía constitucional, a fin de brindar certeza jurídica a la actuación de los órganos de transparencia de todo el país.

El reconocimiento de estos órganos garantes, como organismos constitucionales autónomos representa varias ventajas dentro del entramado estructural y funcional del Estado democrático y de derecho, que hemos de seguir consolidando.

En primer lugar, los órganos u organismos garantes de transparencia y acceso a la información autónomos deben contar con autonomía plena de los tres poderes clásicos, de otra forma estaría siempre latente el riesgo de manipular o presionar la libertad o independencia necesaria para el despliegue de sus atribuciones. Luego entonces, debe asegurarse que el órgano garante de derechos fundamentales, cuente con las garantías necesarias de actuación e independencia, y pueda desplegar debidamente su radió de acción, y de esta manera alcance los fines para los que fueron creados.

En este sentido cabe lo expuesto por Guzmán Tamayo “un ciudadano no puede confiar en órganos de transparencia que sospecha o presume están subordinados a los entes o poderes públicos a los que se supone vigila o supervisa que deban entregar o dar acceso a la información pública en su poder. Debe eliminarse cualquier suspicacia al respecto, para que al ser confiable el órgano garante, la sociedad se acerque y no se aleje.

Debe quedar claro que el debate sobre la naturaleza de estos órganos garantes no es menor, y que la plena autonomía es requisito indispensable y necesario dentro de un autentico diseño por una política nacional de rendición de cuentas. Incluso la doctrina y los propios criterios judiciales han señalado que hay por ejemplo una diferencia sustancial entre un organismo u órgano constitucional autónomo y un descentralizado.

En ese sentido se ha llegado a señalar que un organismo u órgano constitucional autónomo no puede depender jerárquicamente del poder Ejecutivo ni, mucho menos, funcionalmente de algún otro poder.

Se ha afirmado que de acuerdo a su naturaleza jurídica, no es posible que los actos que emita el organismo autónomo, depositario y autoridad en la materia respectiva, sean revisados por la administración pública federal. Lo contrario significaría homologar a dicho organismo a un órgano dependiente de la administración pública (ya sea descentralizada o no) sobre el que se tiene el poder de nombramiento, poder de vigilancia, poder de revisión, poder de mando, poder disciplinario y poder para la resolución de conflictos de competencia.

Se ha sostenido incluso, que un organismo descentralizado no actúa de forma libre y exenta de control por parte del Ejecutivo, toda vez que el funcionamiento de los organismos descentralizados, y especialmente las facultades de autoridad que por desdoblamiento estatal éstos desempeñan, están garantizadas y controladas a favor de los gobernados y de la administración pública, dado que la toma de decisiones de esa clase de entidades se identifica con las finalidades de la administración central y del Poder Ejecutivo.

Aun y cuando los organismos descentralizados son autónomos, continúan subordinados a la administración centralizada de una manera indirecta, existiendo remplazo de la "relación de jerarquía" por un "control administrativo".

De ahí que se sostenga, que una subordinación del órgano autónomo constitucional a la administración pública sería incompatible con la naturaleza del órgano.

Además la creación de organismos descentralizados se logra a través de leyes, sin necesidad de reformar la Carta Magna.

Los anteriores argumentos, incluso encuentran por ejemplo eco en el siguiente criterio del Poder Judicial de la Federación:

ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS. AUN CUANDO SON AUTÓNOMOS, ESTÁN SUBORDINADOS A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL DE MANERA INDIRECTA. Si bien los organismos públicos descentralizados tienen personalidad jurídica, patrimonio propio y gozan de una estructura separada del aparato central del Estado, ello no significa que su actuación esté libre y exenta de control, toda vez que su funcionamiento y las facultades de autoridad que desempeñan están garantizados y controlados a favor de los gobernados y de la administración pública, pues las unidades auxiliares tienen como finalidad la ejecución de programas de desarrollo o actividades estatales que les han sido conferidas; de manera que aun cuando aquellos organismos son autónomos, continúan subordinados a la administración pública federal de una manera indirecta, aspecto que marca la diferencia entre la administración centralizada y la paraestatal, pues mientras que en la primera la relación jerárquica con el titular del Ejecutivo Federal es directa e inmediata, en la segunda, especialmente entre los organismos descentralizados, es indirecta y mediata.

Acción de inconstitucionalidad 16/2003. Procurador General de la República. 8 de junio de 2004. Unanimidad de nueve votos. Ausentes Margarita Beatriz Luna Ramos y Humberto Román Palacios. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Pedro Alberto Nava Malagón y Agustín Tello Espíndola. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintiuno de septiembre en curso, aprobó, con el número 97/2004, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintidós de septiembre de dos mil cuatro.
P./J. 97/2004 de jurisprudencia.

Por ello, debe impulsarse un diseño institucional que otorgue a los órganos garantes de transparencia y acceso a la información de plena autonomía, que se dote de independencia a todos los órganos garantes del país de cualquiera de los otros poderes públicos, por el bien del órgano garante, pero sobre todo para asegurar el derecho de los gobernados para acceder a la información pública en posesión de los poderes, órganos, organismos, entidades, personas o sujetos obligados por la Ley, y atender esta función estatal de manera eficaz en beneficio de la sociedad.

 Ahora bien, respecto de la naturaleza y características de los órganos autónomos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho lo siguiente:

ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. NOTAS DISTINTIVAS Y CARACTERISTICAS. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de los órganos constitucionales autónomos ha sostenido que: 1. Surgen bajo una idea de equilibrio constitucional basada en los controles de poder, evolucionando así la teoría tradicional de la división de poderes dejándose de concebir la organización del Estado derivada de los tres tradicionales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) que, sin perder su esencia, debe considerarse como una distribución de funciones o competencias, haciendo más eficaz el desarrollo de las actividades encomendadas al Estado. 2. Se establecieron en los textos constitucionales, dotándolos de garantías de actuación e independencia en su estructura orgánica para que alcancen los fines para los que fueron creados, es decir, para que ejerzan una función propia del Estado que por su especialización e importancia social requería autonomía de los clásicos poderes del Estado. 3. La creación de este tipo de órganos no altera o destruye la teoría tradicional de la división de poderes, pues la circunstancia de que los referidos órganos guarden autonomía e independencia de los poderes primarios, no significa que no formen parte del Estado mexicano, pues su misión principal radica en atender necesidades torales tanto del Estado como de la sociedad en general, conformándose como nuevos organismos que se encuentran a la par de los órganos tradicionales. Atento a lo anterior, las características esenciales de los órganos constitucionales autónomos son: a) Deben estar establecidos directamente por la Constitución Federal; b) Deben mantener, con los otros órganos del Estado, relaciones de coordinación; c) Deben contar con autonomía e independencia funcional y financiera; y d) Deben atender funciones primarias u originarias del Estado que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad.

Controversia constitucional 31/2006. Tribunal Electoral del Distrito Federal. 7 de noviembre de 2006. Mayoría de nueve votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Disidente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Laura Patricia Rojas Zamudio y Raúl Manuel Mejía Garza.

Tesis de Jurisprudencia, P./J. 20/2007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXV, Mayo de 2007, Página 1647, Novena Época, Registro No. 172456

Del anterior criterio jurisdiccional se puede afirmar de los organismos constitucionales autónomos lo siguiente:

  • ·    Surgen bajo una idea de equilibrio constitucional basada en los controles de poder.
  • ·    Como evolución de la teoría tradicional de la división de poderes dejándose de concebir la organización del Estado derivada de los tres tradicionales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial).
  • ·    Debe considerarse como una distribución de funciones o competencias, haciendo más eficaz el desarrollo de las actividades encomendadas al Estado.
  • ·    Se establecen en los textos constitucionales, dotándolos de garantías de actuación e independencia en su estructura orgánica para que alcancen los fines para los que fueron creados.
  • ·    Para que ejerzan una función propia del Estado que por su especialización e importancia social requería autonomía de los clásicos poderes del Estado.
  • ·    La creación de este tipo de organismos no altera o destruye la teoría tradicional de la división de poderes.
  • ·    Pues la circunstancia de que los referidos organismos guarden autonomía e independencia de los poderes primarios, no significa que no formen parte del Estado mexicano.
  • ·    Pues su misión principal radica en atender necesidades torales tanto del Estado como de la sociedad en general.
  • ·    Conformándose como nuevos organismos que se encuentran a la par de los órganos tradicionales.

Luego entonces, las características esenciales de los organismos constitucionales autónomos, según criterio judicial, serían las siguientes:

  • Deben estar establecidos directamente por la Constitución Federal;
  • Deben mantener, con los otros órganos del Estado, relaciones de coordinación;
  • Deben contar con autonomía e independencia funcional y financiera; y
  • Deben atender funciones primarias u originarias del Estado que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad.

Conforme a las argumentaciones anteriores, es que se ha afirmado que los organismos constitucionales son aquellos inmediatos y fundamentales establecidos en la Ley Suprema.

Que no están adscritos a ninguno de los poderes tradicionales del Estado (Legislativo, Ejecutivo y judicial). Que son organismos de equilibrio constitucional y político, y sus criterios de actuación no pasan por los intereses inmediatos del momento, sino que preservan la organización y el funcionamiento constitucional.

Que por lo tanto, la  existencia de los organismos constitucionales autónomos, devienen como una forma de distribución de la función estatal.  Que se inscriben como mecanismo de equilibrio o racionalización en el ejercicio del poder público.

Es así que se puede afirmar que los organismos constitucionales autónomos representan una evolución en la teoría clásica de la división de poderes, porque se entiende que puede haber órganos ajenos a los poderes tradicionales sin que se infrinjan los principios democráticos o constitucionales.

En ese contexto, es necesario recordar que el principio de la división de poderes obedeció a la necesidad de limitar el poder omnímodo (de los reyes). En resumen, la teoría de la división de poderes o distribución de funciones, tiene como centro de gravitación: el evitar la concentración de poder en manos de pocos centros dominantes (en este caso del ejecutivo, legislativo o judicial).

Un supuesto constitucional básico del control del poder, es la división de poderes.  La teoría de la división de poderes como se sabe tiene sus orígenes en Aristóteles y es en el siglo XVIII, cuando se publicó la obra de Charles de Secondat, Barón de Montesquieu, titulada El espíritu de las leyes, cuando alcanza su expresión. Del texto de Montesquieu, se deriva que su inspiración fue la comprensión de la necesidad de evitar que los gobernantes abusaran de sus facultades en el intento de incrementar su poder: en perjuicio de la libertad humana. Por eso afirmó quePara que no se pueda abusar del poder, se necesita que, por disposición de las cosas, el poder detenga al poder.

Es así que el control se constituye como el conjunto de medios que garantizan las limitaciones establecidas al ejercicio del poder, la forma en que se asegura la vigencia de la libertad y los derechos fundamentales de la persona humana.En consecuencia, para el buen funcionamiento de un Estado, es indispensable que el poder sea controlado. Precisamente por eso, hoy la realidad ha impuesto nuevos órganos capaces de disminuir la ascendencia o el exceso de alguno de los poderes clásicos: De aquí el origen de los organismos constitucionales autónomos.

Por lo tanto los organismos constitucionales autónomos se inscriben como parte del control en el ejercicio del poder público. Sobre estos organismos autónomos, como lo ha señalado la doctrina deben atender a determinados principios, como son:

  • ·   Inmediatez. Es decir, deben estar establecidos y configurados directamente en la Constitución.
  • ·   Esencialidad.  Son necesarios para el Estado democrático de derecho contemporáneo.
  • ·   Participan en la dirección política del Estado. Participan en la dirección política del Estado, y emanan de actos ejecutivos, legislativos o jurisdiccionales contribuyendo a la toma de decisiones del Estado.
  • ·   Tienen paridad de rango con los otros órganos de Estado. Mantienen con los otros órganos del Estado relaciones de coordinación.
  • ·   Gozan de autonomía orgánica y funcional, y en general presupuestaria.
  • ·   Apoliticidad: son organismos técnicos y no políticos.
  • ·   Inmunidad: sus titulares solo pueden ser removidos por el señalamiento de responsabilidades, y no por una cuestión unipersonal o voluntariosa.
  • ·   Están sujetos a esquemas de transparencia.  Los actos y decisiones de los organismos autónomos, salvo los casos comprensibles del secreto en las investigaciones del Ministerio Público, podrán ser conocidos por cualquier ciudadano, y cualquiera deberá tener acceso a la información, incluyendo obviamente los órganos del Estado.
  • ·   Gozan de intangibilidad, es decir deben ser organismos permanentes, o por lo menos para cuya derogación se podría exigir un procedimiento de reforma constitucional mucho más reforzado que el proceso de reforma constitucional ordinario. 
  • ·   Funcionamiento interno apegado al Estado de derecho.  Es decir, sería imprescindible que en las responsabilidades administrativas de funcionarios de los respectivos organismos, éstos cuenten con todas las garantías constitucionales y procesales.

En resumen, los organismos constitucionales autónomos son generalmente entidades técnicas de control que no se guían por intereses partidistas o coyunturales, que se organizan y funcionan en base a los principios referidos; y para su buen funcionamiento no sólo deben ser independientes de los poderes clásicos, sino de los partidos políticos o de otros grupos o factores reales de poder.

Es así, que la propuesta va en el camino de que los órganos de transparencia de la Federación, de todos los Estados y el Distrito Federal se constituyan –particularmente donde todavía no lo son- en organismos constitucionales autónomos, mediante el establecimiento de las garantías mínimas a estos para asegurar los principios o criterios de inmediatez, esencialidad o de equilibro constitucional, paridad de rango, dirección política, estabilidad, permanencia, independencia, transparencia, imparcialidad, apoliticidad, especialidad, responsabilidad y sujeción al estado humanista, social y democrático de derecho, a fin de que pueda atender de manera eficiente y eficaz la función estatal toral que se les ha encomendado.

Lo anterior sin dejar de reconocer, que distintas entidades federativas han dado un paso adicional en el tema de transparencia y acceso a la información, al fortalecer sus órganos garantes desde su constitución local, siendo ello sin duda un referente que anima la presentación de esta iniciativa.

Ahora bien, en cuanto al organismo garante federal no puede desconocerse su naturaleza jurídica sui generis, que lo asemeja en mucho a un organismo constitucional autónomo. Pero además, nadie puede regatearle su credibilidad institucional y la confianza social de la que goza hoy en día. En los hechos el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de datos Personales (IFAI) es un referente nacional e internacional ha seguir en cuanto a su actuación en pro del derecho de acceso a la información y la protección de los datos personales. Sus resoluciones y criterios de actuación han reflejado la independencia en sus juicios, y hasta a hoy no ha habido asomos de injerencias o presiones que hayan llevado a dicho organismo a una subordinación a alguno de los poderes públicos. Sin embargo, como ya se dijo en esta etapa de evolución normativa es necesario consolidar dicho organismo garante federal como un organismo constitucional autónomo.

De entrada, cabe decir que el actual diseño del organismo federal está “en un punto intermedio”. El actual organismo garante federal, cuenta hoy con algunos mecanismos de independencia, como son:

  • ·    La responsabilidad compartida en el nombramiento o designación de los comisionados (propuesta del ejecutivo y no objeción del senado). La Ley Federal de Acceso a la información Publica Gubernamental, prevé que el Instituto Federal estará integrado por cinco comisionados, quienes serán nombrados por el Ejecutivo Federal. La Cámara de Senadores podrá objetar dichos nombramientos por mayoría, y cuando se encuentre en receso por la Comisión Permanente, con la misma votación. En todo caso, la instancia legislativa tendrá treinta días para resolver, vencido este plazo sin que se emita resolución al respecto, se entenderá como no objetado el nombramiento del Ejecutivo Federal.
  • ·    Un periodo determinado para desempeñar el cargo de Comisionado. El marco actual prevé que los Comisionados durarán en su encargo siete años, sin posibilidad de reelección, y durante el mismo no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo en instituciones docentes, científicas o de beneficencia.
  • ·    Mecanismo especial para su remoción. La Ley vigente dispone que  los comisionados sólo podrán ser removidos de sus funciones cuando transgredan en forma grave o reiterada las disposiciones contenidas en la Constitución y esta Ley, cuando por actos u omisiones se afecten las atribuciones del Instituto, o cuando hayan sido sentenciados por un delito grave que merezca pena corporal.
  • ·    Se ha dotado de tres autonomías: operativa, de decisión y presupuestaria. Se dispone en La Ley federal de la materia, que el Instituto es un órgano de la Administración Pública Federal, con autonomía operativa, presupuestaria y de decisión, encargado de promover y difundir el ejercicio del derecho a la información; resolver sobre la negativa a las solicitudes de acceso a la información y proteger los datos personales en poder de las dependencias y entidades.
  • ·    Se han establecido requisitos específicos para ser comisionado, para asegurar la idoneidad o experiencia de estos, y por otro lado evitar un perfil partidizado. En la Ley respectiva se ha previsto que para ser Comisionado se requiere: I. Ser ciudadano mexicano; II. No haber sido condenado por la comisión de algún delito doloso; III. Tener cuando menos, treinta y cinco años de edad el día de su designación; IV. Haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de servicio público o académicas, relacionadas con la materia de esta Ley, y V. No haber sido Secretario de Estado, Jefe de departamento administrativo, Procurador General de la República, Senador, Diputado Federal o Local, dirigente de un partido o asociación política, Gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, durante el año previo al día de su nombramiento.

Como se puede observar, sólo se aproxima, porque el IFAI no lo es. Pues no se cumple por ejemplo con la característica de inmediatez; es decir, no está establecido y configurado directamente en la constitución. Tampoco mantiene Paridad de Rango; es decir no mantienen con los otros órganos del estado relaciones de coordinación entre pares, pues es un descentralizado, lo que hace que esté subordinado formalmente a uno de los poderes.

En este sentido, la preocupación o inquietud fundamental, es el alcance del ámbito competencial que hoy abarca el órgano garante federal de transparencia y acceso a la información pública, en el ámbito federal.

El radio de acción del Instituto Federal es sobre las dependencias y entidades de la  administración pública federal. El Instituto Federal conoce sobre negativas u omisiones de información, vía el recurso de revisión, pero solo de la administración pública federal. Pero no conoce ni es garante sobre la actuación en materia de acceso a la información de los otros poderes públicos.

No interviene como órgano especializado en la materia frente actos u omisiones del poder Legislativo (Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y Comisión Permanente) ni del poder Judicial, tampoco sobre los órganos autónomos reconocidos como son la Comisión de Derechos Humanos o el Instituto Federal Electoral. La Ley ha establecido que estos son sujetos obligados, pero los faculta para emitir vía acuerdo o reglamentos, lo necesario para sujetarse a los criterios de la ley, y los faculta para constituir sus propios órganos de transparencia, que conocen y resuelven las impugnaciones en la materia, sin que tenga participación de ello el Instituto Federal.

Digámosle así, estos poderes públicos son juez y parte, y son en sí mismo su propio pequeño IFAI. Esa es la realidad, y creo que el punto central en la búsqueda por la autonomía constitucional del órgano garante federal. Ya que  solo puede tener competencia sobre los demás poderes públicos, y ser órgano garante en el acceso a la información en todo el ámbito federal si y solo si: se le da el carácter de órgano constitucional autónomo, ya que por supuesto no lo puede ser como órgano descentralizado.

Por lo tanto, no es dable tener en el orden federal –como tampoco en el ámbito local- un derecho de acceso a la información fragmentado o dividido en partes. Es indispensable evitar disparidad en la regulación, se debe consolidar una homologación en los criterios de vigilancia, evitando el riesgo de no asegurar debidamente el ejercicio de este derecho, en perjuicio de los gobernados.

El gobernado –como dice Guzmán Tamayo- no tiene porqué sufrir el viacrucis en su demanda por información en poder de los poderes públicos federales, ni carecer de un órgano garante imparcial, independiente y especializado, que le asegure su derecho de acceso a la información, por el contrario debe contar con un defensor de su derecho, de manera gratuita, pronta y expedita, frente al Ejecutivo, Legislativo, Judicial y demás poderes públicos o sujetos obligados federales.

Debe cohesionarse un derecho de acceso a la información con una visión integral, para que sea un mismo órgano garante federal, como máxima autoridad en la materia, quién vigile el ejercicio del derecho, tanto en los tres poderes clásicos, como de los demás órganos constitucionales autónomos y otros órganos autónomos no constitucionales. 

Por lo tanto es oportuna la sentencia que afirma que no podemos tener en la práctica un derecho de acceso a la información pública fragmentado, dividido en partes, lo que no permite hablar de indicadores cualitativos en la materia sobre la labor que desempeñan los órganos de transparencia de los demás sujetos obligados, distintos a la administración pública federal.

Es indispensable “evitar multiplicidad reguladora” del derecho de acceso a la información, por el contrario se debe consolidar una homologación en los criterios o lineamientos de vigilancia en el cumplimiento de la ley: como es el uso del SISI, criterios en la clasificación de la información, sobre el manejo de solicitudes, el desahogo en los recursos de revisión, entre otros aspectos más. Pero que permitan la homologación en el ejercicio y en la protección de este derecho en el orden federal.

El actual esquema federal conduce a una disparidad en el ejercicio del derecho de acceso. Ya que mientras en la actuación de la administración pública en materia de acceso a la información se cuenta con el IFAI como órgano garante especializado, hasta hoy reconocido y confiable; en el caso de los otros poderes no se cuenta con el mismo esquema, lo que a provocado que no se asegure debidamente esta garantía. 

Por lo tanto resulta necesario cohesionar el derecho de acceso a la información con una visión integral, para que sea un mismo órgano garante, como máxima autoridad en la materia, quién vigile el ejercicio del derecho, tanto en los tres poderes clásicos, como de los demás órganos constitucionales autónomos y otros órganos autónomos no constitucionales.

En efecto, la naturaleza autónoma constitucional del Instituto Federal traería consigo múltiples beneficios, entre los que destaca: la seguridad jurídica y la certeza institucional, la credibilidad y confianza ciudadana; bajo los principios de imparcialidad, objetividad, independencia, especialización y profesionalismo respecto de todos los poderes, órganos, entidades, personas o sujetos obligados por la ley del orden federal.

A mayor abundamiento, la propuesta por la autonomía constitucional ha sido un planteamiento constante realizado por el sector académico, doctrinal y por organizaciones comprometidas con la transparencia o la rendición de cuentas.

Así por ejemplo, la RED por la Rendición de Cuentas, quién ha señalado su compromiso con  el diseño, la puesta en marcha y el seguimiento de una verdadera política completa, articulada y coherente de rendición de cuentas en México, en su documento denominado “Red por la Rendición de Cuentas. Hacia una política de rendición de cuentas. Marzo del 2012”, plantea entre otros aspectos el de “Fortalecer a los órganos garantes de transparencia –el IFAI y los órganos garantes de los estados. Mediante la autonomía constitucional.”. Asimismo propone “El mejoramiento de sus capacidades institucionales y las salvaguardas indispensables para evitar la captura política de sus integrantes o la asfixia de sus recursos”.

O bien el caso de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (COMAIP), cuya instancia de cooperación, colaboración, promoción y difusión, integrado por el IFAI y los órganos u organismos de acceso a la información pública de las entidades federativas del país y del Distrito Federal, señalo en su comunicado denominado “Consensos para la Transparencia en México”, entre otros aspectos la necesidad de “dotar a los órganos garantes de autonomía constitucional, tanto al Órgano federal como a los de todas las entidades federativas”.  

Siendo entonces, jurídica y socialmente sostenible impulsar una reforma constitucional de este calibre. Por lo que en este sentido se propone una reforma a la fracción IV del  párrafo segundo del artículo 6 de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer que los procedimientos de los recursos de revisión deberán ser sustanciados precisamente por los órganos u organismos autónomos federal, estatal y del Distrito Federal que se prevean en dicha Constitución.

