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Proposiciones


Del Sen. Fernando Herrera Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo para convocar a trabajar en conferencia a las comisiones de Desarrollo Social de ambas Cámaras, a efecto de buscar reformas a la Ley General de Desarrollo Social.

Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social.


C. SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
SENADO DE LA REPÚBLICA
PRESENTE.

El que suscribe, Fernando Herrera Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8 y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, bajo los siguientes:

CONSIDERANDOS

Al inicio del año 2000 la política social estaba operando con un diseño institucional que cumplió con su objeto. Resultó necesario implementar reformas a fondo para responder a las condiciones de un México plural y a la presencia de una ciudadanía más exigente.

Así, inició la construcción de un más sólido marco institucional para la política social a nivel federal.

Las leyes son vitales para transitar hacia “políticas de Estado” asumidas por todos los actores como componentes de un proyecto nacional compartido.

Para avanzar en esta dirección, México cuenta con una Ley General de Desarrollo Social aprobada por unanimidad por el Congreso mexicano en 2004. Esta Ley fortalece a la política social como una política pública con instituciones, instrumentos y objetivos propios.

Con la Ley General de Desarrollo Social, la política social fortalece su legitimidad y su autoridad política en el marco de las políticas de Estado. Gracias a esta Ley, hoy está institucionalizada, entre otros factores:

  • ·    Medición de la pobreza: La pobreza se mide cada dos años por el CONEVAL y la ley establece claramente el concepto y los indicadores para medirla.
  • ·    Publicación de Reglas de Operación: hoy todos los programas sociales federales, cuentan con reglas de operación públicas que especifican con claridad:

1.  La población objetivo y las zonas geográficas donde los programas pueden aplicarse;

2.  Los criterios que deben cumplir los solicitantes, personas, familias o comunidades, para acceder a los beneficios de los programas;

3.  Los derechos y las obligaciones de los beneficiarios;

4.  Los montos y tipos de apoyo a los que una persona puede tener acceso;

5.  Los indicadores para dar seguimiento y evaluar las acciones e impactos correspondientes.

  • ·    Evaluación de la política social: Todos los programas sociales federales están sujetos a evaluaciones rigurosas, imparciales y con metodologías científicas. El impacto social de las políticas públicas es evaluado por instituciones académicas y centros de investigación de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional, y esas evaluaciones se convierten en insumos clave para mejorar las políticas públicas.

La conjunción de estos factores ha permitido avanzar en la construcción de una política social federal sustentada en principios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas.

Sin embargo aun falta reforzar la institucionalización de la política social en estados y municipios. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el CONEVAL, Transparencia Mexicana coinciden en que los gobiernos locales tienen todavía grandes pendientes en materia de rendición de cuentas y transparencia en el uso y destino de los recursos públicos.

De acuerdo con el último Informe de Resultados de la Iniciativa para el Fortalecimiento de las Institucionalidad de los Programas Sociales de Transparencia Mexicana, el grado de institucionalización de Gobiernos Estatales está muy por debajo de los niveles observados en el Gobierno Federal.

  • ·   De los programas estatales registrados, sólo el 78 por ciento dice tener Reglas de Operación, en contraste esta proporción es del 94 por ciento para los programas federales
  • ·   El 78 por ciento de los programas federales tiene padrón de beneficiarios público contra el 44 por ciento de los programas de las entidades federativas
  • ·   Mientras que el 92 por ciento de los programas federales es evaluado, esta práctica solo está presente en el 55 por ciento de los programas de las entidades federativas.

Por su parte, en su estudio de ocho fondos del Ramo 33, el CONEVAL señala que en dichos fondos se han invertido 3.5 billones de pesos, una enorme cantidad de dinero que equivale al presupuesto de 7 Secretarías de Estado por 10 años

El CONEVAL concluye que la descentralización ha sido positiva en la medida que ha buscado dotar de más recursos a estados y municipios, los órdenes de gobierno más cercanos al ciudadano, para resolver las necesidades sociales; pero señala, también, que esa descentralización tiene retos, porque no existe una cabal evaluación y rendición de cuentas. Particularmente, se concluye que:

  • ·   No se identificó una práctica de evaluación o de análisis sobre el uso de los recursos del Ramo 33 ni de su posible impacto en las Entidades Federativas.
  • ·   Muy pocas Entidades Federativas y Municipios difunden información sobre los recursos  recibidos del Ramo 33
  • ·   La información sobre el uso de los recursos es muy heterogénea entre Entidades Federativas y Municipios

Adicionalmente, en su informe sobre equidad del gasto público, el PNUD encontró que existen problemas a nivel local en la transparencia y asignación del gasto, la evaluación las políticas y el marco normativo de la política social. Algunos hallazgos del informe indican que:

1.   Menos de la mitad de los Estados cumple con los criterios de transparencia mínimos en el uso de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FAFM) y en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) del Ramo 33.

2.   Hay ausencia de una evaluación externa sistemática en los Estados y municipios, y las que se llevan a cabo son de procesos y no miden la efectividad de las políticas públicas.

3.   Casi un tercio de los Estados no tiene Ley de Desarrollo Social y sólo cuatro Estados tienen un Consejo de Desarrollo Social para la evaluación de la política social.

Es por todo lo anterior que se somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Se propone convocar para trabajar en conferencia a las Comisiones de Desarrollo Social de ambas Cámaras a efecto de buscar reformas a la Ley General de Desarrollo Social para alcanzar los siguientes objetivos:

. Establecer la obligación del publicar en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de Operación de los programas sociales Federales, Estatales y Municipales, de manera que se publiquen los mecanismos de focalización y criterios de elegibilidad.

2º. Construir el Sistema Nacional de Información de Programas Sociales que incluya:

  • ·    El catálogo de Programas Sociales Federales, Estatales y Municipales, y el
  • ·    Padrón Único de Beneficiarios Programas Sociales Federales, Estatales y Municipales. 

3º. Establecer la obligación de realizar y publicar Evaluaciones de Resultados, Impacto y Gestión de programas sociales estatales y municipales. Para ello debe explorarse la posibilidad de crear órganos autónomos de evaluación en las entidades federativas bajo coordinación y supervisión del CONEVAL.

. Reforzar en la Ley los mecanismos de denuncia ciudadana en los diferentes ordenes de gobierno.

Atentamente,

Salón de sesiones del Senado de la República, a 11 de septiembre de 2012.

Sen. Fernando Herrera Ávila