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Proposiciones


De la Sen. Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a realizar los ajustes necesarios a los programas de estudio para incluir en la educación primaria, secundaria y preparatoria el nuevo contenido del artículo 3° constitucional, referente al respeto de los derechos humanos.

Se turnó a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.


SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN,
P R E S E N T E.

Quien suscribe, MARCELA TORRES PEIMBERT, Senadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo a través del cual el Senado de la República exhorta a la Secretaria de Educación Pública, a realizar los ajustes necesarios a los programas de estudio para incluir en la educación primaria, secundaria y preparatoria el nuevo contenido del artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente al respeto de los Derechos Humanos, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011 al artículo 3º, estableció que el respeto a los derechos humanos debe ser uno de los ejes centrales de la política educativa, con esta reforma, México apuesta a que nuevas generaciones tengan como prioridad el respeto de los derechos fundamentales de todo individuo, generando con ello, que los ciudadanos, por un lado, exijan sus derechos frente a los órganos de poder y, por otro, respeten los derechos del resto de los individuos.

En su momento para muchos legisladores, en su mayoría abogados, esta reforma fue una simple adición poética a la norma positiva, pero para muchos otros ahora el Estado, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 3° de nuestra Constitución, además de buscar que el ser humano desarrolle armónicamente todas sus facultades, fomente el amor a la Patria, la conciencia de la solidaridad internacional, la independencia y la justicia, tendrá la obligación de incluir en los contenidos de la educación el respeto de los Derechos Humanos.

Por primera vez en la historia de las Constituciones de México, se establece como principio rector de la educación, el respeto a los Derechos Humanos, esta reforma, para todos aquellos que sabemos que la educación es el verdadero motor para alcanzar un cambio social profundo y a largo plazo, constituye una oportunidad para formar individuos que sepan que reconocer y respetar los derechos humanos es dar carta abierta a la pluralidad, la cual es inherente a nuestro País, en México potenciar el reconocimiento y respeto de la pluralidad es generar paz social.

En el ámbito internacional, el interés por la promoción y educación en materia de derechos humanos es innegable, la Declaración Universal de los Derechos  Humanos de 1948, establece en su artículo 26 que:

“La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos ya las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.”

Por otro lado en 1993 se redactó la Declaración y Programa de Acción de Viena, firmado y ratificado por nuestro país, la cual en diversos numerales de su apartado D, señala la importancia de la educación en derechos humanos.

En el numeral 78, de este documento señala:

La Conferencia Mundial de Derechos Humanos considera que la educación, la capacitación y la información pública en materia de derechos humanos son indispensables para establecer y promover relaciones estables y armoniosas entre las comunidades y para fomentar la comprensión mutua, la tolerancia y la paz.

En su numeral 81, se recomienda a los Estados elaborar programas y estrategias específicos para ampliar al máximo el nivel de educación y difusión de información pública en materia de derechos humanos, teniendo particularmente en cuenta los derechos humanos de la mujer

Asimismo en el numeral 82 señala que

“Los gobiernos, con la asistencia de organizaciones intergubernamentales, instituciones nacionales y organizaciones no gubernamentales, deben fomentar una mayor comprensión de los derechos humanos y la tolerancia mutua. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos destaca la importancia de intensificar la Campaña Mundial de Información Pública realizada por las Naciones Unidas. Los gobiernos deben emprender y apoyar actividades de educación en materia de derechos humanos y difundir efectivamente información pública sobre esta cuestión. Los programas de servicios de asesoramiento y asistencia técnica del sistema de los Estados relacionados con las Naciones Unidas deben poder atender inmediatamente a las solicitudes de actividades educacionales y de formación en la esfera de los derechos humanos y con la educación especial en lo que respecta a las normas contenidas en los instrumentos internacionales de derechos humanos y en el derecho humanitario así como a su aplicación, destinada a grupos especiales, como fuerzas militares, fuerzas del orden, policía y personal de salud. Debe considerarse la posibilidad de proclamar un decenio de las Naciones Unidas para la educación en materia de derechos humanos a fin de promover, alentar y orientar estas actividades educacionales.”