Asimismo se propone adicionar un párrafo para establecer que la protección del derecho de acceso a la información del orden federal es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo, especializado e imparcial denominado Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

La idea de sostener la actual denominación, a pesar de transitar en su consolidación como órgano constitucional autónomo, parte de la convicción de reconocer su credibilidad y reconocimiento institucional, no es una reforma que parte de su descredito, sino de la necesidad de su perfeccionamiento, de mejorar la eficacia del ejercicio del derecho al ampliar el radio de acción o el ámbito competencial de dicho Instituto.

Por otra parte, cabe acotar que en virtud de que el artículo 6° Constitucional es el precepto donde se estatuye propiamente el derecho de acceso a la información, es que la referencia del organismo federal como órgano garante solo es en cuanto a esta materia. Siendo el caso que en lo que hace a los datos personales se propone que sea en el articulo 16 donde se disponga a este mismo organismo como garante de la protección de los datos personales del orden federal, pues este precepto es precisamente el que reconoce el derecho de datos personales como un derecho autónomo del de acceso a la información y cualquier otro derecho.

Esta propuesta se hace para dejar claro que el derecho de acceso a la información es distinto y distinguible del derecho de protección de datos personales. Pero a su vez reconocer la dualidad que los organismos garantes del orden federal como local  tienen como autoridad máxima en ambas materias. Se estima que resulta inadecuado aludir en el artículo 6º que el organismo garante federal que se propone estatuir también lo será de los datos personales, ya que se estima que ello sería un inoportuno diseño normativo, pues como ya se dijo el artículo que establece el derecho de protección de datos como derecho autónomo e independiente, y no como un límite del derecho de acceso a la información lo es el artículo 16 constitucional. Sin dejar de advertir que una propuesta técnica que se llego a reflexionar como alternativa era la de constituir a dicho organismo garante federal en el articulo 41 o 102 de la Constitución General, sin embargo después de varias reflexiones se arribó que lo oportuno era el diseño que hoy se plantea en esta iniciativa.

No deja de advertirse, que en la presente iniciativa se hace referencia a la denominación de “organismo” en lugar de “órgano”, por estimar que este es el concepto más adecuado jurídicamente para aludir a un autónomo constitucional, para dejar claro su independencia frente a los poderes clásicos; y si bien se puede decir que es un órgano frente a la estructura del Estado, lo cierto es que es un organismo ante los poderes públicos clásicos y demás  organismos constitucionales autónomos ya reconocidos en la Constitución General. Incluso la denominación de “organismo” seria congruente con la que se emplea para el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos o el IFE. Finalmente, también seria coincidente con lo que se expuso en la reforma anterior en materia de acceso al artículo 6º Constitucional, en cuyo dictamen se expuso:

“Es importante precisar que la iniciativa utiliza los conceptos de órgano u organismo. Esto no fue casual: responde a una distinción técnicamente importante. Los organismos son entes públicos que administran asuntos específicos y que cuentan con determinados grados de autonomía e Independencia. El organismo, además de ser un principio de organización, constituye un reparto de competencias públicas, integrándose una persona de derecho público, con personalidad jurídica, recursos propios y a la cual se le han delegado poderes de decisión; como ejemplo, tenemos a los denominados organismos constitucionales, así como a los organismos descentralizados, constituidos en el ámbito de la administración pública. Por el otro lado, el órgano materializa un reparto de atribuciones dentro de la misma persona pública, no ya la creación de un ente diverso y ajeno ella, pero que se le dota de facultades para su actuación y decisión, asimismo imparcial.

Por lo tanto, la constitución como autónomo constitucional, implica un reparto de competencias públicas y la creación de una persona de derecho público, personalidad jurídica, patrimonio propio y poder de decisión, por lo tanto resulta adecuado la denominación de “organismos”.

Acotado ello, la autonomía constitucional que se plantea ha de implicar -como ya se dijo- el dotar de garantías eficaces al organismo garante en materia de acceso a la información del orden federal, para que pueda desarrollar o desplegar debidamente la tarea estatal encomendada. Por lo tanto dentro del diseño normativo que se plantea en esta iniciativa para constituir al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública como organismo constitucional autónomo en el artículo 6º Constitucional, es que se proponen los aspectos siguientes:

·    AUTONOMÍA EN SU FUNCIONAMIENTO E INDEPENDENCIA EN SUS DECISIONES. Se plantea que dicho organismo constitucional autónomo –en lo sucesivo también Instituto o Instituto Federal- este dotado de personalidad jurídica y patrimonios propios, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su actuación;

Cuando se alude a que dicho organismo garante deba gozar de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, implica una garantía constitucional en favor de los gobernados y del propio organismo garante, y se refiere a aquella situación institucional que permite a las autoridades de la materia, emitir sus decisiones con plena imparcialidad y en estricto apego a la normatividad aplicable al caso, sin tener que acatar o someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias o insinuaciones, provenientes ya sea de superiores jerárquicos, de otros poderes del Estado o, incluso, de personas con las que guardan alguna relación de afinidad política, social o cultural, tal y como lo ha sostenido nuestro máximo Tribunal.

Por lo tanto la propuesta busca dejar claro la facultad del organismo garante para resolver con libertad los asuntos de su competencia, sin interferencia de otros poderes u otros organismos públicos autónomos, salvo los medios de control que establezca la Constitución Política, la ley y las demás disposiciones aplicables.

  • ·    EL ORGANISMO GARANTE COMO DEPOSITARIO DE LA AUTORIDAD EN LA MATERIA. El Instituto será el depositario de la autoridad en la materia dentro del régimen interior del Estado, responsable de la transparencia, el acceso a la información pública y la protección de los datos personales, así como autoridad, también se encargará de vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en la materia y de la promoción, difusión e investigación sobre el derecho a la información pública y la cultura de la transparencia, todo ello en el ámbito de la competencia de la Federación.
  • ·    COMPETENCIA SOBRE TODOS LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL ORDEN FEDERAL (CON EXCEPCION DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA).  Se propone que el organismo garante sea responsable de la protección del derecho de acceso a la información pública (obviamente también de la protección de datos personales) en posesión los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; así como de los tribunales administrativos, agrarios y laborales, universidades e instituciones de educación superior y demás organismos constitucionales autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, y de cualquier persona física, moral, organización de la sociedad civil y sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal. Propuesta esta que se abordará ampliamente más adelante.
  • ·    SE EXCEPTUA A LA SUPREMA CORTE DE LA COMPETENCIA DEL ORGANISMO GARANTE FEDERAL AUTONOMO. Se prevé que la única excepción en la competencia del organismo garante federal, sea la Suprema Corte de Justicia, en virtud de ser ésta la última instancia jurídica y la máxima intérprete de la Constitución.

En efecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el Máximo Tribunal Constitucional del país y cabeza del Poder Judicial de la Federación. Tiene entre sus responsabilidades defender el orden establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; mantener el equilibrio entre los distintos Poderes y ámbitos de gobierno, a través de las resoluciones judiciales que emite; además de solucionar, de manera definitiva, asuntos que son de gran importancia para la sociedad.

La Suprema Corte es el órgano competente del conocer las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, así como de atraer aquellos asuntos de amparo que estime. Por lo tanto, es el órgano judicial máximo de control de constitucionalidad.

En esa virtud, y toda vez que imparte justicia en el más alto nivel, es decir, el constitucional, no existe en nuestro país autoridad que se encuentre por encima de ella o recurso legal que pueda ejercerse en contra de sus resoluciones. Por lo que en ese sentido, resulta justificable excluir de la competencia del organismo garante federal a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de la calidad que ésa tiene como tribunal constitucional y órgano límite del Estado mexicano o instancia última para resolver toda controversia que pudiera suscitarse en la materia, al ser el responsable último de interpretar y velar por la garantía de los derechos que otorga la Constitución.

Lo anterior de ninguna manera implica que la Suprema Corte de Justicia este ajena como sujeto obligado en materia de acceso a la información, ya que en la presente iniciativa se propone también una reforma a la fracción I, del párrafo segundo del artículo 6 de la Constitución General para establecer que Toda la información en posesión cualquier autoridad, entidad , órgano y organismo de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos que esta Constitución les otorga autonomía, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y solo podrá reservarse temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad”. Incluyéndose en dicho alcance a todos los órganos del poder Judicial, entre ellos a la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, constituyéndola así como un sujeto obligado más en el acceso a la información, por lo que será en las disposiciones aplicables donde se determinará la forma de hacer efectivo el derecho de acceso a la información en posesión de la Corte.

·    GARANTIAS O CARACTERISTICAS DE LA AUTONOMIA. Se propone que para el desempeño de sus funciones dicho organismo garante cuente con autonomía técnica, de gestión, jurídica y presupuestaria, a fin de completar el círculo de su autonomía, junto con la propuesta de que será independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su actuación.

Si bien el alcance de dichas características es tarea de la legislación reglamentaria, resulta oportuno realizar una conceptualización al respecto.

Es así que la autonomía técnica estaría relacionada con la manera en que el órgano ejerce sus atribuciones, es decir, con sus métodos y procedimientos, y la naturaleza y profundidad de sus decisiones. Implica poder decidir sin interferencias, sobre la planeación y desarrollo de sus funciones constitucionales.

La autonomía de gestión entrañaría las facultades suficientes para decidir sobre la forma en que se administran los recursos, financieros, humanos y materiales del órgano; igualmente para decidir sobre su organización interna y su funcionamiento. Acotar lo anterior, mediante una ley orgánica o disposiciones legales que establezcan la manera en como debe organizarse, pudiese disminuirse sensiblemente dicha autonomía.

La autonomía jurídica, implicaría la capacidad de dictar normas para su autorregulación, para normar en el ámbito administrativo las disposiciones legales que se desprendan de sus funciones constitucionales, y llevar a cabo todas las acciones legales para que se cumplan con sus determinaciones.

Por lo que hace a la autonomía presupuestal –propuesta que se abordara de manera más puntual más adelante- implica de suyo asegurar los recursos económicos suficientes al órgano garante para que pueda cumplir con su encargo, y en todo caso dicha autonomía implica varios alcances entre ellos la facultad para elaborar y aprobar sus proyectos de presupuesto y enviarlos a las instancias competentes para su incorporación al Presupuesto de Egresos, ejercer dicho presupuesto, autorizar las adecuaciones a los mismos, determinar los ajustes correspondientes en caso de disminución de ingresos, entre otros. Pero observando las disposiciones legales aplicables, los criterios generales de política económica, así como los principios de eficiencia, eficacia y transparencia, estando sujetos a la normatividad, la evaluación y el control de los órganos correspondientes.

Lo anterior, sin dejar de advertir que cuando se aduce que además serán independiente en sus decisiones y funcionamiento, en si mismo se esta reconociendo que gozan de autonomía de decisión y autonomía de funcionamiento.

  • ·    EL INSTITUTO COMO ORGANISMO RESOLUTOR EN EL AMBITO ADMINISTRATIVO. El organismo constitucional autónomo será competente para conocer y resolver de los recursos de revisión interpuestos por violación al derecho de acceso a la información pública por parte de los poderes, órganos, organismos, entidades, personas o sujetos obligados por la Ley -con excepción de la Suprema Corte-, en el ámbito de la competencia federal.
  • ·    FACULTAD DE INTERPRETACION EN EL ORDEN ADMINISTRATIVO POR PARTE DEL ORGANISMO GARANTE. Se propone dejar explicito que el Instituto Federal podrá interpretar en el orden administrativo las disposiciones aplicables al momento de resolver los recursos, sujetándose a lo previsto en el artículo 1º de la Constitución General.

En ese sentido, cabe resaltar que nuestro marco constitucional federal, y en consecuencia todo el orden jurídico mexicano, a partir de la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, adoptó precisamente el concepto de derechos humanos, en tanto prerrogativa que tutela la dignidad, libertad y vida privada de las personas, o el otorgamiento de prerrogativas por la pertenencia a un grupo determinado, y por ello entonces, se está en presencia de un nuevo paradigma en cuanto a la protección del Estado de bienes jurídicos fundamentales de la persona.

Sin duda que la reforma constitucional en materia de derechos humanos -más la resolución de la Suprema Corte dictada en el caso Rosendo Radilla (expediente varios 912/2010, engrose publicado el 4 de octubre del año 2011 en el Diario Oficial de la Federación), constituyeron el camino para facilitar que en el orden interno todas las autoridades del Estado Mexicano cumplan con las obligaciones que en materia de respeto y protección de los derechos humanos, se han asumido ante la comunidad internacional.

Lo anterior, sin duda tiene una gran relevancia en las funciones que tienen encomendadas los organismo garantes en materia de acceso a la información y protección de datos personales tanto del orden federal como local, en tanto que fija la manera en que éstos deberán razonar sus resoluciones, a la luz de las reformas constitucionales ya citadas, así como de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos asumidos por el Estado mexicano, siempre en aras de beneficiar a los particulares.

Luego entonces, se puede reiterar que con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, se insertaron diversas novedades importantes, las cuales vinieron a cambiar de manera profunda la forma de concebir, interpretar y aplicar dichos derechos en nuestro país. Así, entre las novedades se tienen las siguientes:

  • En el artículo primero constitucional se recoge la figura de la “interpretación conforme”, al cual ya se hizo referencia, pero que en resumen implica que todas las normas relativas a derechos humanos (del rango jerárquico que sea) se deberán interpretar a la luz de la propia Constitución y de los tratados internacionales.
  • Se incorpora en el párrafo segundo del artículo primero constitucional el principio de interpretación “pro personae”, al cual también ya se hizo referencia, pero cuyo alcance implica que a la interpretación que se haga de una norma jurídica deberá optarse por aquella que proteja de mejor manera al titular del derecho humano.
  • En el párrafo tercero del artículo primero, se establece la obligación del Estado mexicano (en todos sus órdenes de gobierno, sin excepción) de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. De esta forma queda claro que todo derecho humano “reconocido” por la Constitución y los tratados internacionales genera obligaciones para las autoridades mexicanas, con independencia del nivel de gobierno que ocupen o de la modalidad administrativa bajo la que estén organizadas.

Luego entonces, el organismo constitucional autónomo garante que se plantea, en aras de proteger, garantizar y cumplir con la tutela del derecho humano de acceso a la información pública y de protección de datos personales, debe por lo menos efectuar la interpretación al amparo de los principios y características descritas, y conforme a los últimos criterios fijados por nuestro máximo tribunal en materia de control de constitucionalidad.  Ante ello, y a la luz de los avances en materia de derechos humanos, se arriba a la consideración de que el órgano constitucional autónomo garante, en aras de proteger, garantizar y cumplir con la tutela del derecho humano referente al acceso a la información pública o protección de datos personales, podría en forma oficiosa, de acuerdo a su naturaleza, efectuar por lo menos la interpretación mas favorable de las normas que regulen el ejercicio del derecho humano, e incluso se abre la perspectiva para llevar a cabo un control difuso de la constitucionalidad y convencionalidad de las disposiciones que restringen el disfrute de un derecho humano, ya como órgano constitucional autónomo, garante de los derechos humanos de su competencia.

Por lo que resulta comprensible y viable la propuesta que se plantea en cuanto a reconocer en el texto constitucional la facultad de interpretación en sede administrativa de este organismo, sobre todo porque también se estaría planteando para los órganos de las entidades federativas en el ámbito de su competencia, a fin de evitar que en algunos casos se prive de esta facultad tan importante que deben tener estos órganos resolutores garantes de derechos fundamentales.

  • ·    PRINCIPIOS EN EL EJERCICIO DE LA FUNCION EN LA MATERIA. Se plantea que en el ejercicio de esta función estatal la certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, profesionalismo, celeridad, transparencia, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores.

Si bien el alcance de dichos principios es tarea de la legislación reglamentaria, resulta oportuno realizar una conceptualización al respecto.

  • La certeza implica que las acciones que desempeñe el organismo garante o Instituto estarán dotadas de veracidad, certidumbre y apego a los hechos, esto es, que los resultados de sus actividades sean completamente verificables, fidedignos y confiables.
  • La legalidad conlleva que en el ejercicio de las atribuciones y el desempeño de las funciones que tiene encomendadas, el Instituto debe observar escrupulosamente el mandato constitucional que las delimita y las disposiciones legales que las reglamenta. Dicho principio generalmente se suele explicar con la conocida máxima de que “las autoridades solamente pueden hacer aquello para lo que están facultadas por el orden jurídico”, es decir, que deben actuar siempre con base a una norma jurídica. En principio opuesto es el que se aplica a los particulares “Todo lo que no esta prohibido está permitido”.  
  • La independencia es la garantía y atributos de que disponen los órganos y autoridades que conforman la Institución para que sus procesos de deliberación y toma de decisiones se den con absoluta libertad y respondan única y exclusivamente al imperio de la ley, afirmándose su total independencia respecto a cualquier poder establecido.
  • La imparcialidad tiene como alcance que en el desarrollo de sus actividades, todos los integrantes del Instituto deben reconocer y velar permanentemente por el interés de la sociedad y por los valores fundamentales de la democracia, supeditando a éstos, de manera irrestricta, cualquier interés personal o preferencia política.
  • El profesionalismo conlleva que los servidores públicos han de prepararse y actualizarse, ejecutando con diligencia las actividades necesarias para alcanzar, de manera progresiva, el desarrollo y la madurez en el cumplimiento de los compromisos, deberes y responsabilidades adquiridos, e insertarse dentro de un servicio profesional de carrera para ahondar en la especialización institucional.
  • La celeridad conlleva que en materia de transparencia y acceso a la información pública los mecanismos y procedimientos al respecto sean expeditos, es decir, sin dilaciones indebidas. Se trata que los órganos competentes resuelvan los asuntos que se les plantean lo más pronto y rápido posible. Lo anterior bajo la máxima que dice “justicia que llega tarde deja de ser justicia”.
  • La transparencia conlleva a hacer asequible a la población el ejercicio de la función pública a través de la rendición de cuentas, así como de la difusión de información sobre las tareas que tiene encomendadas y de la aplicación de los recursos públicos entregados.
  • La máxima publicidad implica el privilegiar el interés público así como la difusión de información pública, útil, oportuna y de interés, relativa al ejercicio de las atribuciones u obligaciones de los sujetos obligados a los que debe vigilar y controlar.
  • La objetividad implica la exigencia de un quehacer institucional y personal fundado en el reconocimiento global, coherente y razonado de la realidad sobre la que se actúa y la obligación de percibir e interpretar los hechos por encima de visiones y opiniones parciales o unilaterales, máxime si éstas pueden alterar la expresión o consecuencia del quehacer institucional.

·    ORGANO SUPERIOR DE DECISION COLEGIADO. Se planea que el Consejo General sea el órgano superior de dirección y administración del Instituto, integrado de manera colegiada por siete comisionados.

Se propone aumentar de cinco a siete el número de comisionados, tomando en consideración que ya constituido como organismo constitucional autónomo dicho Instituto Federal se verá ampliado en su radio de acción o competencia respecto al número de sujetos obligados; además de que también se estaría ampliando la gama de atribuciones como lo es la presentación de acciones de constitucionalidad y de manera particular sus atribuciones en la nueva relación que se plantea con los órganos garantes de las entidades federativas y ante el mecanismo de defensa en favor de los particulares, para que el nuevo organismo autónomo garante federal conozca de los recursos que se presenten contra las resoluciones de los órganos garante locales. Así, sin duda exigirá un diseño orgánico normativo del nuevo órgano garante federal, lo que inicia desde luego con su propio órgano superior de decisión y administración.

  • ·    EQUIDAD DE GÉNERO EN LA INTEGRACION DEL ORGANISMO GARANTE. Se plantea que en la conformación del órgano máximo de decisión y administración deberá procurarse que exista equidad de género. Lo anterior en aras del pluralismo y del equilibrio de los integrantes del órgano garante, y en búsqueda de la nivelación en paridad del papel de la mujer en todas y cada una de las zonas de la gestión pública y de manera particular en los órganos directivos.
  • ·    DURACION DEL CARGO DE LOS COMISIONADOS POR UN PERIODO DETERMINADO. Se propone que los comisionados duren en su cargo nueve años, y sin que  puedan ser reelectos. Esto con el fin de asegurar los principios de independencia y estabilidad que requieren los integrantes del órgano máximo de decisión para desempeñar sus tareas de manera imparcial.
  • Se estima que el periodo de nueve años se constituye como una propuesta equilibrada para alcanzar los principios referidos, más aun cuando se está planteando la no reelección e impedimentos para que los comisionados se desempeñen en otros cargos o empleos. Lo que se busca con dicho periodo, es que la inestabilidad laboral al corto plazo no merme la independencia o la libertad de juicio en la actuación de los integrantes del órgano máximo de decisión, es así, que nueve años es un periodo prudente que da al integrante serenidad en el ejercicio del encargo.
  • ·    RENOVACION ESCALONADA DE LOS COMISIONADOS. Se plantea que los Comisionados sean renovados en forma escalonada, por lo que uno y otros serán elegidos sucesivamente. Ello con el propósito de aprovechar la experiencia adquirida y para dar continuidad a las políticas y  los programas institucionales de mediano y largo plazo.

A fin de asegurar la renovación escalonada, se propone prever que, de darse la falta absoluta de algún comisionado o del comisionado Presidente, el sustituto será elegido para concluir el periodo de la vacante.

  • ·    REMOCION DE LOS COMISIONADOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ESPECIAL. Se prevé que los Comisionados solo podrán ser removidos de su encargo en los términos del Título Cuarto de la Constitución General de la República, lo que implica que cuenten con las garantías o prerrogativas de inmunidad constitucional, tal y como se prevé para otros funcionarios con altas responsabilidades, tanto de la Federación como de los estados. Esto, con el fin de evitar amenazas, injerencias o presiones indebidas en sus funciones, y ahondar en el principio de estabilidad del que deben gozar dichos órganos.

Lo que se busca es garantizar el principio de inmunidad y de que los titulares del órgano máximo de decisión del organismo garante solo pueden ser removidos por el señalamiento de responsabilidades, y no por una cuestión unipersonal o voluntariosa, es que se debe prever un procedimiento específico para la remoción de los comisionados.

Congruente con la reforma en el artículo 6º que plantea la iniciativa a este respecto, se perfecciona y complementa con la propuesta de reforma al artículo 111 de la Constitución General, previendo que para proceder penalmente contra los comisionados del organismo garante federal por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado. Siendo el caso como se sabe que dicho procedimiento obviamente se sustanciara y resolverá en términos de la legislación aplicable.

·    PROCEDIMIENTO DE DESIGNACION DE LOS COMISIONADOS MEDIANTE UNA MAYORIA LEGISLATIVA REFORZADA, SIN INTERVENCION DEL TITULAR DEL EJECUTIVO. Se propone que los Comisionados sean designados por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o en sus recesos de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a propuesta que realicen los Grupo Parlamentarios.

Cabe recordar que actualmente la designación de los Comisionados del IFAI la hace el Presidente de la República mediante un mínimo esquema de participación del Poder Legislativo, que a través del Senado simplemente no objeta la decisión presidencial y con ello, al término del plazo fijado, la designación cobra sus efectos porque no hubo objeción senatorial, lo que no quiere decir que el senado haya hecho suya la decisión del Poder Ejecutivo, simplemente que no la objetó.

