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Iniciativas

Estado Actual: Aprobada Ficha Técnica

Del Sen. Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 76, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación, de Reforma del Estado, de Estudios Legislativos, Primera y de Estudios Legislativos, Segunda.


Propone modificar el artículo 76, fracción II, de la Constitución para otorgar a la Cámara de Senadores la facultad para designar al titular del Instituto Nacional de Migración de entre la terna que proponga el Ejecutivo Federal, con una votación calificada de dos terceras partes de los miembros presentes.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 76 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A CARGO DEL SENADOR ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI.

El que suscribe, Arturo Zamora Jiménez, Senador de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del pleno de la Cámara de Senadores iniciativa con proyecto de decreto por virtud del cual se reforma el artículo 76, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Exposición de Motivos

Las migraciones son un hecho natural que ocurren con base en las necesidades de las poblaciones humanas, las que se encuentran en constante movimiento en aras de satisfacer sus requerimientos de subsistencia.

El Banco Mundial reconoce que la migración internacional se debe a la necesidad que tiene las personas de mejores condiciones de vida, aunque ello implique el abandono geográfico del país de origen. Los inmigrantes logran con ello incrementos salariales, los países de destino se beneficiaron del aumento en la oferta de mano de obra, y los países de origen vieron disminuir las presiones en el Sector laboral.1

Nuestro país ha presentado desde sus orígenes un fenómeno migratorio complejo. Somos una nación expulsora de migrantes, principalmente hacia los Estados Unidos de América, a la vez que somos receptores de migrantes centro y sudamericanos, algunos de manera permanente y otros en tránsito hacia nuestro vecino del norte.

Finalmente, contamos también con una compleja migración interna, del sur hacia el norte y del campo hacia las ciudades, fenómeno que lejos de disminuir ha crecido con los efectos de riesgo que suceden de continuo durante los trayectos de migración, que se traducen en riesgo inminente y constante a la libertad, la vida y el escaso patrimonio de aquellos que tienen la necesidad de migrar para buscar un mejor medio de vida.

En el caso de la migración de México a Estados Unidos, estamos ante un fenómeno económico y humano, con todo lo que tiene de tragedia y complementariedad de beneficios y perjuicios para ambas sociedades, de mitos y prejuicios culturales. Las de estos dos países son economías que de facto funcionan de manera compenetrada y cuya oferta o demanda de empleo conoce sinergias inocultables, históricas y estructurales.2

De conformidad con estimaciones del Consejo Nacional de Población, cerca de 12 millones de mexicanos residen actualmente en los Estados Unidos, de los cuáles cerca del 53 por ciento, es decir, alrededor de 7 millones, cruzan o han cruzado la frontera de manera irregular, lo que los pone en una posición de vulnerabilidad frente a las detenciones arbitrarias, vejaciones y maltratos. 3

Asimismo, quedan fuera de esta cifra los migrantes de Centro y Sudamérica en tránsito hacia el norte, y cuya cantidad es difícilmente cuantificable, pero muy voluminosa como lo puede advertir cualquier persona que visite la frontera sur, sobre todo de acuerdo a los constantes reportes noticiosos en medios impresos y electrónicos que dan cuenta de las condiciones inhumanas y de alto riesgo de los migrantes que desean llegar a  la frontera de México con los Estados Unidos de Norte América.

De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones, cerca de 400 mil indocumentados centroamericanos cruzan cada año territorio mexicano para llegar a Estados Unidos y en el trayecto sufren, con frecuencia, vejaciones, maltratos, discriminación o abusos.

Sin embargo, la cantidad de migrantes centroamericanos que ingresan a México por la frontera sur de forma ilegal disminuyó en 70 por ciento n los últimos cinco años, ello de acuerdo a cifras del propio Instituto Nacional de Migración.

Mientras que en 2005 entraron al país 433,000 migrantes indocumentados, en 2010 lo hicieron 140,000. La disminución del flujo ilegal de centroamericanos a territorio mexicano, según Gobernación, se debe a factores como la crisis económica que vivió Estados Unidos en 2008 y 2009.

La violencia en México, el aumento de secuestros, las desapariciones, las fosas, la colusión de funcionarios de migración, es el argumento que da la Pastoral para la Movilidad Humana de la Arquidiócesis de México.

El fenómeno migratorio ha ido evolucionando con el paso de los años, y recientemente se ha vuelto mucho más complejo debido al incremento de la violencia y  la delincuencia organizada que se ha dejado sentir en todos los sectores de la sociedad.

Desafortunadamente las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) en los años recientes han incurrido en una sucesión de omisiones y errores que hacen urgente la intervención del Poder Legislativo como un auténtico contrapeso respecto del Ejecutivo Federal.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y organizaciones no gubernamentales han documentado la colusión de funcionarios del INM, de la Policía Federal y estatales en delitos en contra de migrantes, sobre todo en el secuestro y extorsión.

En su Informe Especial Sobre Secuestros a Migrantes, la CNDH documentó que en un periodo de seis meses, de abril a septiembre de 2010, un total de 214 eventos de secuestro, de los cuales, según el testimonio de las víctimas y testigos de hechos, resultaron 11 mil 333 víctimas.

