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Proposiciones

Estado Actual: Ficha Técnica

De la Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo relativo al reconocimiento de la competencia del Comité sobre Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas.

Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.


PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL RECONOCIMIENTO DE LA COMPETENCIA DEL COMITÉ SOBRE DESAPARICIONES FORZADAS DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS.

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
H. CÁMARA DE SENADORES
PRESENTE

La suscrita, senadora IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta soberanía, la presente Proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El 18 de diciembre de 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. 14 años después, el 20 de diciembre de 2006, la misma Asamblea General de la ONU adoptó la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas [1], la cual entró en vigor el 23 de diciembre de 2010, después de alcanzar las 20 ratificaciones necesarias, de conformidad con lo establecido en su artículo 39 [2].

La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, es un instrumento internacional que busca prevenir este fenómeno [3] y que reconoce el derecho de las víctimas y de sus familiares a la justicia, a la verdad y a la reparación del daño. La adopción de este convenio jurídicamente vinculante, representa un importante paso de la comunidad internacional para poner fin a este delito, que además de ser una práctica que constituye una violación simultánea de varios derechos humanos,  representa una conducta que niega la esencia misma de la humanidad y atenta en contra de los valores más profundos de cualquier sociedad.

Para garantizar la aplicación de las disposiciones de la Convención de referencia, en su artículo 26 se dispone la constitución de un Comité contra la Desaparición Forzada (denominado en lo sucesivo "el Comité"), mismo que está integrado por diez expertos independientes, de gran integridad moral y con reconocida competencia en materia de derechos humanos, los cuales están obligados a ejercer sus funciones a título personal y a actuar con total imparcialidad.

Entre las competencias que la Convención le confiere a este Comité, se encuentran las de cooperar con todos los órganos, oficinas, organismos especializados y fondos apropiados de las Naciones Unidas; los comités convencionales creados en virtud de los instrumentos internacionales, los procedimientos especiales de las Naciones Unidas, las organizaciones e instituciones regionales intergubernamentales apropiadas; así como con todas las instituciones, organismos y oficinas nacionales pertinentes que obren para proteger a todas las personas de las desapariciones forzadas.

En el marco de sus funciones, el Comité consultará con otros comités convencionales creados por los instrumentos de derechos humanos pertinentes, en particular el Comité de Derechos Humanos establecido por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, con miras a asegurar la coherencia de sus observaciones y recomendaciones respectivas.

Adicionalmente, cada Estado Parte se encuentra obligado a presentar al Comité, por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, un informe relativo a las medidas que haya adoptado para cumplir con las obligaciones que ha contraído en virtud de la presente Convención, dentro del plazo de dos años a contar desde la entrada en vigor de la Convención.

De igual forma, y esto es muy importante resaltarlo, el Comité podrá examinar, de manera urgente, toda petición presentada por los allegados de una persona desaparecida, sus representantes legales, sus abogados o las personas autorizadas por ellos, así como todo aquel que tenga un interés legítimo, a fin de que se busque y localice a una persona desaparecida.

Sin embargo, para que esto suceda, además de agotar los aspectos formales y procesales correspondientes, es imperativo que se cumpla con lo dispuesto en el artículo 31 de la Convención, mismo que a la letra señala:

“Cada Estado Parte podrá declarar, en el momento de la ratificación o con posterioridad a ésta, que reconoce la competencia del Comité para recibir y examinar las comunicaciones presentadas por personas que se encuentren bajo su jurisdicción o en nombre de ellas, que alegaren ser víctima de violaciones por este Estado Parte de las disposiciones de la presente Convención. El Comité no admitirá ninguna comunicación relativa a un Estado Parte que no haya hecho tal Declaración”.

En cualquier momento, tras haber recibido una comunicación y antes de llegar a una decisión sobre el fondo, el Comité podrá dirigir al Estado Parte interesado, a efecto de que se observe su examen urgente, una solicitud para que adopte las medidas cautelares necesarias con miras a evitar posibles daños irreparables a la víctima o a las víctimas de la supuesta violación.

El ejercicio de esta facultad por el Comité no implica juicio alguno sobre la admisibilidad o sobre el fondo de la comunicación, no obstante, representa un instrumento sumamente valioso que podría evitar que el delito de desaparición forzada se consume o permanezca impune.

En este sentido, es relevante señalar que hasta el día de hoy, y a tan sólo unos cuantos meses de que se cumpla el plazo para presentar el informe de avance nacional, nuestro país no ha aceptado la competencia del Comité sobre las Desapariciones Forzadas de la ONU para recibir y examinar las denuncias particulares que aleguen ser víctimas del Estado mexicano. Lo anterior, además de atentar en contra del adecuado cumplimiento de las disposiciones y fines de la Convención, pone en duda el verdadero compromiso del gobierno de la República en materia de lucha contra el delito de desaparición forzada y, por ende, en contra del olvido y la impunidad.

El propio Grupo de Trabajo de la ONU sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias (GTDFI), en su Informe de Misión a México [4], presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en marzo del presente año, ha recomendado al Estado mexicano que acepte la competencia del Comité sobre las Desapariciones Forzadas en materia de denuncias de particulares, de conformidad con lo establecido en los artículos 31 y 32 de la propia Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

El objetivo de la visita fue conocer los esfuerzos del Estado mexicano en el tratamiento de las desapariciones forzadas. En particular, examinar el estado de las investigaciones sobre casos tanto del pasado como recientes, las medidas adoptadas para prevenir y erradicar las desapariciones forzadas y combatir la impunidad, así como otros aspectos, incluidos temas relativos a la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas de desapariciones forzadas.

Esta es la segunda visita del GTDFI a México, ya que la primera se realizó en 1982 cuando llevó a cabo su primera misión en nuestro país. Desde su creación, el Grupo de Trabajo ha transmitido 412 casos al Gobierno de México. De estos, 24 casos se han esclarecido sobre la base de la información suministrada por las fuentes, 134 se han esclarecido sobre la base de la información aportada por el Gobierno, 16 se han discontinuado y 238 siguen sin resolverse.

Es importante señalar que estos datos, al igual que lo que sucede con otros países, no son representativos de la dimensión del tema en cuestión. El incremento del número de nuevos casos admitidos durante 2010 y el gran número de nuevas alegaciones recibidas durante la visita, bien podrían estar indicando un deterioro de la situación de desaparición forzada en México.

Durante su estancia en México, el GTDFI recibió información distintas informaciones sobre el número de desapariciones forzadas en nuestro país. Mientras que las organizaciones civiles de derechos humanos reportaron que -de acuerdo con sus estimaciones- más de 3,000 personas habrían sido desaparecidas en el país desde el año 2006, la CNDH registró un aumento sostenido en el número de quejas sobre desapariciones forzadas, pasando de 4 quejas en el año 2006 a 77 en el año 2010.

Para el GTDFI, sólo mediante una investigación independiente, imparcial, completa y efectiva, se puede descartar una potencial desaparición forzada. Por ende, el número de casos de desaparición forzada no puede ser establecido a cabalidad sin una adecuada investigación de todos estos delitos.

Por lo tanto, la presente proposición no tiene otro objetivo más que el de reiterar el llamado al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que de cumplimiento a lo establecido en la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, y reconozca de inmediato la competencia de su Comité.

Con base en todo lo anteriormente expuesto, me permito poner a su consideración el siguiente resolutivo:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal,  a efecto de que de conformidad con lo establecido en los artículos 31 y 32 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, declararé a la brevedad el reconocimiento, del Estado mexicano, de la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU para recibir y examinar las comunicaciones presentadas por personas que se encuentren bajo su jurisdicción o en nombre de ellas, que argumenten ser víctimas de violaciones por el Estado mexicano de las disposiciones de la mencionada Convención.

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores a veinte días del mes de septiembre de 2012.

SENADORA IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA


[1] http://www2.ohchr.org/spanish/law/disappearance-convention.htm

[2] México se adhirió a la Convención el 6 de febrero de 2007 y la ratificó el 18 de marzo de 2008.

[3] Por desaparición forzada se entiende: “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”. (Artículo 2 de la Convención).

[4] http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10907&LangID=S