Se estima que el esquema actual del nombramiento de los titulares o comisionados descrito, se podría decir que probablemente resulte consecuente con la naturaleza jurídica del IFAI, que es un organismo descentralizado del Poder Ejecutivo, aunque no sectorizado a ninguna de las Secretarias de Estado. El IFAI actualmente es un órgano que forma parte de la Administración Pública Federal (sector paraestatal) que encabeza, y de modo indelegable e intransferible, el Presidente de la República; es un mandato unipersonal. El IFAI es actualmente un órgano garante del Ejecutivo Federal para la apertura informativa, la protección de datos del sector público federal y, la nueva competencia que se le ha asignado, la de fungir como órgano máximo de la tutela de los datos personales en posesión de particulares.

Si bien dicho esquema de designación podría resultar en cierta medida comprensible actualmente por la naturaleza jurídica del IFAI, y de su radio de acción o competencia, lo cierto es que dicho mecanismo de nombramiento no sería oportuno, ni adecuado, ni guardaría proporción con la trascendencia que se le daría al órgano garante federal, en su transformación como órgano constitucional autónomo, y como depositario de la autoridad en la materia dentro del régimen interior del Estado, responsable de la transparencia, el acceso a la información pública y la protección de los datos personales en posesión de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los demás órganos a los que esta Constitución les otorga autonomía, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de la autoridad en el ámbito federal. Propuesta esta que se abordará ampliamente más adelante. Así como autoridad encargada de vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en la materia y de la promoción, difusión e investigación sobre el derecho a la información pública y la cultura de la transparencia, todo ello en el ámbito de la competencia de la Federación.

Por lo tanto, se estima que el mecanismo de nombramiento adecuado para la conformación del organismo garante federal, en su nueva naturaleza como constitucional autónomo, debe ser la  designación por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o  en sus recesos de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a propuesta que realicen los grupos parlamentarios. Dejando así que la designación sea hecha por el órgano legislativo únicamente sin la intervención del titular del Ejecutivo.

La presente iniciativa plantea que la designación se haga por una mayoría calificada. Es decir la decisión del órgano legislativo para la designación de los comisionados reclama o exige una mayoría reforzada; es decir de las dos terceras partes de los legisladores presentes. Esquema que busca garantizar que los comisionados gocen de un amplísimo respaldo legislativo como plataforma de partida a su gestión y, a la vez, testimonia una plural decisión legislativa que permite liberar a los designados de alguna tendencia o pertenencia partidista.

Se trata que la designación sea resultado de un sano consenso parlamentario o de equilibro legislativo entre las distintas fuerzas políticas o bien de varias de ellas; y que la decisión no quede en una sola fuerza, o cuyo nombramiento descanse en una voluntad partidista, con el riesgo de que en el designado aflore o se permee un compromiso partidista frente a dicha designación unilateral, con la posibilidad latente de arrastrar a su paso cualquier propuesta que se centre en los méritos y en las virtudes de los candidatos.

Por lo tanto, un antídoto eficaz para evitar o prevenir ello es la exigencia de una mayoría calificada en la designación de los Comisionados, que implica la adhesión de los votos de legisladores de distintas bancadas, y sea una determinación plural y de amplio consenso, lo que dotaría de una mayor legitimidad a la persona designada.

·    CONSULTA Y AUSCULTACION PÚBLICA EN LA DESIGNACION. Se propone que la designación se hará previa realización de una amplia consulta a la sociedad, que deberá ser transparente en los términos y condiciones que determine la ley federal, a fin de recibir la opinión de las organizaciones no gubernamentales, universidades, instituciones académicas, centro de investigación, barras y asociaciones de profesionistas, y en general del público sobre las propuestas realizadas. Los aspirantes al órgano de dirección deberán comparecer en audiencia o entrevista pública ante el órgano legislativo y acreditar experiencia y conocimientos en la materia, y deberán ser designados por el órgano legislativo en sesión pública. Siendo que la ley determinará las reglas y procedimientos para ello.

Esta idea parte de que la designación no se haga tras bambalinas legislativas ni a puerta cerrada, sino a la luz pública. Y si bien no deja de reconocerse, que la critica puede llegar hacer que la experiencia puede arribar en convertir ello en una pasarela inútil, o la espectacularidad de las comparecencias, en las que puede ocurrir una trato inequitativo a los aspirantes, y otros bemoles más, lo cierto es que es preferible que la designación se haga a través de la mirada observadora de la sociedad, que en lo obscuro o a espaldas del escrutinio social.

·    TOMA DE PROTESTA DE LOS COMISIONADOS. Se sugiere prever que los comisionados designados al órgano máximo de dirección rendirán protesta ante el Pleno del Senado o la Comisión Permanente, según corresponda, en los términos de la legislación correspondiente.

·    ELECCION DEL PRESIDENTE DEL ORGANISMO POR LOS PROPIOS COMISIONADOS.       Se propone que  la designación del comisionado Presidente recaerá en el propio Pleno del Consejo General, quien lo designara mediante voto secreto, por un periodo de tres años, con posibilidad de reelección por un periodo igual.
·    REQUISITOS DE IDONEIDAD AL CARGO DE COMISIONADO. Se propone que para ser comisionado se requerirá ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles y cumplir con los requisitos establecidos en las fracciones II, IV, V y VI del artículo 95 de esta Constitución, además deberán contar por título profesional de licenciatura en general y tener conocimientos en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales o cualquier materia a fin; no haber desempeñado un cargo de elección popular federal, estatal o municipal, durante los últimos cinco años inmediatos a la fecha de su designación; no  haber sido dirigente de un comité directivo, ejecutivo o equivalente de un partido político a nivel nacional, estatal o municipal, ni ministro de ningún culto religioso, durante los últimos cinco años inmediatos a la fecha de su designación; no tener antecedentes de una militancia activa o pública y notoria en algún partido político, cuando menos cinco años antes de su designación, y demás requisitos que prevea la Ley federal.

Lo anterior, bajo la base de que la especialización del órgano garante exige como premisa que quienes integran el órgano máximo de decisión sean personas con capacidad y experiencia en la materia, pero también es condición necesaria para cumplir con el criterio de apoliticidad, bajo el entendido de que estos órganos son técnicos no políticos. Bajo ese mismo criterio, es oportuno establecer las condiciones que aseguren que los integrantes del órgano de decisión actuaran ajenos a cualquier subordinación, complacencia o favoritismo en favor de algún partido político.

La propuesta que se hace parte de la convicción  de establecer también condiciones suficientes que permitan presumir que los aspirantes se encuentran desvinculados con la institución dentro de la  cual hubieran compartido un fin político común. Por lo tanto la propuesta lo que busca es contribuir a la vigencia efectiva de los principios de independencia, autonomía e imparcialidad del órgano garante.

Además, el planteamiento se hace a la luz de que estos mismos requisitos sean la base para el caso de los demás órganos garantes de las entidades federativas, a fin de armonizar las características fundamentales o esenciales mínimas de los órganos garantes en la materia, con el objeto de contar con instituciones fuertes y confiables en todo el país, y cumplir así con el criterio de apoliticidad en cada uno de ellos.

Sirve de ilustración a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 55/2005, que se encuentra en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, julio de dos mil cinco, página 796, Novena Época, que señala lo siguiente:

“TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATAN. LOS ARTICULOS 90, FRACCIONES VI Y X, 91, 111, FRACCIONES VI Y X, 120, FRACCIONES VI Y X, Y 281, FRACCIONES VII Y XI, DEL CODIGO ELECTORAL DE ESA ENTIDAD, AL ESTABLECER LOS REQUISITOS PARA OCUPAR LOS CARGOS DE CONSEJEROS CIUDADANOS Y SECRETARIOS TECNICOS DEL CONSEJO ELECTORAL, DE LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES, ASI COMO MAGISTRADOS NO CONTRAVIENEN LOS PRINCIPIOS RECTORES DE INDEPENDENCIA, IMPARCIALIDAD Y AUTONOMIA PREVISTOS EN EL ARTICULO 116, FRACCION IV, DE LA CONSTITUCION FEDERAL. De los artículos 41, fracción III, y 116, fracción IV, incisos b) y c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que en el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales son principios rectores los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia; sin embargo, no existe precepto constitucional que imponga a las Legislaturas Locales la obligación de establecer requisitos para seleccionar a las personas que ocuparán un cargo dentro de los órganos encargados de la función electoral, de manera que para que las citadas legislaturas cumplan y se ajusten a los mencionados principios rectores es suficiente con que los adopten en su sistema electoral. En ese sentido, el hecho de que los artículos del Código Electoral establezcan como requisito para ser consejero ciudadano o secretario técnico del Consejo Electoral Estatal, de los Consejos Distritales y Municipales, o Magistrado del Tribunal Electoral Local, no haber sido candidato a cargo de elección popular o dirigente en los órganos nacionales, estatales o municipales de algún partido político durante los tres años previos a la elección, no viola los principios de independencia, autonomía e imparcialidad que deben regir el ejercicio de la actividad electoral por parte de las autoridades electorales, porque en todo caso ese plazo es el que el legislador local consideró suficiente para presumir que los aspirantes se encuentran desvinculados con la institución dentro de la cual hubieran compartido un fin político común”.

·    REGIMEN DE IMPEDIMENTOS PARA LOS COMISIONADOS. Se plantea que los Comisionados y el Comisionado Presidente no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos en que actúen en representación del Consejo General y de los que desempeñen en asociaciones docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia, no remuneradas.

Este régimen, con el fin de que los comisionados actúen de manera independiente e imparcial con respecto a los sujetos obligados.

Congruente con lo anterior, se propone también que quienes hayan fungido como Comisionados no podrán ocupar, dentro de los dos años siguientes a la fecha de la conclusión de su cargo, puestos en los poderes públicos federal, ni podrán contender a cargos de elección popular federal en la elección inmediata siguiente al que hubieran dejado el encargo.

·    EVITAR CONFLICTO DE INTERES EN LA ACTUACION. Se prevé que en la Ley Federal se establecerá los supuestos en los que los Comisionados deberán excusarse por algún conflicto de interés o impedimento para conocer de un caso concreto, así como el procedimiento mediante el cual las partes en un recurso puedan recusar con causa a un Comisionado.

·    RESPONSABILIDAD DE LOS INTEGRANTES DEL ORGANO DE DIRECCION. Se propone que las personas encargadas de la conducción del Instituto, podrán ser sujetos de juicio político conforme a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Constitución.

Ello con el fin de que su actuar se encuentre debidamente supervisado, verificado e inspeccionado.

·    RENDICION DE CUENTAS A TRAVÉS DE UN INFORME ANUAL. Se prevé que el Presidente del Instituto, presentará anualmente a los Poderes de la Unión un informe de actividades. Al efecto comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los términos que disponga la ley.

El propósito es evaluar el desempeño del órgano autónomo en las atribuciones encomendadas, así como conocer el adecuado ejercicio de los recursos asignados.

Además, como ya se dijo uno de los características de los órganos garantes es el de estar sujetos a esquemas de transparencia, es decir, los actos y decisiones de los órganos autónomos, salvo los casos justificables de excepción, deben ser conocidos por cualquier ciudadano, y cualquiera deberá tener acceso a la información sobre la actuación de estos.

·    GARANTIA DE REMUNERACION ADECUADA DE LOS COMISIONADOS. Se propone prever una disposición que dote de garantías a los operadores del órgano máximo de decisión, para ello se propone disponer que los Comisionados en funciones, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su cargo, la cual no podrá ser disminuida durante su encargo. Como se prevé tal redacción para el caso de los Ministros de la Corte del Poder Judicial de la Federación.

Esta propuesta, tiene por objeto de que los integrantes del órgano máximo de decisión no se vean expuestos a influencias extrañas que afecten su imparcialidad, en perjuicio de la sociedad. Más aun por la alta función que se le está encomendando al organismo garante, y para la cual se le otorga independencia en sus decisiones para actuar con plena imparcialidad y en estricto apego a la normatividad aplicable, por lo que es más que evidente que los conceptos de autonomía e independencia desarrollados en torno a dicho organismo autónomo le son por supuesto aplicables a los integrantes del órgano máximo de dirección y administración, en específico, el relativo al derecho a recibir una remuneración adecuada por el ejercicio de su encargo.

Sirve de ilustración a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 90/2007, que está publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI, diciembre de dos mil siete, página 740, Novena Época, cuya sinopsis es:

“ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTICULO 111, FRACCION III, INCISO D), DEL CODIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN, QUE PREVE QUE LOS CONSEJEROS ELECTORALES DEL INSTITUTO ELECTORAL ESTATAL GOZARAN DURANTE LOS PROCESOS ELECTORALES DE LA REMUNERACION QUE DE ACUERDO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS LES CORRESPONDA Y QUE ENTRE PROCESOS, RECIBIRAN UNICAMENTE DIETAS DE ASISTENCIA A LA SESION, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS RECTORES DE INDEPENDENCIA, AUTONOMIA E IMPARCIALIDAD. Si se toma en cuenta que las autoridades a cargo de la organización de las elecciones se rigen bajo los mismos principios que las autoridades jurisdiccionales en la materia, esto es, en el goce de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, conforme al artículo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues en ambos casos la finalidad del órgano reformador de la Constitución Federal es que las autoridades electorales (tanto administrativas como jurisdiccionales), dada la alta función que les fue encomendada, emitan sus decisiones con plena imparcialidad y en estricto apego a la normatividad aplicable, resulta evidente que los conceptos de autonomía e independencia desarrollados en torno a los Poderes Judiciales Locales son aplicables a los integrantes de los organismos estatales encargados de la organización de las elecciones, en específico, el relativo al derecho a recibir una remuneración adecuada e irrenunciable que no podrá disminuirse durante su encargo, con el objeto de que no se vean expuestos a influencias extrañas que afecten su imparcialidad, en perjuicio de la sociedad. En congruencia con lo anterior y toda vez que los consejeros del Instituto Electoral de Michoacán ejercen de manera permanente las funciones que les fueron encomendadas tanto en los procesos electorales como durante el periodo interprocesal, se concluye que el artículo 111, fracción III, inciso d), del Código Electoral del Estado de Michoacán, al prever que dichos consejeros gozarán ‘... durante los procesos electorales...’ de la remuneración que de acuerdo al presupuesto de egresos les corresponda y que ‘... entre procesos, recibirán únicamente dietas de asistencia a la sesión...’, transgrede los principios rectores de independencia, autonomía e imparcialidad contenidos en el artículo 116, fracción IV, incisos b) y c), de la Constitución Federal, en virtud de que durante el tiempo que ocupen el cargo tienen derecho a todas las prerrogativas derivadas de su designación.”

·    SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA PARA LA ESPECIALIZACION. Al respecto se plantea en primer lugar que dicho organismo “sea profesional en su actuación”; en segundo prever como uno de los principios de actuación el de profesionalismo, y tercero se propone disponer que el organismo garante deberá contar con el personal calificado necesario para prestar el servicio profesional de acceso a la información pública y protección de datos personales.

Lo anterior si se toma en cuenta que al atribuirle al organismo garante, especialidad en la materia, implica que, éste deba conocer exclusivamente del derecho de acceso a la información (y por su dualidad de órganos garantes, también del derecho de datos personales), lo que a su vez se traduce en la necesidad de contar con el personal profesional necesario, lo que solo se logra mediante mecanismos de selección en el ingreso, permanencia, capacitación, promoción, evaluación, etc., fases estas que son parte de un servicio de carrera.

·    UN CONSEJO CONSULTIVO DENTRO DEL INSTITUTO. Dicho consejo será un órgano de asesoría, seguimiento y evaluación de las acciones, políticas públicas, programas y proyectos que desarrolle el Instituto Federal en el ejercicio de sus funciones. En todo caso será la Ley la que determinará sus atribuciones e integración. Lo anterior, conscientes de que la democracia va más allá de los votos, y porque la participación y evaluación social crean condiciones para el mejor funcionamiento de la institución.

·    SISTEMA DE COOPERACION EN LA MATERIA. Se propone que el Instituto Federal pueda conformar con los órganos garantes de los estados y del Distrito Federal, instancias de cooperación, colaboración, promoción y difusión que estimen oportunos, en términos de las disposiciones aplicables, para la debida protección y promoción del derecho de acceso a la información.

Esta propuesta parte del reconocimiento del que hoy goza por ejemplo la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (COMAIP), cuyos Estatutos la reconocen como el espacio de cooperación, colaboración, promoción y difusión, integrado por el IFAI y los órganos u organismos de acceso a la información pública de las entidades federativas del país y del Distrito Federal, cuyas finalidades están entre otras precisamente el impulso nacional del principio de máxima publicidad; la transparencia de la información; la apertura gubernamental; el intercambio de experiencias, razonamientos jurídicos y  criterios de clasificación; y, propiciar, fomentar e impulsar la cultura de la transparencia y protección de datos personales entre la sociedad mexicana. Lo anterior, ya es un hecho que solo necesita ser elevado al rango de norma; además este tipo de espacios de cooperación ya se ha venido experimentado en otros materias como el caso de la Conferencia de Procuradores, Secretarios de Seguridad Pública o Tribunales de Justicia, por citar algunos.

Asimismo se plante que el Instituto pueda celebrar convenios y acuerdos con entidades públicas y privadas que tengan como objeto fortalecer la cultura de la transparencia, el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y de protección de datos personales, en términos de lo que disponga la Ley Federal en la materia.

·    GARANTÍA DE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL. Se propone que Instituto Federal, en la esfera de su competencia, mantendrá con los gobiernos federal, estatal y municipal y con los demás organismos públicos autónomos, una relación de respeto y de colaboración mutua para el desarrollo democrático de las funciones del Estado Federal. Que para el desempeño de sus funciones, el Instituto contará con el apoyo, el auxilio y la colaboración de las autoridades federales, estatales y municipales y de los organismos públicos autónomos, conforme esta Constitución  y demás disposiciones aplicables.

2. CONCEPTO AMPLIO DE LAS AUTORIDADES OBLIGADAS O SUJETOS OBLIGADOS EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

Como ya se dijo el actual radio de acción del Instituto Federal es sobre las dependencias y entidades de la  administración pública federal. Hoy el Instituto Federal conoce sobre negativas u omisiones de información, vía el recurso de revisión, pero solo de la administración pública federal. Pero no conoce ni es garante sobre la actuación en materia de acceso a la información de los otros poderes públicos.

Como se acoto no interviene como organismo especializado en la materia frente actos u omisiones sobre los poderes públicos tradicionales, tampoco sobre los órganos constitucionales autónomos. Siendo precisamente, que uno de los ejes centrales que animan la presente iniciativa por la autonomía constitucional del órgano garante federal, el que este pueda tener competencia sobre los demás poderes públicos, y ser órgano garante en el acceso a la información en todo el ámbito federal.

La idea de constituir un defensor en la materia, como organismo constitucional autónomo, imparcial, especializado e independiente, parte de la condición necesaria para poder ampliar su radio de acción frente a todos los poderes, entes u organismos públicos federales. Por lo tanto la competencia no es en favor de un órgano descentralizado, sino de un órgano con nueva y renovada naturaleza jurídica, que le asegure al gobernado su derecho de acceso a la información, sin importar el poder u órgano federal que hubiera violentado el derecho.

Por lo tanto se plantea que el nuevo organismo garante constitucional autónomo como depositario de la autoridad en la materia, sea responsable de la protección del derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales en posesión de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial -con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación-, así como la que esta en posesión de los tribunales administrativos, laborales y agrarios, Universidades e Instituciones de Educación Superior Públicas y demás órganos a los que la Constitución les otorga autonomía.

Pero no solamente se propone que su radio de acción sea sobre los poderes, tribunales, universidades públicas y demás órganos autónomos, sino también sobre otros entes, entidades o personas a saber:

·    Fideicomisos y fondos públicos,
·    Partidos Políticos
·    Sobre cualquier persona física o moral (jurídica colectiva), organización de la sociedad civil, sindicato o cualquier otra análoga que reciba recursos públicos
·    Sobre cualquier persona física o moral que realice actos de autoridad en el ámbito federal.

En efecto, se está proponiendo que los particulares que actúen como autoridad o la auxilien o aquellos que ejerzan gasto público, quedan -por esos simples hechos o circunstancias- de forma automática o lógica se actualizan como sujetos obligados –indirectos- en materia de acceso a la información pública.

Sin dejar de advertir, que respecto a la información pública de aquellas personas físicas o morales (jurídicas colectivas) que reciba recursos públicos o realicen actos de autoridad, se propone que el acceso se realice a través  de la autoridad, ente, órgano u organismo público que hubiere entregado los montos respectivos o sea el que supervise la actuación de esos particulares; es decir, en este caso se está proponiendo que las personas físicas o morales referidas sean sujetos obligados indirectos en el acceso a la información pública, siendo el vehículo para ello los propios sujetos obligados directos respectivos.

Respecto de la propuestas anteriores, resulta oportuno aludir al Código de Buenas Prácticas y Alternativas para el Diseño de Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública en México, elaborado por  el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y al Instituto de Investiga­ciones de la UNAM, en dónde en el rubro de Sujetos Obligados propone (en este caso respecto del ámbito federal) que sean considerados como sujetos obligados a el Poder Ejecutivo del Estado; la Administración Pública, incluyendo a los organismos desconcentrados y descentralizados, a las empresas de participación estatal, y los fideicomisos públicos; el Poder Legislativo y su Órganos de Fiscalización cualquiera que sea su denominación; el Poder Judicial; los tribunales administrativos; los Organismos Públicos Autónomos del Estado, incluyendo a las Universidades e Instituciones de Educación Superior Públicas; los partidos, asociaciones y agrupaciones políticas (en los términos que disponga la legislación elec­toral] [a través del Instituto Electoral del Estado); las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje y las demás autoridades en materia de trabajo; y  el Instituto Electoral y el Tribunal Electoral (Artículo 201).

A este respecto, dicho Código de Buenas Prácticas, en el rubro de Sujetos Obligados señalo lo siguiente:

“El capítulo segundo desarrolla el concepto de “autoridad, entidad, órgano u organismo” contenido en el artículo 6º constitucional. Para este propósito, precisa quiénes son los sujetos obligados. Respecto de ellos, conviene señalar dos aspectos que generaron una importante controversia durante la elaboración del CBP: el primero, la inclusión de los partidos políticos y el segundo la condición de algunos particula­res, tales como los sindicatos y otras personas privadas, que realizan funciones públicas.

La inclusión de los partidos políticos como sujetos obligados fue un tema ampliamente discutido du­rante la reforma constitucional. El dictamen de la Cámara de Diputados parece excluirlos, mientras que el del Senado los considera como sujetos obligados indirectos. La razón de lo anterior es que, de acuerdo con la Constitución, los partidos políticos son “entidades de interés público”. No obstante lo anterior, once leyes de acceso a la información de las entidades federativas los consideran como sujetos obligados directos, siete los hacen sujetos obligados a través del instituto electoral estatal, y en otros nueve casos son sujetos obligados por derivación e interpretación.

Las primeras propuestas del CBP proponían que los partidos políticos, como lo sugería el dictamen del Senado, fueran sujetos obligados indirectos. Sin embargo, durante las reuniones de consulta, se hizo notar enfáticamente que esto constituiría un importante retroceso, pues muchas leyes estatales ya los conside­raban sujetos obligados directos. Una lectura cuidadosa del texto constitucional, confirmada por diversos expertos consultados11, llevó a la consideración de que en tanto no existe una prohibición expresa en la Constitución y que los partidos políticos realizan, por mandato constitucional, una función pública, resultaba posible que los legisladores los consideraran como sujetos obligados directos. Es en este último sentido en que se redactó el texto del CBP, para incluirlos expresamente como sujetos obligados directos.

Una consideración adicional es si el acceso a los partidos políticos se debe ejercer directamente ante ellos, o bien hacerse a través del instituto electoral local. Esta es una cuestión que el CBP deja abierta y se presentan ambas opciones. Cabe señalar al respecto que algunas autoridades electorales han su­gerido que conviene que el acceso a la información de los partidos políticos se realice a través de ellas, pues tienen mejores herramientas, conocimiento y mecanismos de supervisión para garantizar el debido acceso a la información pública de los partidos y asociaciones políticas. Otros consideran por el contrario que es primordial que los ciudadanos puedan solicitar información de manera directa a los partidos polí­ticos pues estos poseen información más actualizada que aquella que es proporcionada a las autoridades electorales.

Otra cuestión ampliamente debatida fue la inclusión, como sujetos obligados, de personas privadas. Cabe recordar que 23 leyes estatales establecen que las personas físicas y morales que reciben recursos públicos o realizan funciones públicas son sujetos obligados directos del derecho de acceso a la infor­mación. La experiencia muestra que esta práctica presenta importantes problemas jurídicos y prácticos. No obstante lo anterior, es cierto que existe una cantidad importante de información relevante que se encuentra en posesión de particulares y de organizaciones privadas. En atención a los múltiples comen­tarios de las reuniones regionales sobre la importancia de garantizar el acceso a esta información, el CBP propone, retomando a la jurisprudencia de los tribunales federales, que cuando un particular realiza actos de autoridad, la información que genere será considerada como información pública. Este artículo permite otorgar así acceso a la información de los sindicatos, las asociaciones empresariales o los con­cesionarios de un servicio público respecto de los actos que realicen en calidad de autoridades. Debe hacerse notar, sin embargo, que se propone que el acceso no se dará de manera directa, sino a través de la autoridad que supervise la actuación de esos particulares. La razón de esta disposición atiende a razones prácticas y a evitar cargas regulatorias excesivas o incumplibles para las personas privadas.”

Particulares que reciben recursos públicos o ejercen actos de autoridad

En relación con la información de particulares el citado Código de Buenas Prácticas, plantea que los particulares que ejercen actos de autoridad estarán obligados a entregar la información relacionada con esos actos a través del sujeto obligado que supervise estás actividades (Articulo 203). Siendo que lo importante a destacar es que cuando un particular realiza actos de autoridad, la información que genere sea considerada como información pública.

Luego entonces, conforme al Código de Buenas Prácticas la regulación debe permitir otorgar acceso a la información de los sindicatos (con excepción de las cuotas sindicales), las asociaciones empresariales o los con­cesionarios de un servicio público respecto de los actos que realicen en calidad de autoridades.

Sin embargo, como en el mismo Código se acota respecto de éstos el acceso se hará a través de la autoridad que supervise la actuación de esos particulares, siendo que la razón de esta disposición atiende a razones prácticas y a evitar cargas regulatorias excesivas o incumplibles para las personas privadas.

Así, cabe considerar que la obligación de rendir cuentas y de permitir el acceso a la información —respecto de la entrega de recursos públicos— corresponde al sujeto obligado por la Ley que los desembolsa; es decir, a las autoridades responsables.

Además, en el Código de Buenas Prácticas, se expone que  “por acto de autoridad debe entenderse, de acuerdo con la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación, un acto unilat­eral, coercitivo y con imperio que crea, modifique o extinga situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los goberna­dos.

También, se expone que a  fin de regular el derecho de acceso a la información pública que pudieran poseer los particulares se atendió a la am­pliación del concepto de autoridad que para efectos del amparo ha sostenido el Poder Judicial de la Federación: son autoridad aquellos individuos que ejerzan actos unilaterales y usen la fuerza pública para alterar la esfera jurídica de los gobernados. Es decir, la autoridad se distingue por el hecho de que realiza actos con imperio, más que por los sujetos que ejecutan el acto. Ahora bien, ante una ad­ministración pública cada día más compleja, la distinción del carácter de cada uno de los actos realizados por entes públicos o que los mismos delegan incluso a particulares se hace más difícil. Así, por ejemplo, casos como PEMEX o Seguro Social en ciertos esquemas actúa con imperio y por tanto es una autoridad y en otros no. Véase por ejemplo la tesis CONFEDERACIÓN DEPORTIVA MEXICANA, ASOCIACIÓN CIVIL. TIENE LA CALIDAD DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SUS ACTOS SE FUNDEN EN LA LEY GENERAL DEL DEPORTE, EN RELACIÓN CON SU ESTATUTO. Es importante precisar que el acceso a la información de estos particulares, en su caso, se limita a aquella información relacionada con sus funciones equiparables a actos de autoridad y no al conjunto de sus actividades.

A mayor abundamiento de lo anterior, cabe recordar, que la fracción VI del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales”. Esta disposición constitucional deja justificado claramente buena parte de la propuesta que se plantea en la presente iniciativa.

Como se sabe previo a la reforma constitucional al artículo 6º, las leyes de las entidades federativas presentaban importantes variaciones en cuanto a los sujetos obligados. Por ejemplo, únicamente once entidades federativas incluían a los partidos políticos como sujetos obligados directos, siete más los contemplaban como sujetos obligados indirectos, en nueve casos se incluyeron por interpretación y en cinco casos fueron excluidos. Asimismo, veintitrés leyes locales de transparencia consideraban que las personas físicas y morales que reciben recursos públicos son también sujetos obligados del derecho de acceso a la información.

En efecto, hay que reconocer que existen algunas personas de carácter privado, ya sean físicas o morales, que ejercen funciones públicas, ya sea por delegación o por un mandato legal.

Como atinadamente apunta Sergio López Ayllón, “este es el caso de los notarios públicos, de los concesionarios de bienes o servicios públicos, de los colegios de profesionistas o cámaras comerciales o industriales y aun de los sindicatos. La pregunta es si éstos son sujetos obligados del derecho de acceso a la información y, si esto es así, cuáles son los mecanismos para ejercerlo”. Más aún, el problema se plantea respecto de las personas privadas que, cada vez con mayor frecuencia, desarrollan funciones públicas o ejercen por delegación o mandato legal funciones de autoridad, sin constituirse propiamente como entidades públicas. La calidad de sujetos pasivos del derecho de acceso a la información de estas personas plantea cuestiones complejas, en particular respecto a los procedimientos para hacer efectivo el derecho.

Dejando claro, que no por recibir recursos del erario o por ejercer una parte del gasto estatal, toda actividad de estas personas se convierte en materia de acceso público, sino únicamente de aquellas en lo que se aplicó el recurso público o bien se ejercito o ejecuto un acto de autoridad, no así respecto de otras distintas a estos supuestos, no pudiendo entender que todas las actividades serán consideradas como parte del acceso a la información, sino solo en los casos ya descritos, lo anterior con el fin de no afectar la privacidad e intimidad de las personas.

Sindicatos

El camino por abrir información sobre los sindicatos ha sido una tarea ardua en la que hay que seguir avanzando. Así por ejemplo cabe recordar los casos en los que frente a solicitudes de información se llegara a negar la misma, como es el caso de información sobre el registro de asociaciones en relación actas, estatutos, padrones y tomas de notas del sindicato, donde el sujeto obligado (Junta de Conciliación y Arbitraje y/o Secretaria del Trabajo y Previsión Social), se argumentará que el afiliado tenia que solicitarla directamente al sindicato, y siempre y cuando acreditara ser agremiado, que si al agremiado se le niega la información por el sindicato debe entonces acudir ante la Junta de Conciliación a demandar por tratarse de un conflicto intergremial, que la información es de tipo reservada y confidencial por lo que requiere previo consentimiento del secretario general, que se trata de información que contiene datos personalísimos de los afiliados tales como sus domicilios, que brindar la información violaría la esfera jurídica del sindicato en razón de sus finalidades, que los sindicatos no pueden ser equiparados a sujetos obligados por la Ley, que los contratos colectivos están sujetos a un procedimientos administrativo que no ha causado estado y por lo tanto es información reservada, que los datos sobre contratos colectivos solo se otorgaran a la persona que demuestre ser trabajador en activo o que habiendo sido despedido requiera de información del contrato para elaborar su demanda, y estos y otros argumentos más para negar dicha información.

Pero vendría las determinaciones del IFAI para avanzar de manera significada en el acceso a la información sobre sindicatos, al señalar que los documentos relacionados con el registro, toma de nota, estatutos, actas y padrones no pueden ser considerada como información clasificada, que es información de acceso público, ya que contribuye a la democratización mexicana en la vigencia del Estado de Derecho, por lo que debe favorecerse el principio de publicidad, y en todo caso resguardarse los domicilios de los afiliados; además de que no es requisito desahogar un procedimiento previo ante la Junta, porque el acceso a la información es público, ni tampoco es requisito acreditar el carácter de afiliado, ni interés jurídico para la entrega de la información en virtud de la calidad publica de esta.

Lo anterior, solo para ejemplificar, el por qué es necesario explicitar a los sindicatos como obligados en materia de acceso a la información pública, más aún en los casos en que reciben recursos públicos de todos los mexicanos.

Ahora bien, los criterios del IFAI han servido para avanzar en el proceso por transparentar el universo laboral, siendo oportuno lo expuesto por Giménez Cacho “existe la expectativa fundada de que se reduzcan los márgenes de discrecionalidad de las autoridades del trabajo para resolver los registros de sindicatos y dirigentes bajo criterios de subordinación política o ideológica. La transparencia hará también posible exponer a la luz pública la amplitud de simulación de los sindicatos fantasma, que no tienen afiliados. Sirve así a los trabajadores que aspiren a contar con sindicatos que los representen. Exhibirá también el vicio degradante y fraudulento de los contratos de protección y será útil para las empresarios que muchas veces de mala gana, aceptan tanta la extorsión de falsos líderes y las sugerencias de asesores sin escrúpulos que lucran con la ilegalidad”.

Pero esto es solo el inicio o la primera ronda de este proceso por la transparencia laboral y sindical, es un tema sin duda inacabado. Ahora bien, y más allá de la rendición de cuentas que deben rendir los sindicatos y sus dirigentes a sus agremiados o afiliados, el planteamiento es dejar claro la responsabilidad o deberes que estos tienen en el acceso a la información pública sobre los recursos públicos que reciben del gobierno, ya se federal, estatal o municipal. 

Efectivamente, si por virtud de un contrato colectivo, la autoridad, entidad, organismo u órgano público entrega recursos públicos a un sindicato, tal información es de carácter público, máxime cuando se trate de un sindicato que opera con recursos públicos, como es el caso de aquellos formados por trabajadores al servicio del Estado.

Es así hay que decirlo “los recursos públicos –federales- entregados a sindicatos con base en las obligaciones contraídas en los contratos colectivos son de acceso público”. Con excepción de las cuotas sindicales en las que ya el Poder Judicial ha señalado que ni la retención ni la entrega de cuotas sindicales con actos de autoridad ni corresponden a recursos públicos, toda vez que pagado el sueldo del trabajador es un recurso privado al que el patrón le descuenta una cuota para entregarla íntegramente al Sindicato.

Por lo que no es procedente que al cobijo de la libertad o autonomía sindical se niegue la información sobre la aplicación de dichos recursos. No es aceptable poner como escudo la autonomía sindical para obstaculizar el acceso a la información pública, ya que todo ente, privado o gremial, que recibe recursos públicos, se ve obligado  rendir cuentas.

Si bien, la autonomía sindical, tiene como propósito que éstos se organicen, administren, funcionen libremente y puedan cumplir con su cometido en defensa de sus agremiados, lo cierto es que ello no debe significar incompatibilidad con el acceso a la información, por lo que el manejo de los recursos económicos que se les entrega a los sindicatos por parte del Estado no debe ponerse a duda o suspicacia alguna la transparencia respecto de dicha información y la rendición de cuentas, ya que es obligación de someterse al escrutinio público para informar y dar explicación sobre la aplicación de los recursos públicos que le ha sido entregados.

Por lo tanto, es necesario cerrar la puerta a cualquier interpretación indebida que al respecto se pueda dar –como ya ha acontecido- y evitar la opacidad a este respecto, haciendo explicito que los sindicatos son sujetos obligados cuando se ubican en las circunstancias referidas, más allá de que el acceso a dicha información deba de darse a través de la autoridad o dependencia que realizo la entrega de recursos públicos.

Por otra parte, en la presente iniciativa se planea respecto de aquellas personas físicas o morales que reciba recursos públicos o realicen actos de autoridad, a fin de asegurar el acceso a la información de carácter público, la obligación de éstas a proporcionar a la autoridad, ente, órgano u organismo público que hubiere entregado los montos respectivos o que sea el responsable de supervisar la actuación de esos particulares, la información relativa al uso, destino o actividades que realicen con dichos recursos o por virtud de los actos de autoridad que desplieguen.  Esto se debe entender como una formula que viene a reforzar una obligación que estaba exclusivamente sobre las espaldas de los entes obligados, y en eso radica la veta que se abre para beneficio de la causa de la transparencia de la gestión pública y de la propia cosa pública. Se de una obligación complementaria para fortalecer el deber de satisfacer el derecho de acceso a la información y la rendición de cuentas, y de  que los particulares expliquen que se hizo con los recursos públicos que recibieron o de los actos de autoridad que llevaron a cabo, pero como ya se dijo los sujeto obligados directos de asegurar dicho acceso al público lo serán los autoridades o sujetos obligados directos, ya que los particulares beneficiarias de recursos públicos o de realizar acto de autoridad lo hicieron por determinación o decisión de las propias autoridades, entes u organismos públicos. La rendición de cuentas sigue pesando sobre éstos que determinaron entregar fondos públicos o asignar funciones propias de la autoridad.

Luego entonces, la iniciativa es oportuna al proponer incluir de manera explicita o expresa en la fracción I del artículo 6º Constitucional a las personas que se actualicen en los supuestos narrados con antelación y dejar claro su calidad de sujetos obligados en materia de acceso a la información pública.

Partidos Políticos.

A este respecto también resulta  ilustrativo lo expresado en el Código de Buenas Prácticas referido, en donde se reconoce que la inclusión de los partidos políticos como sujetos obligados ha sido un tema ampliamente discutido du­rante la reforma constitucional. Señala que el dictamen de la Cámara de Diputados parece excluirlos, mientras que el del Senado los considera como sujetos obligados indirectos. Indica que la razón de lo anterior es que, de acuerdo con la Constitución, los partidos políticos son “entidades de interés público”.

No obstante lo anterior señala que -en ese entonces- once leyes de acceso a la información de las entidades federativas los consideran como sujetos obligados directos, siete los hacen sujetos obligados a través del instituto electoral estatal, y en otros nueve casos son sujetos obligados por derivación e interpretación.

Se manifiesta que las primeras propuestas del Código de Buenas Prácticas  proponían que los partidos políticos, como lo sugería el dictamen del Senado, fueran sujetos obligados indirectos. Sin embargo, durante las reuniones de consulta, se hizo notar enfáticamente que esto constituiría un importante retroceso, pues muchas leyes estatales ya los conside­raban sujetos obligados directos. Señala que de una lectura cuidadosa del texto constitucional, confirmada por diversos expertos consultados, llevó a la consideración de que en tanto no existe una prohibición expresa en la Constitución y que los partidos políticos realizan, por mandato constitucional, una función pública, resultaba posible que los legisladores los consideraran como sujetos obligados directos. Que fue en este último sentido en que se redactó el texto del Código, para incluirlos expresamente como sujetos obligados directos.

Sin dejar de advertir que en el Código referido se hace una consideración adicional en cuanto si el acceso a los partidos políticos se debe ejercer directamente ante ellos, o bien hacerse a través del instituto electoral local, sin embargo, se señala que eta es una cuestión que el Código deja abierta y se presentan ambas opciones. 

Acotado ello, es que para los iniciadores de esta iniciativa resulta oportuno traer a colación lo que en el Dictamen del Senado se argumentó en la reforma del 29 de julio de 2007 al artículo 6 de la Constitución General, siendo que entre otros aspectos se afirmo lo siguiente “Una lectura cuidadosa del texto de la reforma, del dictamen de la Colegisladora, así como de los antecedentes que en la materia existen, tanto legislativos como los que en la materia ha establecido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, permiten precisar que si bien por razones de técnica legislativa, y debido a su naturaleza y su especificidad como organismos de la sociedad, no se ha considerado conveniente que los partidos políticos sean sujetos obligados directos del derecho de acceso a la información, ello no obsta para que a través del sujeto obligado en la materia, que son el Instituto Federal Electoral y los Institutos Electorales locales, según sea el caso, los ciudadanos puedan tener acceso a la información de los partidos políticos, en los términos que precise la legislación secundaria que al respecto se expida. En otras palabras, los partidos políticos, al no ser autoridad pública, no pueden ejercer del mismo modo y bajo las mismas condiciones las obligaciones de acceso a la información y transparencia, pero deben cumplirla bajo sus propias modalidades porque son sujetos indirectos del derecho de acceso a la información”. Asimismo señalo que “los partidos políticos son instituciones integrantes del régimen constitucional, por lo que al lado de sus prerrogativas, que garantizan su participación representativa, están igualmente investidos de obligaciones y responsabilidades que aseguran su presencia democrática. De allí que la información que les reclame la ciudadanía, en orden a la transparencia con la que deben conducirse las instituciones republicanas, debe estar disponible en todo tiempo, considerando desde luego que no constituya una intromisión injustificada en la vida interna de los partidos y sin que se ponga en riesgo la información estratégica de su acción política y electoral”.  

Por lo tanto,  para los efectos de esta iniciativa lo importante es homogeneizar la condición de los partidos como sujetos obligados ante las leyes en materia de transparencia y acceso a la información pública, con objeto de homologar sus obligaciones de transparencia y garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información en estas instituciones que reciben recursos públicos y son consideradas entidades de interés público por el papel que juegan en el desarrollo democrático en el país.

Por ello, la iniciativa es oportuna al proponer incluir de manera expresa a los partidos políticos para que se actualicen en los supuestos referidos como sujetos obligados en la fracción I del artículo 6º Constitucional. Es decir dejar claro que los partidos políticos si son sujetos obligados a rendir cuentas a través de los mecanismos de acceso a  la información y transparencia, más aún cuando debe tomarse en cuenta que la legislación mexicana ha dispuesto un sistema de financiamiento partidista preferentemente publico o con recursos públicos sobre los privados, en cuyo caso no debe existir duda sobre un ejercicio de acceso a esa información.

Acotado ello, se está en posibilidades para que el legislador ya sea el del orden federal o de las entidades federativas determinen que los partidos políticos sean sujetos directamente obligados en materia de acceso a la información, y no solamente indirectos.  

De lo que se trata es que los partidos políticos tengan la obligación de garantizar a las personas el acceso a la información que posean, administren o generen, en los términos que prevea la Ley, pero también el de llevar a cabo obligaciones de transparencia o de transparencia proactiva, es decir, que  sin que medie solicitud, deban poner a disposición del público por medio de internet información básica, esencial o de interés, como es sobre sus Estatutos, Declaración de Principios, Programa de Acción y demás normatividad interna; estructura orgánica y funciones; integración y mecanismos de designación de los órganos de dirección; directorio de los órganos de dirección establecidos en la estructura orgánica; descripción y monto de los cargos, emolumentos, remuneraciones, percepciones, ordinarias y extraordinarias o similares, de total de sus dirigentes y su plantilla laboral; contratos y convenios suscritos para la adquisición, arrendamiento, concesiones y prestación de bienes y servicios; relación de bienes muebles e inmuebles adquiridos o enajenados; monto de financiamiento público y privado, recibido durante el último semestre, y su distribución; informes entregados a la autoridad electoral sobre el origen, monto y destino de los recursos; resultados de revisiones, informes, verificaciones y auditorias de que sean objeto con motivo de la fiscalización de sus recursos, una vez concluidas; los montos y recursos provenientes de su financiamiento que entreguen a sus fundaciones, así como los informes que presenten sobre el uso y destino de los mismos, sus actividades programadas e informes de labores; convenios de coalición y candidatura común en los que participen, así como los convenios de Frente que suscriban; entre otra información relevante más.

Esta propuesta de dejar claro que los partidos políticos son sujetos obligados en materia de transparencia permite cerrar o complementar el círculo con el planteamiento de que el poder Legislativo como sujeto obligado, ya quedaría sujeto a la jurisdicción del órgano garante autónomo federal. Es decir, se asegura que los partidos políticos sean por un lado sujetos obligados como entidades de interés públicos y por otro también lo sean como grupos parlamentarios –agrupación de una misma filiación partidista- al formar parte del poder Legislativo, ya sea dentro de la Cámara de Diputados o la de Senadores. En efecto, siendo sujeto obligado el órgano legislativo, se puede acceder a la información que posea sus unidades administrativas, entidades, organismos u órganos, entidades o equivalentes, como podría ser la de los propios grupos parlamentarios. Siendo el órgano garante federal el responsable de asegurar que ante una negativa pueda conocer de las impugnaciones por las que se pueda negar información sobre éstos grupos parlamentarios, que en el fondo se constituyen como sujetos obligados indirectos en el acceso a la información. Con ello se establece un piso más uniforme y parejo en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas que tienen los partidos políticos, dentro del sistema democrático que nos hemos dado como Nación.

Universidades e Instituciones de Educación Superior Públicas

De conformidad con la fracción I del párrafo segundo del artículo 6 Constitucional, para muchos nos queda claro y no es discutible que se incluyó a las universidades públicas autónomas en la expresión “organismo federal, estatal y municipal”. Así la fracción respectiva dispone que “Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes…”   

Sin embargo, como bien lo ha señalado Dorangélica De la Rocha Almazán, que “Desafortunadamente, muchas universidades se escudan en la autonomía con la que fueron dotadas par ano conceder acceso a la información que generan, como parte de un sistema educativo público. El pretender el conocimiento de sus datos, en muchas ocasiones, confundido con la trasgresión de su autonomía. Cosa más que errónea”.  Y asevera “Es verdad que las universidades públicas gozan de cierta autonomía funcional, algunas constitucionales y otra legales –organismos descentralizados de Estado-, pero esto no quiere decir que escapen del imperio o sujeción de normas de carácter legal, formal y materialmente creadas para su observancia. Dígase pues, que las universidades también deben obedecer, en su caso, al mandato que dispone las leyes de acceso a la información en México”.

Por ello afirma que no dar acceso a la información que poseen es una decisión políticamente equivocada, porque en forma automática se colocan como entes de opacidad y con desconfianza social. Por lo que se debe fortalecer la autonomía de las instituciones, pero desde el punto de vista de la transparencia y la rendición de cuentas, ya que sería contrario a un régimen democrático, y sería más grave si esto sucede en el ámbito universitario, donde se supone debe prevalecer la libertades de expresión, la formación de voces críticas, la apertura y el conocimiento, entre este el de la transparencia. 

O como también lo ha señalado José Carbonell “muchas instituciones de educación superior se esconden detrás de la autonomía con la que fueron dotadas, para evitar la implementación de sistemas de acceso a la información y transparencia. En muchos casos, la pretensión de acceder a su información es concebida de forma errónea ―en estas instituciones—, como una transgresión o intento de vulnerar su autonomía”. Por ello afirma  “Que algunas universidades públicas sean autónomas no debe ser entendido como que quedan exentas de la obligación de rendir cuentas y de los deberes más elementales de transparencia. Su autonomía no debe significar extraterritorialidad ni ningún absurdo parecido, como para que no impere el Estado de Derecho en su interior”.

Por lo que la presente propuesta, va en el camino de despegar dudas a este respecto, para aquellos  que tengan dudas legitimas o bien resistencias voluntarias o se sientan incómodos con el acceso a la información en su poder, y que la autonomía universitaria no sea un pretexto, escudo para la opacidad.

