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Proposiciones

Estado Actual: Aprobada Ficha Técnica

Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicitar a la titular de la Procuraduría General de la República ampliar la auditoría a todas las áreas administrativas federales y estatales a su cargo, así como a las empresas relacionadas con la misma.

Se turnó a la Comisión de Justicia.


PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE PIDE A LA TITULAR DE LA PRG, AMPLIAR LA AUDITORÍA A TODAS LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES Y ESTATALES A SU CARGO, ASÍ COMO A LAS EMPRESAS RELACIONADAS CON LA MISMA.

DAVID MONREAL ÁVILA, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de motivos.

En su obra “El Lenguaje”, Octavio Paz señala que:

“No sabemos en donde empieza el mal, si en la palabra o en las cosas, pero cuando las palabras se “corrompen” y los significados se vuelven inciertos el sentido de nuestros actos y de nuestras obras también es inseguro. Las cosas se apoyan en sus nombres y viceversa [1]

En sus orígenes para que se diera el fenómeno de la corrupción, ineludiblemente se necesitaba la participación de dos personas, el servidor público y el ciudadano.

Actualmente, en el caso del peculado [2], es más que suficiente un solo agente para cometer un acto de corrupción.

La convención de las Naciones Unidas, aprobada por la Asamblea General, firmada en Mérida y ya ratificada por el Senado de la República, representa un parteaguas en la definición de la corrupción al tipificarla como una actividad ilegal también del sector privado. Anteriormente la corrupción era un ámbito exclusivo del Estado y los funcionarios públicos, ahora la Convención integra a los empresarios.

En México, la corrupción está tan arraigada, que forma parte, desde ya hace muchos años, como engranaje vital en la maquinaria de la administración pública.

Los servidores y funcionarios públicos, en todos los niveles, aprovechan su condición como parte de la administración pública, para beneficiarse del erario público.

Según datos del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) el costo de la corrupción en México, es cercano a 1.5 billones de pesos, además de padecerse un 98% de impunidad, lo cual exige mayor compromiso de ciudadanos, candidatos y legisladores [3].

Hemos visto con tristeza como, a través del tiempo, en distintos Estados de la República, principalmente gobernados por el Partido Revolucionario Institucional, aunque no es privativa de un solo partido, se han implementado diversas modalidades de corrupción, dañando severamente las instituciones y generando una gran desconfianza en la sociedad.

Algunos ejemplos de ello son los casos de Coahuila, donde la deuda ascendió en un 300%; el caso de Veracruz, donde hubo un desvío al erario público por cerca de 4 mil 177 millones de pesos en el último año del gobierno anterior; de la alcaldía del Puerto de Acapulco, donde la deuda municipal pasó de 78 a casi mil millones de pesos; y del reciente caso de Cuernavaca donde el Alcalde dispuso ilegalmente de $53 millones de pesos [4].

Sin embargo, algunas instituciones del gobierno federal  también padecen esta misma anomalía, en donde la Procuraduría General de la República (PGR), aparece como una de las instituciones gubernamentales susceptibles a este problema, dado la naturaleza estratégica de su función.

Recientemente se informó por los medios de comunicación que la Dirección General de Servicios Aéreos (DGSA) de la PGR, está siendo investigada debido a irregularidades en el manejo de la flota aérea, donde también pudieran estar involucrados funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en colusión con empresas privadas.

En México existe normatividad y organismos que vigilan y sancionan este tipo de prácticas. Sin embargo la corrupción no es un problema que pueda erradicarse con facilidad.

La corrupción puede ser tan intensa o rutinaria en el sector privado como en el público, pero no hay duda que los valores lesionados son diferentes. En la empresa, el empleado desleal transgrede los principios funcionales de la organización y traiciona la confianza de sus superiores; en la burocracia es la violación a los objetivos institucionales y de todo un sistema jurídico. El burócrata corrupto atenta contra la legitimidad del gobierno [5].

La dimensión monstruosa y compleja del fenómeno de la corrupción no es propicia a las recetas unidimensionales y simplistas; no hay un vademécum contra la corrupción. Realidad que preocupa a los empresarios, desespera a los académicos, frustra a los políticos y desalienta a la sociedad. Pero no hay de otra, volvemos a lo mismo, una corrupción omnipresente en la vida pública exige acciones y políticas que abarquen todo y nos incluyan a todos.

Actualmente el presidente impuesto Enrique Peña Nieto, ha presentado una iniciativa sobre el tema de transparencia. Sin embargo debemos estar muy atentos con las intenciones de esta iniciativa, pues mientras no se aclare el origen o procedencia de los recursos millonarios que fueron utilizados en la reciente campaña presidencial del PRI, a través de esquemas tipificados como lavado de dinero y evasión fiscal, cualquier iniciativa a favor de la transparencia y del combate a la corrupción por parte del PRI, sonará a burla cruel o, en el mejor de los casos, será una estrategia política para tratar de ocultar, desviar o manipular la atención sobre la campaña presidencial más costosa y opaca en la historia de México. 

Tampoco debemos olvidar que fue el anterior gobierno del Estado de México el principal encubridor del exgobernador Arturo Montiel por lavado de dinero y defraudación fiscal.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta a la Procuraduría General de la República a que en un plazo no mayor a 60 días nos envíe un informe pormenorizado de los resultados de la auditoría en la Dirección General de Servicios Aéreos, así como de las sanciones impuestas a los funcionarios y empresarios relacionados en actos de corrupción.

SEGUNDO.- Se exhorta a la Procuraduría General de la República a que amplíe la auditoria a todas las Áreas Administrativas a su cargo en los distintos estados de la República, que abarque hasta el año 2004, para deslindar posibles actos de corrupción por parte de funcionarios y empresarios que brinden algún tipo de servicio a ésta, además de hacerla pública en su portal de internet.

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 11 días del mes de Septiembre de 2012.


[1] Paz, Octavio, “El Lenguaje”

[2] PECULADO: En el antiguo derecho y hoy en algunos países hispanoamericanos, delito que consiste en el hurto de caudales del erario, cometido por aquel a quien está confiada su administración.

[3] Nota del periódico El Universal, “Corrupción cuesta a México 1.5 billones de pesos: IP”, última vez consultado: 10 de septiembre de 2012, Disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/notas/841752.html

[4] Nota del periódico La Jornada “Acusan al Alcalde de Cuernavaca de disponer ilegalmente de $53 millones”, revisado por última vez el 10 de septiembre de 2012. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2012/09/10/politica/015n1pol

[5] González, Llaca Edmundo, “La Corrupción, patología Colectiva”, Instituto Nacional de la Administración Pública, México D.F.,2005.