De lo anterior se desprende que en la elaboración de los programas de educación en materia de derechos humanos se debe incluir a las organizaciones intergubernamentales, instituciones  nacionales y organizaciones no gubernamentales con el único fin de fomentar la mayor comprensión de los derechos humanos y la tolerancia mutua, por lo tanto, el Estado mexicano no debe omitir la valiosa participación de las organizaciones no gubernamentales en la formación de los programas educativos en materia de derechos humanos.

Existen innumerables experiencias internacionales en materia de educación en y para los derechos humanos, en Mónaco la educación en materia de derechos humanos es parte obligatoria de los planes escolares nacionales, mientras que en Kirguistán la educación de derechos humanos actualmente es asegurada en todos los niveles de educación.

El caso de Colombia con el programa EDUDERECHOS, es una de las pocas experiencias exitosas de Latinoamérica, este programa tiene como propósitos: “contribuir al fortalecimiento del sector educativo en el desarrollo de proyectos pedagógicos de educación para el ejercicio de los derechos humanos, con un enfoque de derechos y de competencias. Estos proyectos pedagógicos se dirigen a promover prácticas pedagógicas y culturas escolares que vivencien y respeten cotidianamente los derechos humanos en la escuela, aportando al mejoramiento de la calidad educativa”. Este programa nació de un plan piloto que estudió las necesidades de cada región de Colombia, ubicando así zonas problemáticas, donde se focalizara violencia, violencia intrafamiliar y violencia contra la niñez, esta lectura del contexto les ayudó a elaborar un proyecto que considerara las particularidades de cada zona. EDUDERECHOS actualmente involucra 1,253 profesores y tiene como objetivo alcanzar 13,000 instituciones educativas hacia 2014.

En la pluralidad de realidades México y Colombia encuentran un punto de convergencia, focalización de la violencia, violencia contra las mujeres o niños son problemas de zonas muy específicas de un mismo país, que deben ser analizadas para abordar una perspectiva educativa diferente en cada zona del País.

Aunado a los aspectos normativos, encontramos que en México existe un cambio en la configuración social, la familia ya no constituye el primer lugar de formación y educación del individuo. Según cifras del INEGI, la duración promedio del matrimonio es de 10 años, esta situación ocasiona que sólo siete de cada cien niños de entre 6 y 16 años vivan con ambos padres en un ambiente familiar, por ello la escuela se pondera como uno de los lugares de mayor importancia en el cual niños y adolescentes se forman en materia de respeto de los derechos humanos.

La Encuesta Nacional de Cultura Constitucional: legalidad, legitimidad de las instituciones, y rediseño del Estado. IFE-IIJ,UNAM, 2011, entre otros fines pretende: conocer las percepciones sobre los derechos ciudadanos, busca  analizar las actitudes y percepciones sobre los derechos del ciudadano, especialmente en lo referente a los derechos humanos, los derechos civiles, políticos y sociales.

Los datos más alarmantes los encontramos justamente en la actitud de la juventud frente al respeto a los derechos humanos, por ejemplo: tres de diez de los encuestados dijeron que los derechos humanos no pueden ser respetados en la lucha contra el narcotráfico. Entre quienes dijeron que no se puede combatir la delincuencia sin violar los derechos de la gente están los varones, jóvenes de 15 a29 años y los adultos jóvenes de 30 a 34 años.

Este olvido de la juventud por el pasado inmediato, es alarmante, los derechos humanos son una conquista de la ciudadanía ante gobiernos opresores y autoritarios, en México sufrimos sistemáticamente durante más de 75 años constantes abusos contra la sociedad civil, doce años después de la liberalización de este país, de la pluralización del Congreso, del fin del sistema de partido hegemónico, no podemos darnos el lujo de olvidar nuestra historia, mucho menos de pensar que los derechos humanos son un favor del gobierno en turno.

Tres de cada diez entrevistados estuvieron de acuerdo (o de acuerdo en parte) con que para conseguir información, se torture a una persona detenida por pertenecer a un grupo de narcotraficantes, a favor de esto se manifestaron los varones, los jóvenes de 15 a 19 años y las personas de 45 a 49 años de edad.

Tres de cada diez de los encuestados estuvieron de acuerdo con que fuerzas de seguridad maten a un miembro de la delincuencia organizada en vez de juzgarlo. Estuvieron de acuerdo con esta frase los jóvenes de 15 a 19 años (36.6%), quienes tienen entre 45 y 49 años; los que obtienen menos de un salario mínimo (36.8%) y en la región norte del país (32.2%)

Cuatro de cada diez personas están de acuerdo o de acuerdo, en parte, con la pena de muerte. Destaca la aprobación de esta medida por los jóvenes de 15 a 19 años de edad.

Dos de diez personas estuvo de acuerdo con la frase: “violar la ley no es tan malo, lo malo es que te sorprendan”: principalmente estuvieron de acuerdo los jóvenes de 25 a29 años, las personas con preparatoria incompleta y quienes habitan en el sur del país.

Trascender de una educación republicana que pone especial énfasis en las virtudes cívicas de los ciudadanos, a otra que parta del conocimiento y respeto de los derechos humanos en una sociedad tan desigual como la mexicana, es comenzar a sembrar un cambio en las mentes de los jóvenes que en la escuela construyen y fortalecen a nuestro país. La parte dogmatica de la Constitución tiene ahora un reflejo en el sistema educativo mexicano, para todas las niñas y los niños mexicanos, los derechos humanos deben ser ahora parte esencial de sus programas de estudio y no sólo un tema a abordar en la materia de civismo y ética.

Todos estos contenidos son base de la formación del buen ciudadano, del demócrata del siglo XXI, del ser humano de visión global con conciencia de lo local. El Estado que dentro de los contenidos educativos incluye el respeto de los derechos humanos, busca formar individuos que se desarrollen en armonía con la diferencia, una ciudadanía que respeta al disidente es capaz de construir una democracia solida.

Un verdadero ejercicio de la ciudadanía supone, entre otras condiciones, el conocimiento de los derechos fundamentales. Una sociedad donde la población no conoce plenamente sus derechos, no puede ser terreno fértil para el desarrollo de una democracia robusta. Por otro lado un ciudadano que ignora sus derechos es susceptible de abusos y coacciones por parte de las autoridades, de aceptar la corrupción y la impunidad, de ver con naturaleza las afecciones de un sistema político degenerado.

Más allá de las creencias o modos de vida que los integrantes de una sociedad hayan decidido adoptar, debe existir en todo hombre un ser humano capaz de respetar a los demás en sus disidencias. La decisión de incluir como eje de la política educativa a los derechos fundamentales afianza la laicidad de la educación, y obliga al Estado a construir un proyecto educativo que apueste por la difusión en una materia muy publicitada por moda y poco conocida en realidad. De una formación republicana basada en formar ciudadanos con fuertes virtudes cívicas y amor a la patria pasaremos a un proyecto educativo más ambicioso, pues requiere virtudes más difíciles de sembrar en los individuos.

Debemos de partir de la premisa de que ningún cambio social llega con la reforma de la letra Constitucional, por ello es menester que la Secretaría de Educación Pública, implemente cuanto antes los cambios que el Constituyente Permanente realizó, a fin de que el próximo plan de estudios contenga una materia específica que cubra de manera exhaustiva los contenidos referentes a los derechos humanos, a todos los niveles, en cada uno de los grados.

Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.- El Senado de la República exhorta a la Secretaria de Educación Pública, a realizar los ajustes necesarios a los programas de estudio para incluir en la educación primaria, secundaria y preparatoria el nuevo contenido del artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente al respeto de los Derechos Humanos.

México Distrito Federal, a los diecinueve días del mes de septiembre de 2012

SENADORA MARÍA MARCELA TORRES PEIMBERT