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Proposiciones

Estado Actual: Desechada Ficha Técnica

De la Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo Federal a desistirse y retirar del procedimiento legislativo la iniciativa de “Ley General de Atención y Protección a Víctimas”, promover el desistimiento de la controversia constitucional planteada y ordenar la publicación inmediata de la Ley General de Víctimas aprobada por el Congreso de la Unión.

Se turnó a la Comisión de Justicia.


PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A QUE SE DESISTA Y RETIRE DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO LA INICIATIVA DE “LEY GENERAL DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A VÍCTIMAS”; PROMUEVA EL DESISTIMIENTO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL PLANTEADA Y ORDENE LA PUBLICACIÓN INMEDIATA DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS APROBADA POR EL CONGRESO DE LA UNIÓN.

Senadora IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Soberanía, Proposición con Punto de  Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Al término del sexenio, el Poder Ejecutivo permanece obstinado en desconocer y desestimar el profundo daño generado a la sociedad mexicana por su estrategia fallida de combate al crimen.

La indiferencia, el capricho y la frivolidad marcan la pauta de la respuesta que el  Titular del Ejecutivo Federal  y su gabinete están dando al cerrar su Administración ante un país que ve crecer las cifras de asesinatos, desapariciones, desplazamientos forzosos y arbitrariedades de todo tipo, en un clima sofocante de violencia.

Hoy es más contundente que nunca que Felipe Calderón no tuvo voluntad política para establecer una política integral de atención a las miles de personas que no cesan de clamar por sus derechos a la justicia, a la verdad y a la memoria.

La Ley General de Víctimas aprobada por el Congreso de la Unión surge del compromiso del Poder Legislativo con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad en el Diálogo del Castillo de Chapultepec realizado el 28 de julio de 2011, y contiene la esencia de la justicia restaurativa que ha sido demandada a lo largo de varias décadas por las organizaciones de derechos humanos y de las víctimas. Su confección concentró las propuestas del Inacipe, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de especialistas y expertos nacionales e internacionales de atención a víctimas y de las y los legisladores de la LXI Legislatura.

Es una ley de los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos que incorpora los principios y las mejores prácticas nacionales e internacionales: el derecho a la verdad, el derecho a la justicia, el derecho a la reparación integral y las garantías de no repetición que se señalan como componentes de una ley de reparación en el tercer párrafo del artículo 1, en el artículo 17 y en el apartado B del artículo 20, todos ellos de la Constitución; así como las medidas de atención en materia de salud, desarrollo social, educación, derecho al debido proceso, entre otras.

Crea el Sistema Nacional de Atención a Víctimas con una distribución de responsabilidades de acuerdo a sus respectivas competencias para todos los órdenes de gobierno e incorpora responsabilidades al poder judicial en impartición de justicia, la Comisión Ejecutiva para la operación del sistema y el Registro Nacional de Víctimas; así mismo, en cada entidad federativa se creará la Asesoría Jurídica especializada en víctimas y un Fondo con carácter subsidiario.

La iniciativa de Ley de víctimas de Calderón, que busca oponerse a la Ley General de Víctimas hecha e impulsada por las víctimas, es un engaño más del Ejecutivo en esta dolorosa historia de violencia e irresponsabilidad. Con ella quiere suplantar una ley de derechos humanos de las víctimas por una ley de asistencialismo para víctimas.

Desde finales del año pasado diversas organizaciones de la sociedad civil, así como el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) impulsaron una agenda de justicia, reparación y memoria en la que la exigencia se centra en la responsabilidad del Estado mexicano frente a lo sucedido en los últimos años en México.

La sociedad civil encabezada por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad se dio a la tarea de promover la aprobación de la Ley General de Víctimas desde un enfoque integral, la presentaron ante el Poder Legislativo y fue aprobada por unanimidad el pasado 30 de abril, sin que el Titular del Ejecutivo Federal se involucrara jamás en una discusión que le correspondía, no solamente por su responsabilidad en los hechos, sino también por sus obligaciones constitucionales en materia de prevención, investigación, sanción y reparación integral del daño derivado por violaciones de derechos humanos, así como por la actividad de la delincuencia.

De igual modo, Felipe Calderón empeñó su palabra de impulsar esta legislación en el diálogo con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad en el Alcázar del Castillo de Chapultepec. Frente al consenso a favor de los derechos de las víctimas, sin embargo, el Ejecutivo decidió el 1º de julio pasado hacer valer un  veto de facto mediante la figura del envío de "observaciones" sobre el texto aprobado. Toda vez que, en términos del artículo 72 B de la Constitución, el plazo para que el Ejecutivo enviara observaciones había concluido y la Ley se encontraba promulgada en automático desde el 19 de junio.

Por razones obvias, el Congreso rechazó las “observaciones” por extemporáneas. No obstante, esto sirvió de pretexto al Ejecutivo para promover ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional contra el Congreso, por encima de toda consideración.

Es falso que la presentación de las "observaciones" y de la controversia constitucional tengan por objeto preservar el Estado de derecho, la verdadera intención de Felipe Calderón es muy clara, entrampar jurídicamente la aplicación de la Ley de Víctimas aprobada por el Congreso de la Unión, y no reconocer el rotundo fracaso de su política en materia de seguridad pública.