Debe quedar claro, que el acceso a la información y la rendición de cuentas por parte de las universidades públicas es fundamental para el desarrollo nacional. Implica pasar de la percepción, por parte de los estudiantes, de ser beneficiarios de una concesión del Estado o de las autoridades, hacia la concepción de ser usuarios sujetos tanto a obligaciones como a derechos. En este caso, para poder exigir, entre otras cosas, ciertos niveles de calidad del bien público del que se están beneficiando.

Las universidades públicas son entidades que reciben recursos del erario, es decir, de todos los mexicanos como contribuyentes. En consecuencia, deben estar sujetas y por lo tanto adoptar mecanismos de transparencia y acceso a la información que permitan rendir cuentas a la sociedad: dar a conocer qué hacen, cómo lo hacen, a qué costo, entre otros, ya sea que se trate de instituciones de carácter federal o local, según sea el caso.

Es importante volver a advertir tal y como lo ha señalado Jorge Carpizo Mcgregor que el manejo de recursos económicos no debe prestarse a duda o suspicacia algunas y por ende en el caso de las universidades, en este aspecto, deben ser una caja de cristal. Además, “en una democracia nadie puede ser irresponsable, menos quienes manejan recursos públicos”.

Como se sabe de conformidad con el artículo 3º Constitucional las universidades y demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas. En ese sentido, se ha dicho que la autonomía implica que las instituciones educativas de cultura superior se organicen, administren y funcionen libremente, y sean sustento de las libertades; asimismo que la autonomía se otorga a las universidades para que puedan cumplir sus funciones sin injerencias externas y ajenas que les dificultarían el cumplimiento de aquellas conforme a los principios de excelencia académica y proyección social, para que la educación que se imparta e encuentre libre de todo dogmatismo o ideología.  Por su parte, el derecho a la información consagrado en el artículo 6º Constitucional, es una de las bases del sistema democrático, que la sociedad como tal y los individuos deben estar bien informados, con veracidad y objetividad.

Por lo tanto, “no es posible que pueda existir contradicción, jerarquía o conflicto entre los derechos constitucionales de autonomía universitaria y el acceso a documentación pública en dichas universidades. En caso de aparente contradicción resulta necesario armonizar esos derechos constitucionales tan valioso y trascendentes uno del otro”. Luego entonces, cumplir con el derecho a la información y el acceso a la documentación publica por parte de las universidades públicas autónomas, es una obligación constitucional y legal para éstas, pero además es una responsabilidad ética, porque las universidades públicas deben ser y dar ejemplo de transparencia, como un principio básico de las democracias. Las universidades son parte esencial de la conciencia crítica del país; en consecuencia, tienen que ser paradigma de transparencia. Por ello el “derecho constitucional de la autonomía universitaria es cien por ciento compatible con el de la transparencia y el acceso a la información pública. Los dos son especialmente valiosos. Los dos cumplen una función social. Lo único que hay que lograr -lo reitera- es su armonización”.

A mayor abundamiento de lo anterior, cabe señalar que el Código de Buenas Prácticas y Alternativas para el Diseño de Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública en México dispone que deben ser sujetos obligados y, por tanto, estar incluidos dentro de las leyes de la materia, los “Organismos Públicos Autónomos del Estado, incluyendo a las Universidades e Instituciones de Educación Superior Públicas”. Incluso, dicho Código de Buenas Prácticas propone que se establezcan  obligaciones especificas o adicionales (de oficio o transparencia) cuando se trata de Universidades e Instituciones de Educación Superior Públicas (Artículos 201 y 312, respectivamente). Por lo que la propuesta planteada, resulta oportuna, más aun permitirá definir un piso parejo en cualquiera de los órdenes de gobierno a este respecto.

Por todo lo anterior, la propuesta que se plantea respecto a los sujetos obligados en la presente iniciativa es congruente con lo expuesto. Ya que busca por un lado prever de la manera más amplia posible quienes pueden ser considerados como entes o sujetos obligados en materia de transparencia, y por otro, que respecto de los que correspondan al orden federal el nuevo órgano constitucional autónomo de la Federación sea el órgano competente especializado respecto de la información en posesión de los mismos. Lo que ahonda sin duda, en un derecho de acceso a la información fortalecido y una política de rendición de cuentas más amplias e integrales en beneficio de la sociedad.

Finalmente, se advierte que la iniciativa incorpora el concepto mismo de sujeto obligado, bajo la base que es un concepto ya acuñado en materia de acceso a la información, y par dejar claro las implicaciones que el propio concepto tiene y refrendarles a los poderes tradicionales, órganos autónomos, entidades, entes, fideicomisos, entre otros, su deber u “obligación” para contribuir hacer efectivo el derecho de acceso a la información en su poder.

3. INCLUIR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD E INATACABILIDAD DE LAS RESOLUCIONES DE LOS ÓRGANOS GARANTES PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS, SIN RELATIVISMOS.

Como es sabido en algunas entidades federativas se ha constituido un entramado normativo donde se ha pretendido o a hecho revisables las resoluciones de los órganos garantes de acceso a la información, al sugerir o plantear que éstas puedan ser impugnables por las autoridades o sujetos obligados, y que tal impugnación pueda ser revisables por el Tribunal Superior de Justicia o el Tribunal de lo Contencioso Administrativo o instancia equivalente. Siendo que tal revisión sea hecha por una "instancia no especializada".

Por lo tanto, para evitar la tentación de incluir disposiciones contrarias a dicho principio en las leyes federales o locales en la materia, resulta oportuno dejar expresamente establecido el principio de definitividad de las resoluciones de los órganos garantes por parte de las autoridades, sin relatividades o tibiezas a este respecto, sino de manera contundente y amplia. Dicha definitividad debe quedar claro es para los poderes, autoridades, entidades, órgano, organismo, personas o sujetos obligados, pues es claro que queda en favor de los particulares para impugnarlas mediante el juicio de amparo ante las autoridades jurisdiccionales competentes, conforme a los términos y formas previstos en la legislación de la materia, o previamente por las vías que al efecto se determinen y procedan.

Cabe recordar que el poder Judicial de la Federación, al respecto ha señalado que la Ley dispone categóricamente que las resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, al resolver los recursos de revisión, serán definitivas para las dependencias y entidades, mientras que los particulares podrán impugnarlas ante el Poder Judicial de la Federación. Así, resulta evidente que la intención del legislador fue excluir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa del conocimiento de las resoluciones recaídas a los recursos de revisión emitidas por el Instituto, al igual que eliminar la posibilidad de que las dependencias y entidades promuevan algún juicio o recurso ante el Poder Judicial de la Federación. Por lo los sujetos obligados en términos de la Ley deben dar cumplimiento incondicional a las resoluciones emitidas por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública al resolver recursos de revisión, sin que sea válida la utilización de recursos jurídicos –como la interposición de un juicio de nulidad– o de facto –como la simple negativa de entregar información– para eludir dicho cumplimiento. Como ilustración de lo anterior, cabe transcribir tal criterio:

TESIS AISLADA XIV/2012 (10ª).
INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. EFECTOS DE SUS RESOLUCIONES. Los artículos 49, 50 y 51 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental disponen la procedencia del recurso de revisión en contra de las resoluciones emitidas por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, especificando que dicho recurso procederá en lugar del recurso genérico previsto en materia administrativa. Asimismo, el artículo 59 de la ley dispone categóricamente que las resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, al resolver los recursos de revisión, serán definitivas para las dependencias y entidades, mientras que los particulares podrán impugnarlas ante el Poder Judicial de la Federación. En consecuencia, resulta evidente que la intención del legislador fue excluir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa del conocimiento de las resoluciones recaídas a los recursos de revisión emitidas por el instituto, al igual que eliminar la posibilidad de que las dependencias y entidades promuevan algún juicio o recurso ante el Poder Judicial de la Federación. Por lo antes expuesto, los sujetos obligados en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental deben dar cumplimiento incondicional a las resoluciones emitidas por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública al resolver recursos de revisión, sin que sea válida la utilización de recursos jurídicos, como la interposición de un juicio de nulidad, o de facto, como la simple negativa de entregar información, para eludir dicho cumplimiento.

Amparo en revisión 168/2011. **********. 30 de noviembre de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.
LICENCIADO HERIBERTO PÉREZ REYES, SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, C E R T I F I C A: Que el rubro y texto de la anterior tesis aislada fueron aprobados por la Primera Sala de este alto tribunal, en sesión privada de ocho de febrero de dos mil doce. México, Distrito Federal, nueve de febrero de dos mil doce. Doy fe.

Es así, que conforme a la Ley Federal, hoy día se reconoce la definitividad de sus resoluciones para los sujetos obligados. Por lo tanto, se insiste que con el fin de evitar la tentación de incluir disposiciones contrarias a dicho principio resulta oportuno dejarlo expresamente establecido en nuestra Ley Suprema.

Más aún, si se toma en cuenta como dice Ricardo Raphael de la Madrid que sería un retroceso que las resoluciones del órgano garante de acceso a la información sean revisables o impugnables ante el Contencioso Administrativo, ya que como afirma “Los Tribunales Contenciosos nacen para salvaguardar los derechos de los gobernados, no de los órganos administrativos. Los órganos administrativos no tienen derecho, sino atribuciones. ¡Ahora resulta que pobrecitos de  los órganos administrativos no tienen instrumentos de defensa frente a los gobernados-“.

En ese sentido, debe dejarse claro que en todo caso el control de legalidad debe ser ejercido por los gobernados,  ya que se trata de un derecho fundamental que corresponde alegar a su titular, por lo que los medios de defensa en estos casos  debe ser un instrumento a favor de los gobernados no de las dependencias o sujetos obligados.

Además, permitir que las resoluciones sean impugnadas por los sujetos obligados violentaría varios principios. Así por ejemplo el principio de gratuidad, ya que el particular tendría que acudir a los juzgados y contratar un profesionista, al que tendría que pagar para su defensa; el principio de desigualdad –como génesis del de igualdad-, ya que el particular contendría en un proceso litigioso desventajoso frente a los órganos de Estado que cuenta con recursos materiales y humanos, el principio de sencillez y rapidez, ya que se retarda el acceso a la información provocado ello por la autoridad no en defensa del titular del derecho; el principio de especialización, ya que podría  conocer una instancia no especializada; y el principio de máxima publicidad, ya que si el organismo garante al resolver esta frente a la duda razonable debe privilegiar la apertura de la información, es decir se inclina en favor del gobernado, y no de las autoridades, por lo tanto cuestionar esa duda razonable por los sujetos obligados puede ser contrario a dichos principio. De ahí de la necesidad de la expresión del principio de definitividad en la Ley Suprema.

4. DOTAR DE LEGITIMIDAD A LOS ÓRGANOS GARANTES PARA INTERPONER ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD.

Como se sabe el juicio de amparo, la controversia constitucional, y la acción de inconstitucionalidad son un medio de control constitucional del régimen jurídico mexicano.

Respecto de la acción de inconstitucionalidad esta tiene por objeto determinar si una disposición de legislación ordinaria, ya sea federal o local, es contraria a alguna disposición constitucional.

La acción de inconstitucionalidad da lugar a la invalidez de la disposición declarada inconstitucional, lo que no conlleva a su derogación, ni que el texto de la disposición inconstitucional sea eliminado, sino que únicamente éste pierda su fuerza de aplicación.

Por ello, se ha previsto que las sentencias dictadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resuelven las acciones de inconstitucionalidad son publicadas en el Diario Oficial de la Federación, a efectos de hacerlas públicas.

Otro elemento que le añade importancia a la acción de inconstitucionalidad es que las consideraciones vertidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolverlas tienen el carácter de jurisprudencia. En este sentido se pronunció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia en la tesis de jurisprudencia 2/2004, cuyo rubro es el siguiente: "Jurisprudencia. Tienen ese carácter las razones contenidas en los considerandos que funden los resolutivos de las sentencias en controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, por lo que son obligatorias para los tribunales colegiados de circuito en términos del acuerdo general 5/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación".

Tales alcances de la acción de inconstitucionalidad como medio de control constitucional, revelan su importancia y relevancia dentro del Estado Constitucional y de Derecho. Siendo que  una de las características que le agrega importancia es que es un medio de control constitucional al alcance de órganos del Estado, sin limitar su procedencia a invasión de esferas de competencia como es el caso de la controversia constitucional. En estos términos, la acción de inconstitucionalidad podrá ocuparse no sólo de violaciones a la parte orgánica de la Constitución (lo que ocurre en el caso de la controversia constitucional), sino que la acción de inconstitucionalidad podrá también ocuparse de violaciones a garantías individuales.

Es precisamente esta característica la que le añade una mayor relevancia o importancia a la acción de inconstitucionalidad, al situarla como instrumento de defensa de los derechos fundamentales, ya que dota a determinados órganos del Estado  de una herramienta para proteger a los gobernados contra leyes federales o locales que violan sus derechos fundamentales.

Siendo que dentro de esos derechos fundamentales está el de acceso a la información y el de protección de datos personales. Por lo tanto, resulta del todo razonable el de dar legitimidad procesal a los órganos garantes de dichos derechos para que tengan la facultad de promover acción de inconstitucionalidad. Más aún cuando se esta proponiendo constituirlos como organismos constitucionales autónomos, ubicándolos así como instrumentos de equilibrio constitucional dentro de la estructura del Estado, lo que conlleva de manera lógica que asuman un papel sólido y activo para demandar ante la autoridad jurisdiccional la plena observancia de estos derechos humanos fundamentales, frente aquella ley inconstitucional que se estima restringe o menoscaba el ejercicio de los mismos.

Además, al ser autoridad en la materia especializada, les permite llevar un análisis, estudio y seguimiento serio y objetivo respecto de que las leyes se ciñan al pleno contenido y alcance del derecho de acceso a la información y el de protección de datos personales, y asegurar al gobernado el ejercicio pleno de sus derechos, aun antes de que la ley inconstitucional se aplique en su esfera jurídica.

Por ello, es que en la presente iniciativa se propone una reforma al artículo 105 de la Constitución General, para establecer la facultad de presentar acciones de inconstitucionalidad de la forma siguiente:

Ø El organismo garante federal contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren el ejercicio de los derechos de acceso a la información y la protección de datos personales consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte.

Ø Los organismos garantes equivalentes en los estados de la República, en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales.

Ø El organismo garante del Distrito Federal, en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

5. POR EL FORTALECIMIENTO DE LA AUTONOMIA PRESUPUESTAL DE LOS ÓRGANISMOS GARANTES DE ACCESO A LA INFORMACION.

Se parte de la convicción de que es necesario garantizar los recursos económicos razonables y necesarios para el adecuado funcionamiento del Instituto.  Nadie puede garantizar que el próximo Ejecutivo le otorgue al Instituto los recursos económicos necesarios para su debido funcionamiento, y se dice debido, porque se le puede autorizar un presupuesto que solo lo mantenga a flote y lo orrille a entregar malos resultados, lo cual puede llevar a desacreditarlo y ponerlo así en la guillotina para su desaparición, provocando con ello que el ciudadano pierda y el gobierno gane en la opacidad.   

En este sentido es pertinente lo dicho por el hoy comisionado Zaldivar “La cuestión presupuestal es un elementos fundamental para que camine el tema o no. Y Como decía el doctor Escobedo, hay estados que tienen un buen diseño institucional y aun así no funcionan, ¿por qué?, bueno, porque no los dotan de los recursos suficientes para su operación. Por lo tanto esta política pública como cualquier otra, requiere de un presupuesto acorde a las necesidades reales; pues en los estados que cuentan con una ley y un órgano garante pero no tienen presupuesto o este es insuficiente, se puede decir sin temor a equivocarse que se esta frente a un acto de simulación.

Como bien dice el doctor Sergio Aguayo, “el presupuesto es la política en su estado químicamente puro, es decir, no hay mejor forma de medir las prioridades que ir a los presupuestos”

Se puede afirmar, que “no puede haber autonomía constitucional donde no está garantizada la autonomía presupuestal.”

Cabe aclarar que dicha “autonomía presupuestal” tampoco implica un descarrilamiento o gasto irresponsable, ya que por un lado será el Congreso Local el que estudiara y aprobará su monto, el órgano de fiscalización del mismo podrá realizar su revisión a través de la cuenta pública. Por lo que el ejercicio del presupuesto del órgano garante federal (como locales) debe ser en base a los principios de eficacia, eficiencia, transparencia, racionalidad, austeridad, control y rendición de cuentas sujetándose a la normatividad, la evaluación y control de los órganos competentes. 

Por lo tanto se propone en la presente iniciativa que Instituto elaborará su propio proyecto de presupuesto de egresos y lo remitirá al Ejecutivo, a fin de que éste lo envíe en su oportunidad al Cámara de Diputados, para su estudio, discusión y, en su caso, aprobación. Se prevé que el proyecto de presupuesto de egresos no podrá ser modificado por el poder Ejecutivo Federal. El proyecto de presupuesto de egresos del Instituto, contemplará las partidas presupuestales necesarias para el     cumplimiento de su objeto.

6. MECANISMO DE DEFENSA ADMINISTRATIVO OPCIONAL, EXPEDITO, SENCILLO Y GRATUITO EN FAVOR DE LOS PARTICULARES.

Se propone que el Instituto Federal como organismo constitucional autónomo, también sea competente para conocer y resolver sobre las impugnaciones que presenten los particulares en contra de las resoluciones de los organismos garantes de transparencia y acceso a la información de los estados y del Distrito Federal, siempre que la resolución que se impugne hubiere negado total o parcialmente el acceso a la información solicitada por el particular.

Se prevé proponer que la Ley Federal determinará la forma y términos en que deberá promoverse la impugnación ante el Instituto Federal.

Se plantea que no será necesario que el particular agote previamente el mecanismo de defensa a que se refiere este párrafo para acudir al juicio de amparo, en términos de la legislación aplicable. Es decir, se trata de que este mecanismo de defensa sea una opción para el particular y no una obligación o condición necesaria para acudir al juicio de amparo, ello porque el particular pueda estimar más conveniente y oportuno que de una vez le resuelva la autoridad judicial; porque ante el conocimiento de criterios o precedentes del órgano federal en asuntos similares se anticipa que será desfavorable acudir ante dicha instancia o bien porque a su juicio siente más credibilidad y confianza acudir a la autoridad judicial.

Asimismo, se propone explicitar que la resolución del Instituto tendrá por efecto revocar, modificar o confirmar la resolución del órgano garante local, y será vinculatoria, definitiva e inatacable para la autoridad, entidad, órgano, organismo o personas o sujeto obligado correspondiente del orden local, por lo que éste deberá cumplirla en sus términos. Pero se propone dejar resguardado el derecho de los particulares a impugnar las resoluciones que el Instituto Federal emitiera como instancia revisora de los organismos garantes locales, mediante el juicio de amparo ante las autoridades jurisdiccionales, en términos de la legislación de la materia.  

Esta propuesta, como dice Federico Guzmán Tamayo para ser entendida implica evitar la tentación de pensar que unos pierden y otros ganan, que uno es asumido en un papel de subordinación y otro de superioridad, es decir que las entidades quedan minimizadas frente a la autoridad federal. Más bien debe entenderse como un proceso por la eficacia en el ejercicio de derecho y como una estrategia del Estado mexicano, en la que se conjuga la federación y las entidades federativas en busca de asegurar y promover el derecho humano fundamental de acceso a la información, y de protección de datos personales.

Ahora bien, debe dejarse claro que este mecanismo de defensa en favor de los particulares si y solo si es factible si hay armonización en las características de los órganos garantes del derecho de acceso a la información tanto federal como local, para convertirlos en órganos constitucionales autónomos, para potencializar la eficacia institucional en la protección de este derecho fundamental.

No se trata de darle competencia a un órgano federal sobre asuntos de competencia federal, estatal, del Distrito Federal o municipal en materia de acceso a la información pública siendo un órgano descentralizado.  Ello debe darse a un organismo con una naturaleza jurídica distinta, ha de darse a un ente de equilibrio constitucional, es decir, ha de ser un organismo constitucional autónomo, imparcial, especializado e independiente, condición  necesaria para asumir dicha competencia. Por lo tanto la competencia no es en favor del IFAI actual, sino de un órgano con nueva y renovada naturaleza jurídica.

Superado ello, resulta oportuno que el nuevo organismo constitucional autónomo federal tenga competencia sobre asuntos domésticos, locales o de las entidades federativas. Pero dicha competencia solo habrá de darse dentro de un federalismo saludable, eficiente y eficaz, y en ese sentido tal y como se propone lo factible y oportuno es el de dotar al nuevo organismo federal constitucional autónomo de la facultad para conocer o revisar las resoluciones de los organismos de transparencia de las entidades federativas, cuando la resolución que se impugna hubiere negado el acceso a la información al particular.

Lo que se propone es un mecanismo de defensa expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir en segunda instancia administrativa alguna controversia en materia de acceso a la información y protección de datos personales.

Debe dejarse claro –como dice el mismo Guzmán- que la premisa fundamental es la de crear un instrumento de defensa administrativo en favor del particular o gobernado, de que este cuente con un mecanismo mas en su favor, como instrumento de defensa administrativo previo al juicio de amparo, y siempre opcional. Es decir, que quede resguardado el derecho de los particulares a impugnar las resoluciones de los órganos de transparencia local, ya sea interponiendo la impugnación ante el nuevo órgano constitucional autónomo federal o bien el de poder optar por la vía del juicio de amparo. Ello con el  fin de eliminar la preocupación para algunos de que tal instancia parecería contradecir la idea de procedimientos expeditos, sencillos y no judicializado, lo cual de ninguna manera es así.

Además, de señalar que dicho mecanismo de defensa asegura los principios de gratuidad, sencillez, rapidez y especialización en el  ejercicio de este derecho. Se asegura la especialización por que la impugnación en segunda instancia sería realizada ante un órgano autónomo, imparcial y especializado. El órgano revisor en segunda instancia sería un órgano administrativo no judicial, lo que hace que esa segunda instancia no se judicialice para el particular, al tratarse de funciones materialmente jurisdiccionales pero formalmente administrativas.

Se asegura la sencillez, expedites y gratuidad ya que se trataría de una impugnación que podría interponerse por el sistema electrónico tal y como se hace para los recursos de revisión que hoy se conocen y sustancian, lo que implica que no será escrito, ni será necesario contar con un abogado o licenciado en derecho para su interposición, aplicándose las reglas de la suplencia de la queja para el particular.

En efecto, dicha instancia o mecanismo de defensa adicional, permitirá  no orillar desde un inicio al gobernado acudir al juicio de amparo, que como se sabe es un mecanismo de defensa judicializado, que exige reglas técnicas más estrictas para su interposición y procedencia, además de la necesidad de contar con un especialista o abogado para ello, que podría implicar costos económicos para el particular, aunado a las exigencias físicas y traslado para conocer del mismo al tratarse de un juicio de corte escrito, así como la dilación para resolver por parte de la autoridad jurisdiccional, pues como se sabe los plazos resultan más amplios en comparación con los plazos que se pueden establecer para que el nuevo órgano constitucional autónomo del orden federal pueda resolver. Incluso se podría prever en la legislación reglamentaria respectiva un plazo corto  para que el nuevo órgano federal dicte una resolución definitiva, por ejemplo de 20 días hábiles.

Este mecanismo de defensa permitiría disipar la desconfianza, el descredito o bien la falta de maduración o consolidación institucional que pueda existir en algunos órganos garantes de transparencia local, al saberse no solo observados sino revisados en su actuación por un órgano especializado, mediante un medio de defensa sencillo, expedito y no judicializado.

