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Proposiciones

Estado Actual: Aprobada Ficha Técnica

Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a informar sobre el estado que guarda el caso de las tres mujeres otomíes encarceladas injustamente.

Se turnó a la Comisión de Justicia.


PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA PGR A INFORMAR SOBRE EL ESTADO QUE GUARDA EL CASO DE LAS TRES MUJERES OTOMÍES ENCARCELADAS INJUSTAMENTE.

DAVID MONREAL ÁVILA, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de motivos.

Durante muchos años, hemos venido conociendo en distintas regiones del país casos de jóvenes, hombres y mujeres que por su ignorancia y su condición de pobreza, han sido víctimas del  deficiente sistema de justicia.

En México es común ver en reclusorios y centros penitenciarios, casos de personas que se encuentran purgando una condena de varios años por un delito que no cometieron.

Las muchas deficiencias del sistema de justicia afectan a todas las partes involucradas, pero principalmente a las personas imputadas cuando éstas son inocentes, ya que por muchos motivos quedan sin la oportunidad de probar su inocencia.

Lo anterior lo vemos reflejado en quienes son señalados como presuntos responsables de un delito y enfrentan procesos inequitativos, ya sea porque son engañados al momento de su detención, o porque no se les informa sobre el estado que guarda su proceso, o porque no reciben asesoría adecuada.

Esta falta de equidad procesal se acentúa en el caso de los indígenas, ya que en su mayoría viven en situación de marginación debido a su condición económica y de pertenencia étnica. [1]

Este abuso se enfatiza cuando los inculpados son mujeres, y/o cuando por el hecho de hablar algún dialecto propio de su etnia y no el idioma español, no se les provee de traductores que les informen del proceso, por lo tanto son procesados y condenados sin conocer siquiera, por qué fueron acusados.

Un ejemplo de esta brutal inequidad procesal lo vivimos en el año 2006, cuando tres indígenas otomíes de nombre Jacinta Francisco, Alberta Alcántara y Teresa González, del estado de Querétaro, fueron encarceladas por el presunto secuestro de seis agentes de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI).

Cabe mencionar que el juez que las condenó aceptó como prueba una fotografía publicada por un diario local donde aparece una de las indígenas; [2] el 19 de diciembre de 2008 se les dictó sentencia condenatoria a 21 años de prisión y dos mil días de multa.

En el transcurso del año 2009 la Procuraduría General de la República aceptó liberarlas tras admitir que había una equivocación; en ese mismo año y hasta la fecha, organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos (PRODH y Aministía Internacional) han exigido al gobierno mexicano una compensación para las indígenas otomíes que pasaron tres años en prisión bajo cargos de secuestro.

Sin embargo al día de hoy ni Jacinta, ni Alberta, ni Teresa, han recibido respuesta alguna de la PGR aún y cuando se admitió que no pudieron comprobar ninguna acusación contra ellas.

Como legisladores, como representantes populares, es nuestro deber poner atención a este tipo de errores que la pésima implementación del sistema judicial puede ocasionar, no podemos mantenernos estáticos ante situaciones que son reiterativas en nuestro país.

Por ello es nuestra responsabilidad el trabajar en una legislación eficiente que contemple la reparación del daño a personas víctimas del sistema de justicia.

Debemos poner en marcha acciones que obliguen a las instituciones encargadas de proveer justicia en nuestro país para que ante casos de injusticia como el anteriormente descrito, éstas estarán obligadas a reparar el daño ocasionado.

 Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta a la Titular de la Procuraduría General de la República, Marisela Morales Ibañez, para que en un plazo no mayor a 30 días hábiles, envíe un informe pormenorizado de cual es el estado que guarda el caso de las indígenas otomíes injustamente encarceladas en 2006 por el delito de secuestro, así como las medidas adoptadas para reparar el daño ocasionado por una falla en el sistema de justicia.

SEGUNDO.- Se exhorta a la Titular de la Procuraduría General de la República, Marisela Morales Ibañez, a que envíe un informe detallado sobre cuáles son los mecanismos adoptados para prevenir que casos como el de las indígenas en comento se siga repitiendo alrededor del país.

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 25 días del mes de Septiembre de 2012.


[1] Promoción y defensa de los derechos humanos en MéxicoPRODH “Jacinta Francisco Marcial”. Consultado el 14 de septiembre de 2012.
Disponible en: http://www.chicomeenlinea.com/pacs/xtra/jacinta_francisco_marcial.pdf

[2] Cfr. Artículo de la Jornada “Libres, las otomíes acusadas de haber secuestrado a 6 afis”, Consultado el 14 de septiembre de 2012. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2010/04/29/opinion/010n1pol