Lejos de reconocer que la guerra contra las drogas se ha convertido en un catalizador de la violencia en el país, por una falta de diagnóstico, por una falta de un ejercicio prudente en el uso de la fuerza pública, como todos sabemos, Felipe Calderón ha manifestado por una nueva propuesta de “Ley General de Atención y Protección a Víctimas”, sin definir su postura sobre la controversia constitucional promovida a la Ley General de Victimas ya aprobada, la cual se negó a publicar, entre otras cosas, bajo el endeble argumento de que el Congreso no está facultado para emitir leyes generales en materia de víctimas.

La actuación del Ejecutivo en este asunto es evidentemente contradictoria, ambigua con las víctimas, irrespetuosa con los Poderes Legislativo y Judicial, violatoria de las normas constitucionales que regulan el proceso legislativo y las obligaciones generales del Estado en materia de derechos humanos de las víctimas. La nueva iniciativa del Ejecutivo no responde a las víctimas, sino al interés de ejercer un control político de los terribles daños que ha causado su política de seguridad.

La Ley que pretende Calderón es un retroceso tras la incorporación a la Constitución de los derechos humanos de las víctimas a recibir reparación integral por el daño sufrido, como reconoce el artículo 1º párrafo tercero desde el 10 de junio de 2011; en vez de proponer una legislación que se ocupe de manera integral del problema de la victimización que surge tanto de la violencia del crimen como de la violencia causada por el abuso de agentes del Estado, el Presidente persiste en su afán de desconocer a este último grupo de víctimas, cada día mayor, convirtiéndolas en víctimas de orden menor que no tienen los mismos derechos que las víctimas de la delincuencia. ¿Dónde queda la responsabilidad del Estado, dónde queda la exigencia de las víctimas cuando hay violaciones graves derechos humanos y delitos contra la humanidad?

El Ejecutivo Federal sigue respondiendo a la emergencia nacional con paliativos normativos y placebos institucionales como PROVÍCTIMA, que hacen de las víctimas un objeto pasivo de atención asistencialista, en vez de reconocerlos como titulares de los derechos que la Constitución les reconoce. La pobreza de la política de atención a víctimas propuesta en la Ley de Calderón se ve reflejada, entre otras cosas, justamente en pretender que el andamiaje institucional que estará a cargo de garantizar y proteger los derechos de las víctimas sea PROVÍCTIMA y una conferencia nacional de “províctimas” locales. Con ello, el Ejecutivo busca evitar la participación activa de las víctimas en el diseño e implementación de las medidas para su atención, así como reducir la política de Estado en la materia a medidas de alcance individual y colectivo limitado.

Con esta iniciativa el Ejecutivo emite un mensaje preocupante de desdén a la separación de Poderes y al respeto al trabajo parlamentario y judicial, pues parece dispuesto a querer imponer su veto de facto desafiando la aprobación unánime de la Ley General de Víctimas en ambas Cámaras (aprobada incluso por su partido), desestimando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentra ahora atendiendo a una controversia que él mismo promovió y abusando, en suma, de sus atribuciones constitucionales, como si el proceso legislativo no existiera y el Ejecutivo pudiera legislar a su antojo y usar a la Judicatura como pieza en una estratagema de postergación y distracción.

Las miles de víctimas del crimen organizado y de la violación a sus derechos humanos han levantado su clamor por justicia y por un Estado de Derecho y con ello han aportado al reconocimiento de la necesidad de una Ley General de Víctimas, amplia y que reconozca la deuda que México tiene con las personas que han sido dañadas y lastimadas por otros, sean estos delincuentes o servidores público.

Permitir que mediante un veto de facto, la promoción de una controversia constitucional y la presentación de una nueva iniciativa, se siga postergando la publicación de la Ley General de Víctimas legalmente promulgada y aprobada, sienta un peligroso precedente que atenta contra el equilibrio de poderes y rompe el Estado de Derecho.

El dolor y las justas demandas de miles de víctimas, así como la preservación de las instituciones de la República, exigen una reacción enérgica de las Cámaras del Congreso de la Unión desechando de plano por notoriamente frívola e improcedente la iniciativa de “Ley General de Atención y Protección a Víctimas” presentada por Felipe Calderón.

Y al mismo tiempo, conminar al Titular del Ejecutivo Federal a que de inmediato se desista de la Controversia Constitucional plateada y ordene la publicación de la Ley General de Víctimas aprobada por el Congreso de la Unión.

En vista de los hechos y consideraciones anteriores, y con fundamento en lo dispuesto en las disposiciones señaladas, someto a consideración de esta Soberanía, el siguiente Punto de Acuerdo:

Único.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Titular del Ejecutivo Federal:

Primero.- A que se desista y retire del procedimiento legislativo la iniciativa de “Ley General de Atención y Protección a Víctimas”.

Segundo.- Promueva el desistimiento de la Controversia Constitucional que promovió contra la Ley General de Víctimas aprobada por el Congreso de la Unión.

Tercero.- Ordene la publicación inmediata de la Ley General de Víctimas aprobada por el Congreso de la Unión.

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión a los once días del mes de septiembre de dos mil doce.

SENADORA IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA