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Iniciativas

Estado Actual: Desechada Ficha Técnica

Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IX del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, con opinión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.


Propone establecer como derecho de todo ciudadano mexicano el participar en el proceso de asignación y ejecución del presupuesto en su Municipio.








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CON EL PROPÓSITO DE CONSAGRAR EL DERECHO DE TODO CIUDADANO DE PARTICIPAR EN LA ASIGNACIÓN DEL PRESUPUESTO LOCAL, PRESENTADA POR EL SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
P R E S E N T E

El suscrito, BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, Senador de la República a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II, 72 y 73 fracción XXVIII, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 164 numerales 1, 2 y 3 del Reglamento del Senado de la República; somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN IX DELARTÍCULO 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, de conformidad con lo siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Para lograr una real concurrencia de esfuerzos entre el gobierno y los ciudadanos, en la que la sociedad se pueda erigir como protagonista y corresponsable de su propio desarrollo, es indispensable implementar nuevos esquemas de participación y toma de decisiones gubernamentales.

Sólo a travésdel empoderamiento ciudadano, con instituciones que contribuyan de manera efectiva a esa motivación, blindadas contraintereses facciosos y ajenos al interés general,se podrá inhibir el uso discrecional y arbitrario del poder.Las transformaciones que requiere el desarrollo del país deben responder, forzosamente, a la evolución política y democrática del cuerpo social mexicano; el monopolio partidocrático del espacio público debe ceder ante la participación ciudadana y una mayor democracia participativa.

En nuestro país no es raro ver que los gobernantes, una vez concluida la elección, le den la espalda a su electorado, independizándose de él y no cumpliendo con el principio de representatividad que les fue conferido. La participación ciudadana debe ser concebida, ante todo, como la pareja indispensable de la representación política, la segunda emanando de la primera y ambas dándole significado a la democracia.

En este sentido, la participación de la ciudadanía no puede ser agotada con en el simple acto de depositar, cada periodo electoral, el voto en la urna. Este rutinario episodio, a menudo visto como la única y sola intervención del ciudadano en la vida democrática del país,tan solo marca el principio de un constante y dinámico ejercicio participativo que debe desarrollarse en concordancia con los principios de inclusión y consenso para edificar los cimientos de nuestra propia convivencia civilizada.

Bajo este entendimiento, encontramos que el esquema de presupuesto participativo representa uno de los más acabados instrumentos de empoderamiento ciudadano, uno que contribuye a robustecer el acceso de la sociedad a la toma de decisiones en una acción de gobierno fundamental como es la asignación del presupuesto.

Este sistema de participación ciudadana directa consiste en un conjunto de actividades, a través de las cuales se van definiendo paulatinamente las demandas sectoriales, las prioridades de la comunidad, los criterios de asignación de fondos y el programa de inversión del Estado mediante la participación de la gente.

Un mecanismo que no sólo combina, en el ámbito municipal, la democracia directa con la representativa, sino que permite además el consenso entre la ciudadanía y las autoridades al definir los gastos del municipio y dar un seguimiento puntual a la ejecución de los dineros, ahondando en la transparencia y rendición de cuentas.

Desde siempre el presupuesto se ha definido y asignado de manera arbitraria, desde las más altas cúpulas del poder, sin atender a las reales necesidades de la población. Esta recalcitrante postura gubernamental ha profundizado la desigualdad social, así como propiciado la corrupción y el desvío de recursos.

Es imperativo abandonar la concepción tradicional de que el presupuesto es algo meramente técnico, que sólo puede ser abordado por profesionales, y considerarlo como algo esencialmente político en el que todos y cada uno de nosotros estamos involucrados.

Propiciar que la población haga un diagnóstico de sus necesidades, las cuantifique, elabore sus demandas, escoja las prioritarias y efectúe un seguimiento de la ejecución de tales acciones, democratizando las partidas presupuestales, tanto montos como rubros en los que habrá de ejercerse, alentará la corresponsabilidad de la ciudadanía en el destino del país.Su naturaleza incluyente y participativa tiene un efecto directo en la erradicación de los problemas que traen aparejados la concentración de poder, el despilfarro de recursos y la corrupción.

Este esquema de asignación del presupuesto fue creado como un mecanismo de participación ciudadana en el contexto del gobierno local, y especialmente en el aspecto relacionado con el gasto público; es decir, se alienta la búsqueda de consenso entre las autoridades y la ciudadanía para definir los gastos del cabildo y dar un seguimiento en cuanto a la ejecución presupuestaria. 

La experiencia brasileña, referente latinoamericano, nos demuestra que estimular la participación ciudadana en la elaboración del presupuesto tiene, también, efectos muy positivos al reducir las prácticas clientelares, lograr una más justa distribución del ingreso y crear una mejor calidad de la representación.

Es innegable que en México hemos sido omisos al consolidar esquemas de participación que consientan el acceso de la ciudadanía a los procesos de toma de decisiones, no hemos sabido alentarla construcción de ciudadanía a través del apoyo a la participación ciudadana en los ámbitos de la deliberación y la acción democráticas.

Para empezar a caminar en este sentido, y sin que esta prerrogativa del ciudadano esté sujeta a los caprichos de la administración en turno, resulta indispensable consagrar en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el derecho fundamental de los ciudadanos a participar en la asignación del presupuesto. Sólo a partir de una adición al Artículo 35 de la CPEUM, podremos garantizar el derecho de la ciudadanía a participar en una de las acciones de gobierno fundamentales, profundizando los principios de transparencia y rendición de cuentas de los actores políticos; un derecho fundamental de toda sociedad moderna.

Por lo anteriormente expuesto, y en aras de robustecer la civilización de los derechos ciudadanos, garantizando un mayor sentido de colectividad en la erogación del dinero público, donde cada ciudadano vea potenciada su habilidad de participar en las decisiones colectivas, se propone la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN IX DELARTÍCULO 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CON EL PROPÓSITO DE CONSAGRAR EL DERECHO DE TODO CIUDADANO DE PARTICIPAR EN LA ASIGNACIÓN DEL PRESUPUESTO LOCAL.

ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona la Fracción IX del Artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 35. Son derechos del ciudadano:

I.-…

II.-…

III.-…

IV.-…

V.-…

VI.-:::

VII.-…

VIII.-:::

IX.- Participar en el proceso de asignación y ejecución del presupuesto en su Municipio.

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.