Este mecanismo de defensa sería un instrumento de eficacia institucional –es más si se quiere decir así- de prevención general, pues los órganos de transparencia local se verían incentivados a emitir resoluciones más y mejor fundadas y motivadas, sostenibles ante la instancia de reconsideración o segunda instancia de revisión.

Este mecanismo de defensa permitiría establecer criterios de interpretación por parte del órgano federal en su calidad de revisor, lo que a su vez se podría traducir en una armonización en las resoluciones de los órganos garantes locales, ya que el criterio del órgano federal seria un referente a tomar en cuenta por los institutos de las entidades federativas al momento de resolver.

La apuesta de este mecanismo de defensa, parte de la convicción de que la transparencia y derecho de acceso a la información pública son un mecanismo de control social en el ejercicio del poder público; pues para que funcione la democracia es indispensable un sistema abierto de información, para que los gobernados tomen decisiones informadas.

Luego entonces, si queremos que este mecanismos de control social funcione, debemos dar a sus titulares los instrumentos necesarios de defensa que haga efectivo su ejercicio.

Finalmente, dicho mecanismo de defensa,  se inscribe dentro de los cánones de la garantía de acceso a la justicia y de tutela judicial efectiva instituidas en el artículo 17 constitucional, ya que no propiciara un retraso en la resolución de los recursos respectivos; no impedirá que los conflictos se resuelvan en su integridad; no induce a que quien resuelva lo haga en determinado sentido; no establece el cobro de importe alguno por que se emita la resolución definitiva; ni, por último, establece alguna condición insuperable alguna para acudir a los tribunales jurisdiccionales.

Sirven de apoyo a la anterior conclusión las siguientes jurisprudencias de las Salas y del Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación:

“GARANTIA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTICULO 17 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. La garantía a la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, si se atiende a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén expeditos -desembarazados, libres de todo estorbo- para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público —en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial— no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de fianzas o depósitos.” (Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, Abril de 2007, Tesis: 1a./J. 42/2007, Página: 124).

“ACCESO A LA IMPARTICION DE JUSTICIA. EL ARTICULO 17 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTIA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTAN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales.” (Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI, Octubre de 2007, Tesis: 2a./J. 192/2007, página: 209).

7. FACULTAD DE ATRACCION DEL ORGANISMO GARANTE FEDERAL RESPECTO DE RESOLUCIONES DE LOS ORGANISMOS GARANTES LOCALES.

Congruente con la propuesta anterior, se plantea disponer que el organismo garante autónomo de acceso a la información pública del orden federal, de oficio o a petición fundada del órgano garante equivalente del estado o del Distrito Federal, pueda conocer de los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten. En todo caso, la ley reglamentaria señalará el procedimiento y los términos a que deberán someterse los organismos garantes de las entidades federativas y, en su caso, el organismo autónomo federal  para dictar sus resoluciones.

En todo caso, se precisa que la resolución que el órgano federal emita por virtud de la facultad de atracción será vinculatoria, definitiva e inatacable para la autoridad, entidad, órgano, organismo local o personas o sujeto obligado correspondiente, por lo que éste deberá cumplirla en sus términos. Pero obviamente, al igual que la propuesta anterior, se precisa el derecho de los particulares a impugnar las resoluciones que el Instituto Federal emitiera como instancia revisora de los órganos garantes locales, mediante el juicio de amparo ante las autoridades jurisdiccionales, en términos de la legislación de la materia.  

Esta propuesta junto con la del mecanismo de defensa administrativo que se plantea en favor de los particulares en esta iniciativa, lo que busca es diseñar una nueva relación entre los organismos garantes del orden federal y locales, dentro de un federalismo eficaz y eficiente en la materia. No se trata de dar intervención al órgano federal sobre cualquier asunto de los organismos locales, ni para que revise sobre cualquier resolución que estos órganos u organismos locales, sino únicamente sobre las resoluciones de los recursos de revisión que conozcan, substancien y resuelvan los órganos garantes o sobre estos mismos medios de impugnación que presentes los particulares pero que se estima que por su interés o relevancia deba conocer desde un inicio el órgano federal.     

Finalmente, cabe decir que sobre los alcances de interés y trascendencia el órgano judicial ya se ha pronunciado en diversas ocasiones, pero además ello deberá ser materia de regulación en la legislación respectiva. Sin dejar de advertirse, que ya hay experiencia y avances sobre la facultad de atracción en otras materias, cuyo referente puede  ser tomado en cuenta en favor de la propuesta que se plantea.

8. POR UNA LEY GENERAL QUE ARMONICE Y ASEGURE EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION EN TODO EL PAIS, Y POR UNA LEY GENERAL DEL DERECHO DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES.

No se puede negar que la reforma al artículo 6 Constitucional vino a contribuir a avances importantes en el ejercicio del derecho de acceso a la información. Cabe recordar que el espíritu y alcance central de dicha reforma del 20 de julio de 2007,  fue  el de consolidar criterios uniformes en materia de acceso a la información pública, mediante el establecimiento de las condiciones mínimas que el ejercicio de ese derecho debería de tener en piso mexicano.

Efectivamente la reforma constitucional referida buscó que el ejercicio del derecho de acceso a la información pública fuera parejo en todo el país, que su ejercicio entre una entidad federativa y otra no fueran dispar e incluso contradictorio, en algunos lados con mayor apertura y en otros con mayor restricción. Se trato o se busco, de emparejar el piso en todo el país en el ejercicio del derecho de acceso a la información.

No obstante dichos avances, resulta necesario dar un nuevo impulso que permita desplegar una vez más de manera más efectiva este derecho, y seguir en la línea por emparejar o armonizar el ejercicio de este derecho en todo el territorio nacional,  y evitar que su ejercicio pueda llegar a ser dispar entre una y otra entidad u orden de gobierno. 

Hay que reconocer, que la diversidad legislativa ha llevado en algunos de los casos a que se detonen diferencias en el  ejercicio del derecho de acceso a la información; por ejemplo, en los plazos y procedimientos para la entrega de la información; en el procedimiento de los medios de impugnación o recursos de revisión que conocen los órganos de transparencia; en las causas de clasificación de reserva; en la información que debe aparecer en los portales de transparencia de los sujetos obligados; o bien en la facultad para sancionar, dado que algunas legislaciones prevén la posibilidad de que el órgano garante imponga sanciones o medidas de apremio al ente público, incluso para sustanciar y conocer sobre responsabilidades administrativas, mientras que en otras no existen dichas facultades. Asimismo, algunas legislaciones se contemplan dentro de las leyes de transparencia la protección de datos personales en posesión de las entidades públicas, en tanto que otras ya cuentan hasta con un ordenamiento propio en la materia. Todo esto refleja disparidad o falta de armonización legislativa a nivel nacional en el acceso a la información, y también de la protección de datos personales.

Por ello es necesario diseñar un marco general que permita que sea un derecho igual para todos y un deber igual para cualquier instancia de gobierno.  No puede permitirse que para un mexicano el mismo derecho sea ejercido diferenciadamente según la entidad federativa en la que se encuentra o su lugar de residencia en el país.

Debe contarse con un marco legal que permita un derecho unificado, tutelado e igual para todos en todo el territorio nacional. Y al mismo tiempo un deber igual para cualquier orden de gobierno, sin que varíe la normatividad general, procedimientos, sujetos obligados y las atribuciones de los órganos garantes de una entidad a otra. Siendo claro que la idea de evitar la asimetría normativa parte de la convicción de no minimizar, anular o empobrecer el ejercicio de este derecho por cuestiones de ámbito territorial.

Se requiere una mejor normativa para desvanecer la incertidumbre cuando se ejerce este derecho en una entidad y en otra y más al tratarse de un derecho fundamental, o como lo ha expresara nuestro máximo Tribunal de una garantía individual y un derecho social.

Se trata de contar con una Ley marco que permita armonizar o alienar de manera más clara y puntual los criterios y principios a los cuales están sujetos la Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios respecto del derecho acceso a la información. 

Para lograr ello, y con el fin de hacerlo desde una visión federalista será necesario dotar al Congreso de la Unión de la facultad para expedir una Ley General en materia de acceso a la información pública, con el objeto de cumplir con los principios y bases previstas en el párrafo segundo del artículo 6º de la Constitución General y garantizar su armonización en su aplicación a nivel nacional por la Federación, los Estados y el Distrito Federal en el ámbito de sus respectivas competencias.

Lo armonización sería precisamente en cuanto a los mecanismos para presentar las solicitudes, en los procedimientos de revisión, en las obligaciones de transparencia, las causas de restricción de la información, las sanciones a la autoridad por violación al derecho de acceso a la información pública.

Se trata por ejemplo que si el plazo de dar respuesta es de diez días en una entidad lo sea también en las otras, que si los informes de cuenta pública o la cancelación de créditos fiscales son de acceso público en el orden federal también lo sea en orden local; que si en el portal electrónico de una delegación política debe publicarse el nombre de la obra, el monto, tipo de adjudicación, convocatoria, dictamen, empresa ganadora y contrato ello también se publique en el portal de cualquier municipio. De eso se trata este diseño constitucional.

En ese sentido, se propone adicionar al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos una fracción XXIX-R y una fracción XXIX-S, para establecer que el Congreso de la Unión será competente  

“XXIX-R. Para expedir una ley general en materia de acceso a la información pública con el objeto de cumplir con los principios y bases previstas en el párrafo segundo del artículo 6º de esta Constitución, y garantizar su armonización y homogeneidad en su aplicación en el territorio nacional por la Federación, los Estados y el Distrito Federal en el ámbito de sus respectivas competencias.

XXIX-S. Para expedir una ley general en materia de protección de datos personales con el objeto de cumplir con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 16 de esta Constitución, y garantizar su armonización y homogeneidad en su aplicación en el territorio nacional por la Federación, los Estados y el Distrito Federal en el ámbito de sus respectivas competencias.”

Se trata de una propuesta de federalismo eficaz y eficiente, y respetuoso de la autonomía de los estados y la propia que tiene el propio Distrito Federal aun como asiento de los poderes federales, ya que la aplicación de las normas contenidas en la ley general estaría a cargo de sus propios organismos autónomos de transparencia, dentro de su ámbito de competencia; es decir, se permite que cada ámbito estatal o local aplique la ley general en su propio terreno.

Esta propuesta parte de un federalismo de atribuciones compartidas, por un lado la  regulación y por el otro su ejecución. Ya que se estaría dotando al Congreso de la Unión para emitir la norma marco o general, pero serían los propios organismos de transparencia del ámbito de los estados y del Distrito Federal los que estarían a cargo de su ejecución, conforme a sus respectivos ámbitos de competencia.

Dicha Ley seria el marco general bajo el cual deberán sujetarse todas las entidades federativas. Sin perjuicio estimo que se complemente dicho marco general en las disposiciones locales, pero conforme a dicha normativa general. Esto es, las normas locales se verían obligadas a tener que ceñir el derecho de acceso a la información conforme a lo establecido en la Ley General, sin demérito de perfeccionar o ampliar el ejercicio de su derecho según sus propias realidades.

Se trata de contar con un marco legal que desenvuelvan, desglose  o regule los principios,  criterios o conceptos generales que el ejercicio del derecho conlleva, y su aplicación uniforme por la autoridad federal o local, es decir, por los propios órganos garantes del acceso a la información y protección de datos personales de cada orden de gobierno.

Es decir, una ley general para lograr una homologación en los mecanismos de acceso a la información, los procedimientos de revisión, indicadores de gestión u obligaciones de transparencia comunes y específicas, las causas de restricción del derecho de acceso a la información y las medidas de apremio o sanciones por incumplimiento en la materia.

Por otro lado, una ley general en cuanto a la homologación en los principios, los mecanismos del ejercicio de los derechos, los procedimientos de revisión, medidas de seguridad, y las medidas de apremio o sanciones por incumplimiento en la materia.

Con dichas leyes marco generales, se lograría por ejemplo:

·    Homologación de plazos para: dar respuesta a las solicitudes, de la prórroga para dar respuesta, para resolver los recursos de revisión, prórroga para resolver, plazo para cumplir las resoluciones.

·    Uniformidad en los supuestos de clasificación, mediante el establecimiento de las causas o hipótesis de reserva o confidencialidad, a fin de evitar disparidad al respecto.

·    Piso parejo sobre el tiempo o la temporalidad en los casos de restricción de la información mediante su reserva.

·    Homologación respecto de la información pública de oficio u obligaciones de transparencia que de manera común deben cumplir todos y cada uno de los Sujetos Obligados.

·    Armonización para incluir obligaciones de transparencia específicas para determinados sujetos obligados (poder judicial, legislativo, ejecutivo, instituto electoral, comisión de derechos humanos, órgano de transparencia, universidades públicas o instituciones análogas, por citar algunos, ello de cada orden de gobierno.

·    Evaluaciones con criterios y metodologías estandarizados.

·    Armonización de los principios en el ejercicio de la protección de los datos personales.

·    Estandarización sobre los alcances de los derechos ARCO (Acceso, Ratificación, Cancelación y Oposición) dentro de la protección de datos personales, y

·    Uniformidad en el establecimiento de un procedimiento de ejecución de resoluciones para el debido acatamiento de éstas, entre otros aspectos normativos más.

A mayor abundamiento, la propuesta para contar con una ley general en materia de acceso a la información ha sido un planteamiento que se ha venido campeando por algún sector académico, doctrinal y por organizaciones comprometidas con la transparencia o la rendición de cuentas.

Así por ejemplo, la RED por la Rendición de Cuentas, quién ha señalado su compromiso con  el diseño, la puesta en marcha y el seguimiento de una verdadera política completa, articulada y coherente de rendición de cuentas en México, en su documento denominado “Red por la Rendición de Cuentas. Hacia una política de rendición de cuentas. Marzo del 2012”, plantea entre otros aspectos el de “Alinear los procedimientos, los plazos, los criterios y las garantías que se establecen en las leyes de transparencia y de archivos del país, mediante una Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que conforme a los principios ya establecidos en el Artículo Sexto Constitucional, garantice el cumplimiento eficaz de ese derecho fundamental entre los estados, los poderes y conjure el riesgo de regresiones políticas”.

O bien el caso de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (COMAIP), señalo en su comunicado denominado “Consensos para la Transparencia en México”, entre otros aspectos la necesidad de “Expedir una Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública para que las entidades federativas y la federación, adecuen sus leyes para que todas cuenten con los mismos procedimientos, plazos, criterios de información de oficio y garantías con altos estándares de calidad ”.  

Siendo entonces, jurídica y socialmente sostenible impulsar una reforma constitucional de este calibre como la que se propone a esta Asamblea. Esta propuesta de una Ley General, junto con el impulso por constituir a los órganos de transparencia federal y locales, como órganos constitucionales autónomos, especializadas e imparciales en su actuación, y depositarios de la autoridad en la materia, para hacerlos auténticos garantes del derecho de acceso a la información, y verdaderamente independientes de los poderes que están obligados a vigilar y supervisar, permitiría contar por un lado con instituciones fuertes y confiables y por otro con un marco legal armónico y parejo en los procedimientos y los principios en su ejercicio, todo ello en favor de los mexicanos, sin importan la entidad donde vivan.

Se trata como diría Juan Francisco Escobedo Delgado: “no debe tratarse de ese federalismo que puede servir de coartada para simular que se está avanzando en el campo de la transparencia y del derecho a la información, bajo la idea de que se es soberano y nadie debe intervenir”. Y menos como lo dice el mismo Escobedo por tres razones esenciales: 1) porque  se trata de un derecho humano, 2)  porque debe ser una política y una política de Estado, y 3) porque debe darse la recuperación del carácter público del poder público.
9. HOMOLOGACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DE LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Como ya se ha expuesto, el fortalecimiento de las instituciones garantes del acceso a la información pública y protección de datos personales, no solamente deben de darse en el orden federal sino también en el local, porque el federalismo es eficiencia y es eficacia en los distintos órdenes de gobierno. En ese sentido, se plantea la homologación de criterios o principios uniformes básicos, esenciales o fundamentales en el diseño normativo constitucional de dichos órganos como constitucionales autónomos, tanto del orden federal, como de los estados y del Distrito Federal.

El planteamiento, es que dichos criterios sean la base para el caso de órgano federal pero también para los demás órganos garantes de las entidades federativas, a fin de armonizar las características fundamentales o esenciales mínimas de los organismos garantes en la materia, con el objeto de contar con instituciones fuertes y confiables en todo el país, y cumplir así con el criterio de apoliticidad en cada uno de ellos.

En efecto, debe tomarse en cuenta, que resulta importante que algunas decisiones de carácter orgánico –como la que se propone- sean previstas en la Constitución, que se  requiere que sean ubicadas en ese rango, en la medida en que, sin ellas, sería difícil cumplir con determinadas finalidades y funciones constitucionalmente relevantes, como en el caso acontece, de dotar a todos los organismos garantes de acceso a la información y protección de datos personales de garantías de independencia, autonomía e imparcialidad, para que el piso por instituciones solidas sea parejo en todo el país. De lo que se trata es de blindar de eficacia institucional a estos órganos garantes.

Se trata de que el Poder Constituyente o el Poder de Reforma prevea un  diseño institucional, cuya particular y específica configuración orgánica, resulte idónea y susceptible de alcanzar las finalidades  de eficacia institucional que se han expresado, a fin de que el Constituyente Local y el legislador secundario observe y atiende conforme con dicho fin.

En otras palabras, se trata de un esquema institucional desde la Constitución para exigir de los poderes constituidos, directamente, no sólo la realización de determinadas funciones, sino la creación de órganos con determinadas características.

Por regla general, la distribución y configuración orgánica de los organismos públicos previstos desde la Norma Suprema resulta relevante, en la medida en que el establecimiento de una estructura distinta por parte de los órdenes jurídicos federales, locales y/o municipales sería inadecuada para cumplir con las finalidades y/o funciones que tales organismos están llamados a cumplir.

El tema relativo a la creación de organismos constitucionales autónomos de las entidades federativas –donde todavía no lo son-  es una cuestión principalmente de carácter orgánico, que en ocasiones presenta una íntima relación con la adecuada protección de los derechos fundamentales.

En efecto, ya nuestro máximo Tribunal ha compartido los argumentos anteriores y ha reconocido que los derechos fundamentales implican no sólo deberes de abstención (obligaciones de no hacer) para los poderes públicos, sino también deberes positivos de promoción (obligaciones de hacer) para su efectiva salvaguarda.

En ese sentido, resulta justificable la propuesta para establecer o disponer las características básicas o esenciales que deben reunir los órganos garantes locales de los estados y del Distrito Federal, a fin de que los mismos resulten en su diseño normativo idóneos y necesarios para la tutela efectiva del derecho a la información, más allá del orden de gobierno o la entidad correspondiente.

Lo que se plantea es que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos quede establecido un mandato de ordenación específico y vinculante para todos los órdenes jurídicos locales, en el sentido de establecer  un órgano garante, de control y vigilancia de acceso a la información y de protección de datos personales lo más uniformes posibles en su naturaleza jurídica, y asegurar los principios o criterios de inmediatez, esencialidad o de equilibro constitucional, paridad de rango, dirección política, estabilidad, permanencia, independencia, transparencia, imparcialidad, apoliticidad, especialidad, responsabilidad y sujeción al estado humanista, social y democrático de derecho, a fin de que pueda atender de manera eficiente y eficaz la función estatal toral que se les ha encomendado.

Luego entonces, se propone prever de mejor manera las características específicas y esenciales  de los órganos garantes del derecho de acceso a la información, de tal suerte que no queda al arbitrio de los legisladores dotar a dichos órganos de ciertas particularidades contrarias a las de un órgano constitucional como el que se busca diseñar; por el contrario, el mandato constitucional será la de perfeccionar y crear órganos con ciertas características, que precisamente garanticen de manera uniforme y efectiva el ejercicio del derecho de acceso a la información.

Y si bien  la vigente fracción IV del segundo párrafo del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone precisamente el establecimiento órganos u organismos especializados e imparciales con autonomía operativa, de gestión y de decisión, responsables de sustanciar los mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos, y tal precepto lo que busco fue uniformar o armonizar en la medida de lo posible la naturaleza de los órganos garantes en todos los órdenes de gobierno y de los propios entes o órganos públicos, lo cierto es que la disparidad entre unos y otros es un hecho conocido.

Con esta propuesta, se busca que dentro del Federalismo que nos hemos dado y con pleno respeto de la libertad regulatoria o ámbito normativo de los estados a este respecto, lo hagan garantizando las características o principios esenciales que la Constitución Federal haya establecido en favor de estos órganos garantes, como órganos constitucionales autónomos. Sin que, la Constitución Local  o las leyes puedan ir más allá del margen de configuración que la Ley Suprema ha previsto para estos órganos garantes.

Más aún ello es exigente, ante la evidencia histórica que al respecto se ha suscitado en cuanto a las pretensiones por desnaturalizar a estos órganos garantes, aun a pesar de la distribución orgánica prevista actualmente en la fracción IV del segundo párrafo del artículo 6o. de la Constitución General, como fue el caso de la Constitución del Estado de Querétaro que propuso fusionar dos órganos en uno mismo, es decir  fusionar las comisiones de derechos humanos y de acceso a la información en el Estado de Querétaro.  No obstante ello no tuvo éxito pues el Máximo Tribunal determino que tal diseño contravenía de manera expresa, el texto constitucional contenido en el artículo 6o., en virtud de que el órgano que se crea por virtud del artículo 33 de la Constitución del Estado, no es un órgano especializado en materia de acceso a la información pública.

Por lo tanto se propone  reformar el artículo 116 y 122 de la Constitución General, a fin de que en las Constituciones y leyes de los Estados o en el Estatuto Orgánico y leyes del Distrito Federal, se prevea lo siguiente:

·    Que establecerán organismos especializados, imparciales y colegiados, depositario de la autoridad  en la materia y responsables de garantizar en el ámbito de su competencia el derecho de acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como de los demás órganos que su Constitución o el Estatuto de Gobierno les otorgue autonomía, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito local. Contarán con personalidad jurídica y patrimonio propios, independientes en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su actuación; que para el desempeño de sus funciones contará con plena autonomía técnica, de gestión, jurídica y presupuestaria.

·    Que dichos organismos garantes tendrán las facultades que establezca la Ley que emita cada una de las Legislaturas del Estado o la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y en todo caso serán competentes para vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en la materia y para conocer y resolver de los recursos de revisión interpuestos por violación al derecho de acceso a la información pública por parte de los poderes, órganos, organismos, entidades, personas o sujetos obligados antes referidos, así como de la promoción, difusión e investigación sobre el derecho a la información pública y la cultura de la transparencia, en el ámbito de su competencia.

·    Facultad de los organismos garantes para interpretar en el orden administrativo las disposiciones aplicables al momento de resolver los recursos de su competencia, en todo caso ello lo harán conforme a lo previsto en el artículo 1º de esta Constitución.

·    Que las resoluciones del organismo garante de los estados o del Distrito Federal serán definitivas e inatacables para los poderes, autoridades, entidades, órgano, organismo, personas o sujetos obligados descritos con anterioridad. Los particulares podrán impugnarlas mediante el juicio de amparo ante las autoridades jurisdiccionales competentes, conforme a los términos y formas previstos en la legislación de la materia. O bien podrán promover ante el organismo garante federal el mecanismo de defensa previsto en el artículo 6 de esta Constitución.

·    Que el servicio profesional de acceso a la información pública y protección de datos personales, será la base del funcionamiento de los órganos garantes estatales, para lo cual deberán contar con el personal calificado necesario para prestar un servicio especializado en la materia.