De acuerdo con el  6° Informe de Gobierno, la Secretaría de Gobernación manifiesta haber apoyado a 1.8 millones de mexicanos que retornaron al país durante el periodo mediante el programa Paisano y el llamado  Grupo de Protección a migrantes (Grupos Beta) se brindó orientación a 216,705 migrantes, localizó a 170, brindó asistencia social a 201,424 y asistencia jurídica a 287 personas, independientemente de su nacionalidad.4

Sin embargo, estas cifras en realidad no se han definido políticas que se traduzcan en una protección efectiva a los migrantes, ni los mexicanos que intentan cruzar la frontera y que no pocas veces son agredidos, ni mucho menos para los centro y sudamericanos que se arriesgan a cruzar por México para llegar a Estados Unidos.

Hasta finales del 2011 el INM contaba con  35 estaciones migratorias y 23 estancias provisionales ubicadas en 26 entidades federativas, lo cual se traduce en una capacidad total de albergar a 4 mil 300 personas simultáneamente.

Cabe recordar que la Secretaría de Gobernación es, de conformidad con el artículo 4° de la Ley General de Población, la encargada de definir las normas y políticas públicas en materia, así como de coordinar los esfuerzos de todas las dependencias federales que intervengan de acuerdo a su competencia.

El Instituto Nacional de Migración, como órgano técnico desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, tiene a su cargo la planeación, ejecución, control, supervisión y evaluación de los servicios migratorios, así como el ejercicio de la coordinación con las diversas dependencias y entidades de la administración pública federal, que concurren en la atención y solución de los asuntos relacionados con la materia. 5

Cabe destacar que medios nacionales, estatales y organismos no gubernamentales, sobre todo la Pastoral de Movilidad Humana de la Arquidiócesis de México, han denunciado a funcionarios del INM por estar coludidos por su pobre desempeño, denuncias de colusión con secuestradores, extorsión y maltrato a migrantes.

La masacre de San Fernando, Tamaulipas, donde la Marina en agosto del 2010 descubrió fosas con 72 cadáveres de migrantes centro y sudamericanos que fueron secuestrados y asesinados por el crimen organizado, colocaron a México como una nación que de ser hace algunas décadas refugio de perseguidos políticos y receptor amigable de extranjeros, a una nación donde los migrantes son maltratados, extorsionados y desparecidos.

Lamentablemente no es el único caso. Hay denuncias de fosas en estados como Veracruz y desde hace algunas semanas  los restos de 73 personas que se encontraban en 30 fosas comunes en la ciudad fronteriza de Tapachula, en Chiapas, fueron exhumados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para obtener muestras de ADN y lograr su identificación.

Organizaciones civiles de América Latina, en voz Mercedes Doretti, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático en Derecho, exigieron al Estado Mexicano la identificación de las casi 10 mil muertos víctimas de violencia del crimen organizado que continúan sin identificar; entre ellos migrantes centroamericanos.

Esta soberanía debe actuar de manera responsable frente a la ciudadanía, y vigilar de manera cercana la actualización del Ejecutivo, en ejercicio de la función de control en la que reside la esencia de los parlamentos.

Los desaciertos, la falta de conocimiento de la problemática que aqueja al fenómeno migratorio, la descoordinación y la ineficacia de las políticas diseñadas en la materia, nos obligan a intervenir de manera urgente en favor de los migrantes, adecuando las normas, instituciones, programas y apoyos destinados para su atención.

Durante la presente administración, el titular del Ejecutivo Federal de manera reiterada ha hecho mal uso de la facultad potestativa que tiene para nombrar a sus colaboradores en las distintas dependencias de la administración pública federal, sobre todo en áreas tan sensibles como la migración.

Por tal motivo es que considero que el nombramiento de su titular debe recaer en la Cámara de Senadores por el voto de dos terceras partes de sus miembros, de entre la terna que proponga el titular del Ejecutivo Federal.

De esta manera esta soberanía se encargaría de realizar un análisis detallado y transparente de las cualidades de cada uno de los aspirantes, al tiempo que el Ejecutivo Federal conserva la posibilidad de designar a los integrantes de dicha terna, en un claro ejercicio republicano de balance de poderes.

Para ello, se propone modificar el artículo 76, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para otorgar a la Cámara de Senadores la facultad para designar al titular del Instituto Nacional de Migración de entre la terna que proponga el Ejecutivo Federal, con una votación calificada de dos terceras partes de los miembros presentes, lo que implica la construcción de un gran consenso al interior de la Cámara de Senadores entre las diferentes fuerzas políticas aquí representadas.

Asimismo, a efecto de no retrasar la atención de los asuntos en materia migratoria, en caso de que la Cámara de Senadores se encuentre en receso, se propone que el ejercicio de esta facultad recaiga en la Comisión Permanente, con los mismos requisitos.

En virtud de lo anterior, se presenta la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 76, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Único.- Se reforma el artículo 76, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

ARTICULO 76. Son facultades exclusivas del Senado:

I. …

II. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga del Procurador General de la República, Embajadores, Cónsules Generales, empleados superiores de Hacienda, integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, así como del titular del Instituto Nacional de Migración, en los términos que la Ley disponga.

Transitorio

Único.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Senador Arturo Zamora Jiménez


NOTAS:

1 “Políticas de Desarrollo Regional”, compilador José Luis Calva. Título del artículo “migración Internacional y Desarrollo”. Autores Rodolfo García Zamora y otros. Editorial Miguel Ángel Porrúa, México 2007. pág. 80.
2. “políticas de Desarrollo Regional”, Compilador José Luis Calva. Título del artículo “Migración, desarrollo y regiones”. Autor Gustavo López Castro. Editorial Miguel Ángel Porrúa, México 2007. pág. 102.
3 www.conapo.gob.mx
4 Secretaría de Gobernación, 4° Informe de Labores. Pág. 98.
5 Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, Art. 55

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