·    Que el órgano superior de dirección y administración de los organismos garantes deberá ser integrado por un órgano colegiado de comisionados, los cuales deberán durar en su cargo un periodo determinado, que no podrá ser menor a siete años, y deberán  ser renovados en forma escalonada, y solo podrán ser removidos de su encargo mediante un procedimiento especial en los términos de lo que disponga su Constitución Local o el Estatuto de Gobierno.

·    Que se deberá procurar que exista equidad de género en la conformación del órgano máximo de decisión.

·    Que las personas encargadas de la conducción del organismo garante local, podrán ser sujetos de juicio político conforme a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Constitución y de su propia Constitución o Estatuto de Gobierno.

·    Que los Comisionados serán designados en los términos y procedimiento que disponga la Constitución Local, el Estatuto de Gobierno y la Ley local, pero en todo caso para su designación se requerirá una votación calificada del órgano legislativo.  La Ley preverá los requisitos para ser comisionado pero en todo caso deberán cumplir con los requisitos que se exige para los Comisionados del orden federal en términos del párrafo segundo del artículo 6 de la Constitución General.

·    Que la Ley que emitan las Legislaturas Locales o la Asamblea Legislativa del Distrito Federal regularan la estructura, el funcionamiento del organismo garante, el régimen de incompatibilidades de los comisionados, el régimen de ausencias, los supuestos en los que los Comisionados deberán excusarse por algún impedimento para conocer de un caso concreto, así como el procedimiento mediante el cual las partes en un recurso puedan recusar con causa a un Comisionado.

·    Que los organismos garantes elaborarán su propio proyecto de presupuesto de egresos y lo remitirá al Ejecutivo Local, a fin de que éste lo envíe en su oportunidad al Congreso del Estado o a la Asamblea Legislativa, para su estudio, discusión y, en su caso, aprobación. El proyecto de presupuesto de egresos no podrá ser modificado por el poder Ejecutivo local. El proyecto de presupuesto de egresos del Instituto, contemplará las partidas presupuestales necesarias para el     cumplimiento de su objeto.

·    Que la legislación local en materia de transparencia y acceso a la información y protección de datos personales que emitan las Legislaturas locales o la Asamblea del Distrito Federal en todo caso deberá ajustarse a lo previsto en la ley general en materia de acceso a la información pública que emita el Congreso de la Unión.

10. ESTABLECER BASES, PRINCIPIOS Y ARMONIZACION EN MATERIA DE ARCHIVOS, ASI COMO DOTAR AL CONGRESO DE LA UNION DE LA FACULTAD PARA EXPEDIR UNA LEY GENERAL DE ARCHIVOS.

En la presente iniciativa se plantea una propuesta de reforma en materia de archivos, partiendo de que dicho tema si bien debe ser visto a la luz del acceso a la información, también debe de ser valorado con un propósito más superior, que es el de preservar la memoria histórica de la Nación. Por ello la propuesta que se hace a este respecto es vista en ambas dimensiones y no solamente una; es decir, la memoria y la transparencia.

La necesidad de establecer normas estandarizadas que regulen la producción, organización y conservación de los documentos en nuestro país, debe ser visto a la luz de dos dimensiones; la primera, porque son un testimonio de la vida cotidiana y trascendente de la sociedad, preservando la memoria histórica de la nación; y la segunda, como un medio para garantizar el ejercicio eficaz del derecho de acceso a la información.

Así, en principio, se parte del hecho de que los testimonios documentales originaron el nacimiento de la historia. Sólo a partir de que el hombre deja evidencia de sus actos se habla de un pasado de la humanidad.

La historia no se hace exclusivamente con documentos escritos. Se reconstruye con los datos procedentes de las excavaciones arqueológicas, con los objetos conservados en los museos, con los resultados realizados en los laboratorios científicos, con encuestas, con entrevistas grabadas, con las imágenes transmitidas por los más diversos medios y, más recientemente, con el cine, la televisión y el Internet.

Sin embargo, esos cambios no han disminuido la importancia de los archivos como conservadores y transmisores de la memoria. Al contrario, la riqueza documental acumulada en los repositorios federales, de las entidades federativas, municipales, eclesiásticos y privados, la secuencia histórica que los articula y la posibilidad de aplicar a esa cuantiosa información las nuevas técnicas de análisis que continuamente ensayan los investigadores, los mantiene como legado rico, homogéneo y confiable para estudiar el pasado.

Los millones de documentos acumulados a la fecha son registro, prueba y memoria de los actos del hombre en su entorno natural y social. De ahí la importancia de establecer criterios homogéneos que nos resulten útiles para su manejo adecuado, cuya conservación y acceso permita conocer y explorar nuestra identidad nacional; la razón de lo que somos actualmente y nuestro potencial como sociedad.

La vida del Estado es objeto de renovación constante y el instrumento natural de esa renovación se plasma en los documentos que están en posesión de los poderes públicos, al alcance de quienes desean consultarlos. Por esta razón, los archivos deben marchar por el mismo rumbo que las demás instituciones públicas y a la par de los cambios históricos que vive el país.

Con todo, la vieja función que dio origen a los archivos sigue siendo la misma: conservar, clasificar, inventariar y difundir la memoria histórica acumulada. Sin embargo, también es cierto, esta tarea enfrenta nuevos retos que es necesario solventar de una manera institucional y eficaz; como lo es la exigencia de estandarizar las normas, criterios y procesos de organización y administración de los archivos, y más, ante el hecho innegable de que los documentos públicos, son la materia prima que garantiza el ejercicio eficaz del derecho de acceso a la información, elemento consustancial de un Estado democrático.

Sin duda existe una relación estrecha entre archivos y democracia, puesto que los archivos generan dos ingredientes fundamentales para la democracia: memoria y transparencia. La memoria, y la transparencia, que se construyen a través de archivos bien conservados y ordenados, son claves a la democracia, puesto que son necesarios para que los ciudadanos puedan hacer una elección razonada y juiciosa de sus gobernantes y de los programas de gobierno que se les proponen. Los archivos proporcionan las herramientas imprescindibles para que los ciudadanos puedan acceder a la verdad, conocer el desempeño de sus gobernantes, obligar a una verdadera rendición de cuentas, y mediante su voto, premiar o castigar la conducta de quienes les gobiernan

En efecto, no es concebible la existencia de dicha  prerrogativa constitucional, si de manera correlativa, no se surte la obligación de registrar los actos públicos. Dicho de otra manera; no existe derecho de acceso a la información, si no existe información. La materia prima del derecho de acceso a la información, lo es la obligación de documentar los actos públicos. Es decir, debe registrar y comprobar el uso y destino de recursos públicos y en general del ejercicio de sus atribuciones.

Es así, que para hacer efectivo el ejercicio de este derecho fundamental y poder acceder debidamente a la información pública gubernamental, y de cuya efectividad son protagonistas en primera instancia los propios Sujetos Obligados, es que su actuar comprende de manera esencial la conservación de sus archivos documentales.

La necesidad de contar con archivos actualizados como elemento fundamental para dar vigencia a nuestro sistema democrático a través del derecho de acceso a la información, se desprende de la primera parte de la fracción V del artículo 6° de la Constitución Federal, que exige como un medio para dar cumplimiento a dichas finalidades, el que los órganos públicos preserven sus documentos en archivos administrativos actualizados.

Si bien como lo refiere las consideraciones del dictamen de la Comisiones Unidas de la Función Pública y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, sobre la reforma constitucional al artículo 6° en materia de acceso a la información, “… resulta importante no confundir el archivo histórico con los archivos administrativos de gestión y concentración, que tienen una función distinta y específica. . .” y por ello, el elemento fundamental para dar vigencia a dicha prerrogativa constitucional, lo son los archivos administrativos de gestión y concentración, y no así el histórico que requiere un tratamiento y acceso a su información específico, esto no conlleva a que no se conciba la necesidad de establecer las bases de una política nacional en materia de desarrollo archivístico, mediante la homologación de los procesos, criterios y principios de organización y administración de los archivos; dado que como se ha mencionado, no se trata sólo de apuntalar nuestro sistema democrático mediante la rendición de cuentas de nuestros gobernantes, sino igualmente se conciben como los depositarios de nuestra memoria nacional, el reflejo de lo que hemos hecho y dejado de hacer.

Hasta hace algunos meses, únicamente 22 entidades federativas contaban con su respectiva Ley de Archivos o de Documentación, o del Sistema estatal de archivos; lo que refleja la necesidad de establecer disposiciones observables por todas las entidades federativas, incluidos los municipios, en los que se establezcan los aspectos esenciales en la administración y conservación de la memoria histórica de la nación, así como de la materia prima que dota de eficacia el ejercicio del derecho de acceso a la información en nuestro país.

Si queremos seguir avanzando en el fortalecimiento de nuestro vida institucional, requerimos contar con criterios y mecanismos de registro y custodia de los archivos, que cancele la posibilidad de que los funcionarios públicos sin importar el orden jurídico al que pertenezca, hagan un uso discrecional de éstos, que venza la aún existente tentación de patrimonialismo documental, y los obligue a entregar al final de su encargó, la documentación que generaron. 

Por ello, en el contexto de esta iniciativa, se incita al órgano que de forma provisional se constituye para modificar nuestras decisiones políticas fundamentales, conocido por parte de la doctrina como Poder Reformador de la Constitución; a efecto de que se establezcan en el texto constitucional dos cosas, primero, un deber de asegurar la correcta organización, control y consulta de los archivos, atendiendo a los principios comúnmente reconocidos en la materia como son: conservación, procedencia, integridad y disponibilidad.

Si bien el alcance de dichas características es tarea de la legislación reglamentaria, resulta oportuno realizar una conceptualización al respecto.

o  La conservación, implica adoptar las medidas de índole técnica, administrativa, ambiental y tecnológica para la adecuada preservación de los archivos.

o  La procedencia, conlleva a conservar el orden original de cada fondo documental producido por los sujetos obligados en el desarrollo de su actividad institucional, para distinguirlo de otros fondos semejantes;

o  La integridad, implica garantizar que los documentos de archivo sean completos y veraces para reflejar con exactitud la información contenida; y

o  La disponibilidad, conlleva a adoptar medidas pertinentes para la localización de los documentos de archivo.

Es importante destacar que la actual fracción V del artículo 6º Constitucional únicamente se refiere a los archivos de gestión, no así a los históricos, a cuyo acceso no deben ceñirse las leyes de acceso a la información.

Por lo que se propone prever en dicha fracción que Los sujetos obligados deberán asegurar la correcta organización, control y consulta de los archivos, atendiendo a los principios de conservación, procedencia, integridad y disponibilidad”.

Con abstracción de lo anterior, en cuanto a técnica legislativa, se estima que lo correcto  separar el contenido de la fracción V y  que esta únicamente prevea la materia de archivos, y en consecuencia trasladar a la fracción VI el enunciado de las obligaciones de transparencia, y recorrer a la sexta y séptima.

En cuanto al contenido de la fracción V propuesto, este se integra en dos partes. La primera, las acciones que deben llevar a cabo los sujetos obligados, y la segunda, los principios a que deben ceñirse éstos.

El segundo aspecto sin duda complementario y en cuya sinergia descansará el éxito del primero, consiste en incorporar con pleno respeto a nuestra forma de Estado Federal, una cláusula de autorización en nuestra norma máxima, que permita que el Congreso de la Unión expida una ley general al respecto, cuyo fin es establecer disposiciones que normen los aspectos esenciales de la estructura organizacional y los instrumentos mínimos necesarios para garantizar la conservación y organización de los archivos, tanto físicos como electrónicos, de modo tal que no se comprometa el valor probatorio de los documentos y se conserve la memoria histórica de las instituciones.

Mediante la integración de una Ley General de Archivos, se facilitará el uso de la información, y se contribuirá a al ejercicio eficaz del derecho de acceso a la información, desembocando en una mejor rendición de cuentas; pero mejor aún, se constituirá sin duda un andamiaje que permita dar bases firmes y uniformes a la preservación de nuestra memoria histórica, tanto en la federación, como en las entidades federativas y los municipios.

En este sentido, debe estimularse la estandarización de las políticas de administración de archivos y el establecimiento de procedimientos que aseguran una apropiada atención y protección de los mismos. Se logra así, que la evidencia e información contenida se pueda recuperar de una manera eficiente, con base en prácticas y procedimientos homogéneos.

Igualmente con dicha medida se fortalecería la relación entre los acervos y las instituciones a partir de un marco jurídico que regula su funcionamiento, que cubra los vacíos legales ante leyes inexistentes o disparidad en los procedimientos en los diversos órdenes de gobierno, y a su vez, garantice el fortalecimiento de las instituciones públicas desde la perspectiva del patrimonio documental que generan y resguardan.

La estandarización de los procesos de administración de documentos en nuestro país, evitarían la improvisación, facilitarían el intercambio de información, agilizarían los servicios de información y crearían mecanismos de medición de la eficiencia de los procesos.

Con esta medida, no se restaría importancia alguna al archivo General de la Nación o menoscabaría su naturaleza jurídica, sino por el contrario, se fortalecería su posición como organismo rector de la actividad archivística nacional y entidad central de consulta para la administración de los archivos administrativos e históricos, bajo un nuevo diseño legislativo que amplifique y potencie el Sistema Nacional de Archivos contenido en la actual la Ley Federal de Archivos, y que no regule solamente a los órganos del Poder Ejecutivo Federal y deje a la expedición de disposiciones generales de los demás entes públicos federales, la observancia de las disposiciones genéricas en la materia; dicho esquema que si bien es similar a la primera generación de leyes de acceso a la información en nuestro país, debe incorporarse ya a un sistema horizontal y vertical del cumplimiento de sus obligaciones.

De la misma manera fortalecería el vínculo entre todos los actores del Sistema Nacional de Archivos, definiendo claramente participaciones y competencias.

La expedición de una ley que defina con base en experiencias nacionales e internacionales, un proyecto uniforme de los sistemas de clasificación y conservación de los archivos en los órdenes federal, de las entidades federativas, municipales, y los ámbitos universitarios, eclesiásticos y privados, nutrirá y unificar las disposiciones del Sistema Nacional de Archivos.

Por lo que en este sentido, es que se propone adicionar una fracción XXIX-T, para establecer que el Congreso de la Unión será competente  “para expedir la ley general que establezca la organización y administración homogénea de los archivos en los órdenes Federal, estatal, del Distrito Federal y municipal, con sujeción a los principios previstos en la fracción V del segundo párrafo del artículo 6° de esta Constitución; así como también, determine las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos.”

Acotando, que la propuesta al artículo 73 se trata de una redacción que comprende dos partes, la primera, que la ley tendrá como objetivo homogeneizar (igualar) la organización y administración de los archivos, al respecto la Ley Federal de Archivos contiene dos capítulos que se refiere uno, a la organización, y el otro, a la administración. El de la organización consiste en distribuir las competencias intraorgánicas, es decir, al interior de los Sujetos Obligados. La administración comprende el seguimiento de las diversas etapas de los archivos, desde su registro hasta su baja definitiva.

La segunda parte de la redacción se refiere a la creación de un Sistema Nacional, el cual ya opera en la Ley Federal pero a través de colaboración y coordinación.

Finalmente en este rubro, resulta oportuno precisar que existen diversos tipos de archivos, como son públicos, privados y  privados de interés. Por lo que se omite incorporar la expresión de públicos a propósito, con el fin de que la Ley pudiese normar igualmente en su caso, el acceso a archivos privados o la declaratoria de archivos privados de interés público.

11. REGIMEN TRANSITORIO.

A fin de concretar el contenido y alcance del decreto que se somete a la consideración de esta Soberanía, se  proponen varias disposiciones transitorias, y en ese sentido se plantea lo siguiente:

·    VIGENCIA DE LA REFORMA. Se propone que el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

·    PERMANENCIA DE SU ENCARGO DE LOS ACTUALES COMISIONADOS. Se propone que los comisionados que actualmente conforman el Instituto Federal de Acceso a la Información y Datos Personales seguirán en su cargo hasta concluir el mandato para el cual fueron nombrados.

·    PLAZO EN LA DESIGACION DE LOS DOS NUEVOS COMISIONADOS DEL NUEVO ORGANO FEDERAL. Que la designación de los dos nuevos comisionados del organismo garante federal, será realizada a más tardar 90 días después de la entrada en vigor de este Decreto, y conforme al procedimiento previsto en el mismo.

·    PLAZO AL CONGRESO DE LA UNION PARA EMITIR LA LEYES GENERALES DE ACCESO A LA INFORMACION Y LA DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES.  El Congreso de la Unión deberá expedir dichas leyes en un plazo máximo de un año, contados a partir del día siguiente de la entrada en vigor del presente Decreto.

·    PLAZO AL CONGRESO DE LA UNIION PARA ADECUAR LA LEGISLACION FEDERAL El Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones necesarias a la leyes en las materias y demás disposiciones aplicables en un plazo máximo de un seis meses, contados a partir del día siguiente de la entrada en vigor de la ley general de acceso a la información pública y de la ley general de protección de datos personales a que se refieren este Decreto.

·    PLAZOS PARA LOS ORGANOS LEGISLATIVOS LOCALES PARA ADECUAR SU LEGISLACION, EN UN PRIMER MOMENTO AL PRESENTE DECRETO Y EN SEGUNDO MOMENTO A LA LEYES GENERALES. Se prevé que las Legislaturas de los Estados  y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, tendrán un plazo de seis meses, contado a partir de su entrada en vigor, para adecuar su Constitución, sus leyes y demás disposiciones aplicables a lo establecido en el presente Decreto.

Asimismo, dichos órganos legislativos deberán realizar las adecuaciones necesarias a las leyes en materia de acceso a la Información Publica y de protección de datos personales en un plazo máximo de un seis meses, contados a partir del día siguiente de la entrada en vigor de la ley general de acceso a la información pública y de la ley general de protección de datos personales a que se refieren este Decreto.

·    APLICACIÓN DE LA NORMA VIGENTE EN TANTO SE ADECUA LA NUEVA NORMATIVIDAD. En tanto el Congreso de la Unión expide las reformas a la Leyes respectivas del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales como órgano constitucional autónomo, ésta ejercerá sus atribuciones y competencias conforme a lo dispuesto por el presente Decreto y la ley reglamentaria vigente hasta dicha expedición.

·    SUSTANCIACION DE RECURSOS EN TRÁMITE. Los asuntos que se encuentren en trámite o pendientes de resolución a la entrada en vigor de este Decreto, se seguirán substanciando ante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales como órgano descentralizado, y posteriormente ante el organismo público autónomo federal creado en los términos del presente Decreto.

·    TRANSFERNECIA DE RECURSOS Y DE PERSONAL CON QUE CUENTA EL IFAI COMO ORGANO DESCONCENTRADO AL NUEVO ORGANISMO CONSTITUCIONAL AUTONOMO. Se prevé que a la entrada en vigor del presente Decreto, los recursos financieros y materiales, así como los trabajadores adscritos al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales como órgano descentralizado, se transferirán al organismo público autónomo creado en los términos del presente Decreto. Los trabajadores que pasen a formar parte del nuevo organismo se seguirán rigiendo por el apartado B del Artículo 123 de esta Constitución y de ninguna forma resultarán afectados en sus derechos laborales y de seguridad social.

·    REGLAS PARA ASEGURAR LA AUTONOMIA PRESUPUESTAL A LA ENTRADA EN VIGOR DE ESTE DECRETO. Se plantea que el Congreso de la Unión, las Legislaturas de los estados y el órgano legislativo del Distrito Federal, deberán destinar los recursos necesarios para asegurar la autonomía presupuestal de los organismos garantes de acceso a la información y protección de datos, según corresponda, a fin de instrumentar lo previsto en este Decreto.

En las entidades federativas en donde el organismo garante tuviera la naturaleza de organismo constitucional autónomo las partidas presupuestales deberán señalarse en el presupuesto inmediato siguiente a la entrada en vigor del presente decreto y en los presupuestos sucesivos. En los casos en que dicha naturaleza deviniera por motivo de este Decreto las partidas presupuestales deberán señalarse en el presupuesto inmediato siguiente a la entrada en vigor del decreto que emitan los órganos legislativos de las entidades respectivas y en los presupuestos sucesivos siguientes a dicho decreto.

·    CREACION DE UN FONDO EN FAVOR DE LA TRANSPARENCIA.  Se propone que la Federación cree un Fondo Federal de Aportaciones para la Transparencia (APORTA), a través del cual se transfieran recursos a los organismos garantes, en términos de las disposiciones aplicables. Pero en todo caso, la determinación de los montos se distribuirían entre las entidades federativas deberá hacerse en consideración del número de habitantes, la participación de la sociedad y la extensión territorial. Dichos recursos solo se podrán destinar a actividades de vigilancia, evaluación del desempeño de los sujetos obligados, así como a la difusión y promoción del derecho de acceso a la información y la cultura de la transparencia y de protección de datos personales.

Es decir se trata de un fondo etiquetado; es decir, que no podrá destinarse los recursos del mismo para gasto corriente u operativo de los organismos garantes. Siendo el caso que en la legislación aplicable, se deberán preverán las reglas respecto a la entrega, manejo y vigilancia de dicho fondo.

Por las consideraciones expuestas, es que se somete a la consideración de esta Asamblea el siguiente

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULO 6, 16, 73, 76, 78, 105, 108, 110, 111, 116 Y 122 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ARTICULO ÚNICO. Se reforman las fracciones I, IV, V y VII del segundo párrafo del artículo 6º; el segundo párrafo del artículo 16; la fracción VII del artículo 78; la fracción XIX del artículo 89; el tercer párrafo del artículo 105; el primer y segundo párrafo del artículo 110, y el primer y quinto párrafo del artículo 111; Se adicionan, un segundo párrafo a la fracción I; una fracción V, recorriéndose la V, VI y VII para quedar como VI, VII y VIII respectivamente; y veintitrés párrafos al artículo 6º, las fracciones XXIX-R, XXIX-S y XXIX-T al artículo 73; una fracción XII recorriéndose la fracción XII vigente para quedar como fracción XIII del artículo 76; una fracción VIII al segundo párrafo, recorriéndose la fracción VIII vigente para quedar como fracción IX del artículo 78; un inciso h) al segundo párrafo del artículo 105; una fracción VIII al segundo párrafo del artículo 116 y una Base Sexta al artículo 122, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente forma:

Artículo 6o. (…)

(…)

I. Toda la información en posesión cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, tribunales administrativos, agrarios y laborales; universidades e instituciones de educación superior y demás órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral, organización de la sociedad civil, sindicato o cualquier otra que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito Federal, estatal, del Distrito Federal y municipal, es pública y sólo podrá reservarse temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.

El acceso a la información pública de aquellas personas físicas o morales que reciban recursos públicos o realicen actos de autoridad deberá hacerse a través de la autoridad, ente, órgano u organismo público a que se hubieren entregado los montos respectivos o que sea el responsable de supervisar la actuación de esos particulares, pero en todo caso, éstos estarán obligados a proporcionar a aquellos la información relativa al uso, destino o actividades que realicen con dichos recursos o sobre las acciones de autoridad que desplieguen.

II. (…)

III. (…)

IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos. Estos procedimientos se sustanciarán ante el organismo garante federal y los organismos autónomos locales.

IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos. Estos procedimientos se sustanciarán ante los organismos autónomos federal, estatal y del Distrito Federal previstos en esta Constitución.

V. Los sujetos obligados deberán asegurar la correcta organización, control y consulta de los archivos, atendiendo a los principios de conservación, procedencia, integridad y disponibilidad

VI. Los sujetos obligados publicarán a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos.

VII. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales.

VIII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será sancionada en los términos que dispongan esta Constitución y la legislación aplicable.

La protección del derecho de acceso a la información del orden federal es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo, especializado e imparcial denominado Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su actuación; que para el desempeño de sus funciones contará con autonomía técnica, de gestión, jurídica y presupuestaria, depositario de la autoridad en la materia y responsable de la protección del derecho de acceso a la información pública en posesión de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; así como de los tribunales administrativos, agrarios y laborales, universidades e instituciones de educación superior y demás organismos constitucionales autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, y de cualquier persona física, moral, organización de la sociedad civil y sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal.

En el ejercicio de esta función estatal la certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, profesionalismo, celeridad, transparencia, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores.

El Instituto tendrá las facultades que establezcan esta Constitución y la Ley federal. En todo caso será competente para vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en la materia y para conocer y resolver de los recursos de revisión interpuestos por violación al derecho de acceso a la información pública por parte de los poderes, órganos, organismos, entidades, personas o sujetos obligados, así como de la promoción, difusión e investigación sobre el derecho a la información pública y la cultura de la transparencia. El Instituto interpretará las disposiciones aplicables al momento de resolver los recursos, sujetándose a lo previsto en el artículo 1 de esta Constitución.

El Instituto conocerá y resolverá las impugnaciones que presenten los particulares en contra de las resoluciones de los organismos garantes de transparencia y acceso a la información de los estados y del Distrito Federal, siempre que la resolución que se impugne hubiere negado total o parcialmente el acceso a la información solicitada por el particular. La Ley Federal determinará la forma y términos en que deberán promoverse las impugnaciones ante el Instituto Federal. No será necesario que el particular agote previamente el mecanismo de defensa a que se refiere este párrafo para acudir al juicio de amparo. La resolución del Instituto tendrá por efecto revocar, modificar o confirmar la resolución del organismo garante local, y será vinculatoria para la autoridad, entidad, órgano, organismo local, personas o sujeto obligado correspondiente, quien deberá cumplirla en sus términos.

Las resoluciones del organismo garante federal serán definitivas e inatacables para los poderes, autoridades, entidades, órgano, organismo, personas o sujetos obligados federales o locales, según corresponda. Los particulares podrán impugnarlas mediante el juicio de amparo ante las autoridades jurisdiccionales competentes, conforme a los términos y formas previstos en la legislación de la materia.

El Instituto, de oficio o a petición fundada del organismo garante equivalente del estado o del Distrito Federal, podrá conocer de los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten. La ley reglamentaria señalará el procedimiento y los términos a que deberán someterse los organismos garantes de las entidades federativas y, en su caso, el organismo autónomo federal  para dictar sus resoluciones.

La Ley Federal determinará las reglas de organización y funcionamiento de los órganos del Instituto, así como las relaciones de mando entre éstos, pero en todo caso dispondrá del personal calificado necesario para prestar un servicio especializado en la materia. El servicio profesional de acceso a la información pública, será la base del funcionamiento del Instituto.

El Instituto tendrá un Consejo Consultivo que se integrará y funcionara en los términos que disponga la ley federal.

El Instituto contará con el personal humano y los recursos financieros y materiales que autorice el presupuesto de egresos del Estado. Asimismo elaborará su propio proyecto de presupuesto de egresos y lo remitirá al Ejecutivo Federal, a fin de que éste lo envíe en su oportunidad al Cámara de Diputados, para su estudio, discusión y, en su caso, aprobación. El proyecto de presupuesto de egresos no podrá ser modificado por el poder Ejecutivo Federal. El proyecto de presupuesto de egresos del Instituto, contemplará las partidas presupuestales necesarias para el     cumplimiento de su objeto.

El Consejo General será su órgano superior de dirección y administración y se integrará por  siete comisionados. Los comisionados durarán en su cargo nueve años, y no podrán ser reelectos; y serán renovados en forma escalonada, por lo que uno y otros serán elegidos sucesivamente. Solo podrán ser removidos de su encargo en los términos del Título Cuarto de esta Constitución. Se deberá procurar que exista equidad de género en la conformación del órgano máximo de decisión.

Los Comisionados serán designados por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o en sus recesos de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a propuesta de los Grupos Parlamentarios con afiliación de partido en la Cámara de Senadores, previa realización de una amplia consulta a la sociedad, que deberá ser transparente en los términos y condiciones que determine la ley, a fin de recibir la opinión de las organizaciones no gubernamentales, universidades, instituciones académicas, centro de investigación, barras y asociaciones de profesionistas, y en general del público sobre las propuestas realizadas. Los aspirantes al órgano de dirección deberán comparecer en audiencia o entrevista pública ante el órgano legislativo y acreditar experiencia y conocimientos en la materia, y deberán ser designados por el órgano legislativo en sesión pública. La ley federal establecerá la forma, términos y procedimiento correspondientes.

Será elegido de entre los Comisionados al que ha de fungir como comisionado Presidente, quien tendrá la representación legal del organismo, quien podrá delegarla en términos de la Ley. La designación del comisionado Presidente recaerá en el propio Pleno del Consejo General, quien lo designara mediante voto secreto, por un periodo de tres años, con posibilidad de ser reelecto por un periodo igual.

Para ser comisionado se requerirá ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles y cumplir con los requisitos establecidos en las fracciones II, IV, V y VI del artículo 95 de esta Constitución, además deberán contar por título profesional de licenciatura en general y tener conocimientos en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales o cualquier materia a fin; no haber desempeñado un cargo de elección popular federal, estatal o municipal, durante los últimos cinco años inmediatos a la fecha de su designación; no  haber sido dirigente de un comité directivo, ejecutivo o equivalente de un partido político a nivel nacional, estatal o municipal, ni ministro de ningún culto religioso, durante los últimos cinco años inmediatos a la fecha de su designación; no tener antecedentes de una militancia activa o pública y notoria en algún partido político, cuando menos cinco años antes de su designación, y demás requisitos que prevea la Ley federal.

Los comisionados y el comisionado Presidente no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos en que actúen en representación del Consejo General y de los que desempeñen en asociaciones docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia, no remuneradas. La Ley Federal señalará los supuestos en los que los Comisionados deberán excusarse por algún impedimento para conocer de un caso concreto, así como el procedimiento mediante el cual las partes en un recurso puedan recusar con causa a un Comisionado. Quienes hayan fungido como Comisionados no podrán ocupar, dentro de los dos años siguientes a la fecha de la conclusión de su cargo, puestos en los poderes públicos federal, ni podrán contender a cargos de elección popular federal en la elección inmediata siguiente al que hubieran dejado el encargo.

Las personas encargadas de la conducción del Instituto, podrán ser sujetos de juicio político conforme a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Constitución.

Los Comisionados en funciones, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su cargo, la cual no podrá ser disminuida durante su encargo.

El Presidente del Instituto, presentará anualmente a los Poderes de la Unión un informe de actividades. Al efecto comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los términos que disponga la ley.

El Instituto, en la esfera de su competencia, mantendrá con los gobiernos federal, estatal y municipal y con los demás organismos públicos autónomos, una relación de respeto y de colaboración mutua para el desarrollo democrático de las funciones del Estado Federal. Para el desempeño de sus funciones, el Instituto contará con el apoyo, el auxilio y la colaboración de las autoridades federales, estatales y municipales y de los organismos públicos autónomos, conforme esta Constitución  y demás disposiciones aplicables.

La Ley establecerá las medidas de apremio que podrá imponer el organismo garante para asegurar el cumplimiento de sus resoluciones.

El Instituto podrá conformar con los organismos garantes de los estados y del Distrito Federal, instancias de cooperación, colaboración, promoción y difusión que estimen oportunos, en términos de las disposiciones aplicables, para la debida protección y promoción del derecho a la información pública.

El Instituto podrá celebrar convenios y acuerdos con entidades públicas y privadas que tengan como objeto fortalecer la cultura de la transparencia, el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y de protección de datos personales, en términos de lo que disponga la Ley Federal en la materia.

La ley federal en materia de transparencia y acceso a la información en todo caso deberá ajustarse a lo previsto en la ley general en materia de acceso a la información pública que emita el Congreso de la Unión, en términos del artículo 73 de esta Constitución.

Articulo 16. (…)

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. El derecho a la protección de los datos personales se garantizará a través de los organismos públicos autónomos, especializados e imparciales de la Federación, estados y Distrito Federal, previstos en los artículo 6, 116 y 122 de esta Constitución y que se prevén a su vez como garantes en materia de acceso a la información. Lo serán en cuanto a los datos personales en posesión de los poderes, órganos, entes, entidades, personas o sujetos obligados referidos en las citadas disposiciones.

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

Artículo 73. (…)

I. a  XXIX-Q. (…)

XXIX-R. Para expedir una ley general en materia de acceso a la información pública con el objeto de cumplir con los principios y bases previstas en el párrafo segundo del artículo 6º de esta Constitución, y garantizar su armonización y homogeneidad en su aplicación en el territorio nacional por la Federación, los Estados y el Distrito Federal en el ámbito de sus respectivas competencias.

XXIX-S. Para expedir una ley general en materia de protección de datos personales con el objeto de cumplir con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 16 de esta Constitución, y garantizar su armonización y homogeneidad en su aplicación en el territorio nacional por la Federación, los Estados y el Distrito Federal en el ámbito de sus respectivas competencias.

XXIX-T. Para expedir la ley general que establezca la organización y administración homogénea de los archivos en los órdenes Federal, estatal, del Distrito Federal y municipal, con sujeción a los principios previstos en la fracción V del segundo párrafo del artículo 6° de esta Constitución; así como también, determine las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos.

XXX. (…)

Artículo 76. (…)

I. a XI. (…)

XII. Aprobar a los Comisionados del organismo garante de acceso a la información pública y protección de datos personales que establece el artículo 6 de esta Constitución, en los términos previstos en la misma y en la Ley, y

XIII. Las demás que la misma Constitución le atribuya.

Artículo 78. (…)

(…)

I. a VII. (…)

VII. Ratificar los nombramientos que el Presidente haga de embajadores, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga;

VIII. Aprobar a los Comisionados del organismo garante de acceso a la información pública y protección de datos personales que establece el artículo 6 de esta Constitución, en los términos establecidos en la misma y en la Ley, y

IX. Conocer y resolver sobre las solicitudes de licencia que le sean presentadas por los legisladores.

Artículo 105. (…)
I. (…)

II. (…)

(…)

a) a g) (…)

h) El organismo garante que establece el artículo 6° de esta Constitución,  en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren el ejercicio de los derechos de acceso a la información y la protección de datos personales consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Asimismo, los organismos garantes equivalentes en los estados de la República, en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales y el organismo garante del Distrito Federal, en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

(…)

(…)

(…)

III. (…)

(…)

(…)

Artículo 108. (…)

(…)

Los Gobernadores de los Estados, los Diputados a las Legislaturas Locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, así como los titulares de los organismos a los que las Constituciones locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales.

(…)

Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República, el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, los magistrados y jueces del Fuero Común del Distrito Federal, los Consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el consejero Presidente, los consejeros electorales, y el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los comisionados del organismo garante establecido en el artículo 6° constitucional, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.

Los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, así como los titulares de los organismos a los que las Constituciones locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía, sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las Legislaturas Locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda.

(…)

(…)

(…)

(…)

Artículo 111. Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República y el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, así como el consejero Presidente, los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral y los comisionados del organismo garante establecido en el artículo 6° constitucional por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.

(…)

(…)

(…)

Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, así como los titulares de los organismos a los que las Constituciones locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía se seguirá el mismo procedimiento establecido en este artículo, pero en este supuesto, la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda.

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

Artículo 116. (…)

(…)

I a VII (…)

VIII. Las Constituciones y leyes de los Estados establecerán organismos especializados, imparciales y colegiados, depositario de la autoridad en la materia y responsables de garantizar en el ámbito de su competencia el derecho de acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como de los tribunales administrativos, y laborales, universidades e instituciones de Educación Superior y demás órganos constitucionales autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, y de cualquier persona física, moral, organización de la sociedad civil, sindicato u otra que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito local. Contarán con personalidad jurídica y patrimonio propios, independientes en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su actuación; que para el desempeño de sus funciones contará con plena autonomía técnica, de gestión, jurídica y presupuestaria.

Dichos organismos garantes tendrán las facultades que establezca la Ley que emita cada una de las Legislaturas del Estado y en todo caso serán competentes para vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en la materia y para conocer y resolver de los recursos de revisión interpuestos por violación al derecho de acceso a la información pública por parte de los poderes, órganos, organismos, entidades, personas o sujetos obligados antes referidos, así como de la promoción, difusión e investigación sobre el derecho a la información pública y la cultura de la transparencia, en el ámbito de su competencia. Los organismos garantes podrán interpretar en el orden administrativo las disposiciones aplicables al momento de resolver los recursos, pero en todo caso deberán sujetase a lo previsto en el artículo 1 de esta Constitución.

Las resoluciones del organismo garante estatal serán definitivas e inatacables para los poderes, autoridades, entidades, órgano, organismo, personas o sujetos obligados descritos con anterioridad. Los particulares podrán impugnarlas mediante el juicio de amparo ante las autoridades jurisdiccionales competentes, conforme a los términos y formas previstos en la legislación de la materia. O bien podrán promover previamente ante el órgano garante federal el mecanismo de defensa previsto en el artículo 6 de esta Constitución.

El servicio profesional de acceso a la información pública y protección de datos personales, será la base del funcionamiento de los organismos garantes estatales, para lo cual deberán contar con el personal calificado necesario para prestar un servicio especializado en la materia.

El órgano superior de dirección y administración de los organismos garantes deberá ser integrado por un órgano colegiado de comisionados, los cuales deberán durar en su cargo un periodo determinado, que no podrá ser menor a siete años, y deberán  ser renovados en forma escalonada, y solo podrán ser removidos de su encargo mediante un procedimiento especial en los términos de lo que disponga su Constitución Local. Se deberá procurar que exista equidad de género en la conformación del órgano máximo de decisión.

Las personas encargadas de la conducción del organismo garante, podrán ser sujetos de juicio político conforme a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Constitución y de su propia Constitución.

Los Comisionados serán designados en los términos y procedimiento que disponga la Constitución y la Ley local, pero en todo caso para su designación se requerirá una votación calificada del órgano legislativo.  La Ley preverá los requisitos para ser comisionado pero en todo caso deberán cumplir con los requisitos que se exige para los Comisionados del orden federal en términos del párrafo segundo del artículo 6 de esta Constitución.

La Ley que emitan las Legislaturas regularan la estructura, el funcionamiento del organismo garante, el régimen de incompatibilidades de los comisionados, el régimen de ausencias, los supuestos en los que los Comisionados deberán excusarse por algún impedimento para conocer de un caso concreto, así como el procedimiento mediante el cual las partes en un recurso puedan recusar con causa a un Comisionado.

Los organismos garantes elaborarán su propio proyecto de presupuesto de egresos y lo remitirá al Ejecutivo Local, a fin de que éste lo envíe en su oportunidad al Congreso del Estado, para su estudio, discusión y, en su caso, aprobación. El proyecto de presupuesto de egresos no podrá ser modificado por el poder Ejecutivo local. El proyecto de presupuesto de egresos del Instituto, contemplará las partidas presupuestales necesarias para el cumplimiento de su objeto.

La legislación local en materia de transparencia y acceso a la información y protección de datos personales que emitan las Legislaturas locales en todo caso deberá ajustarse a lo previsto en la ley general en materia de acceso a la información pública que emita el Congreso de la Unión.

Artículo 122. (…)
(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

A. (…)

B. (…)

C. (…)

BASE PRIMERA. (…)

I. a IV. (…)
(…)

V. (…)

BASE SEGUNDA a BASE QUINTA. (…)

BASE SEXTA.- En el Estatuto de Gobierno y leyes del Distrito Federal se establecerá un organismo especializado, imparcial y colegiado, depositario de la autoridad  en la materia y responsables de garantizar en el ámbito de su competencia el derecho de acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como de los tribunales administrativos y laborales, universidades e instituciones de Educación Superior y demás órganos autónomos que esta Constitución les otorga autonomía, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, y de cualquier persona física, moral, organización de la sociedad civil, sindicato u otro que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito local. Contará con personalidad jurídica y patrimonio propio, independiente en sus decisión y funcionamiento y profesional en su actuación; que para el desempeño de sus funciones contará con plena autonomía técnica, de gestión, jurídica y presupuestaria.

Dichos organismo garante tendrán las facultades que establezca la Ley que emita la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y en todo caso será competente para vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en la materia y para conocer y resolver de los recursos de revisión interpuestos por violación al derecho de acceso a la información pública por parte de los poderes, órganos, organismos, entidades, personas o sujetos obligados antes referidos, así como de la promoción, difusión e investigación sobre el derecho a la información pública y la cultura de la transparencia, en el ámbito de su competencia. El organismo garante podrá interpretar en el orden administrativo las disposiciones aplicables al momento de resolver los recursos, pero en todo caso deberán sujetarse a lo previsto en el artículo 1 de esta Constitución.

Las resoluciones del organismo garante serán definitivas e inatacables para los poderes, autoridades, entidades, órgano, organismo, personas o sujetos obligados descritos con anterioridad. Los particulares podrán impugnarlas mediante el juicio de amparo ante las autoridades jurisdiccionales competentes, conforme a los términos y formas previstos en la legislación de la materia. O bien podrán promover previamente ante el organismo garante federal el mecanismo de defensa previsto en el artículo 6 de esta Constitución.

El servicio profesional de acceso a la información pública y protección de datos personales, será la base del funcionamiento del organismo garante, para lo cual deberán contar con el personal calificado necesario para prestar un servicio especializado en la materia.

El órgano superior de dirección y administración del órgano garante deberá ser integrado por un órgano colegiado de comisionados, los cuales deberán durar en su cargo un periodo determinado, que no podrá ser menor a siete años, y deberán  ser renovados en forma escalonada, y solo podrán ser removidos de su encargo mediante un procedimiento especial en los términos de lo que disponga el Estatuto de Gobierno. Se deberá procurar que exista equidad de género en la conformación del órgano máximo de decisión.

Las personas encargadas de la conducción del organismo garante, podrán ser sujetos de juicio político conforme a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Constitución y de su propia Constitución.

Los Comisionados serán designados en los términos y procedimiento que disponga el Estatuto de Gobierno y la Ley local, pero en todo caso para su designación se requerirá una votación calificada del órgano legislativo. La Ley preverá los requisitos para ser comisionado pero en todo caso deberán cumplir con los requisitos que se exige para los Comisionados del orden federal en términos del párrafo segundo del artículo 6 de esta Constitución.

La Ley que emita la Asamblea Legislativa del Distrito Federal regulara la estructura, el funcionamiento del organismo garante, el régimen de incompatibilidades de los comisionados, el régimen de ausencias, los supuestos en los que los Comisionados deberán excusarse por algún impedimento para conocer de un caso concreto, así como el procedimiento mediante el cual las partes en un recurso puedan recusar con causa a un Comisionado.

El organismo garante elaborará su propio proyecto de presupuesto de egresos y lo remitirá al Ejecutivo Local, a fin de que éste lo envíe en su oportunidad a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para su estudio, discusión y, en su caso, aprobación. El proyecto de presupuesto de egresos no podrá ser modificado por el poder Ejecutivo local. El proyecto de presupuesto de egresos del Instituto, contemplará las partidas presupuestales necesarias para el cumplimiento de su objeto.

La legislación local en materia de transparencia y acceso a la información y protección de datos personales que emita la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en todo caso deberá ajustarse a lo previsto en la ley general en materia de acceso a la información pública que emita el Congreso de la Unión.

TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los comisionados que actualmente conforman el Instituto Federal de Acceso a la Información y Datos Personales seguirán en su cargo hasta concluir el mandato para el cual fueron nombrados.

Tercero. La designación de los dos nuevos comisionados del organismo garante que establece el artículo 6° de esta Constitución, será realizada a más tardar 90 días después de la entrada en vigor de este Decreto, y conforme al procedimiento previsto en el mismo.

Cuarto. El Congreso de la Unión deberá expedir la ley general de acceso a la información pública, la ley general de protección de datos personales, y la ley general de archivos a que se refieren este Decreto en un plazo máximo de un año, contados a partir del día siguiente de la entrada en vigor del presente Decreto.

El Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones necesarias a la Ley Federal en materia de acceso a la Información Pública y de protección de datos personales en un plazo máximo de un seis meses, contados a partir del día siguiente de la entrada en vigor de la ley general de acceso a la información pública y de la ley general de protección de datos personales a que se refieren este Decreto.

Quinto. Las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, tendrán un plazo de seis meses, contado a partir de su entrada en vigor, para adecuar su Constitución, sus leyes y demás disposiciones aplicables a lo establecido en el presente Decreto.

Las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, deberá realizar las adecuaciones necesarias a las leyes en materia de acceso a la Información Pública y de protección de datos personales en un plazo máximo de un seis meses, contados a partir del día siguiente de la entrada en vigor de la ley general de acceso a la información pública y de la ley general de protección de datos personales a que se refieren este Decreto.

Sexto. En tanto el Congreso de la Unión expide las reformas a la Leyes respectivas del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales como organismo constitucional autónomo, ésta ejercerá sus atribuciones y competencias conforme a lo dispuesto por el presente Decreto y la ley reglamentaria vigente hasta dicha expedición.

Séptimo. Los asuntos que se encuentren en trámite o pendientes de resolución a la entrada en vigor de este Decreto, se seguirán substanciando ante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales como órgano descentralizado, y posteriormente ante el organismo público autónomo federal creado en los términos del presente Decreto.

Octavo. A la entrada en vigor del presente Decreto, los recursos financieros y materiales, así como los trabajadores adscritos al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales como órgano descentralizado, se transferirán al organismo público autónomo creado en los términos del presente Decreto. Los trabajadores que pasen a formar parte del nuevo organismo se seguirán rigiendo por el apartado B del Artículo 123 de esta Constitución y de ninguna forma resultarán afectados en sus derechos laborales y de seguridad social.

Noveno. El Congreso de la Unión, las Legislaturas de los estados y el órgano legislativo del Distrito Federal, deberán destinar los recursos necesarios para asegurar la autonomía presupuestal de los órganos garantes de acceso a la información y protección de datos, según corresponda, a fin de instrumentar lo previsto en este Decreto.

En las entidades federativas en donde el organismo garante tuviera la naturaleza de organismo constitucional autónomo las partidas presupuestales deberán señalarse en el presupuesto inmediato siguiente a la entrada en vigor del presente decreto y en los presupuestos sucesivos. En los casos en que dicha naturaleza deviniera por motivo de este Decreto las partidas presupuestales deberán señalarse en el presupuesto inmediato siguiente a la entrada en vigor del decreto que emitan los órganos legislativos de las entidades respectivas y en los presupuestos sucesivos siguientes a dicho decreto.

Décimo. La Federación creará el Fondo Federal de Aportaciones para la Transparencia (APORTA), a través del cual se transfieran recursos a los organismos garantes, en los términos y condiciones previstos en las disposiciones aplicables. Pero en todo caso, la determinación de los montos se distribuirían entre las entidades federativas deberá hacerse en consideración del número de habitantes, la participación de la sociedad y la extensión territorial. Dichos recursos solo se podrán destinar a actividades de vigilancia, evaluación del desempeño de los sujetos obligados, así como a la difusión y promoción del derecho de acceso a la información y la cultura de la transparencia y de protección de datos personales.

Décimo Primero. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Los abajo firmantes Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Laura Angélica Rojas Hernández
SENADORA

Fernando Torres Graciano
SENADOR

Víctor Hermosillo y Celada
SENADOR

Martín Orozco Sandoval
SENADOR

Cámara de Senadores, México a 03 de octubre del 2012.

Documentos Relacionados: